Cuatro trabajadores salen de la mina después de quince días encerrados a 300 metros de profundidad y convierten su protesta en una caminata histórica para denunciar impagos, inseguridad y el abandono del suroccidente asturiano

La imagen parecía sacada de otra época. Cuatro mineros saliendo lentamente de la bocamina de Tormaleo, agotados tras pasar quince días encerrados a 300 metros de profundidad, abrazados por familiares, compañeros y vecinos que rompían a aplaudir mientras ellos apenas podían contener la emoción. Pero esto no ocurrió hace cuarenta años en plena reconversión minera. Ha ocurrido en 2026. En Asturias.

Y lejos de terminar ahí, la protesta acaba de entrar en una nueva fase aún más simbólica y dura: una marcha de más de 150 kilómetros desde Ibias hasta Oviedo para exigir algo tan básico como cobrar sus salarios y conservar sus puestos de trabajo.

Los cuatro trabajadores de Mina Miura iniciaron este viernes una caminata de seis etapas bajo el lema “Mina Miura en lucha por nuestro empleo y el futuro del Suroccidente”. Pasarán por Cangas del Narcea, Tineo, Salas y Grado antes de llegar el próximo miércoles a la Junta General del Principado, donde pretenden entregar un manifiesto y forzar una reacción política e institucional.

Una protesta nacida de la desesperación

La situación que denuncian los trabajadores resulta demoledora. Acumulan entre diez y trece nóminas sin cobrar, además de pagas extraordinarias pendientes. Algunos llevan prácticamente un año sobreviviendo sin ingresos estables mientras la actividad minera permanece paralizada y la incertidumbre devora a sus familias.

Los mineros aseguran sentirse atrapados en un “limbo legal”: no cobran, pero tampoco son despedidos oficialmente, por lo que muchos ni siquiera pueden acceder a prestaciones de desempleo.

El conflicto comenzó a agravarse tras la compra de Carbones La Vega, propietaria de Mina Miura, por parte del empresario madrileño Fernando Martínez Blanco en octubre de 2025. Según los trabajadores y los sindicatos, el nuevo propietario se comprometió entonces a asumir las deudas salariales y reactivar la explotación, pero esos compromisos jamás llegaron a materializarse.

La sensación de engaño es absoluta entre una plantilla que considera que la mina sigue siendo viable económicamente y que lo que está ocurriendo responde más a maniobras empresariales y especulativas que a una falta real de rentabilidad.

“Que los empresarios piratas no salgan impunes”

La salida del encierro dejó algunas imágenes cargadas de simbolismo. Los cuatro trabajadores —Santiago González Álvarez, José María Pérez Pereira, Héctor López Lago y Héctor Pérez Fernández— aparecieron demacrados tras dos semanas soportando humedad extrema, frío, oscuridad y condiciones físicas muy duras en el interior de la explotación.

Pero el desgaste físico no ha rebajado el tono de sus reivindicaciones.

José María Pérez Pereira, uno de los portavoces del encierro, lanzó un mensaje durísimo contra quienes, según ellos, han convertido la minería privada en un negocio basado en concursos de acreedores, promesas incumplidas y abandono laboral. Los mineros denuncian la existencia de “empresarios piratas” que especulan con explotaciones históricas mientras las familias trabajadoras quedan completamente desprotegidas.

El conflicto ha despertado una enorme ola de solidaridad en las cuencas mineras asturianas y leonesas. En Laciana, por ejemplo, el encierro se ha vivido casi como una causa propia porque buena parte de la plantilla procede de esa comarca leonesa, duramente castigada también por el cierre progresivo de la minería.

El eco de las viejas marchas negras

La marcha hacia Oviedo está cargada de referencias históricas inevitables. Muchos vecinos y sindicalistas la comparan ya con las históricas “marchas negras” que durante décadas simbolizaron la resistencia minera frente al cierre de explotaciones y la destrucción industrial del norte de España.

Y hay un elemento que convierte esta protesta en algo especialmente delicado para Asturias: el miedo creciente a que el suroccidente quede definitivamente condenado a la despoblación y al abandono económico.

La minería ya no mueve el volumen económico de hace décadas, pero sigue siendo uno de los pocos motores laborales que sobreviven en muchas zonas rurales del occidente asturiano. Cada cierre, cada paralización y cada conflicto laboral se perciben allí casi como una sentencia de muerte demográfica.

Por eso los mineros insisten en que su protesta no afecta únicamente a una empresa o a una plantilla concreta. Consideran que están defendiendo algo mucho más grande: la posibilidad de que todavía exista futuro en territorios que llevan años perdiendo población, servicios y oportunidades.

Seguridad bajo sospecha y sanciones del Principado

El conflicto laboral se ha agravado además por las serias dudas sobre las condiciones de seguridad dentro de la explotación.

El Servicio de Minas del Principado elevó esta semana a muy grave la infracción atribuida a Carbones La Vega, lo que ha derivado en una propuesta de sanción de 30.000 euros tras constatar reiterados incumplimientos de la normativa minera.

Los inspectores volvieron a visitar la explotación el pasado 30 de abril y comprobaron que seguía sin garantizarse adecuadamente la seguridad en la mina y que no existía director facultativo operativo pese a la presencia continuada de trabajadores en el interior.

La Administración asturiana ya había impuesto previamente otra sanción de 3.000 euros por esos mismos hechos, pero considera ahora que la reiteración de incumplimientos y la ausencia de medidas correctoras justifican endurecer de forma drástica las consecuencias administrativas.

Además, el director facultativo afronta una propuesta de suspensión de funciones durante seis meses y una sanción económica individual.

Asturias vuelve a mirar a la mina

La crisis de Mina Miura llega además en un momento especialmente sensible para la minería asturiana, todavía marcada por accidentes recientes y por la sensación creciente de deterioro en determinadas explotaciones privadas.

Por eso la caminata que acaba de arrancar desde Tormaleo no es vista únicamente como una protesta laboral. Para muchos en Asturias simboliza algo mucho más profundo: la sensación de que una parte del territorio sigue luchando por sobrevivir mientras teme ser olvidada definitivamente.

Y esa imagen de cuatro hombres avanzando por las carreteras del occidente asturiano, después de pasar medio mes enterrados bajo tierra para reclamar salarios impagados, amenaza con convertirse en una de las fotografías sociales más potentes del año en Asturias.