Los tres gobiernos autonómicos firman la Declaración de Compostela junto a las patronales empresariales y piden una reunión con la Comisión Europea para desbloquear el expediente sobre las prórrogas de las concesiones

Asturias, Galicia y Castilla y León han decidido elevar el tono político e institucional contra las prórrogas de los peajes del Huerna y de la AP-9. Los tres gobiernos autonómicos han firmado este jueves la Declaración de Compostela, un acuerdo común con el que reclaman a la Unión Europea una solución definitiva al procedimiento abierto por la Comisión Europea sobre las concesiones de la AP-66, principal conexión viaria entre Asturias y la Meseta, y de la AP-9, eje fundamental de comunicación en Galicia.

El movimiento no es menor. Supone convertir una reivindicación que Asturias venía impulsando a través de la Alianza por las Infraestructuras que Asturias Necesita en una posición compartida por todo el noroeste peninsular. El mensaje es claro: los peajes no son solo una cuestión de tráfico o de bolsillo, sino un problema de competitividad, cohesión territorial y justicia económica para millones de ciudadanos y miles de empresas.

La declaración ha sido suscrita en Santiago de Compostela por representantes del Gobierno del Principado, la Xunta de Galicia y la Junta de Castilla y León, junto con las principales organizaciones empresariales de las tres comunidades: la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y la Federación Leonesa de Empresarios (Fele).

Una alianza del noroeste para presionar a la UE

La firma de la Declaración de Compostela busca reforzar la presión institucional ante Bruselas en un momento clave. Está a punto de cumplirse un año desde que la Comisión Europea concluyera, en su dictamen motivado de julio de 2025, que las prórrogas de las concesiones de la AP-66 y la AP-9 aprobadas en el año 2000 incumplieron la normativa comunitaria en materia de contratación pública y concesiones.

Según ese pronunciamiento, las ampliaciones del plazo concesional constituyeron modificaciones sustanciales de los contratos y deberían haber sido sometidas a un nuevo procedimiento de licitación. Para la Comisión, esas prórrogas afectaron a principios básicos del derecho europeo como la transparencia, la libre competencia y la igualdad de trato.

El procedimiento de infracción contra el Reino de España lleva ya casi cinco años abierto. Para Asturias, Galicia y Castilla y León, esa prolongación exige una respuesta política más firme y coordinada. Por eso, los tres ejecutivos han remitido una carta al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, en la que solicitan una reunión para trasladarle directamente su posición común.

El Huerna, una autopista clave para Asturias

En el caso asturiano, la AP-66 es mucho más que una autopista. Es la conexión esencial de Asturias con León, con la Meseta y con buena parte del tráfico de mercancías hacia el resto de España. El peaje del Huerna lleva décadas siendo una de las grandes reivindicaciones políticas, sociales y empresariales del Principado.

Su impacto no se limita a los conductores particulares. Afecta al transporte de mercancías, a los costes logísticos de las empresas, a la movilidad de trabajadores y familias, al turismo y a la capacidad de Asturias para competir en igualdad de condiciones con otros territorios mejor conectados o con infraestructuras libres de peaje.

La Declaración de Compostela insiste precisamente en esa idea: tanto la AP-66 como la AP-9 son infraestructuras estratégicas para el desarrollo económico del noroeste. Mantener sus peajes bajo concesiones cuya prórroga ha sido cuestionada por la Comisión Europea tiene, según los firmantes, consecuencias directas sobre la vida cotidiana de la ciudadanía y sobre la actividad de miles de empresas.

Alejandro Calvo: “Una voz común ante las instituciones europeas”

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, ha defendido que este acuerdo permite trasladar al ámbito interautonómico una forma de trabajo que en Asturias ya ha demostrado su utilidad: sumar a administraciones, organizaciones empresariales y sociedad civil en torno a objetivos estratégicos.

Calvo ha señalado que la Declaración de Compostela “extiende a todo el noroeste una forma de trabajo que en Asturias ha demostrado su utilidad para construir consensos amplios sobre asuntos estratégicos y fortalecer la capacidad de interlocución”. También ha subrayado que la dimensión “económica, social y territorial” del problema exige el mayor grado posible de unidad.

“Por ello, hemos trabajado junto con Galicia y Castilla y León para construir una posición compartida que permita trasladar una voz común a las instituciones europeas”, ha precisado el consejero.

Transparencia, documentación y una respuesta que no llega

La declaración recuerda, además, que Asturias, Galicia y Castilla y León solicitaron de manera conjunta al Gobierno de España el acceso a la documentación relacionada con el expediente y con la respuesta remitida por el Estado a la Comisión Europea. Según recoge el texto, hasta la fecha no han obtenido una respuesta favorable.

Ese punto añade otro elemento de presión política: las comunidades no solo reclaman que Bruselas concluya el procedimiento, sino también mayores garantías de transparencia y acceso a la información. Los firmantes consideran que, si la Comisión Europea ya ha apreciado un posible incumplimiento de la legislación comunitaria, los mecanismos de supervisión deben poder desarrollarse hasta el final.

La reivindicación se plantea, por tanto, no solo como una reclamación económica o territorial, sino también como una cuestión de confianza institucional. Para los tres gobiernos y las patronales firmantes, cerrar adecuadamente este expediente es fundamental para reforzar la credibilidad del marco europeo de contratación pública y concesiones.

Una reclamación con impacto económico y social

La alianza formalizada en Compostela pretende mantener una interlocución estable con las instituciones europeas y sostener en el tiempo una posición coordinada del noroeste. No se trata de una protesta puntual, sino de una estrategia común para defender que los territorios afectados no pueden seguir soportando indefinidamente el coste de unas concesiones prorrogadas bajo un marco jurídico cuestionado por la propia Comisión Europea.

El documento finaliza con un llamamiento a que la resolución del caso contribuya a reforzar la confianza de ciudadanos, empresas e instituciones en el Estado de derecho europeo y en los principios de transparencia, competencia, igualdad de trato y seguridad jurídica que sostienen el mercado único.

Para Asturias, la Declaración de Compostela supone un paso más en una reivindicación histórica: acabar con una anomalía que penaliza la movilidad y la economía regional. Para Galicia y Castilla y León, representa también la defensa de sus propios intereses territoriales. Y para el conjunto del noroeste, lanza un mensaje nítido a Bruselas: la solución a los peajes del Huerna y de la AP-9 no puede seguir esperando en un cajón administrativo.

La pelota vuelve ahora al tejado de la Comisión Europea. Y esta vez, el noroeste quiere jugar unido.