La organización agraria plantea trasladar animales con capacidad dispersante desde la cornisa cantábrica a poblaciones aisladas del sur de España, una medida que presenta como gestión de la especie y no como caza

En Asturias, el debate del lobo no es una discusión de despacho. Es una conversación de cuadra, de puerto, de pasto y de explotación familiar. Es el ternero que no aparece, la yegua atacada, el ganadero que sube al monte con el miedo metido en el cuerpo y la administración que vuelve a discutir si el problema es de conservación, de convivencia o de puro abandono rural.

En ese escenario, UPA ha puesto sobre la mesa una propuesta tan llamativa como polémica: trasladar lobos jóvenes desde las zonas del norte de la Península, donde la población es más fuerte, hacia áreas del sur donde la especie está más aislada y fragmentada genéticamente. La idea, según la organización, permitiría reducir la presión sobre la ganadería extensiva en territorios como Asturias y, al mismo tiempo, reforzar poblaciones amenazadas en otras zonas de España.

Asturias aparece de lleno en el debate porque es una de las comunidades con mayor presencia de lobo. El Principado contabilizó en 2025 un total de 50 manadas, 46 de ellas reproductoras, lo que supone un incremento del 11% respecto al recuento anterior. Además, el censo nacional 2021-2024 elevó a 333 el número de manadas en España, un 12% más que en el censo previo. Con esos datos, las organizaciones agrarias sostienen que no tiene sentido aplicar la misma lectura al norte cantábrico que a las zonas donde el lobo apenas logra mantenerse.

UPA insiste en que su propuesta no habla de cazar lobos, sino de gestionar la especie. En concreto, plantea estudiar la viabilidad de mover ejemplares jóvenes con capacidad dispersante desde áreas de mayor densidad hacia territorios donde el lobo necesita conectividad genética. Dicho de forma sencilla: menos presión donde el conflicto con el ganado es más duro y más ayuda donde la especie está más aislada.

La propuesta llega en pleno debate sobre el informe sexenal 2019-2024 del lobo ibérico, que España debe remitir a la Comisión Europea dentro de las obligaciones de la Directiva Hábitats. El Ministerio para la Transición Ecológica mantiene que el estado de conservación del lobo sigue siendo desfavorable en España, mientras UPA y varias comunidades autónomas reclaman que la región atlántica, donde se encuentran Asturias, Galicia, Cantabria y el norte de Castilla y León, sea evaluada de otra manera.

Para el campo asturiano, la cuestión no es menor. La ganadería extensiva convive desde hace años con ataques, indemnizaciones discutidas y medidas preventivas que no siempre funcionan en una orografía complicada. Mastines, cierres o pastores eléctricos pueden ser útiles en algunos contextos, pero en los puertos, brañas y montes asturianos la realidad suele ser bastante menos ordenada que sobre el papel.

La idea de trasladar lobos jóvenes abre una tercera vía en un debate casi siempre encallado entre dos posiciones: protección estricta o control poblacional. Sus defensores la presentan como una fórmula de equilibrio entre conservación y supervivencia del campo. Sus críticos, previsiblemente, la verán como una medida arriesgada, compleja y difícil de aplicar con garantías.

Lo que parece claro es que Asturias vuelve a quedar en el centro de la discusión. Porque aquí el lobo no es una abstracción ni una postal salvaje. Es una especie protegida, sí; pero también un problema diario para muchas explotaciones que sostienen el paisaje, limpian el monte y mantienen vivo un modelo rural cada vez más frágil.

La pregunta de fondo ya no es solo cuántos lobos hay. Es dónde están, cómo se gestionan, quién paga los daños y hasta qué punto puede pedirse al ganadero asturiano que cargue en solitario con el coste de una política ambiental que beneficia al conjunto de la sociedad.