El Principado intenta salvar a última hora fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que debían transformar residencias, conectividad, formación profesional, gestión ambiental y destinos turísticos. Bruselas ya no mira promesas: exige obras, pagos, hitos cumplidos y justificación antes del cierre del calendario europeo
Asturias encara la recta final de los fondos europeos con una paradoja difícil de explicar al ciudadano: hay necesidades de sobra, hay dinero concedido y hay proyectos anunciados durante años como transformadores, pero una parte de esos recursos puede acabar perdida, devuelta o recolocada a toda prisa porque la Administración no ha sido capaz de convertirlos a tiempo en obras terminadas, servicios funcionando y expedientes correctamente justificados.
No es un problema menor ni una discusión técnica para iniciados en contratación pública. Hablamos de dinero destinado a residencias, servicios sociales, turismo inteligente, conectividad digital, reciclaje, formación profesional, equipamientos públicos y vivienda accesible. Es decir, justo aquello que cualquier gobierno autonómico debería ejecutar con la precisión de un reloj suizo. O, al menos, de un reloj que no se quede sin pila cuando Bruselas mira la hora.
La cuestión de fondo es incómoda: Europa no regala dinero para que las administraciones lo anuncien en ruedas de prensa, lo adornen con logotipos Next Generation y lo guarden después en un cajón administrativo. Lo concede para cumplir hitos y objetivos. Y cuando esos hitos no se cumplen, la factura puede volver al punto de partida: reintegro de fondos, intereses, proyectos rebajados y una sensación conocida en Asturias, la de oportunidad histórica que se escapa entre papeles, licitaciones fallidas y retrasos.
El dato que lo cambia todo: adjudicar no es ejecutar
El Gobierno del Principado ha defendido en las últimas semanas que Asturias tiene adjudicado ya el 93% de los fondos recibidos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Sobre el papel, la cifra suena tranquilizadora: 709,6 millones adjudicados de los 762,8 millones ingresados, con 483 millones ya abonados.
Pero esa lectura tiene trampa política. Adjudicar no equivale necesariamente a ejecutar. Ejecutar tampoco equivale siempre a justificar correctamente. Y justificar es, precisamente, la palabra que decide si el dinero europeo se consolida o si acaba convertido en un problema presupuestario.
La herramienta estatal ELISA, que cruza información pública de subvenciones y contratación, permite observar una realidad mucho menos lustrosa que el titular oficial. Hay actuaciones con licitaciones pendientes, contratos anulados, expedientes desiertos, proyectos que han tenido que desplazarse a otros marcos de financiación y partidas parcialmente comprometidas que todavía no han aterrizado en la economía real.
El Principado calcula que podría tener que devolver entre 23 y 30 millones de euros por no poder ejecutarlos a tiempo, aunque esa cifra podría variar si logra reubicar parte del dinero en actuaciones con mayor capacidad de absorción. Dicho en cristiano: se está intentando mover dinero a última hora desde proyectos que no llegan a otros que quizá sí puedan salvar la papeleta.
La pregunta, por tanto, no es solo cuánto dinero se pierde. La pregunta es cómo se ha llegado a una situación en la que Asturias, una comunidad con carencias evidentes en servicios públicos, envejecimiento, conectividad, residuos, vivienda y modernización productiva, se ve obligada a correr al final para no devolver recursos que ya tenía asignados.
Cogersa, el aviso más visible de una gestión que llega tarde
La crisis más llamativa ha estallado en Cogersa, el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias. La entidad se ha convertido en el símbolo perfecto del problema: fondos europeos pensados para modernizar la gestión de residuos que acaban en renuncias, reasignaciones y explicaciones de urgencia.
Cogersa ha reconocido la renuncia a fondos vinculados a proyectos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Entre las actuaciones afectadas figuran el Centro de Preparación para la Reutilización de Siero y partidas relacionadas con digitalización de puntos limpios y economía circular. La oposición ha elevado el impacto potencial de las renuncias y desistimientos hasta el entorno de los 14,7 millones al sumar otras líneas vinculadas a minipuntos limpios, centros de reutilización, planta de triaje y ampliación de compostaje.
El problema no es que Asturias no necesite estas actuaciones. Las necesita. La recogida separada, el tratamiento de biorresiduos, la reutilización, la digitalización de puntos limpios y la mejora de infraestructuras ambientales no son caprichos de despacho: son piezas básicas para una comunidad que debe mejorar sus tasas de reciclaje y adaptarse a exigencias ambientales cada vez más estrictas.
Lo escandaloso es que el cuello de botella no sea la falta de necesidad, sino la incapacidad de ejecución. Cuando una región pierde o arriesga fondos para residuos, no pierde solo una subvención: pierde tiempo, competitividad ambiental y credibilidad institucional. Y, además, deja al ciudadano con la sospecha razonable de que la factura acabará apareciendo por otro lado, quizá en presupuestos ordinarios, quizá en tarifas, quizá en retrasos de servicios que ya deberían estar funcionando.
Servicios sociales: el dinero que debía cuidar mejor a los más vulnerables
Uno de los capítulos más sensibles es el de servicios sociales. Aquí el retraso no afecta a una carretera secundaria ni a una aplicación informática prescindible. Afecta a centros residenciales, teleasistencia y equipamientos para personas mayores o vulnerables.
Las actuaciones comprometidas o con retrasos suman algo más de 12 millones. Entre ellas figuran la reforma y rehabilitación del centro residencial de Cabueñes, por 4,71 millones; la reforma del centro Arboleya, por 1,87 millones; y el proyecto LIAR de teleasistencia para personas vulnerables, dotado con 4,2 millones, de los que se han licitado 2,7 millones. En este último caso ya se habría renunciado a 1,5 millones por no cumplir el objetivo fijado para Asturias.
La fotografía es demoledora. Durante años se ha hablado de transformar el modelo de cuidados, de favorecer la autonomía personal, de modernizar residencias y de acercar la tecnología a quienes viven solos o en situación de fragilidad. Europa puso dinero para eso. El relato político estaba servido. Pero el tramo final muestra que parte de esos proyectos siguen atrapados en la telaraña administrativa.
Y aquí el daño reputacional es mayor. Porque cuando un gobierno retrasa una obra turística puede perder competitividad; cuando retrasa un proyecto de cuidados puede estar dejando sin mejoras reales a personas que no tienen margen para esperar a que la Administración encuentre el expediente correcto.
Turismo: de la Asturias inteligente al atasco administrativo
El turismo aparece como otro frente de riesgo. Asturias ha hecho del destino sostenible, desestacionalizado e inteligente uno de sus grandes relatos públicos. La estrategia tiene sentido: evitar masificaciones, ordenar flujos, digitalizar información, proteger espacios naturales, mejorar accesibilidad y ofrecer al visitante una experiencia más eficiente.
Pero también aquí hay proyectos que llegan tarde o con ejecución muy inferior a la prevista.
El programa RETECH, vinculado a redes territoriales de especialización tecnológica, inteligencia artificial y transformación digital, aparece dotado con 6,9 millones, pero con una ejecución de apenas 900.000 euros. La Plataforma Destino Inteligente Asturias, una de las actuaciones más llamativas por su promesa tecnológica, figura con 2,4 millones en riesgo o parcialmente desplazada a fondos propios tras no resolverse plenamente con cargo al Mecanismo de Recuperación.
Este proyecto debía situar a Asturias en una nueva liga turística: gemelo digital del territorio, simulación en tiempo real de zonas sensibles como los lagos de Covadonga o el río Sella, módulos de movilidad, accesibilidad, gestión centralizada del destino y explotación de datos para tomar decisiones con inteligencia, no a ojo de buen cubero.
La idea es buena. El problema, otra vez, es la distancia entre el anuncio y la ejecución. Asturias no puede venderse como laboratorio de turismo inteligente si la inteligencia se queda en los pliegos, las licitaciones y las notas de prensa.
A ello se suman los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, con 67,5 millones asignados y ejecución en manos de ayuntamientos. Algunos concejos avanzan; otros están teniendo problemas para cumplir plazos y tramitar actuaciones. Y esa es otra de las grietas del sistema: Europa exige resultados, pero la ejecución depende de una cadena de administraciones con capacidades muy desiguales. Cuando falla un eslabón, el titular político puede seguir sonando bonito, pero el dinero empieza a temblar.
Digitalización y conectividad: el futuro, pendiente de licitar
La digitalización es otro terreno donde el desfase resulta especialmente llamativo. En la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo figuran al menos 11 millones con incidencias: 1,9 millones para infraestructuras de telecomunicaciones en edificios del Principado, 1,7 millones para conectividad en polígonos industriales y centros logísticos, y 7,4 millones para conectividad digital, impulso 5G y ciberseguridad.
En este último caso, constan alrededor de 700.000 euros convocados o licitados, pero el grueso de la actuación seguiría pendiente.
De nuevo, no hablamos de una extravagancia tecnológica. La conectividad en polígonos industriales, la ciberseguridad y el 5G son condiciones mínimas para competir. Una pyme asturiana no puede afrontar el futuro con discursos sobre transformación digital si su entorno productivo no tiene infraestructuras adecuadas. Y una Administración moderna no puede hablar de digitalización mientras arrastra expedientes básicos sin ejecutar.
El retraso no es solo asturiano. En toda España hay programas de telecomunicaciones y digitalización con problemas de ejecución, demoras en permisos, licencias, obras civiles y pagos. Pero que el mal sea compartido no absuelve al Principado. Al contrario: obliga a tener más músculo, más anticipación y más control. Porque cuando todos compiten por llegar al plazo final, sobreviven los que hicieron los deberes antes de que sonara la campana.
Vivienda accesible: obras recientes, licencias pendientes y una promesa rotunda
El capítulo de vivienda presenta una situación más matizada. Hay actuaciones previstas para alquiler accesible con grados distintos de avance: algunos inicios de obra son recientes o preliminares, hay licencias pendientes y replanteos no realizados en fechas próximas al cierre del plazo.
El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, ha repetido en varias ocasiones que su departamento no devolverá “ni un solo céntimo” de los fondos europeos. A principios de mayo aseguró que ya se había licitado, adjudicado o concedido el cien por cien de los recursos y que Asturias no había perdido dinero, incluso captando más fondos.
La promesa es clara. Ahora falta la parte difícil: convertirla en realidad verificable. Porque Bruselas no valida declaraciones políticas, sino cumplimiento acreditado. Y en vivienda, como en el resto de áreas, el calendario ya no permite demasiadas florituras.
Formación Profesional y equipamientos: proyectos desplazados y ejecución parcial
La relación de actuaciones sensibles se completa con equipamientos culturales, deportivos y educativos.
Los centros de tecnificación de El Cristo y Trasona, con 1,36 millones y 735.139 euros respectivamente, aparecen como no ejecutados con fondos MRR y desplazados a nuevos proyectos con otra financiación. Traducido: la actuación no desaparece necesariamente, pero deja de cumplirse con el marco europeo previsto. Y eso es exactamente lo que Bruselas penaliza cuando los hitos no llegan.
En Educación, el plan de impulso a la Formación Profesional cuenta con 22 millones asignados, pero solo 8,8 millones habrían sido licitados. La FP es uno de los pilares del Plan de Recuperación en toda España: recualificación, actualización de competencias, empleabilidad, adaptación a nuevas profesiones y conexión con sectores productivos. Asturias, con su estructura industrial en transformación y su necesidad de retener talento joven, no puede permitirse que estos fondos avancen al ralentí.
Aquí el coste político es doble. Por un lado, se retrasa una inversión educativa necesaria. Por otro, se pierde capacidad para preparar a trabajadores y empresas ante cambios que ya están ocurriendo, desde la digitalización hasta la transición energética.
Europa ya ha puesto negro sobre blanco cómo se devuelve el dinero
El cierre del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ha entrado en una fase mucho más seria. La Comisión Europea exige que los hitos y objetivos estén cumplidos antes del 31 de agosto de 2026 y que los pagos finales se realicen antes del 31 de diciembre. No es una recomendación amable: es la arquitectura legal del instrumento.
Además, el BOE acaba de publicar la orden que regula el procedimiento de reintegro de fondos recibidos con cargo al MRR. La norma contempla la devolución total o parcial cuando no se haya realizado el gasto o cuando exista incumplimiento total o parcial de hitos y objetivos.
Esto cambia el marco político. Hasta ahora, muchos retrasos podían envolverse en explicaciones sobre burocracia, complejidad técnica, inflación, licitaciones desiertas o falta de personal. Todo eso puede ser cierto. Pero en la fase final ya no basta con explicar por qué no se hizo. Hay que demostrar que se hizo.
Y si no se hizo, el dinero se devuelve.
El problema no es Europa: es la capacidad de gestión
Resulta tentador culpar a Bruselas por los plazos, al Estado por el diseño del plan, a los ayuntamientos por su falta de medios o a las empresas por no presentarse a licitaciones. Hay parte de verdad en todo ello. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ha sido una operación administrativa gigantesca, con una carga burocrática elevada y un calendario muy exigente.
Pero esa explicación no puede servir como coartada universal. Asturias recibió fondos porque presentó necesidades, planes y compromisos. Si los proyectos eran imposibles de ejecutar en plazo, alguien debió advertirlo antes. Si dependían de licencias, contratos complejos o capacidades municipales insuficientes, alguien debió reforzar la gestión. Si las licitaciones quedaban desiertas, alguien debió reaccionar antes de que el calendario europeo se convirtiera en una cuenta atrás.
La política asturiana tiene demasiada costumbre de confundir captación de fondos con éxito. Conseguir dinero es importante. Pero gestionar bien es gastar bien, ejecutar a tiempo, justificar sin grietas y lograr que el ciudadano vea el resultado. Lo demás es pirotecnia administrativa.
El dinero europeo también es dinero público
Conviene recordarlo: los fondos europeos no son maná caído del cielo ni una propina de Bruselas. Son dinero público, financiado por deuda europea común y sostenido por los contribuyentes. Cuando una administración no lo ejecuta, no fracasa solo ante la Comisión Europea. Fracasa ante los ciudadanos que esperaban mejores servicios, mejores infraestructuras y mejores oportunidades.
En Asturias, la lista de proyectos en riesgo dibuja una conclusión preocupante: no estamos ante un tropiezo aislado, sino ante un patrón de gestión lenta, fragmentada y reactiva. Residuos, servicios sociales, turismo, digitalización, vivienda, formación profesional y equipamientos públicos comparten el mismo síntoma: se llega al final con demasiadas cosas pendientes.
El Principado trabaja ahora a contrarreloj para recolocar fondos, acelerar expedientes y minimizar devoluciones. Ojalá lo consiga, porque cada euro salvado será un euro que no se pierde para Asturias. Pero incluso si logra reducir el golpe final, la pregunta seguirá ahí: ¿por qué una comunidad que tanto necesita inversión transformadora tiene que improvisar en el descuento para no perder dinero europeo?
Esa es la verdadera noticia. No solo cuánto se devuelve, sino cuánto se ha tardado en reaccionar.
Y esa es también la lección política: gobernar no es anunciar fondos. Gobernar es convertirlos en realidades antes de que el reloj llegue a cero.
