Un informe policial atribuye al expresidente y a sociedades vinculadas a su familia ingresos por 4,07 millones entre 2020 y 2025, dentro de la investigación judicial sobre el rescate de 53 millones a la aerolínea; Zapatero niega las acusaciones y el Gobierno defiende la legalidad del procedimiento

La investigación del caso Plus Ultra acaba de entrar en una fase mucho más comprometida para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional sitúa al exjefe del Ejecutivo y a su entorno familiar como destinatarios de más de cuatro millones de euros entre 2020 y 2025, dentro del mapa de pagos, sociedades, consultorías y relaciones empresariales que analiza la Audiencia Nacional.

Según el atestado policial citado en la información base, la UDEF atribuye a Zapatero, a la sociedad Whathefav —administrada por sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa— y a su entorno familiar ingresos por 4.079.799,04 euros en cinco años. Esa cifra aparece vinculada al informe 1907/26 UDEF-BBCA, fechado el 22 de abril de 2026, elaborado por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.

El documento, según esa información, divide los movimientos en dos grandes bloques: 2.510.297,04 euros canalizados desde sociedades relacionadas con el denominado “Grupo Zapatero” y otros 1.569.502 euros procedentes de consultorías, conferencias y asesoramientos internacionales. La tesis policial no presenta esos ingresos como una mera sucesión de trabajos profesionales aislados, sino como parte de una presunta estructura de influencia que habría utilizado contactos políticos, contratos, informes y servicios de consultoría para generar un circuito económico alrededor del expresidente.

La gravedad del caso no reside solo en la cantidad. La clave está en el contexto: la Audiencia Nacional investiga si alrededor del rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra durante la pandemia se articuló una red de tráfico de influencias. RTVE ha informado de que el juez José Luis Calama ha citado a Zapatero como investigado y que la UDEF sitúa al expresidente en la cúspide de una red de influencia organizada para que la aerolínea obtuviera la ayuda pública.

La causa ha adquirido una dimensión histórica: según varias informaciones publicadas, Zapatero ha sido citado como investigado en la Audiencia Nacional por presuntos delitos relacionados con el caso Plus Ultra, entre ellos organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Su declaración está fijada para el 2 de junio de 2026.

El núcleo del informe: sociedades, pagos y “beneficiarios finales”

El informe de la UDEF, según el texto conocido, dedica un apartado específico a los “beneficiarios finales” de la estructura económica investigada. En ese análisis, la Policía sitúa a Zapatero y a Whathefav como receptores relevantes de fondos procedentes de distintas sociedades. La información base afirma que los investigadores consideran que algunos contratos habrían operado como justificación documental de pagos que ahora están bajo sospecha.

Una de las piezas centrales del esquema es Análisis Relevante, sociedad vinculada a Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero y señalado por la investigación como uno de los operadores clave del entramado. Según el informe citado, Análisis Relevante habría abonado 490.780 euros al expresidente y otros 239.755 euros a Whathefav.

La UDEF también pone el foco en la relación entre Plus Ultra, Análisis Relevante y la tramitación del rescate. El País ha publicado que la Policía sostiene que Zapatero se reunió el 14 de octubre de 2020 con el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en plena tramitación del rescate público de la aerolínea, y vincula ese encuentro con un pago posterior de 6.050 euros desde Plus Ultra a Análisis Relevante por servicios de asesoramiento.

Ese punto es relevante porque, según la investigación policial, la aerolínea buscaba entonces apoyo institucional para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado durante la pandemia para sostener compañías afectadas por la crisis del covid. El rescate de Plus Ultra fue aprobado por 53 millones de euros, una cifra que desde el principio generó controversia política por el tamaño de la aerolínea, su situación financiera y sus conexiones empresariales.

Whathefav, la empresa de las hijas, en el centro del rastreo policial

Uno de los puntos más sensibles del caso es el papel atribuido a Whathefav S. L., la empresa de marketing y contenidos digitales administrada por las hijas del expresidente. El País ha informado de que la sociedad fue constituida en agosto de 2019 por Laura Rodríguez y que tanto ella como su hermana Alba constan como administradoras solidarias. La compañía se presenta como una agencia creativa y multimedia especializada, entre otros ámbitos, en deportes electrónicos y estrategias de marketing digital.

Según el informe recogido en el texto base, Whathefav habría recibido 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, sociedad controlada por los hermanos venezolanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón. La UDEF describe esa compañía como una de las vías de entrada de fondos extranjeros y como una pieza especialmente llamativa del circuito investigado. Además, la empresa de las hijas de Zapatero habría cobrado 171.727 euros de Gate Center y 12.297 euros de Thinking Heads.

La información publicada por otros medios también ha situado a Whathefav en el centro de las pesquisas. 20 Minutos ha informado de que el informe policial coloca al expresidente y a sus hijas como “principales beneficiarios” de la red investigada, mientras que otros medios han subrayado que las hijas de Zapatero no figuran formalmente como investigadas, aunque la sociedad sí aparece señalada dentro del esquema económico analizado.

Ese matiz es importante: una cosa es que una sociedad aparezca en el flujo económico investigado y otra muy distinta que sus administradoras estén formalmente imputadas. En este momento, la prudencia jurídica obliga a mantener esa diferencia: la investigación apunta a la empresa y a los pagos, pero no convierte automáticamente en culpables a quienes aparecen vinculados a ella.

Gate Center, Thinking Heads y el segundo bloque de ingresos

El informe también atribuye al expresidente pagos procedentes de Gate Center y de sociedades del grupo Thinking Heads. Según la información base, Zapatero habría recibido 352.980 euros de Gate Center y 681.318,04 euros de sociedades de Thinking Heads, incluida su filial estadounidense. La UDEF identifica a Daniel Romero-Abreu Kaup como administrador único de Thinking Heads Group y lo vincula también con Gate Center.

A ese bloque se suma otra vía de ingresos: consultorías, conferencias y asesoramientos internacionales. La información base detalla pagos de firmas como Kreab Iberia, Focus Social Research SAC, Chinalink Asia Holdings Limited, Mimo Advisors, Kreab Worldwide AB, Bright Digital Solutions, Yuewee International Trade Limited y Zayed Award for Human Fraternity. En total, ese segundo bloque ascendería a 1.569.502 euros.

La cuestión que debe aclarar la investigación es si esos ingresos responden a servicios reales y ordinarios de asesoramiento internacional o si, como sospecha la UDEF en algunos casos, fueron utilizados para justificar documentalmente pagos vinculados a una red de influencia. Esa es la frontera judicial decisiva: no todo ingreso profesional es ilícito, pero la Policía sostiene que algunos contratos y facturas podrían formar parte de un mecanismo instrumental.

El rescate de Plus Ultra y los mensajes intervenidos

La investigación no se limita al análisis bancario. El País ha publicado que parte del material procede de mensajes intervenidos al empresario Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra, obtenidos por autoridades estadounidenses y remitidos a la Justicia española. Esas comunicaciones, según la información publicada, recogerían conversaciones sobre gestiones ante la SEPI, menciones a Zapatero y referencias a contactos políticos durante la tramitación del rescate.

En otra información, el mismo medio recoge que directivos de Plus Ultra habrían hablado de la necesidad de ejercer presión sobre la SEPI y que en conversaciones internas se mencionaban fórmulas para llegar al Gobierno a través de figuras como Delcy Rodríguez, Ábalos o “alguien con ZP”.

La UDEF también ha analizado mensajes en los que miembros de la presunta trama habrían hablado de intentar torpedear la investigación judicial del rescate. Según El País, una de las conversaciones incorporadas al informe menciona la idea de montar un “Kitchen Gabinet”, en alusión a una operación parapolicial del anterior Gobierno del PP, para obstaculizar la causa iniciada en 2021.

Estos elementos refuerzan el carácter explosivo de la causa: no se investiga únicamente si hubo una ayuda pública discutible, sino si alrededor de esa ayuda se creó una red para influir en decisiones administrativas, mover dinero y proteger judicial o políticamente a los implicados.

Registros, cuentas bloqueadas y una parte de la investigación aún secreta

En los últimos días, la investigación ha incluido registros y medidas patrimoniales. RTVE informó de registros de la UDEF en el marco del caso Plus Ultra, con intervención de móviles, agendas y una caja fuerte en el despacho de Zapatero.

Además, según laSexta, una parte de la investigación relativa a la búsqueda del dinero de la trama permanece secreta, especialmente la relacionada con comisiones rogatorias y el rastreo internacional de fondos.

Ese secreto parcial indica que la causa aún puede deparar nuevos movimientos. La información disponible hasta ahora permite trazar un mapa de sociedades, pagos y contactos, pero no necesariamente todo el recorrido del dinero. De hecho, el juez Calama ha solicitado información a Estados Unidos dentro de una pieza separada secreta, lo que apunta a una dimensión internacional de la investigación.

La operación patrimonial de la familia

El informe policial citado en el texto base incorpora también una operación inmobiliaria de la familia Zapatero-Espinosa. Según esa información, Zapatero y su esposa, Sonsoles Espinosa, compraron el 26 de febrero de 2024 un inmueble en la calle Ramón Crespo de Madrid por 580.000 euros, financiado con una hipoteca de 500.000 euros del Banco Santander. Menos de un año después, el 16 de enero de 2025, esa hipoteca habría sido cancelada anticipadamente mediante una transferencia de 498.000 euros desde una cuenta de la mujer del expresidente.

La Policía conecta ese movimiento con su hipótesis general sobre la estructura económica del caso, aunque esa conexión deberá ser acreditada judicialmente. Una cancelación hipotecaria anticipada no es por sí misma un delito; lo relevante, si la investigación lo acredita, sería el origen exacto de los fondos y su posible relación con el circuito económico investigado.

Zapatero niega las acusaciones y el Gobierno defiende el rescate

El expresidente ha defendido públicamente su inocencia. Según laSexta, Zapatero niega las acusaciones, asegura que ejercerá su derecho de defensa y ha afirmado que jamás ha tenido una sociedad mercantil, ni directa ni indirecta, ni en España ni fuera.

El Gobierno, por su parte, ha defendido la presunción de inocencia del expresidente y se ha mostrado tranquilo respecto al rescate de Plus Ultra. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, afirmó tras el Consejo de Ministros que el Gobierno mantiene confianza en la legalidad del procedimiento seguido para la ayuda pública concedida a la aerolínea durante la pandemia.

La SEPI también ha defendido la legalidad del rescate. Según publicó La Vanguardia, el organismo sostiene que la operación fue legal y transparente, y ha explicado que los 53 millones recibidos por Plus Ultra se destinaron al pago de acreedores, pagos operativos, reembolsos a pasajeros y capital de trabajo.

Plus Ultra, por su parte, ha manifestado su disposición a colaborar con la Justicia y su respeto al procedimiento judicial, según informó la Cadena SER.

Una causa de alto voltaje político

La imputación de Zapatero ha sacudido el tablero político. El PP ha endurecido su ofensiva contra el Gobierno y contra el PSOE, mientras Vox ha pedido que declaren como testigos Pedro Sánchez y los miembros del Ejecutivo de 2021 que participaron en la aprobación del rescate.

También se han producido reacciones dentro del ámbito socialista. Felipe González calificó el auto como “muy impresionante”, aunque pidió respetar la presunción de inocencia de Zapatero, según recogió Antena 3.

El exministro José Luis Ábalos, actualmente en prisión provisional por otra causa, se ha desvinculado del rescate y ha señalado que Zapatero habría actuado al margen de él para contactar directamente con Pedro Saura, entonces secretario de Estado. Saura, sin embargo, ha negado haber recibido llamadas, comunicaciones o presiones de Zapatero o de cualquier otra persona en relación con Plus Ultra.

Lo que está en juego

El caso Plus Ultra ya no es solo la polémica por un rescate público de 53 millones concedido a una aerolínea pequeña durante la pandemia. La causa ha derivado en una investigación sobre poder, influencia, dinero y relaciones internacionales.

La UDEF sostiene que existió una estructura organizada en torno a contactos políticos y empresariales. El juez deberá determinar ahora si esos indicios tienen entidad penal suficiente y si los pagos detectados responden a trabajos reales o a una presunta red de comisiones, intermediaciones y facturas de cobertura.

La investigación está lejos de haber terminado. Hay diligencias secretas, comisiones rogatorias internacionales, registros recientes y una declaración clave fijada para el 2 de junio. Hasta entonces, el caso queda en un punto especialmente delicado: con una tesis policial demoledora, una defensa que niega las acusaciones y una cuestión de fondo que amenaza con convertirse en una de las causas políticas y judiciales más relevantes de los últimos años en España.

Porque si la UDEF logra acreditar que los pagos no fueron simples ingresos profesionales, sino el resultado económico de una red de influencia alrededor del rescate de Plus Ultra, el caso dejará de ser una controversia administrativa para convertirse en algo mucho mayor: la investigación judicial de cómo una ayuda pública millonaria pudo acabar rodeada de intermediarios, sociedades pantalla, contratos bajo sospecha y beneficiarios familiares en el entorno de un expresidente del Gobierno.