Vox vincula la resistencia del presidente en La Moncloa con la regularización extraordinaria de inmigrantes y la ley de nietos, pero los datos obligan a matizar: los regularizados no votan automáticamente y el verdadero factor electoral puede estar en el crecimiento del voto exterior

Santiago Abascal ha llevado este miércoles al Congreso una de las acusaciones más graves que pueden formularse en democracia: que Pedro Sánchez estaría “maniobrando para adulterar las próximas elecciones generales” y mantenerse “de forma fraudulenta” en el poder. El líder de Vox ha ido incluso más lejos al afirmar que el presidente “está actuando para robar las próximas elecciones en España”.

La frase incendia el debate político porque no habla solo de corrupción, ni de desgaste del Gobierno, ni de la resistencia de Sánchez pese a los escándalos que golpean a su partido y a su entorno. Habla de algo mucho más delicado: la sospecha de que el Ejecutivo estaría intentando llegar a 2027 con un cuerpo electoral distinto, más favorable o, al menos, políticamente más útil para su supervivencia.

Es una acusación extrema. Y precisamente por eso exige ser examinada con datos.

La tesis de Vox: Sánchez no quiere votar ahora porque espera otro censo

El argumento político de Abascal es sencillo y potente: Sánchez no convocaría elecciones generales en este momento porque sabe que las perdería, pero aspira a llegar a 2027 después de que se hayan completado varios procesos administrativos de enorme impacto demográfico.

En ese relato entran dos factores principales. Primero, la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno. Segundo, el crecimiento de nuevos españoles por la llamada ley de nietos, la vía de adquisición de nacionalidad abierta por la Ley de Memoria Democrática para descendientes de españoles en el exterior.

Vox sostiene que esas medidas pueden alterar el censo electoral y cambiar el resultado de las próximas elecciones generales. La pregunta clave es si esa acusación tiene base numérica real o si mezcla procesos muy distintos bajo una misma sospecha política.

La respuesta es más compleja de lo que sugiere el eslogan.

Regularizar no es nacionalizar

El primer punto que debe quedar claro es este: una regularización extraordinaria de inmigrantes no convierte automáticamente a esas personas en votantes en unas elecciones generales.

En España, para votar al Congreso y al Senado hace falta tener nacionalidad española. Una persona extranjera puede obtener residencia legal, permiso de trabajo y derechos administrativos o laborales, pero eso no la incorpora de golpe al censo electoral de unas generales.

Este matiz es decisivo. Regularizar no es nacionalizar. Y nacionalizar no es inmediato.

El proceso extraordinario puede afectar a cientos de miles de personas que ya viven en España. Las cifras manejadas en el debate público hablan de alrededor de 500.000 posibles beneficiarios finales. Pero incluso si esa cifra se cumple, no significa que Sánchez obtenga 500.000 nuevos votos en 2027. Esa equivalencia es falsa.

Para que esas personas pudieran votar en unas generales tendrían que obtener la nacionalidad española, y eso exige cumplir plazos de residencia legal, acreditar requisitos y superar trámites administrativos que normalmente no se resuelven de un año para otro. En la mayoría de los casos, una regularización en 2026 difícilmente se transformaría en voto masivo en 2027.

Por tanto, si el debate se plantea como “papeles hoy, votos mañana”, la tesis no se sostiene.

El verdadero foco: la ley de nietos

Donde sí puede haber un impacto electoral real es en la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ley de nietos. Esta norma ha permitido que descendientes de españoles nacidos fuera de España puedan solicitar la nacionalidad.

La magnitud del fenómeno es enorme. Según los datos comunicados por el Gobierno, casi 2,4 millones de personas han solicitado la nacionalidad española al amparo de esta vía. Hasta finales de marzo se habían aprobado unas 545.000 solicitudes.

Aquí sí hablamos de nuevos españoles. Y, por tanto, de personas que pueden incorporarse al censo electoral exterior si completan su inscripción consular correspondiente.

Este es el punto verdaderamente sensible. No porque todos esos nuevos españoles vayan a votar al PSOE, sino porque en un sistema electoral tan ajustado como el español, cualquier variación relevante del censo puede tener consecuencias en determinadas provincias.

No hace falta que vote un millón de personas nuevas para cambiar una elección. En algunas circunscripciones, unos pocos miles de votos pueden mover un escaño. Y un escaño, en la España actual, puede decidir una investidura.

El precedente de 2023: el voto exterior ya cambió un diputado

Las elecciones generales del 23 de julio de 2023 dejaron una advertencia muy clara: el voto CERA, el de los españoles residentes en el extranjero, puede modificar el resultado final.

Tras el recuento del voto exterior, el PP ganó un escaño en Madrid que inicialmente se atribuía al PSOE. Ese movimiento cambió la aritmética parlamentaria y obligó a Sánchez a depender todavía más de Junts para su investidura.

Aquello ocurrió con una participación exterior cercana al 10%. Es decir, incluso con una participación baja, el voto de los españoles en el extranjero fue capaz de alterar el reparto de escaños.

Por eso el crecimiento del censo exterior no es un asunto menor. Si la ley de nietos añade cientos de miles de nuevos españoles inscritos en el extranjero antes de 2027, el voto CERA podría volver a ser decisivo en provincias ajustadas.

El dato incómodo para Vox: en 2023 el CERA favoreció al PP

Ahora bien, hay un dato que complica mucho el relato de que el nuevo voto exterior iría “directamente” a Sánchez.

En las generales de 2023, el voto CERA no favoreció al PSOE. Favoreció al PP. Los resultados oficiales del voto exterior al Congreso reflejaron 66.422 votos para el PP y 50.597 para el PSOE.

Ese dato no desmonta la importancia del debate sobre el censo, pero sí impide presentar el voto exterior como una bolsa automáticamente socialista.

El voto de los españoles residentes en el extranjero no es homogéneo. No vota igual un descendiente de españoles en Argentina que uno en México, Cuba, Venezuela, Francia, Reino Unido, Alemania o Suiza. Tampoco vota igual quien mantiene una relación cotidiana con España que quien recupera la nacionalidad por memoria familiar pero vive alejado de la política española diaria.

Por tanto, afirmar que la ley de nietos entregará cientos de miles de votos a Sánchez es una simplificación.

¿Cuántos votos podría ganar realmente Sánchez?

La estimación más seria obliga a separar los dos fenómenos.

Por la vía de la regularización extraordinaria de inmigrantes, el impacto directo en las generales de 2027 sería probablemente muy bajo o casi nulo. Regularizar a cientos de miles de personas no significa convertirlas en electores. Para votar en generales necesitan nacionalidad española, y ese proceso no es automático.

Por la vía de la ley de nietos, sí puede haber un impacto relevante, aunque no necesariamente favorable al PSOE. Si antes de 2027 se incorporaran, por ejemplo, 600.000 nuevos electores al censo exterior y participara un 10%, estaríamos hablando de unos 60.000 votos emitidos. Si el PSOE obtuviera el 25%, sumaría unos 15.000 votos. Si alcanzara el 40%, rondaría los 24.000 votos.

Para hablar de 100.000 votos socialistas nuevos haría falta una combinación muy exigente: un crecimiento muy alto del censo, una participación exterior muy superior a la de 2023 y una concentración del voto hacia el PSOE que hoy no está demostrada.

El impacto más probable no está en una avalancha de votos directos, sino en la posibilidad de que pequeñas variaciones en provincias muy disputadas alteren uno, dos o varios escaños.

Ahí está la clave política.

No es lo mismo alterar el censo que cometer fraude

La acusación de Abascal utiliza una palabra explosiva: “robar”. Pero desde el punto de vista jurídico y periodístico conviene distinguir tres planos.

Uno: el Gobierno puede tener interés político en agotar la legislatura y llegar a 2027 en mejores condiciones. Eso es análisis político.

Dos: determinadas decisiones legales y administrativas pueden modificar el tamaño y composición del cuerpo electoral. Eso es un hecho que debe analizarse.

Tres: afirmar que se está preparando un fraude electoral exige pruebas. Y esas pruebas, por ahora, no están sobre la mesa.

La regularización extraordinaria no da voto automático. La ley de nietos sí puede aumentar el censo de españoles en el exterior, pero no garantiza que esos electores voten al PSOE. Y el precedente de 2023, de hecho, mostró ventaja del PP en el voto CERA.

Por eso, la noticia no debería formularse como una certeza de fraude, sino como una batalla política por la legitimidad del futuro censo electoral.

Sánchez, entre la corrupción y el calendario

La acusación de Abascal llega en el peor momento para el Gobierno. Sánchez comparece en el Congreso bajo una presión extrema por los casos de corrupción que afectan al PSOE y a su entorno político. Feijóo le ha acusado de ser el “nexo político corruptor” y ha exigido elecciones. Abascal ha elevado aún más el tono al presentar la permanencia de Sánchez en La Moncloa como parte de una maniobra para cambiar las condiciones de la próxima cita electoral.

Ese es el salto político de Vox: no discutir solo si Sánchez debe dimitir por la corrupción, sino insinuar que cada mes que resiste en el poder puede servirle para llegar a 2027 con un terreno electoral más favorable.

La acusación es eficaz porque conecta con una sensación de desconfianza institucional creciente. Si una parte del electorado cree que el Gobierno no solo se aferra al poder, sino que además está preparando el escenario para conservarlo, la campaña de 2027 puede arrancar contaminada mucho antes de que se abran las urnas.

Una democracia bajo sospecha

El debate de fondo ya no es únicamente cuántos votos puede ganar Sánchez. La cuestión es más profunda: si España llegará a las próximas generales con una discusión normal sobre programas, candidatos y alianzas, o con una parte importante del país convencida de que la partida está marcada de antemano.

Esa sospecha es peligrosa. Lo es cuando se exagera sin datos, pero también cuando el poder se niega a explicar con transparencia el efecto electoral de sus propias decisiones.

El Gobierno tiene la obligación de aclarar cuántos nuevos electores pueden incorporarse al censo exterior antes de 2027, cuántas nacionalidades se han aprobado por la Ley de Memoria Democrática, en qué países se concentran y qué mecanismos garantizan la limpieza del voto. La oposición, por su parte, tiene la obligación de no confundir deliberadamente regularización administrativa con derecho de voto en elecciones generales.

Porque una democracia no solo necesita elecciones limpias. Necesita que los ciudadanos crean que lo son.

La clave de 2027 puede estar en unos pocos escaños

La acusación de Abascal es extrema, pero ha puesto sobre la mesa una cuestión real: el censo de 2027 puede no ser igual al de 2023. No tanto por la regularización de inmigrantes, cuyo efecto electoral directo será muy limitado, sino por el crecimiento del voto exterior derivado de la ley de nietos.

¿Puede eso decidir unas elecciones? No por sí solo. Pero puede decidir escaños. Y en la España actual, decidir escaños puede ser decidir gobiernos.

La diferencia es importante. No hay datos para afirmar que Sánchez vaya a “robar” las elecciones. Sí hay motivos para investigar hasta el final cómo cambiará el censo, cuántos nuevos españoles podrán votar desde el exterior y qué impacto puede tener ese voto en una legislatura que ya hoy se sostiene por márgenes mínimos.

La política española ha entrado en una fase en la que cada voto cuenta, cada escaño pesa y cada sospecha arde. Por eso el debate abierto este miércoles no terminará con la intervención de Abascal. Probablemente acaba de empezar.