La concesionaria de la AP-66 alcanza un récord de recaudación en plena ofensiva política, judicial y ciudadana contra la prórroga hasta 2050. El Principado exige rebajas por el mal servicio, Consumo mantiene abierto el expediente, la UCE habla de cobros indebidos y Bruselas considera irregular la ampliación de la concesión.

La autopista del Huerna se ha convertido en una paradoja difícil de digerir para Asturias: cuanto más crece la indignación social contra el peaje, más crece la caja de Aucalsa. La concesionaria de la AP-66 cerró el último ejercicio con 53 millones de euros de ingresos, un récord histórico, mientras el Principado, la Unión de Consumidores de Asturias y la Comisión Europea estrechan el cerco sobre una concesión prorrogada hasta 2050 que Bruselas considera contraria a la normativa europea.

La cifra tiene una carga política evidente. La autopista que une Asturias con León no solo sigue siendo una de las grandes barreras económicas de entrada y salida del Principado, sino que además ha mantenido el cobro íntegro del peaje en un contexto de obras, desvíos, limitaciones de velocidad y afecciones prolongadas al servicio. Según datos recogidos por distintos medios, la UCE sostiene que cerca de dos millones de trayectos se han visto afectados durante meses por las incidencias en la vía.

Una autopista en obras, pero una recaudación en máximos

Aucalsa facturó 53 millones de euros, un 10,8% más que el año anterior. De esa cantidad, alrededor de 7 millones figuran como beneficio, lo que equivale a algo más del 13% de los ingresos. El dato llega después de un periodo marcado por el argayo que cortó la autopista en el lado asturiano y por las obras de reparación y estabilización del talud.

La propia documentación de la matriz de la concesionaria, Itínere Infraestructuras, reconoce que a 31 de diciembre los trabajos de reparación del argayo apenas estaban al 17,65% de ejecución, pese a llevar siete meses en marcha. El ejercicio 2026 seguirá condicionado por la restitución completa del talud.

El coste estimado de la reparación se sitúa en 8,1 millones de euros, mientras que el desvío provisional —el famoso bypass— supuso 1,1 millones. Pero el impacto económico para Aucalsa queda muy amortiguado: el siniestro está cubierto por una póliza de daños materiales y pérdida de beneficio, con un anticipo ya abonado de dos millones.

Traducido al lenguaje de la calle: el usuario paga el peaje completo, soporta las molestias y la concesionaria, además, tiene cubiertos buena parte de los daños y la pérdida de negocio por el seguro. Negocio redondo no; lo siguiente.

El Principado eleva el tono: rebaja del peaje y vía judicial

El Gobierno asturiano ha decidido pasar de la queja política a la presión formal. El Ejecutivo autonómico ha requerido al Estado y a Aucalsa una rebaja del peaje mientras duren las obras y ha iniciado actuaciones previas para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

La Dirección General de Consumo ya había abierto actuaciones tras recibir reclamaciones de usuarios y de la Unión de Consumidores de Asturias. Las inspecciones realizadas en enero y febrero verificaron afecciones como limitaciones de velocidad, retenciones, obras simultáneas y deficiencias de señalización.

El Principado sostiene que no se puede cobrar como si el servicio fuera normal cuando la autopista no está funcionando con normalidad. Esa es la clave del conflicto: no se discute solo el precio del peaje, sino la proporcionalidad entre lo que se paga y lo que realmente se recibe.

La UCE acusa a Aucalsa de cobrar de más

La Unión de Consumidores de Asturias ha ido más lejos. Primero presentó denuncia administrativa ante el Principado y después llevó el asunto a la Fiscalía, acusando a Aucalsa de cobrar íntegramente por un servicio deteriorado y de mantener un peaje basado en una prórroga que considera ilegal.

La organización sostiene que el tramo concesionado Campomanes-León, de 74 kilómetros, ha tenido unos 26 kilómetros afectados por obras en túneles y otros 4 kilómetros por el desprendimiento del entorno del punto kilométrico 76. Además, denuncia que desde enero de 2026 el peaje para turismos subió de 15,60 a 16,20 euros, un incremento del 3,64%, sin compensación para los usuarios.

La UCE ha llegado a cifrar en 60 millones de euros el posible beneficio ilícito derivado del cobro íntegro pese a las afecciones del servicio, y en otras actuaciones ha elevado el foco hasta más de 200 millones si se analiza el impacto global de la prórroga cuestionada.

Bruselas, la gran amenaza: la prórroga hasta 2050 bajo sospecha

El problema de fondo no es solo el argayo ni las obras. Es la prórroga de la concesión. En julio de 2025, la Comisión Europea emitió un dictamen motivado contra España al considerar que las ampliaciones de las concesiones de la AP-9 y la AP-66 vulneraron la normativa europea de contratación pública.

La AP-66 fue prorrogada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar, con Francisco Álvarez-Cascos como ministro de Fomento, extendiendo el peaje hasta 2050. Bruselas entiende que una ampliación de ese calibre equivalía en la práctica a un nuevo contrato y, por tanto, debería haberse sometido a licitación pública.

España ha defendido hasta ahora la legalidad de lo actuado, pero si no hay acuerdo con la Comisión, el caso puede acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para Asturias, esa vía europea se ha convertido en la gran esperanza para tumbar una concesión que muchos consideran una losa histórica.

Aucalsa avisa: si hay rescate, habrá indemnización

La concesionaria no se da por aludida como culpable directa del conflicto europeo, pero sí deja clara su posición: si se modifica o rescata la concesión, exigirá ser compensada e indemnizada conforme a la legislación vigente.

Ese aviso no es menor. Aucalsa sabe que el debate público se está inclinando contra el peaje, pero también sabe que los contratos administrativos tienen blindajes jurídicos. La cuestión de fondo será quién paga la factura si finalmente se anula, rescata o modifica la concesión: la empresa, el Estado o, como tantas veces, el contribuyente.

Y ahí aparece el gran dilema político: Asturias reclama justicia histórica, Bruselas cuestiona la prórroga, los usuarios pagan cada viaje y la concesionaria recuerda que, si le quitan el negocio antes de tiempo, pedirá indemnización.

Una batalla que ya no es solo asturiana

El caso del Huerna se ha unido al de la AP-9 gallega. Galicia, Asturias y Castilla y León han coordinado posiciones para reclamar al Gobierno central la eliminación de peajes considerados abusivos o irregulares.

Además, la Alianza por las Infraestructuras de Asturias ha llevado el caso a la Comisión Europea tras el bloqueo del Gobierno central, reforzando la dimensión comunitaria del conflicto.

La autopista ya no es solo una carretera cara. Es un símbolo de aislamiento, de agravio territorial y de una España donde algunos territorios pagan durante décadas por salir de casa mientras otros disfrutan de vías liberadas.

La clave política: ¿por qué se sigue pagando igual?

La pregunta que resume todo el caso es sencilla: ¿por qué los asturianos siguen pagando el peaje completo por una autopista cuestionada por Bruselas, afectada por obras y con un servicio deteriorado durante meses?

Aucalsa puede exhibir sus cifras, su seguro, sus contratos y su derecho a indemnización. El Gobierno central puede defender la legalidad de la prórroga. Pero para el usuario que pasa por caja, paga 16,20 euros y después circula entre obras, desvíos y restricciones, el argumento jurídico empieza a sonar a música celestial. Y cara, muy cara.

El récord de ingresos de Aucalsa llega en el peor momento político posible. Mientras Asturias exige rebajas, la UCE denuncia cobros indebidos, Consumo mantiene el expediente abierto y Bruselas cuestiona la prórroga hasta 2050, la concesionaria del Huerna sigue haciendo caja.

La AP-66 es hoy mucho más que una autopista. Es una herida abierta entre Asturias y el Estado, entre los usuarios y la concesionaria, entre el derecho europeo y las decisiones tomadas hace más de dos décadas. Y cada nuevo dato de recaudación agranda la sensación de agravio.

Porque lo que indigna no es solo pagar. Lo que indigna es pagar más, pagar igual, pagar durante décadas y comprobar que, incluso en plena polémica, el negocio sigue batiendo récords.