La declaración de Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo ha colocado al Gobierno, al PSOE y al propio Pedro Sánchez ante una de las acusaciones más graves de la legislatura: la existencia, según su versión, de una presunta estructura de cobros ilegales vinculada al Ministerio de Transportes, con dinero procedente de constructoras y con una parte destinada supuestamente a la financiación del PSOE.

Aldama no habló de sospechas vagas. Habló de sobres, mochilas, entregas en efectivo, pagos mensuales y una jerarquía política. Y situó al presidente del Gobierno en el “escalafón 1” de esa estructura, por encima de José Luis Ábalos, Koldo García y él mismo. La acusación es explosiva, aunque jurídicamente sigue teniendo una debilidad esencial: por ahora, según varios medios, no aportó pruebas documentales que acrediten sus afirmaciones más graves.

Ocho horas que cambiaron el tono del caso

La comparecencia de Aldama se prolongó durante casi ocho horas y desbordó el marco inicial del juicio por las presuntas irregularidades en contratos de mascarillas durante la pandemia. Lo que empezó como una causa sobre adjudicaciones y comisiones acabó convertido en una acusación política de máximo calibre: Aldama afirmó que llevó dinero en efectivo al Ministerio de Transportes y al domicilio de Ábalos, procedente de “mordidas” de constructoras, y calculó esas entregas entre 3,5 y 4 millones de euros.

Según su relato, también habría pagos mensuales de 10.000 euros a Ábalos y Koldo García, que se habrían prolongado durante años. En algunos casos, dijo, transportaba cantidades mucho mayores: hasta 250.000 euros en una mochila.

La acusación más grave: “el presidente lo sabía”

El punto más delicado de la declaración llegó cuando Aldama aseguró que parte del dinero entregado servía para financiar al PSOE y que Pedro Sánchez lo sabía. Según su versión, Ábalos y Koldo le habrían dicho que una parte de esos fondos iba destinada al partido. Esa frase, si algún día encontrara respaldo probatorio, abriría un escenario demoledor: no estaríamos ante una corrupción individual, sino ante una presunta financiación irregular vinculada al poder político central.

Aldama también relató un encuentro con Sánchez en un mitin del PSOE en el teatro La Latina, en Madrid, en febrero de 2019. Según dijo, tras el acto fue conducido a una estancia privada donde el presidente le habría agradecido “todo” lo que estaba haciendo. EFE recoge que Aldama sostuvo que Sánchez le dio las gracias porque sabía “perfectamente” lo que hacía.

“El uno”, “el jefe” y la estructura del poder

Aldama afirmó que en sus conversaciones se referían a Pedro Sánchez como “el uno” y a Ábalos como “el jefe”. También trazó una jerarquía: Sánchez en el primer escalón, Ábalos en el segundo, Koldo en el tercero y él mismo en el cuarto. La imagen política es devastadora: un empresario acusado de participar en la trama colocando al presidente del Gobierno en la cúspide del sistema que describe.

El impacto no está solo en lo que dice, sino en dónde lo dice: en sede judicial, ante el Tribunal Supremo y en un juicio que afecta a un exministro socialista y a su antiguo asesor.

La reacción del Gobierno y del PSOE: “mentiras” y “sin pruebas”

El Gobierno y el PSOE han reaccionado negando de plano las acusaciones. Fuentes socialistas sostienen que no existe financiación ilegal del PSOE y que Aldama está utilizando una estrategia de defensa basada en lanzar acusaciones sin pruebas para generar ruido político. El PSOE ha anunciado que volverá a pedir amparo al Supremo frente a lo que considera “injurias” y “difamaciones”.

El Ejecutivo insiste en que Sánchez no está imputado ni citado como testigo y que el PSOE no está siendo investigado en este procedimiento por financiación ilegal. Ese matiz es importante: la declaración es políticamente abrasiva, pero jurídicamente necesita pruebas. Sin ellas, Aldama puede incendiar el tablero, pero no necesariamente tumbarlo.

El PP ve una oportunidad total

La oposición ha aprovechado la declaración como munición de gran calibre. Alberto Núñez Feijóo ha retado a Sánchez a querellarse contra Aldama y ha sostenido que, si no lo hace, las acusaciones no pueden despacharse como inventadas. El PP interpreta la declaración como un salto cualitativo del caso: ya no se hablaría solo de Ábalos, Koldo o contratos concretos, sino de una supuesta estructura que alcanzaría al presidente y al partido.

Lo que puede comprometer gravemente al Gobierno

La declaración de Aldama compromete al Gobierno en tres planos.

Primero, en el plano político. Aunque no haya pruebas aportadas, el simple hecho de que un acusado describa ante el Supremo una presunta red de pagos, comisiones y financiación del partido del Gobierno coloca a Sánchez en una posición defensiva muy delicada.

Segundo, en el plano reputacional. El relato de mochilas con dinero, pagos mensuales y entregas en el Ministerio tiene una potencia visual enorme. Es el tipo de imagen que se queda en la opinión pública aunque luego el procedimiento judicial avance por otro carril.

Tercero, en el plano judicial potencial. Si aparecieran documentos, grabaciones, transferencias, testigos o indicios que respaldaran una sola parte sustancial de lo declarado, el caso podría dejar de ser una tormenta política para convertirse en un problema penal de primer orden.

El punto débil de Aldama

La gran grieta de su declaración es evidente: las acusaciones más graves contra Sánchez y el PSOE aparecen, por ahora, sin prueba pública concluyente. Varios medios subrayan precisamente ese punto. Aldama ha puesto una bomba política encima de la mesa, pero la bomba necesita detonador probatorio. Sin papeles, sin registros, sin corroboraciones externas, su relato queda expuesto a la acusación de ser una estrategia defensiva para reducir su propia responsabilidad.

La declaración de Aldama ha sido una de las más dañinas para el Gobierno desde que estalló el caso Koldo. No porque haya probado judicialmente una financiación ilegal del PSOE, sino porque ha construido un relato muy concreto, muy gráfico y muy peligroso: dinero en efectivo, mordidas de constructoras, pagos recurrentes, acceso al Ministerio, menciones al partido y una acusación directa al presidente.

La pregunta ya no es solo qué hizo Ábalos, qué sabía Koldo o cuánto cobró Aldama. La pregunta que queda flotando —y que el Gobierno necesita neutralizar cuanto antes— es si todo aquello fue una trama de intermediarios aprovechados o si, como sostiene Aldama, hubo conocimiento político en la parte más alta del poder.

Y ahí está el veneno de la declaración: aunque todavía falten pruebas, el daño político ya ha empezado.