La FSA cierra filas frente al dictamen que exige reprobar a antiguos responsables de Industria, mientras IU endurece el discurso pero evita romper la coalición. La tragedia minera, con cinco fallecidos y cuatro heridos, vuelve a colocar a Barbón ante su promesa de llegar “hasta el final”

La tragedia de Cerredo ha dejado de ser solo una investigación sobre una explosión de grisú para convertirse en una prueba de resistencia política para el Gobierno asturiano. Un año después del accidente minero que causó la muerte de cinco trabajadores y dejó cuatro heridos, el PSOE y IU vuelven a chocar por la misma pregunta incómoda: quién debe pagar políticamente por lo ocurrido en una explotación donde, según las investigaciones publicadas, se habrían desarrollado actividades extractivas no autorizadas en una mina oficialmente cerrada.

El pulso es claro. IU asume el borrador del dictamen de la comisión parlamentaria, elaborado por Covadonga Tomé, y defiende que debe haber reprobaciones políticas. El PSOE, en cambio, se atrinchera en el informe de la Inspección General de Servicios: admite fallos graves en el funcionamiento del Servicio de Minas, pero rechaza que de ahí se derive automáticamente una cadena de ceses si no aparecen indicios judiciales concretos.

Dos informes, dos relatos y una coalición que cruje sin romperse

La clave está en que hay dos documentos y dos lecturas opuestas. El informe encargado por el propio Gobierno asturiano detecta deficiencias severas: falta de control eficaz, problemas en las inspecciones, gestión deficiente de denuncias, uso irregular de proyectos de investigación y una estructura administrativa incapaz de vigilar con garantías una actividad tan delicada como la minera.

Pero ese informe no señala responsables políticos concretos. Ahí se agarra el PSOE. La tesis socialista es que puede haber fallos administrativos, incluso graves, sin que exista una relación directa demostrada entre una decisión política concreta y la explosión mortal.

IU, en cambio, considera que esa frontera es demasiado cómoda. Para la coalición, si hubo una cadena de permisos, controles insuficientes y advertencias mal gestionadas, debe haber también responsabilidades políticas. El borrador de Tomé plantea reprobar a varios exresponsables, entre ellos antiguos consejeros de Industria, un exviceconsejero y funcionarios del área de Minas.

Los nombres que queman en la mesa

El choque tiene nombres propios. Entre los señalados en el debate político aparecen Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa; Nieves Roqueñí, presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón; Belarmina Díaz, consejera de Industria en el momento del siniestro y dimitida apenas dos semanas después; e Isaac Pola, también exresponsable del área.

El PSOE rechaza convertir el dictamen parlamentario en una lista de ceses. IU, por el contrario, cree que la respuesta institucional no puede limitarse a reformas internas y promesas de mejora. La diferencia no es menor: para los socialistas, el dictamen tiene una “intencionalidad política”; para IU, es la consecuencia lógica de una catástrofe que pudo evitarse.

Lo que ocurrió en Cerredo

El accidente se produjo el 31 de marzo de 2025 en la mina de Cerredo, en Degaña. Murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos. Las primeras informaciones apuntaron a una explosión de grisú, el gas históricamente asociado a las grandes tragedias mineras.

La mina estaba cerrada oficialmente desde 2018, pero la empresa Blue Solving tenía autorización para trabajos vinculados a retirada de material y actuaciones de restauración, no para extraer carbón. Tras el siniestro, las inspecciones hallaron indicios de actividad extractiva no autorizada, incluidos huecos excavados en zonas donde no debía haberse producido explotación minera.

El borrador de la comisión va más allá y sostiene que existía una incompatibilidad entre el proyecto de cierre de 2019, el proyecto de restauración autorizado en 2021 y el proyecto de investigación complementaria autorizado en 2024, que habría servido como vía para mantener una actividad extractiva prohibida.

La herida social: cinco muertos y familias que siguen esperando justicia

La dimensión humana sigue pesando más que cualquier cálculo parlamentario. Cuatro de los cinco fallecidos procedían de Laciana, una comarca minera leonesa muy vinculada históricamente al suroccidente asturiano. Un año después, las familias y los sindicatos siguen reclamando justicia, mientras la causa judicial analiza posibles responsabilidades penales por homicidio imprudente y lesiones.

Ese contexto explica por qué cada movimiento político resulta tan sensible. No se discute solo una comisión. Se discute si Asturias aprendió algo de una tragedia que volvió a teñir de negro la memoria minera.

Barbón, ante su frase más peligrosa

Adrián Barbón prometió llegar “hasta el final” y lo hizo con una expresión que ahora se le vuelve en contra: “caiga quien caiga”. Esa frase, eficaz en caliente, es hoy una losa política. Porque si no cae nadie, la oposición le acusará de proteger a los suyos; y si cae alguien, el PSOE admitirá de facto que IU tenía razón al exigir responsabilidades.

El margen del presidente es estrecho. Puede defender la reforma del Servicio de Minas, el Plan Regenera y la revisión de los controles administrativos. Pero la pregunta política seguirá ahí: si el sistema falló tanto, ¿cómo puede no responder nadie?

Una coalición atada por necesidad

Pese al ruido, la ruptura parece improbable. IU necesita demostrar firmeza ante su electorado, pero no parece dispuesta a abandonar el Gobierno en la recta final de la legislatura. El PSOE necesita resistir sin admitir responsabilidades políticas que puedan arrastrar a cargos actuales o pasados. Ambos se necesitan, aunque ahora mismo se miren como dos vecinos obligados a compartir escalera después de una bronca de comunidad.

La crisis, por tanto, puede no tumbar al Gobierno, pero sí desgastarlo. Y ese desgaste tiene una lectura peligrosa para la izquierda asturiana: la sensación de que ante una tragedia laboral de enorme gravedad, la política discute más sobre cómo proteger posiciones que sobre cómo reparar el daño.

El fondo del asunto: Minas no puede volver a funcionar a ciegas

La parte más grave del caso Cerredo no es solo quién dimite o quién se salva. Es si Asturias tenía un sistema de control minero capaz de detectar lo que ocurría bajo tierra. El informe de la Inspección General de Servicios habla de carencias organizativas, tecnológicas y procedimentales. El Gobierno ha anunciado reformas, pero la credibilidad de esas medidas dependerá de que no parezcan un cortafuegos político, sino una verdadera reconstrucción del sistema de vigilancia minera.

Cerredo ya no es solo una mina. Es una prueba de verdad para Asturias: saber si cinco muertos bastan para cambiar una administración, depurar responsabilidades y evitar que la próxima advertencia llegue, otra vez, demasiado tarde.