El Consejo de Gobierno autoriza el recurso para intentar acabar con la prórroga de la AP-66 hasta 2050, aprueba la Ley de Mecenazgo, impulsa la plataforma sociosanitaria de Langreo, culmina la primera declaración de zonas tensionadas y destina más de 2,2 millones a mejorar la AS-375 en Lena

Asturias da un nuevo paso en una de sus batallas históricas: el fin del peaje del Huerna. El Consejo de Gobierno ha autorizado este lunes la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros que rechazó revisar de oficio la prórroga de la concesión de la autopista AP-66 hasta el año 2050. La decisión convierte en acción judicial una reivindicación que atraviesa gobiernos, partidos, empresas y ciudadanía: acabar con un canon que el Principado considera injustificado y que sigue condicionando la principal conexión por carretera entre Asturias y la meseta.

La reunión del Ejecutivo autonómico no se limitó, sin embargo, al Huerna. El Gobierno asturiano aprobó también el proyecto de Ley de Mecenazgo, dio luz verde al encargo para redactar el planeamiento de la futura Plataforma Logística Asturiana Sociosanitaria en Langreo, completó la primera fase de zonas de mercado residencial tensionado con nuevas localidades de Llanes y autorizó una inversión de más de 2,2 millones para mejorar la carretera AS-375, entre Oviedo/Uviéu y Campumanes, a su paso por Lena.

El resultado es un Consejo de Gobierno con varias capas: una ofensiva jurídica contra un peaje que Asturias considera un agravio histórico, una apuesta por atraer financiación privada hacia actividades de interés general, una pieza clave para reorganizar servicios auxiliares sanitarios, nuevas medidas para intervenir en el mercado del alquiler y actuaciones en infraestructuras viarias.

El Huerna, de reivindicación histórica a batalla judicial ante el Supremo

La decisión más simbólica del día es la autorización del recurso ante el Tribunal Supremo para intentar poner fin al peaje del Huerna. El Gobierno de Asturias recurrirá el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 14 de abril, que inadmitió la solicitud del Principado para revisar de oficio la prórroga de la concesión de la autopista del Huerna hasta 2050.

El Ejecutivo autonómico sostiene que esa prolongación, aprobada en el año 2000 por un gobierno del Partido Popular, presenta indicios fundados de nulidad radical. El argumento central es que la prórroga supuso una modificación sustancial del contrato original con la concesionaria: amplió la duración de la concesión en 29 años y alteró de forma relevante sus condiciones económicas en beneficio de la empresa.

Según la posición del Principado, una modificación de ese calado debería haberse sometido a una nueva licitación pública, con garantías de transparencia, igualdad y libre concurrencia. Es decir, no bastaba con prolongar el contrato existente como si se tratara de un ajuste menor. Para Asturias, la prórroga cambió las reglas del juego y lo hizo sin abrir el proceso a la competencia.

La ofensiva judicial llega después del dictamen de la Comisión Europea que acredita irregularidades en la tramitación de aquella prórroga. También responde al acuerdo alcanzado por unanimidad en la Alianza por las Infraestructuras que Asturias Necesita, que en su reunión del 23 de abril respaldó la vía judicial como una de las herramientas para intentar acabar con el peaje.

Una autopista clave y un coste que sigue pesando

El peaje del Huerna no es un asunto menor ni una simple discusión administrativa. Para Asturias, la AP-66 es una vía estratégica. Afecta a los desplazamientos de miles de ciudadanos, al transporte de mercancías, a la competitividad de las empresas y a la conexión diaria con la meseta. Por eso el Principado insiste en que no se trata solo de pagar o no pagar, sino de corregir una situación que considera discriminatoria para la comunidad.

El Gobierno autonómico trabaja, además, en varias líneas paralelas. Por un lado, mantiene una coordinación con instituciones europeas para promover una revisión de fondo del proceso que permitió ampliar la concesión. Por otro, colabora con Galicia y Castilla y León para abordar acciones comunes contra peajes que afectan a conexiones estratégicas, tanto en la AP-66 como en la AP-9, la autopista del Atlántico.

A esa vía legal e institucional se suma otra reclamación más inmediata: la suspensión del cobro o la aplicación de compensaciones por la pérdida de calidad del servicio derivada de las obras que se están realizando en diferentes puntos de la autopista. El Principado critica que, pese a esas molestias y limitaciones para los usuarios, la concesionaria mantenga íntegro el coste del canon. Vamos, que el usuario paga como si todo fuera seda fina, aunque a veces circule entre obras, desvíos y paciencia franciscana.

Ley de Mecenazgo: incentivos fiscales para movilizar dinero privado

Junto a la batalla del Huerna, el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de Ley de Mecenazgo, impulsado por la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos. La norma inicia ahora su tramitación parlamentaria con el objetivo de fomentar la participación del sector privado en actividades consideradas de interés general.

El texto pretende incentivar la colaboración de personas físicas, empresas y entidades en ámbitos como la cultura, el deporte, la sanidad, la asistencia social, la investigación, el desarrollo, la innovación tecnológica, la promoción de la igualdad y otras actuaciones con impacto social.

La ley contempla varias fórmulas de colaboración: donativos y donaciones dinerarias, aportaciones de bienes o derechos, cesiones de uso, contratos gratuitos, convenios de colaboración empresarial, creación de nuevas fundaciones y aportaciones al patrimonio de fundaciones ya existentes.

La parte más relevante está en los incentivos fiscales. Para las personas físicas, se establece un régimen específico de deducciones en el IRPF. Para las personas jurídicas, la principal novedad es la creación de créditos fiscales aplicables a impuestos y tasas propios de la comunidad. Estos créditos alcanzarán el 25% del importe total del donativo, con un límite anual de 5.000 euros, y podrán utilizarse durante cuatro años desde su reconocimiento.

El proyecto también incluye beneficios en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el de transmisiones patrimoniales, con el objetivo de que las operaciones vinculadas al mecenazgo no soporten cargas adicionales.

En la práctica, el Gobierno busca abrir una vía para que el sector privado participe más en proyectos sociales, culturales, científicos o deportivos sin que esa colaboración dependa únicamente de la buena voluntad. La idea es sencilla: si Asturias quiere que haya más mecenazgo, tiene que hacerlo atractivo y fiscalmente razonable.

Langreo, pieza sanitaria y logística en los terrenos de Nitrastur

Otra de las decisiones de calado territorial afecta a Langreo. El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 968.396 euros para encargar a Tragsatec la redacción del planeamiento territorial y urbanístico de la futura Plataforma Logística Asturiana Sociosanitaria, que se ubicará en los antiguos terrenos de Nitrastur.

El proyecto tiene una doble lectura. Por un lado, es una actuación sanitaria y logística. Por otro, supone una oportunidad de regeneración para un espacio industrial degradado en la cuenca del Nalón.

La asistencia técnica incluirá la redacción de los instrumentos urbanísticos y ambientales necesarios: plan territorial especial, proyecto de expropiación de terrenos, evaluación ambiental estratégica, proyectos de urbanización con su correspondiente evaluación de impacto y modificación puntual del Plan General de Ordenación de Langreo.

La futura plataforma, financiada con fondos del Fondo de Transición Justa, permitirá centralizar servicios auxiliares sanitarios como logística, almacenamiento, lavandería y distribución. El objetivo es optimizar recursos, ganar eficiencia y concentrar en un mismo espacio funciones que resultan esenciales para el funcionamiento del sistema sanitario, aunque muchas veces queden fuera del foco público.

La instalación ocupará unos 40.000 metros cuadrados en las proximidades de la antigua central de Lada. El Gobierno defiende que el proyecto reforzará la posición de Langreo como enclave estratégico dentro del sistema sanitario y logístico asturiano, además de contribuir a la revitalización económica del Nalón.

La actuación prevé también la regeneración integral del terreno, la recuperación del cauce de un arroyo actualmente soterrado, la creación de un corredor verde y mejoras en la protección frente a inundaciones. Es decir, no se trata solo de construir una plataforma, sino de transformar un suelo marcado por el pasado industrial en una infraestructura útil para el futuro.

Asturias completa sus doce primeras zonas tensionadas de vivienda

El Consejo de Gobierno también ha recibido información sobre la declaración de Po, Barro, Celoriu y Nueva, en Llanes, como zonas de mercado residencial tensionado. Con esta decisión, Asturias culmina la primera fase de declaración de doce zonas tensionadas.

A las cuatro localidades llaniscas se suman las ya declaradas en Llanes y Posada; Arenas y Po, en Cabrales; los barrios gijoneses de Cimadevilla y La Arena; L.luanco/Luanco, en Gozón; y el barrio de La Magdalena, en Avilés.

Estas declaraciones tendrán una duración inicial de tres años, prorrogables, y permitirán aplicar medidas previstas en la normativa para corregir desequilibrios del mercado residencial. Entre ellas figuran la contención de los precios del alquiler, la movilización de vivienda vacía o infrautilizada y el refuerzo de iniciativas para facilitar el acceso a la vivienda habitual.

La medida se enmarca en uno de los debates más sensibles del momento: el acceso a la vivienda en zonas donde el alquiler turístico, la presión residencial o la escasez de oferta han disparado las dificultades para encontrar casa a precios asumibles. En lugares de gran atractivo turístico, como Llanes, el problema no es abstracto. Afecta a jóvenes, familias, trabajadores desplazados y vecinos que quieren seguir viviendo donde han vivido siempre.

Una vez completada esta primera fase, el Principado iniciará las labores de seguimiento y control de las medidas aprobadas. Ese será el verdadero examen: comprobar si la declaración de zona tensionada se traduce en efectos reales o si se queda en una etiqueta administrativa más. Y de etiquetas, en vivienda, ya vamos servidos.

Más de 2,2 millones para mejorar la AS-375 en Lena

El paquete de acuerdos incluye también una inversión de 2.271.142 euros para mejorar la carretera AS-375, que conecta Oviedo/Uviéu con Campumanes, a su paso por el concejo de Lena.

Los trabajos se desarrollarán en dos tramos, separados por la travesía de La Pola, y sumarán un total de 9,1 kilómetros. La actuación contempla la rehabilitación del firme, la renovación de elementos de contención, la sustitución o instalación de barreras de seguridad, la mejora de la señalización y la modernización del sistema de drenaje.

La obra no tiene el brillo político del Huerna ni la ambición estratégica de la plataforma sociosanitaria de Langreo, pero responde a una necesidad básica: mantener en buen estado carreteras que vertebran concejos, conectan núcleos de población y forman parte de la movilidad cotidiana de vecinos, trabajadores y empresas.

Un Consejo de Gobierno con cinco frentes abiertos

El Consejo de Gobierno deja así una fotografía bastante completa de las prioridades inmediatas del Ejecutivo asturiano. En infraestructuras, el Principado eleva al Supremo la batalla contra el peaje del Huerna y actúa sobre la red autonómica de carreteras. En fiscalidad, impulsa una Ley de Mecenazgo para atraer recursos privados hacia proyectos de interés general. En sanidad y territorio, prepara la futura plataforma logística sociosanitaria de Langreo. Y en vivienda, completa la primera fase de zonas tensionadas para intentar contener un mercado cada vez más complicado en determinados puntos de la comunidad.

Son decisiones distintas, pero conectadas por una misma idea: Asturias intenta corregir desequilibrios que pesan sobre su competitividad, su cohesión territorial y la vida diaria de sus vecinos. El Huerna afecta a la comunicación con el exterior. La vivienda condiciona dónde puede vivir la gente. La logística sanitaria influye en la eficiencia de los servicios públicos. Las carreteras sostienen la movilidad cotidiana. Y el mecenazgo busca sumar recursos privados a fines sociales.

La clave, como siempre, estará en pasar del acuerdo de Consejo de Gobierno al resultado tangible. Porque las buenas decisiones se anuncian en una sala de prensa, sí, pero se miden después en la carretera, en el recibo del alquiler, en el empleo que genera una obra, en el servicio sanitario que funciona mejor o en el peaje que, algún día, los asturianos puedan dejar de pagar.