El Principado impulsa su primera Ley de Puertos para regular los 24 enclaves autonómicos, cerrar un vacío legal histórico y adaptar la gestión a una realidad cada vez más turística, deportiva, pesquera y urbana

Asturias se dispone a cambiar las reglas del juego en sus puertos pequeños. No en El Musel ni en Avilés, que seguirán bajo el paraguas estatal, sino en esa red de 24 puertos autonómicos que forman parte del paisaje cotidiano de la costa asturiana: espacios donde conviven pescadores, embarcaciones deportivas, terrazas, paseantes, turistas, bañistas, vehículos, maquinaria, pequeñas actividades económicas y, en demasiadas ocasiones, elementos abandonados que nadie sabe muy bien cómo retirar.

El Gobierno del Principado ha abierto la tramitación del anteproyecto de Ley de Puertos, la primera norma autonómica destinada a ordenar de forma integral estos espacios. El Ejecutivo sostiene que la ley servirá para poner fin a un “vacío legal histórico” y crear un marco adaptado a la escala real de los puertos asturianos, muy distinta de la de los grandes puertos comerciales del Estado.

La futura norma regulará todo el ciclo portuario: planificación, construcción, conservación, gestión, explotación del dominio público, servicios, seguridad, protección ambiental, policía portuaria y régimen sancionador. No es poca cosa. Hasta ahora, buena parte de esa realidad se venía encajando como se podía en normas estatales pensadas para infraestructuras mucho mayores, con lógicas comerciales, industriales y logísticas que poco tienen que ver con el día a día de un puerto pesquero, deportivo o turístico de la costa asturiana.

Una ley para puertos que ya no son solo puertos

La clave del texto está en una idea de fondo: los puertos autonómicos asturianos han dejado de ser únicamente espacios de trabajo pesquero. Siguen siendo eso, por supuesto, pero también se han convertido en zonas de paseo, ocio, actividad náutica, restauración, turismo, deporte y convivencia urbana. El propio Principado habla de espacios “multifuncionales” y de su papel como dinamizadores económicos, sociales y urbanos de las villas marineras.

Ahí está el gran cambio. La ley no nace solo para sancionar, sino para ordenar una realidad que se ha ido haciendo más compleja. En un mismo recinto pueden coincidir una descarga pesquera, una escuela náutica, una terraza, una embarcación recreativa, un visitante haciendo fotos, un coche mal estacionado y un bañista entrando al agua por una zona donde maniobra una embarcación. La postal es bonita; la gestión, no tanto.

Baños limitados cuando haya riesgo o interfieran con la actividad portuaria

Uno de los puntos más llamativos es la posibilidad de limitar el baño en zonas portuarias cuando pueda interferir con la actividad del puerto o generar situaciones de riesgo. No se trata de prohibir por prohibir, sino de establecer reglas claras en espacios que no son playas, aunque muchas veces funcionen en la práctica como lugares de baño improvisado.

La medida busca evitar conflictos entre usos recreativos y actividad portuaria. En algunos enclaves, especialmente en verano, la presión turística convierte zonas de muelle, rampas o dársenas en espacios de baño espontáneo. La nueva ley permitirá ordenar esas situaciones con mayor seguridad jurídica.

Los “barcos fantasma”: retirada, subasta, reutilización o desguace

Otro de los asuntos más sensibles es el de los elementos abandonados. Embarcaciones deterioradas, vehículos, maquinaria o piezas depositadas durante meses —a veces años— ocupan espacio, afean el entorno y pueden acabar convirtiéndose en un problema de seguridad, contaminación o imagen.

El anteproyecto habilita a la Administración para actuar de forma más ágil: retirar, depositar, subastar, reutilizar para el servicio público o incluso desguazar esos elementos abandonados. Dicho en cristiano: se acabó que un barco fantasma se pudra indefinidamente en un puerto mientras todo el mundo mira para otro lado.

Multas de hasta 300.000 euros y agentes de la autoridad

La ley introduce un régimen sancionador propio, con infracciones leves, graves y muy graves. Las sanciones podrán llegar hasta los 300.000 euros en los casos más extremos, aunque el propio planteamiento del anteproyecto apunta a que la mayoría de infracciones actuales son leves y que el impacto recaudatorio será limitado. La finalidad principal no es hacer caja, sino ordenar.

También se refuerza el papel del personal del Servicio de Puertos, que pasará a tener consideración de agente de la autoridad sobre el terreno, con capacidad para formular denuncias. Esta medida puede ser decisiva: acerca la capacidad de control al lugar donde ocurren los problemas, sin depender siempre de una maquinaria administrativa lenta y lejana.

Plan de Puertos, cambio climático y coordinación con los ayuntamientos

La ley crea instrumentos de planificación como el Plan de Puertos del Principado, que deberá definir prioridades, inversiones y modelo de desarrollo del sistema portuario. También contempla la delimitación de espacios y usos de cada puerto, además de medidas relacionadas con adaptación climática, prevención de la contaminación, gestión de residuos, planes interiores marítimos, planes de emergencia y autoprotección.

Este punto es especialmente relevante en Asturias, donde muchos puertos están integrados en el corazón urbano de villas marineras. La norma refuerza la cooperación entre el Principado y los ayuntamientos para ordenar mejor esos espacios, mejorar su integración urbana y compatibilizar actividad económica, uso ciudadano y protección ambiental.

Sin nuevos órganos, sin más plantilla y sin cambios en tasas

El Gobierno regional subraya que el impacto económico de la ley será “nulo o testimonial”: no se prevé crear nuevos órganos administrativos, aumentar plantilla ni modificar el régimen de tasas y cánones vigente. Es decir, la norma pretende ordenar mejor lo que ya existe, no levantar una nueva estructura administrativa.

Esa austeridad tiene dos lecturas. La positiva: evita inflar el aparato público. La incómoda: una ley ambiciosa sin más medios puede quedarse corta si la gestión diaria exige más inspección, más tramitación y más capacidad de intervención.

La gran pregunta: ¿ley útil o papel mojado?

El anteproyecto llega con una promesa clara: dar seguridad jurídica a un sistema portuario autonómico que llevaba demasiado tiempo funcionando con normas dispersas, supletorias y poco adaptadas. Asturias tiene competencia sobre los puertos que no son de interés general del Estado, pero carecía de un marco propio completo para responder a sus necesidades específicas.

La cuestión será si la ley consigue equilibrar tres mundos que a menudo chocan: el puerto como espacio de trabajo, el puerto como lugar de ocio y el puerto como pieza urbana y turística. Porque ahí está la verdadera batalla. No basta con poner multas, retirar barcos abandonados o limitar baños. El reto es evitar que los puertos asturianos se conviertan en zonas de nadie: ni plenamente productivas, ni bien ordenadas para el uso ciudadano, ni suficientemente protegidas frente al deterioro.

Ahora se abre el recorrido político y administrativo. El trámite de información pública ya permitió presentar alegaciones entre el 18 de marzo y el 16 de abril de 2026, y el texto aún deberá avanzar hasta su eventual aprobación definitiva en la Junta General.

Asturias quiere ordenar sus puertos. La pregunta es si llegará a tiempo antes de que el desorden se haya acostumbrado demasiado bien al paisaje.