La plantilla de seguridad denuncia falta de efectivos, ausencia de medios, incumplimientos del contrato y una situación diaria de riesgo en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Oviedo

La crisis del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo, ha entrado en una fase crítica. La mayoría del comité de empresa de Asepro Seguridad, integrada por CSIF y USIPA, ha advertido de que baraja convocar paros en los próximos meses si no se adoptan medidas urgentes para proteger a la plantilla, reforzar el servicio y garantizar el cumplimiento de las condiciones laborales y de seguridad.

El ultimátum sindical llega después de los últimos episodios violentos registrados en el centro, que han dejado a varios vigilantes agredidos y obligados a recibir asistencia médica. Para los representantes de los trabajadores, estos incidentes no son hechos aislados, sino la expresión más visible de una situación que, según denuncian, lleva meses deteriorándose hasta colocar a la plantilla en un escenario de riesgo permanente.

Sograndio ya no es solo un problema laboral. Es también una crisis de seguridad, de gestión pública y de modelo educativo. Los sindicatos sostienen que el centro se encuentra prácticamente al límite de su capacidad, con cerca de 60 internos según la representación de los trabajadores y unos 54 según los datos trasladados por el propio Gobierno asturiano. La cifra contrasta con la ocupación habitual de alrededor de una treintena de internos y, según las mismas fuentes sindicales, incrementa de forma notable la presión sobre educadores, vigilantes y personal técnico.

Intervenciones violentas y una plantilla al límite

CSIF y USIPA describen un escenario de intervenciones constantes en todos los turnos. Según su denuncia, la conflictividad interior impide que los educadores puedan desarrollar con normalidad su función socioeducativa, lo que obliga a los vigilantes a intervenir una y otra vez para contener episodios de tensión, amenazas, agresiones o destrozos.

La representación sindical considera que esta dinámica está vaciando de contenido la finalidad reeducativa del centro. En lugar de un espacio orientado a la reinserción, aseguran que Sograndio funciona cada vez más como un dispositivo de contención permanente, con trabajadores desbordados, internos en situación de alta tensión y una organización que no estaría respondiendo con la rapidez ni con los recursos necesarios.

A esa presión se suma el perfil de algunos internos, varios de ellos próximos a los 20 años. Los sindicatos subrayan que esta realidad exige una organización más robusta, protocolos claros, espacios adecuados de contención, equipos completos y una coordinación diaria mucho más firme. Sin esos elementos, advierten, cada turno se convierte en una situación de riesgo imprevisible.

Puestos sin cubrir, medios insuficientes y quejas por el plus de peligrosidad

Uno de los puntos más graves de la denuncia sindical afecta al supuesto incumplimiento del pliego de condiciones por parte de la adjudicataria del servicio de seguridad. CSIF y USIPA aseguran que la mayoría de los días quedan puestos de vigilantes sin cubrir, lo que deja desprotegidos tanto a los trabajadores como a los internos y obliga al resto de la plantilla a asumir una sobrecarga de funciones y de riesgo físico.

Los sindicatos consideran inadmisible que se mantenga este volumen de intervenciones con mínimos de personal, sin habitaciones de contención adecuadas, sin medios materiales idóneos y sin una cobertura jurídica suficiente para los profesionales que tienen que actuar en situaciones de violencia.

La queja laboral va más allá de la seguridad física. La mayoría del comité denuncia también que buena parte de los vigilantes, incluidos trabajadores de nueva contratación, quedan excluidos del abono del plus de peligrosidad asociado a Sograndio. Además, señalan posibles irregularidades en conceptos salariales de las nóminas, una acusación que eleva el conflicto desde el terreno de la prevención de riesgos hasta el cumplimiento estricto de las condiciones laborales.

El Principado interviene la gestión diaria durante al menos tres meses

La advertencia de paros coincide con una decisión de calado del Gobierno asturiano: intervenir la gestión diaria de Sograndio mediante una comisión dirigida desde la Viceconsejería de Justicia. El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha anunciado la creación de un órgano que se reunirá semanalmente y que asumirá el seguimiento cotidiano del centro durante al menos tres meses.

Esa comisión estará liderada por la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente Suárez, e incluirá al jefe de servicio de Justicia del Menor, personal del propio servicio, la dirección del centro, los coordinadores socioeducativos, el responsable de mantenimiento y el coordinador de seguridad. La dirección actual permanecerá en su puesto, aunque supeditada a este nuevo órgano de control.

El Principado admite que la presión asistencial es muy elevada y que el centro soporta una ocupación muy superior a la habitual. Además, el Gobierno asturiano ha avanzado que pedirá la revisión del régimen aplicable a los internos mayores de edad más conflictivos, una decisión que correspondería finalmente a la autoridad judicial competente.

Un centro señalado desde hace meses

La situación actual no surge de la nada. En los últimos meses se han sucedido las denuncias por motines, fugas, intentos de fuga, agresiones, deterioro de instalaciones, falta de calefacción, humedades, deficiencias estructurales y bajas médicas vinculadas al estrés laboral. En febrero, trabajadores del centro ya alertaron públicamente de una crisis de seguridad que, según su versión, se venía agravando desde el cambio de dirección.

En mayo, el comité de empresa de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos reclamó la destitución de la directora del centro tras varios incidentes graves en el interior de las instalaciones. Aquella denuncia ya hablaba de pérdida de control, ausencia de protocolos operativos claros y una plantilla obligada a sostener el funcionamiento diario del centro en condiciones extremas.

El Gobierno asturiano sostiene que en 2025 puso en marcha una estrategia de mejora integral, con refuerzos de personal socioeducativo, renovación del contrato de seguridad y medidas de mejora en las instalaciones. Sin embargo, los representantes de los trabajadores consideran que esas actuaciones no han corregido los problemas de fondo.

Nuevo edificio, pero problema inmediato

El Principado anunció el pasado 5 de junio su intención de construir un nuevo edificio para albergar el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, preferentemente en la misma parcela si las condiciones urbanísticas lo permiten. El Gobierno asturiano considera que levantar un nuevo inmueble puede ser más viable que reformar el actual, ya que las obras tendrían que convivir con la actividad diaria del centro.

Ese anuncio, sin embargo, no resuelve la urgencia del conflicto. Los vigilantes reclaman medidas inmediatas, no solo planes a medio plazo. Piden más efectivos, cumplimiento real del pliego, medios materiales adecuados, protocolos de actuación, reconocimiento del plus de peligrosidad y garantías de seguridad para poder trabajar sin quedar expuestos cada jornada a agresiones o situaciones de riesgo.

Seguridad, reinserción y responsabilidad pública

El caso Sograndio obliga a mirar más allá del parte de incidentes. Un centro de responsabilidad penal de menores no puede funcionar únicamente desde la lógica de la contención. La legislación que regula la responsabilidad penal de los menores exige que el internamiento se desarrolle en un clima de seguridad para todos: menores, profesionales y personal del centro. Sin seguridad no hay trabajo educativo posible. Pero sin proyecto educativo sólido, la seguridad se convierte en una batalla diaria sin horizonte.

Ese es precisamente el nudo del conflicto. Los sindicatos aseguran que los vigilantes están actuando como último dique ante una organización desbordada. Los educadores, por su parte, no pueden desarrollar con normalidad su labor si el centro vive instalado en la tensión. Y los internos tampoco reciben una intervención adecuada si el día a día queda dominado por la improvisación, la falta de recursos y la respuesta a la emergencia.

El conflicto puede saltar a la calle

CSIF y USIPA han elevado ya el tono del aviso. Si no hay medidas urgentes, si no se cubren los puestos obligatorios de seguridad, si no se garantiza el cumplimiento del contrato, si no se reconocen las condiciones de peligrosidad y si no se protege de forma efectiva a la plantilla, el conflicto puede trasladarse a la calle mediante la convocatoria de paros.

La crisis de Sograndio entra así en una nueva fase. El Principado ha decidido tomar el control diario del centro, pero los trabajadores consideran que la intervención llega tarde y que será insuficiente si no viene acompañada de decisiones concretas, verificables y rápidas.

En juego no está solo la seguridad de los vigilantes. Está también la capacidad del sistema público para gestionar un centro de menores sometido a una presión creciente, para proteger a sus profesionales y para garantizar que la reinserción no quede enterrada bajo una sucesión de agresiones, bajas médicas, partes de lesiones y promesas incumplidas.