La auditoría del Principado dibuja un sistema minero desordenado, opaco y vulnerable a maniobras que permitían comprar explotaciones en cierre, retrasar la afloración del nuevo titular y dejar a la Administración —y a Europa— la factura ambiental

Lo de Cerredo ya no es solo la historia terrible de una explosión de grisú que el 31 de marzo de 2025 segó la vida de cinco trabajadores. Lo que aflora ahora es algo todavía más inquietante para cualquier ciudadano: la sospecha de que durante años el control administrativo sobre el negocio minero en Asturias fue tan débil, tan confuso y tan viejo en sus costuras que permitió operaciones en las que el riesgo, el coste y la restauración acababan desplazándose hacia lo público, mientras el activo seguía orbitando alrededor de intereses privados. Esa es la dimensión política y económica del terremoto que ha provocado el informe de 317 páginas de la Inspección General de Servicios encargado por Adrián Barbón tras la tragedia. El documento habla de errores graves, fallos normativos, falta de diligencia inspectora, problemas con las transmisiones de derechos y un uso muy cuestionable de figuras como los Proyectos de Investigación Complementaria, los conocidos PIC.

La foto que deja la auditoría es devastadora. No describe un simple error puntual ni una negligencia aislada. Describe un ecosistema administrativo donde se mezclaron desactualización tecnológica, controles insuficientes, inspecciones anunciadas, expedientes mal tramitados, denuncias que no siempre se remataban y un registro minero necesitado de actualización y fiabilidad. El propio informe acabó formulando once recomendaciones para recomponer un servicio que, según el análisis interno del Principado, llevaba tiempo funcionando con grietas estructurales.

Del accidente mortal al hallazgo político: Cerredo abre una caja negra

La explosión de Cerredo activó la mecha judicial y también la política. Tras aquel siniestro mortal, el Gobierno asturiano encargó una revisión a fondo del Servicio de Minas y el resultado ha sido un documento que cuestiona no solo cómo se vigilaba una explotación concreta, sino cómo se autorizaba, controlaba, registraba y supervisaba buena parte de la actividad minera en una comunidad donde el carbón nunca fue únicamente una industria: fue poder, territorio, empleo, subvención y, ahora, también un enorme problema de credibilidad institucional.

La dimensión penal del caso sigue abierta. En febrero de 2026, la jueza de Cangas del Narcea imputó a cuatro personas por el accidente: Jesús Rodríguez Morán, conocido como ‘Chus Mirantes’, su esposa, su hijo y el director facultativo de la explotación. La causa investiga cinco delitos de homicidio por imprudencia, delitos de lesiones y un posible delito contra los derechos de los trabajadores. Además, el juzgado ordenó el embargo cautelar de 1.150.000 euros.

Pero la auditoría administrativa apunta a algo más amplio: que el problema no era solo quién explotaba o cómo explotaba, sino qué sabía la Administración, cuándo lo sabía y qué hacía —o dejaba de hacer— con esa información.

La gran clave: cuando la mina cambia de manos, pero la carga se queda flotando

Uno de los aspectos más explosivos del informe es el relativo a la transmisión de derechos mineros. La Inspección concluye que ahí había un agujero. No un matiz técnico, sino un agujero con consecuencias millonarias. El documento reclama desarrollar mejor la normativa, motivar expresamente estos expedientes, evaluar solvencia y efectos ambientales y reforzar el control del registro minero. Traducido al castellano de la calle: el sistema no estaba blindado para saber con precisión quién era el titular real, qué obligaciones arrastraba y si la Administración estaba actuando contra quien de verdad debía responder.

Ese punto es capital porque la legislación española de cambio climático dejó negro sobre blanco que cualquier autorización, permiso, prórroga o cesión sobre unidades de producción de carbón incluidas en el Plan de Cierre queda supeditada a la devolución previa de las ayudas recibidas, y añade además que el Instituto para la Transición Justa debe velar por su cumplimiento en cooperación con las comunidades autónomas. Está escrito en el artículo 29 de la Ley 7/2021.

Ahí está el corazón del escándalo. Porque si la transmisión no se controla bien, si el registro no refleja con claridad la titularidad real o si la Administración actúa como si la explotación siguiera en manos de una empresa quebrada cuando ya ha cambiado de dueño, el resultado práctico puede ser demoledor: el nuevo titular conserva el activo, pero la factura de la restauración la asume el sector público. Esa es la lectura más dura —y razonable— que se desprende del conjunto de fuentes consultadas. Es una inferencia periodística, sí, pero está sólidamente apoyada en la auditoría, en la normativa estatal y en los antecedentes oficiales de Tormaleo y Cerredo.

Tormaleo: el precedente que explica por qué el informe habla de un sistema vulnerable al abuso

Tormaleo es clave para entender todo lo que ahora se investiga políticamente. Ya en 2021 el Principado admitía que debía actuar de forma subsidiaria para restaurar la antigua mina a cielo abierto de Tormaleo porque los responsables no lo habían hecho. Entonces se hablaba de usar los avales incautados en el proceso concursal —unos 5,6 millones— y de completar la financiación con fondos del Ministerio para la Transición Ecológica.

Un año después, en 2022, el propio Gobierno asturiano informó de que la restauración del área noroeste de Tormaleo movilizaba 48.462.275 euros, de los cuales 43.532.460 los aportaba el Instituto para la Transición Justa y 5.412.275 procedían de la incautación de avales. El proyecto afectaba a 430 hectáreas, se extendía entre 2022 y 2026 y fue presentado como el mayor proyecto de restauración minera de España financiado con fondos del Plan de Recuperación.

Lo que hoy revienta políticamente es que, según la lógica del informe y la reconstrucción documental, esa actuación pública masiva convivió con operaciones societarias y transmisiones sobre derechos mineros cuyo control no fue todo lo fino que exigía el interés general. Y eso no es una cuestión menor: cuando el dinero europeo y autonómico entra para reparar un pasivo ambiental de una explotación en cierre, la pregunta ya no es solo cuánto cuesta restaurar, sino a quién le tocaba realmente pagar esa restauración y en qué momento dejó de perseguirse esa obligación contra el titular real.

Cerredo: 27 millones de restauración en un terreno ya bajo nueva órbita empresarial

En Cerredo, el volumen económico tampoco es precisamente de chichinabo. En la comisión de investigación de la Junta General, un técnico del propio Servicio de Minas señaló que una de las tres grandes obras de restauración minera gestionadas en el suroccidente era la del antiguo Grupo Cerredo, “del orden de 27 millones de euros”. También precisó que el acta de comprobación y replanteo de esa obra se firmó el 10 de octubre de 2022.

A su vez, distintas informaciones periodísticas sitúan en 975.000 euros la operación por la que Combayl asumió en 2021 bienes, derechos y chatarra de Cerredo. Es decir: mientras la Administración avanzaba o preparaba trabajos millonarios de restauración, el perímetro empresarial de la explotación ya se había movido.

Aquí es donde el caso se vuelve políticamente venenoso. Porque la auditoría reprocha precisamente que el Servicio de Minas debe extremar el control sobre las transmisiones y sobre toda la documentación que presentan las empresas, y además critica que se otorgaran o tramitaran actuaciones sin verificar de forma más robusta los condicionantes ambientales, registrales y ligados al régimen de ayudas del plan de cierre.

Dicho sin azúcar: si la Administración manejaba millones en restauración de explotaciones que ya habían cambiado de manos, y ese cambio no afloraba con toda la fuerza administrativa que debería, el terreno estaba abonado para que el interés privado respirase y el interés público pagase.

El otro gran escándalo: los PIC y la sospecha de que se usaron para extraer carbón sorteando el cierre

El informe no se queda en la cuestión de las compraventas o transmisiones. También golpea con fuerza el uso de los Proyectos de Investigación Complementaria. Según la Inspección, estos proyectos se utilizaron como vía para autorizar extracción de carbón y eludir así la aplicación del Plan de Cierre de la minería no competitiva, con la consecuencia potencial de sortear la devolución de ayudas exigida por la normativa. Además, el documento reprocha la ausencia de consultas previas al Instituto para la Transición Justa en explotaciones potencialmente afectadas por ese plan.

Ese es un dato nuclear. Porque enlaza tres piezas que hasta hace poco parecían dispersas: la tragedia humana de Cerredo, la opacidad sobre la titularidad y la sospecha de que determinadas figuras administrativas sirvieron para mantener actividad carbonera bajo otra etiqueta. No es casualidad que, tras conocer la auditoría, Barbón anunciara que Asturias no autorizará nuevos PIC con extracción de material mientras no exista una normativa más estricta.

El Principado admite el desastre y lanza el Plan Regenera

El Gobierno asturiano ya no niega el problema. Lo asume, al menos en el plano discursivo. Barbón ha reconocido un “funcionamiento anómalo y defectuoso” del servicio y ha presentado el Plan Regenera, con medidas como recuperar en dos meses el servicio específico de Seguridad Minera —suprimido en 2019—, reforzar el control de las transmisiones, endurecer el tratamiento de los PIC, digitalizar el catastro minero, publicar una memoria de inspección y avanzar hacia inspecciones sin aviso previo.

El Ejecutivo insiste en pedir calma y dejar trabajar a la justicia, recordando que la investigación judicial sigue centrada en quienes explotaban la mina sin permiso para extraer carbón. Pero a estas alturas la política asturiana ya no discute solo sobre los investigados penales. Discute sobre quién dejó que el sistema llegara a este punto.

La oposición huele sangre: de Belarmina a Roqueñí, pasando por Enrique Fernández

La oposición ha encontrado en el informe una mina política, nunca mejor dicho. PP y Foro sostienen que la dimisión en su momento de Belarmina Díaz no basta y amplían el foco hacia Enrique Fernández, hoy presidente de Hunosa, y Nieves Roqueñí, actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, por haber estado al frente de la consejería de la que dependía el Servicio de Minas. Foro incluso reclama una moción de confianza para Barbón y el cese de Roqueñí.

El Gobierno replica que encargó él mismo la auditoría y que está actuando. Pero la defensa tiene un agujero evidente: cuando un informe interno habla de errores administrativos de gravedad alta, de controles deficientes y de procedimientos que deben rehacerse casi de arriba abajo, la responsabilidad política deja de ser una consigna de la oposición y se convierte en una pregunta legítima de cualquier ciudadano.

La comisión parlamentaria tampoco ayuda al Gobierno

La comisión de investigación de la Junta General ha ido dejando escenas bastante elocuentes. En enero de 2026, tanto el responsable de Blue Solving como la administradora de Combayl acudieron a la comisión, pero optaron por no declarar, amparándose en el proceso judicial en curso. Esa negativa no despejó ninguna de las grandes dudas sobre la red empresarial, las decisiones técnicas y la gestión real de la explotación.

Mientras tanto, en los diarios de sesiones han ido apareciendo detalles nada tranquilizadores: técnicos y exresponsables han hablado de restauraciones multimillonarias, de explotaciones incluidas en planes de cierre, de la importancia del artículo 29 de la Ley de Cambio Climático y de una arquitectura administrativa donde la seguridad jurídica parecía muchas veces ir con muletas.

Lo más inquietante no es el pasado: es lo que revela sobre cómo funcionaba el sistema

La tentación política ahora será reducir todo a una batalla de nombres: quién dimite, quién cae, quién comparece, quién se salva. Pero el informe apunta a un problema más profundo. No retrata solo un accidente, sino un modelo de control minero que parecía demasiado permeable al retraso, al desorden registral, a la falta de trazabilidad administrativa y a figuras jurídicas que podían convertirse en un coladero.

Y eso tiene una consecuencia brutal para el contribuyente: mientras la Administración pensaba que restauraba pasivos de empresas quebradas o cerradas, podía estar actuando en un terreno donde la titularidad real ya había mutado o estaba mutando. Ahí nace la sospecha de esa “suerte de fraude de ley” que sobrevuela el caso y que convierte el asunto Cerredo en algo mucho más grande que una tragedia minera: un posible manual de cómo la opacidad administrativa puede acabar socializando los costes y privatizando las ventajas. Esa conclusión, insisto, es una inferencia periodística basada en el conjunto de documentos oficiales, comparecencias y normas consultadas.

Cerredo ya no habla solo de carbón, habla de poder

Cerredo ha dejado de ser únicamente el nombre de una mina y de una explosión. Es ya el nombre de un sistema puesto en cuestión. Un sistema en el que confluyen muertes, permisos, transmisiones, subvenciones, restauraciones millonarias, fondos europeos, opacidad registral y posibles ventajas empresariales obtenidas al calor de la debilidad administrativa.

La gran pregunta ya no es solo qué pasó aquel día bajo tierra. La gran pregunta es esta: cuánto tiempo llevaba pasando algo parecido a la vista de todos, pero sin que nadie quisiera —o supiera— atarlo del todo. Y esa, para el Principado, es la peor de las explosiones: la que no se oye en la galería, sino en la confianza pública.