El nuevo censo apunta a un crecimiento sostenido de la población mientras el Gobierno asturiano acelera un decreto para volver a abatir ejemplares en zonas con ataques al ganado. Ecologistas y Ministerio advierten: la especie sigue en “estado desfavorable”

El lobo vuelve a colocar a Asturias en el centro de uno de los debates más incendiarios del norte de España. Y esta vez, con cifras encima de la mesa que prometen reavivar todavía más el choque entre ganaderos, ecologistas, cazadores y administraciones públicas.

El nuevo censo elaborado por el Principado, cuya presentación oficial está prevista para el próximo 22 de mayo en el Consejo Consultivo del Lobo, eleva ya a alrededor de medio centenar las manadas presentes en Asturias, según diversas fuentes conocedoras del informe. El dato supone un nuevo incremento respecto al anterior recuento oficial, que situaba la población en 45 manadas y unos 345 ejemplares en 2023, con reproducción confirmada en 42 grupos.

La cifra tiene una enorme carga política y social. Porque llega justo en el momento en que el Gobierno asturiano intenta recuperar las herramientas legales para retomar los controles letales sobre la especie después de meses de batallas judiciales y de una auténtica tormenta política.

Un animal convertido en símbolo de la fractura rural

Pocas especies generan en Asturias un nivel de confrontación tan brutal como el lobo ibérico. Para miles de ganaderos de montaña, el animal se ha convertido en una amenaza constante que altera la vida diaria, dispara los costes y multiplica el miedo a perder reses cada semana. Para las organizaciones conservacionistas, en cambio, el lobo es un símbolo ecológico imprescindible y una especie todavía vulnerable cuya protección sigue lejos de estar garantizada.

Entre ambos bloques, el Principado trata de caminar sobre una cuerda floja.

La Consejería de Medio Rural lleva meses defendiendo públicamente que la población de lobos ha crecido de forma “importante” en Asturias. El propio consejero, Marcelino Marcos Líndez, avanzó recientemente que el nuevo censo confirmaría ese incremento y justificaría la necesidad de recuperar mecanismos de control poblacional.

Y no es casualidad que el Ejecutivo autonómico esté acelerando la aprobación de un nuevo decreto para modificar el II Plan de Gestión del Lobo. El objetivo es muy claro: volver a disponer de cobertura jurídica para abatir ejemplares conflictivos en determinadas zonas ganaderas.

El golpe judicial que paralizó las batidas

La tensión explotó definitivamente este año.

En febrero, el Tribunal Supremo cuestionó el sistema utilizado para autorizar los cupos de extracción de lobos en Asturias, obligando al Principado a suspender las batidas previstas.

Poco después llegó otro golpe todavía más duro: el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló el programa de control 2025-2026 al considerar que carecía de soporte normativo suficiente. Aquel plan contemplaba la eliminación de hasta 53 ejemplares.

La resolución judicial dejó al Gobierno autonómico prácticamente bloqueado en plena escalada del conflicto con el sector ganadero.

Desde entonces, Medio Rural trabaja contrarreloj para modificar el articulado anulado y aprobar un nuevo decreto antes del verano. La intención del Ejecutivo es que el texto quede listo en junio para volver a activar controles selectivos en cuanto sea legalmente viable.

El dato que incendia el debate: España sigue lejos del “umbral seguro”

Pero el gran problema para Asturias no está solo en los tribunales. Está también en Bruselas.

El Ministerio para la Transición Ecológica mantiene una posición frontalmente distinta a la de varias comunidades autónomas del norte. El nuevo informe sexenal del lobo elaborado por el MITECO sostiene que España cuenta actualmente con 333 manadas, una cifra todavía muy alejada de las 500 que la Comisión Europea considera necesarias para hablar de un estado de conservación favorable de la especie.

Ese dato es clave. Porque según la interpretación del Ministerio y de numerosas organizaciones conservacionistas, mientras no se alcance ese umbral no deberían autorizarse controles letales generalizados.

De hecho, el informe estatal insiste en que el crecimiento del lobo en España ha sido “moderado”, con un aumento aproximado del 12% respecto al anterior censo nacional realizado entre 2012 y 2014.

Y ahí aparece el gran choque institucional: Asturias y otras autonomías del norte consideran que la realidad del territorio demuestra un crecimiento mucho más evidente y una presión creciente sobre la ganadería extensiva.

La montaña asturiana: donde el conflicto es real cada noche

Fuera de los despachos y de las sentencias, el conflicto tiene escenarios muy concretos: brañas, puertos de montaña y explotaciones ganaderas donde cada ataque genera una mezcla de rabia, impotencia y cansancio.

En muchas zonas rurales asturianas el discurso es cada vez más duro. Los ganaderos aseguran que el número de ataques no deja de aumentar y que el miedo está provocando incluso el abandono progresivo de explotaciones tradicionales.

La situación es especialmente delicada en áreas de montaña occidental y en concejos con fuerte presencia de ganadería extensiva, donde el lobo encuentra enormes espacios de movilidad y abundancia de presas domésticas.

El Principado sostiene que precisamente por eso necesita mantener herramientas de gestión activa. El programa anual de control aprobado anteriormente ya contemplaba actuaciones selectivas vinculadas a daños reiterados sobre el ganado.

Los ecologistas preparan otra batalla

Las organizaciones conservacionistas, sin embargo, no están dispuestas a ceder.

Colectivos como Fondo Lobo, WWF, ASCEL o Alianza Verde consideran que Asturias intenta reactivar las matanzas de ejemplares utilizando modificaciones legales “insuficientes” y prometen volver a acudir a los tribunales si el nuevo decreto permite abatimientos generalizados.

Su argumento principal es que la especie continúa en situación desfavorable desde el punto de vista científico y comunitario. Además, denuncian que muchas administraciones autonómicas magnifican el crecimiento poblacional para justificar controles políticos sobre una especie extremadamente sensible.

El Ministerio tampoco parece dispuesto a facilitar las cosas. Transición Ecológica ha cuestionado abiertamente algunos análisis autonómicos y sostiene que varias valoraciones regionales carecen de validación científica suficiente.

Asturias, otra vez ante una decisión explosiva

El resultado es un escenario de máxima tensión.

Por un lado, un nuevo censo que apunta a más manadas y refuerza el discurso del Gobierno asturiano y del sector ganadero. Por otro, un marco jurídico extremadamente frágil, una presión ecologista feroz y un debate científico todavía lejos de cerrarse.

Mientras tanto, el lobo sigue expandiéndose por parte de la cornisa cantábrica y consolidando su presencia en territorios donde hace apenas décadas había desaparecido.

Y en Asturias, donde la convivencia entre naturaleza salvaje y mundo rural nunca ha sido sencilla, cada nueva cifra se convierte en gasolina para un conflicto que parece no tener final.