Desde el 1 de junio, los VMP no podrán circular por una amplia zona del casco céntrico señalizada con la nueva R-118 de la DGT. El Ayuntamiento defiende la medida por seguridad peatonal, mientras la ciudad se divide entre quienes ven necesaria la mano dura y quienes alertan de una prohibición excesiva

Gijón entra este lunes en una nueva etapa de la movilidad urbana. A partir del 1 de junio, los patinetes eléctricos tendrán vetado el acceso a una parte relevante del centro de la ciudad mediante la instalación de señales específicas de prohibición para vehículos de movilidad personal. La decisión coloca al municipio en una posición especialmente restrictiva dentro del mapa urbano español y convierte a Xixón en uno de los primeros grandes laboratorios locales sobre hasta dónde puede llegar una ciudad para ordenar el uso de los patinetes eléctricos.

La medida no afecta a toda la ciudad, pero sí al espacio donde más se concentran peatones, comercios, autobuses urbanos, terrazas, cruces conflictivos y calles estrechas. El Ayuntamiento instalará 12 señales R-118, la nueva señal de la Dirección General de Tráfico que prohíbe el acceso a vehículos de movilidad personal, en varias vías del casco urbano. El objetivo municipal es impedir que los patinetes circulen por calles donde la convivencia con peatones y transporte público se ha convertido en un problema creciente.

Detrás de esta decisión hay una realidad que cualquier vecino de Gijón ha visto más de una vez: patinetes por aceras, usuarios con auriculares, dos personas sobre el mismo vehículo, maniobras bruscas entre peatones, saltos de semáforo, vehículos trucados para superar la velocidad permitida y circulación por zonas donde ya estaba prohibido. El problema no es el patinete como tal. El problema es su uso desordenado en una ciudad cuyo centro no siempre tiene espacio suficiente para absorber, sin conflicto, peatones, autobuses, taxis, bicis, coches, reparto, motos y vehículos de movilidad personal.

Gijón no está prohibiendo una moda. Está intentando poner límites a una forma de moverse que ha crecido más rápido que las normas, más rápido que los hábitos ciudadanos y, probablemente, más rápido que la capacidad de vigilancia.

Qué cambia desde el lunes

El cambio principal es sencillo: donde aparezca la señal R-118, los patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal no podrán acceder circulando. La prohibición se concentra en el entorno más transitado del centro, con especial incidencia en calles estrechas, de alta actividad comercial y con presencia de autobuses urbanos.

Entre las zonas afectadas figuran puntos como Capuchinos, Uría, la plaza de San Miguel, Los Moros, Menéndez Valdés, San Bernardo, Munuza, Jovellanos, Capua, La Merced, San Agustín, Eladio Carreño, Covadonga, Garcilaso de la Vega, Instituto, Joaquín Fernández Acebal o La Playa, además de otros tramos del área central.

Para el usuario de patinete, la consecuencia práctica es clara: tendrá que buscar itinerarios alternativos o desplazarse a pie en los tramos afectados. Para el peatón, la medida busca ganar tranquilidad en calles donde la sensación de inseguridad se había instalado, especialmente entre personas mayores, familias con niños y vecinos con movilidad reducida. Para los conductores de EMTUSA, taxis y reparto urbano, la intención es reducir obstáculos y maniobras imprevisibles en vías donde el margen físico es muy limitado.

La decisión llega con vocación de control inmediato. No se trata de una recomendación ni de una campaña informativa sin consecuencias. La señal R-118 es una señal de prohibición. Ignorarla puede derivar en sanción.

La clave: el patinete ya no es un juguete

Uno de los grandes malentendidos con los patinetes eléctricos es seguir tratándolos como si fueran un juguete con batería. No lo son. La DGT los considera vehículos de movilidad personal: aparatos de una o más ruedas, de una sola plaza, propulsados exclusivamente por motor eléctrico y con una velocidad máxima por diseño de entre 6 y 25 kilómetros por hora.

Eso significa que tienen reglas. No pueden circular por aceras ni por zonas peatonales. No pueden ir por vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías ni túneles urbanos. No pueden llevar pasajero. No pueden superar los 25 kilómetros por hora. No se puede conducir usando el móvil ni auriculares. Sus usuarios están sometidos a las normas sobre alcohol y drogas. Y deben respetar semáforos, señales, stops, cedas el paso y el resto de la señalización vial.

Dicho de forma clara: quien va en patinete no es peatón. Tampoco es invisible. Va conduciendo un vehículo. Ligero, pequeño y eléctrico, sí, pero vehículo al fin y al cabo.

Ese cambio cultural no ha terminado de calar. Muchos usuarios cumplen las normas, pero otros han convertido el patinete en una especie de atajo permanente: por la acera cuando conviene, por la calzada cuando interesa, entre peatones si hay prisa y saltándose semáforos si no viene nadie. Esa mezcla es precisamente la que ha llevado a muchas ciudades a endurecer el control.

Gijón toma el camino duro

La diferencia de Gijón respecto a otras ciudades está en el alcance de la medida. Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Talavera y otros municipios han reforzado normas, controles, sanciones, casco, edad mínima, seguros o prohibición de circular por aceras. Pero Gijón da un paso especialmente visible al vetar la circulación en una parte del centro mediante señalización específica de acceso prohibido a VMP.

El Ayuntamiento defiende que la restricción es limitada, porque se concentra en un número concreto de calles dentro de una ciudad con miles de vías. Pero su impacto simbólico es mucho mayor: por primera vez, el patinete deja de ser visto como una solución limpia y cómoda para moverse por el centro y pasa a ser tratado también como un elemento de riesgo cuando se utiliza en espacios saturados.

Ahí está el choque de fondo. Para unos, la decisión protege al peatón y ordena una situación que se había ido de las manos. Para otros, penaliza a todos los usuarios por el comportamiento de una parte y castiga un medio de transporte barato, limpio y útil para trabajadores que lo utilizan a diario.

El debate no es menor. En realidad, Gijón está discutiendo algo más profundo que una señal de tráfico. Está decidiendo qué lugar ocupa cada forma de movilidad en una ciudad compacta, comercial y con calles que no se ensanchan por decreto.

La legalidad, el gran campo de batalla

La medida nace también con un frente jurídico abierto. La señal R-118 existe dentro del nuevo catálogo de señalización de tráfico y permite prohibir el acceso a vehículos de movilidad personal. Además, la normativa de tráfico reconoce que los ayuntamientos pueden regular de forma específica la circulación de estos vehículos en sus vías urbanas.

Ahora bien, una cosa es que exista una señal y otra distinta es cómo se aplica, con qué alcance, con qué justificación, con qué proporcionalidad y si la medida debería haberse desarrollado dentro de una ordenanza más completa o mediante una tramitación más debatida. Esa será probablemente una de las claves si llegan recursos contra sanciones.

El Ayuntamiento sostiene que el marco normativo ya existe y que la restricción se aplica en calles concretas donde hay una combinación especialmente delicada: estrechez, actividad comercial, mucho peatón y circulación de autobuses. Sus críticos, en cambio, cuestionan que se pueda expulsar de forma tan amplia a los VMP de parte del centro sin una regulación municipal específica más detallada.

La batalla, por tanto, no acabará el lunes. Puede empezar precisamente entonces: con las primeras multas, las primeras reclamaciones y el primer choque entre la necesidad de ordenar el espacio público y el derecho de los usuarios a moverse con vehículos legalmente reconocidos.

Los datos nacionales explican por qué crece la presión

Gijón no se mueve en el vacío. Los patinetes eléctricos se han convertido en un problema nacional de seguridad vial, convivencia y regulación. La DGT ha publicado un informe específico sobre la siniestralidad de los vehículos de movilidad personal en España con datos consolidados entre 2020 y 2024. El hecho de que Tráfico haya dedicado un análisis propio a estos vehículos ya indica hasta qué punto el fenómeno ha dejado de ser marginal.

Los datos de Fundación Mapfre y Cesvimap sobre 2025 también dibujan una tendencia preocupante. Ese año se registraron 549 siniestros con patinetes en España recogidos por los medios de comunicación, un 38,6% más que el año anterior. El balance fue de 572 personas lesionadas y 19 fallecidas. De esas muertes, 16 correspondieron a usuarios del propio patinete, pero también fallecieron dos peatones atropellados por este tipo de vehículos y un motorista en un siniestro con patinete implicado.

La mayor parte de los siniestros se producen por colisiones con otros vehículos, caídas y atropellos a peatones. Y una parte relevante se relaciona con el incumplimiento de normas básicas: circular por lugares prohibidos, llevar más de una persona, no respetar prioridades o conducir bajo efectos del alcohol o las drogas.

Estos datos no justifican por sí solos cualquier prohibición, pero ayudan a entender por qué las ciudades están endureciendo el tono. El patinete eléctrico nació como símbolo de movilidad sostenible y de desplazamiento flexible. Pero su integración en las calles está resultando mucho más compleja de lo previsto.

El peatón vuelve al centro del debate

Durante años, las ciudades han hablado de movilidad sostenible como si todo lo que no fuera coche mereciera automáticamente una medalla. Pero la realidad es más incómoda. Una movilidad verdaderamente sostenible no consiste solo en sustituir coches por patinetes. Consiste en ordenar prioridades.

Y la primera prioridad debería ser siempre el peatón. Especialmente en zonas de alta densidad, calles estrechas, entornos comerciales, accesos a transporte público, colegios, mercados, centros sanitarios o espacios frecuentados por personas mayores. En ese sentido, la decisión de Gijón conecta con una tendencia más amplia: recuperar la acera como espacio seguro.

El problema es que el patinete eléctrico se mueve en una zona ambigua. Es más rápido que un peatón, más vulnerable que una moto, más flexible que una bicicleta y más difícil de controlar que un coche. Cabe en cualquier sitio, aparece sin ruido y puede convertirse en un peligro si se usa mal. Esa combinación lo hace útil, pero también conflictivo.

La ciudad tiene que encontrar un equilibrio difícil: no expulsar de forma injusta a quienes usan bien el patinete, pero tampoco permitir que los peatones vivan esquivando vehículos en espacios que deberían ser seguros.

Lo que debe saber cualquier usuario de patinete en Gijón

Desde el 1 de junio, el mensaje básico para quien use patinete eléctrico en Gijón es muy claro: debe mirar la señalización con la misma atención que cualquier conductor. La señal R-118 prohíbe el acceso a vehículos de movilidad personal. Si aparece en una calle, no se puede entrar circulando.

Además, siguen vigentes las normas generales. No se puede circular por aceras ni zonas peatonales. No se puede superar la velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. No se puede ir con auriculares ni usando el móvil. No se puede llevar acompañante. No se puede conducir bajo los efectos del alcohol o drogas. No se puede trucar el vehículo para que corra más. Y el patinete debe contar con los elementos de seguridad y visibilidad exigidos.

Conviene también recordar que los VMP nuevos deben cumplir requisitos técnicos y que la DGT está avanzando en el registro, identificación y aseguramiento de estos vehículos. La etapa del patinete sin control, sin papeles y sin responsabilidad empieza a quedar atrás.

Una medida polémica, pero difícil de ignorar

Gijón ha elegido el camino más visible: señalizar, prohibir y sancionar. Puede discutirse si es la mejor opción, si debería haberse acompañado antes de una campaña más intensa, si faltan itinerarios alternativos seguros o si la ciudad necesita una ordenanza específica más completa. Todas esas preguntas son razonables.

Pero también hay otra evidencia: el problema existe. Y llevaba tiempo creciendo.

El patinete eléctrico ha llegado para quedarse, pero no de cualquier manera. Tendrá que integrarse en la ciudad con normas, respeto y control. La alternativa es que termine generando rechazo social incluso entre quienes defienden una movilidad más limpia.

Gijón se convierte ahora en escaparate de esa tensión. Si la medida reduce conflictos sin expulsar injustamente a usuarios responsables, puede marcar camino para otras ciudades. Si genera inseguridad jurídica, multas recurridas y más confusión, será un aviso de que prohibir no basta cuando falta una estrategia integral.

La ciudad que viene no puede moverse a golpes de improvisación

La gran lección de este conflicto es que las ciudades no pueden regular la movilidad del siglo XXI con reflejos del siglo XX. Los patinetes, las bicicletas eléctricas, el reparto urbano, las zonas peatonales, los autobuses, los taxis, las motos, los coches y los peatones compiten por el mismo espacio. Y ese espacio es limitado.

Gijón tiene ahora la oportunidad de convertir una medida polémica en algo más útil: una revisión seria de su modelo de movilidad. Hace falta vigilancia, sí. Pero también señalización clara, itinerarios seguros, pedagogía, datos públicos, evaluación de resultados y una ordenanza capaz de adaptarse a una realidad que cambia rápido.

Porque el debate real no es si patinete sí o patinete no. El debate es cómo se reparte una ciudad que ya no cabe en las viejas reglas.

Desde el lunes, el centro de Gijón tendrá menos patinetes. Falta por ver si eso significa también más seguridad, más orden y una movilidad mejor pensada. Ahí estará la verdadera prueba.