El Gobierno de Asturias respalda las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para impulsar la actividad económica

El Gobierno de Asturias respalda las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para impulsar la actividad económica

 

-        El Principado apoya el acuerdo alcanzado por Pedro Sánchez en la UE, que permitirá aplicar medidas excepcionales en nuestro país y Portugal para poner topes al precio del gas y frenar el encarecimiento de la energía

 

-        El plan de choque España responde recoge buena parte de las iniciativas planteadas por Asturias, como la intervención sobre los carburantes, el refuerzo del bono social o la adopción de decisiones que beneficien a la industria y al sector primario

 

-        El Ejecutivo autonómico, que apela a la responsabilidad de los transportistas que aún continúan en paro, mantiene sus propuestas para que las compensaciones por CO2 alcancen el máximo legal posible

 

-        El gabinete de Adrián Barbón hace un llamamiento a las fuerzas parlamentarias para que respondan a la altura de las circunstancias y faciliten la convalidación del decreto ley, necesario para responder a la situación excepcional que vivimos

 

El Gobierno de Asturias apoya el despliegue de medidas aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para hacer frente a los daños económicos y sociales de la guerra de Putin. El Principado considera también muy positivo el acuerdo alcanzado por el presidente Pedro Sánchez en el Consejo de la Unión Europea para que España y Portugal puedan aplicar medidas excepcionales que pongan tope al precio del gas, principal causa del encarecimiento de la energía y de la consecuente alza de inflación.

 

El Principado celebró el miércoles pasado una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno para paliar los efectos de la espiral inflacionista. Entonces adoptó medidas de apoyo al sector primario, acordó complementar en un 50% el bono social térmico y anunció un proyecto de ley que posibilite la revisión temporal de algunas de las tasas vinculadas a los sectores más castigados, como el transporte, la pesca, la ganadería o la agricultura. Algunas de esas iniciativas ya están en vigor. Por ejemplo, desde hoy está abierto el plazo de solicitud de ayudas correspondientes a la Política Agraria Común (PAC), que este ejercicio suman 96 millones. Esta cantidad servirá de garantía financiera para que los bancos puedan adelantar el 90% de los pagos a agricultores y ganaderos.

 

En la misma reunión, el Principado planteó propuestas y decisiones de alcance nacional. Así, respaldó las gestiones europeas de Pedro Sánchez, que han culminado en el reconocimiento de la excepcionalidad energética de la Península Ibérica. A falta de concreción, este entendimiento permitirá que España y Portugal impongan un límite superior al precio del gas, lo que minorará sensiblemente el precio resultante del mercado eléctrico y sin afección sobre los consumidores privados ni industriales. El abaratamiento de estos costes es de la máxima relevancia para la industria y, en particular, para las compañías que precisan mucha energía.

 

De igual manera, el Gobierno de Asturias defendió la intervención inmediata sobre los precios del carburante. El real decreto ley acordado por el Consejo de Ministros incluye una rebaja de 0,20 euros por litro de combustible repostado, que entrará en vigor a partir del viernes. Esta ha sido –junto con la concesión de ayudas directas al sector- una de las decisiones que han contribuido al acuerdo con las principales organizaciones del transporte. El Ejecutivo del Principado apela a la sensatez y responsabilidad de quienes aún mantienen los paros, de modo que permitan la recuperación de la normalidad empresarial en Asturias, afectada por problemas de abastecimiento y distribución.

 

La disposición de 10.000 millones en créditos ICO también va en la línea de las propuestas del Principado, que propugnaba una prórroga en el plazo de los préstamos. Por poner otra muestra, el Ejecutivo autonómico defendió la posibilidad de recurrir de nuevo a los expedientes de regulación temporal de empleo en condiciones similares a las que rigieron durante la pandemia. Esta opción también ha sido asumida por el Gobierno de España.

 

244 millones por CO2 para las electrointensivas

 

Los apoyos a la industria –y, de modo particular- a la gran consumidora de energía conforman otro gran bloque del plan de choque del Gobierno central. Entre las iniciativas aprobadas, se incluye la reducción de un 80% de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución. Esta medida, que beneficiará a unos 600 consumidores electrointensivos, está cuantificada en 225 millones y había sido recurrentemente planteada por el Principado.

 

El listado de ayudas comprende un aumento de 65 millones en las compensaciones por emisiones de CO2, una de las solicitudes más reiteradas por el Gobierno de Asturias. Con este incremento, el total previsto para 2022 se elevará a 244 millones, una cantidad muy superior a los 6 millones presupuestados durante los últimos años de mandato de Mariano Rajoy.

 

El Principado considera que este aumento, unido a las demás medidas de respaldo a la industria –y, en especial, el abaratamiento de los precios de la energía-, repercutirá favorablemente sobre el sector. No obstante, continúa defendiendo que estas ayudas alcancen el máximo legal previsto, equivalente al 25% de los ingresos obtenidos en las correspondientes subastas de derechos de emisión de dióxido de carbono.

 

En el mismo orden de cosas –si bien entiende que son demandas más específicas que no proceden en un plan de choque-, el Gobierno de Asturias promueve la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel y la definición y consolidación del futuro de Hunosa.

 

El gabinete de Adrián Barbón considera que este contexto excepcional requiere tanto la máxima unidad política y social como la aplicación de medidas urgentes para impedir que la coyuntura se agrave. Por lo tanto, solicita a todas las fuerzas parlamentarias que actúen a la altura de las circunstancias, estén predispuestas al diálogo y respalden la convalidación del decreto ley, de modo que alcance la mayor efectividad posible.

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