El proceso extraordinario duplica las previsiones iniciales del Ejecutivo, con Colombia como principal país de origen y Cataluña y Madrid como epicentro administrativo. Ahora quedan tres incógnitas: cuántas personas serán finalmente regularizadas, si la Administración podrá resolver a tiempo y qué hará el Tribunal Supremo ante las dudas sobre su encaje europeo

España acaba de cerrar una de las operaciones administrativas, sociales y políticas más importantes de las últimas décadas: la regularización extraordinaria de inmigrantes ha registrado cerca de 1,2 millones de solicitudes, más del doble de lo que esperaba inicialmente el Gobierno. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones había calculado un escenario probable de alrededor de medio millón de beneficiarios; la realidad ha pasado por encima de la previsión como un tren de mercancías. Las cifras publicadas sitúan el volumen final en torno a 1.175.000 expedientes, con más de 608.000 ya admitidos a trámite.

La cifra es espectacular, pero conviene leerla bien: solicitud no significa automáticamente persona regularizada. Algunos expedientes pueden decaer, otros pueden estar duplicados, otros pueden necesitar subsanación y, en determinados supuestos familiares, una misma petición puede afectar a más de una persona. Lo que sí confirma el dato es algo mucho más profundo: había un país invisible viviendo ya dentro del país oficial. Personas que trabajaban, pagaban alquileres, cuidaban mayores, criaban hijos, ocupaban empleos precarios o estaban atrapadas en un limbo administrativo han salido de golpe a la superficie.

Un país dentro del país

El proceso estuvo abierto entre el 16 de abril y el 30 de junio de 2026. Podían acogerse personas extranjeras en situación administrativa irregular que estuvieran en España antes del 1 de enero de 2026, así como solicitantes de protección internacional que hubieran iniciado ese procedimiento antes de esa fecha. Además, debían acreditar una permanencia ininterrumpida mínima de cinco meses en España, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.

La admisión a trámite no es un simple sello burocrático. Según el propio Ministerio, permite residir y trabajar legalmente en cualquier sector y en cualquier lugar del país durante un año. Después, los beneficiarios deberán encajar su situación en las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería. Traducido al lenguaje de la calle: pasar de sobrevivir en negro, o en la incertidumbre, a poder tener contrato, cotizar, alquilar con papeles, abrir una cuenta sin sobresaltos y mirar a la Administración sin esconderse.

Colombia, Marruecos, Venezuela y Perú: el mapa humano de la regularización

El retrato de las solicitudes tiene un claro acento latinoamericano. Seis de cada diez expedientes proceden de personas de América Central y Sudamérica. Colombia encabeza la lista con aproximadamente el 26% del total, es decir, una de cada cuatro solicitudes. Por detrás aparecen Marruecos, con el 13,4%; Venezuela, con el 11,7%; y Perú, con el 8,8%.

No es una casualidad. El dato encaja con la transformación demográfica que ya venía marcando España. A 1 de enero de 2026, la población residente alcanzó los 49.570.725 habitantes y, por primera vez, el país superó los 10 millones de residentes nacidos en el extranjero. El INE señala que las principales nacionalidades de los inmigrantes llegados en el último trimestre de 2025 fueron la colombiana, la venezolana y la marroquí.

España no está regularizando a una población que acaba de aparecer. Está poniendo papeles a una parte de la sociedad que ya estaba aquí. Esa es la clave política, económica y humana de todo el proceso.

Cataluña y Madrid concentran la mitad de la presión

La geografía de la regularización también habla por sí sola. Cataluña y Madrid concentran juntas cerca de la mitad de los expedientes, con Cataluña por encima de las 250.000 solicitudes y Madrid ligeramente por encima de las 200.000, según los datos conocidos. Después aparecen la Comunidad Valenciana y Andalucía, ambas por encima de los 160.000 expedientes.

Son las comunidades con mayor capacidad de atracción laboral, redes familiares más asentadas y grandes bolsas de empleo en servicios, cuidados, hostelería, construcción, logística y trabajo doméstico. Dicho sin maquillaje: los territorios donde más se ha necesitado mano de obra migrante son también los que ahora más papeles tienen que tramitar.

El mayor proceso desde 2005… y quizá mucho más grande

España ya había vivido seis regularizaciones extraordinarias desde los años 80. La más recordada fue la de 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que concedió residencia legal a 576.506 personas. Antes, los procesos impulsados en los gobiernos de Felipe González y José María Aznar también regularizaron a cientos de miles de extranjeros. En total, las regularizaciones anteriores beneficiaron a más de 1,2 millones de personas.

La diferencia es que esta vez el volumen de solicitudes roza por sí solo la suma histórica de todos aquellos procesos. Si una parte relevante de los expedientes acaba aprobada, España estará ante la mayor regularización de su etapa democrática. No es una medida menor. Es una reforma de país hecha a través de ventanilla, cita previa, expedientes y colas interminables.

El atasco: 90 días, miles de expedientes y una Administración al límite

El Gobierno dispone ahora de 90 días para resolver cada expediente. La maquinaria administrativa ya ha acelerado: de unas 360.000 solicitudes admitidas a trámite a mediados de junio se ha pasado a más de 608.000 al cierre del proceso. Aun así, queda una montaña por delante.

Además, tras el cierre del plazo se abre una fase decisiva: la subsanación de documentación. Correos informa de que, una vez terminado el periodo de solicitud el 30 de junio, los solicitantes que deban aportar documentación adicional podrán hacerlo hasta el 30 de septiembre en oficinas habilitadas. Es decir, el proceso no ha terminado; acaba de entrar en la fase en la que muchos expedientes se salvan o se caen por un papel, un certificado, una tasa o un error de tramitación.

Y ahí está uno de los grandes riesgos: que una regularización pensada para sacar a miles de personas de la irregularidad acabe empantanada en la burocracia. España ha abierto la puerta, sí. Ahora tiene que demostrar que sabe gestionar la avalancha sin convertirla en un laberinto.

El Supremo y la sombra del TJUE

La gran amenaza judicial no ha desaparecido. El Tribunal Supremo ya rechazó en mayo paralizar cautelarmente el real decreto, pese a las peticiones de la Comunidad de Madrid, Vox y otras entidades. Entonces, el alto tribunal permitió que el proceso siguiera adelante mientras se resolvía el fondo del asunto.

Pero ahora el Supremo ha abierto la puerta a elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La duda es si una regularización masiva de nacionales de terceros países, aprobada mediante una norma reglamentaria y con efectos potenciales sobre cientos de miles de personas, puede entrar en conflicto con el derecho comunitario, el espacio Schengen y el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Este es el punto más delicado. Si el Supremo pregunta a Luxemburgo, el proceso podría entrar en una fase de incertidumbre jurídica. El Gobierno sostiene que la medida es legal y que los permisos ya concedidos no pueden retirarse sin más. La oposición, por el contrario, ve en la vía europea una oportunidad para cuestionar la regularización. En medio, cientos de miles de personas esperan una respuesta que, para ellas, no es abstracta ni doctrinal: es trabajo, residencia, papeles y futuro.

La economía detrás de los papeles

El Gobierno y las entidades sociales defienden que regularizar no solo tiene una dimensión humanitaria, sino económica. La autorización permite trabajar legalmente, cotizar, pagar impuestos y salir de la economía sumergida. El propio Ministerio ha defendido que la regularización de 2005 mejoró la integración laboral, aumentó la movilidad de las personas regularizadas, incrementó la recaudación y redujo la informalidad en sectores dependientes de mano de obra migrante.

El argumento de fondo es sencillo: si una persona ya vive y trabaja en España, mantenerla en la irregularidad no elimina su presencia; solo la hace más vulnerable y más explotable. Regularizar no borra los problemas de vivienda, salarios bajos, saturación administrativa o presión sobre servicios públicos, pero permite afrontarlos con datos, contratos y derechos. La economía sumergida es muy cómoda para quien explota. Bastante menos para quien la sufre.

Un proceso que divide políticamente, pero revela una realidad incuestionable

La regularización llega en un contexto político inflamable. La inmigración se ha convertido en uno de los grandes campos de batalla del debate público español y europeo. Para el Gobierno, el proceso es una medida de justicia, integración y pragmatismo económico. Para sus críticos, supone una regularización masiva con riesgos jurídicos, administrativos y de posible efecto llamada.

Pero más allá del ruido político, hay un dato difícil de esquivar: casi 1,2 millones de solicitudes no aparecen de la nada. Son el síntoma de una realidad estructural. España ha crecido en población gracias a la inmigración, necesita trabajadores en sectores clave y lleva años conviviendo con bolsas de irregularidad que no se resuelven mirando hacia otro lado. El INE constata que el crecimiento reciente de la población española se debe al aumento de personas nacidas en el extranjero, mientras disminuye el número de nacidos en España.

Lo que viene ahora

A partir de este momento, la noticia ya no estará solo en la cifra récord. Estará en cuántos expedientes se aprueban, cuántos se rechazan, cuántos quedan atrapados en la subsanación, qué comunidades soportan más presión administrativa, cómo responden los servicios públicos y, sobre todo, qué decide el Supremo.

España ha cerrado el plazo de solicitudes, pero ha abierto una etapa mucho más compleja. La regularización extraordinaria ya es histórica por volumen. Ahora falta saber si será recordada como una operación eficaz de integración o como una avalancha administrativa con final judicial incierto.

Lo que está claro es que el país ha visto salir a la luz una cifra que impresiona: casi 1,2 millones de solicitudes. No es solo una estadística migratoria. Es una radiografía de la España real, la que trabaja, cuida, limpia, sirve cafés, levanta andamios, reparte paquetes, sostiene hogares y, hasta ahora, muchas veces lo hacía sin papeles.