Más de 1,17 millones de personas han solicitado en España acogerse al proceso extraordinario impulsado por el Gobierno. En Asturias, la cifra revela una realidad silenciosa: miles de vecinos que ya estaban aquí, trabajaban aquí o intentaban construir aquí una vida con papeles, derechos y obligaciones.

Asturias ha cerrado el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes con 14.161 solicitudes, una cifra que sitúa al Principado lejos de los grandes focos migratorios de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana o Andalucía, pero que tiene una lectura profunda en una comunidad envejecida, necesitada de población activa y con sectores que llevan tiempo reclamando mano de obra.

El dato forma parte del balance nacional del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que cifra en 1.174.978 las solicitudes registradas en toda España desde la apertura del procedimiento, el pasado 16 de abril, hasta su cierre el 30 de junio. De ellas, 609.737 expedientes ya han sido tramitados, según el balance oficial del departamento que dirige Elma Saiz.

La cifra asturiana no es masiva si se compara con las grandes comunidades receptoras, pero tampoco es menor. En una región que en 2025 contaba con 68.989 personas extranjeras empadronadas, las 14.161 solicitudes equivalen aproximadamente a una quinta parte de esa población extranjera registrada. La comparación exige cautela —no todos los extranjeros están en situación irregular ni todos los solicitantes responden al mismo perfil administrativo—, pero ayuda a medir la magnitud social del proceso en Asturias.

El mapa nacional muestra una concentración clara en los territorios con mayor peso demográfico y laboral. Cataluña encabeza la lista con 257.602 solicitudes, seguida de la Comunidad de Madrid, con 202.424, la Comunidad Valenciana, con 167.286, y Andalucía, con 161.557. Asturias queda en la parte baja de la tabla, solo por encima de comunidades y territorios con menor volumen migratorio, pero el dato confirma que el proceso también ha llegado con fuerza al norte.

La regularización afecta a personas que ya estaban en España antes del 1 de enero de 2026 y que podían acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses en el momento de presentar la solicitud. Además, debían carecer de antecedentes penales y no representar una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.

El Real Decreto publicado en el BOE establece que, una vez comunicada la admisión a trámite, los solicitantes quedan habilitados provisionalmente para residir y trabajar por cuenta ajena o propia en cualquier territorio, ocupación o sector, hasta que se resuelva su expediente. La autorización definitiva, cuando se concede, tiene una vigencia inicial de un año y permite residir y trabajar en España.

La medida nace de una larga presión social. La iniciativa legislativa popular que abrió el camino a esta regularización fue respaldada por 611.821 firmas y el Congreso aprobó su toma en consideración en abril de 2024 con 310 votos a favor y solo el rechazo de Vox. Un año después, la propia EFE describía aquella ILP como estancada en el Congreso, sin acuerdo suficiente para desbloquearla.

El Gobierno optó finalmente por la vía reglamentaria. En un documento de preguntas y respuestas, el Ministerio justificó la decisión por la necesidad de “dar seguridad jurídica a una realidad existente” y recordó que la iniciativa ciudadana había reunido más de 700.000 apoyos y una amplísima mayoría parlamentaria, aunque llevaba meses bloqueada.

El perfil de quienes han solicitado la regularización desmonta algunos clichés. Según Migraciones, el 87% de los solicitantes está en edad laboral, entre los 16 y los 64 años. El grupo más numeroso es el de personas de 25 a 34 años, que representa el 31,3% del total, seguido de quienes tienen entre 35 y 44 años. Seis de cada diez solicitantes tienen menos de 34 años.

Por nacionalidades, Colombia concentra el mayor número de solicitudes, con el 25,9% del total, seguida de Marruecos con el 13,3%, Venezuela con el 11,8%, Perú con el 8,8% y Honduras con el 4,9%. Dos de cada tres solicitantes proceden de América Central y del Sur, mientras que el 22,9% tiene origen africano y el 8,3% procede de Asia.

El procedimiento también tiene una lectura económica inmediata. A 30 de junio, el Ministerio contabiliza 159.097 afiliados a la Seguridad Social como consecuencia del proceso de regularización. La mayoría se encuadra en el Régimen General y el contrato indefinido es la modalidad predominante entre las nuevas altas. Los sectores con más incorporaciones son hostelería, comercio, actividades administrativas y construcción.

En Asturias, esa lectura conecta directamente con uno de los grandes debates del mercado laboral regional. El Principado superó en junio por primera vez desde 2008 los 400.000 afiliados a la Seguridad Social, con una media de 402.300 cotizantes, mientras el paro bajó hasta las 48.100 personas. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, defendió entonces que Asturias necesita atraer nuevos trabajadores y señaló que el proceso de regularización ya había llevado a las oficinas de empleo a 370 personas procedentes de este procedimiento.

Ahí está una de las claves asturianas de la noticia: no se trata solo de papeles. Se trata de demografía, empleo, cuidados, hostelería, construcción, servicios y futuro. Asturias envejece, pierde población joven y necesita cubrir vacantes en sectores donde cada verano vuelve la misma paradoja: hay paro, pero también hay empresas que no encuentran trabajadores.

El proceso, eso sí, no termina con el cierre del plazo. Las solicitudes deben resolverse y puede haber requerimientos, subsanaciones, concesiones y denegaciones. El propio Ministerio ha anunciado que las oficinas seleccionadas de Correos seguirán disponibles para subsanaciones presenciales hasta el 30 de septiembre, lo que anticipa una segunda fase administrativa intensa.

También ha habido críticas. Entidades sociales, impulsores de la regularización y partidos como Sumar o Podemos pidieron ampliar el plazo por las dificultades burocráticas, la falta de citas y los problemas para reunir documentación. El Gobierno, en cambio, presenta el proceso como un hito de política migratoria y como una vía para convertir en trabajadores con derechos a personas que ya formaban parte de la vida cotidiana del país.

En Asturias, las 14.161 solicitudes dejan una fotografía incómoda pero necesaria: miles de personas vivían ya entre nosotros sin una situación administrativa plenamente resuelta. No eran una abstracción estadística. Eran camareros, empleadas de cuidados, albañiles, repartidores, limpiadoras, solicitantes de asilo, familias con hijos escolarizados o vecinos que esperaban una oportunidad legal para salir de la precariedad.

La regularización no cierra el debate migratorio. Lo abre con más datos y menos niebla. España ha puesto sobre la mesa una cifra enorme: más de 1,17 millones de personas que pidieron dejar de vivir en la sombra. Asturias aporta 14.161 de esas historias. Y ahora empieza la parte decisiva: que el atasco administrativo no convierta la esperanza en otro laberinto.