Foro, Vox y PP, aseguran tener la mayoría del voto en Asturias y de los diputados electos, por lo que su comunicado representa, en su opinión, a la 'mayoría de los partidos en Asturias' frente a la ITV de Granda.
(Comunicado).- La pretensión del Gobierno del Principado de Asturias, a través de su empresa pública ITVASA, de instalar una estación de Inspección Técnica de Vehículos en la gijonesa parroquia de Granda ha despertado un amplio y transversal rechazo, por parte de la sociedad gijonesa, de los vecinos de la parroquia, y de la mayoría de los partidos políticos con representación tanto en la Junta General del Principado de Asturias como en el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.
Dicho proyecto está rodeado de serias dudas en todas sus vertientes: idoneidad, motivación, tramitación, entorno, etc. El hecho de que esta estación de ITV sea la primera que se vaya a ubicar fuera de un polígono industrial en Asturias, y probablemente en España, el hecho de que la compraventa de la finca se haya realizado de una forma opaca, sin anuncios públicos, y el hecho de que los tiempos que el Ayuntamiento de Gijón/Xixón ha empleado en conceder la licencia de actividad, muy por debajo de lo habitual y basándose en informes y estudios de muy dudoso rigor técnico, hacen que esta operación pueda ser considerada como inusual o excepcional, levantando una gran polémica en Gijón y que además, estas formas de los equipos de gobierno de ambas administraciones, hacen que las mismas se devalúen. Es por ello por lo que esta Proposición busca, tras una exposición de esas dudas, impulsar el cauce propio para arrojar luz sobre ellas: una Comisión de Investigación parlamentaria en la Junta General del Principado.
Aunque, aparentemente, parece un hecho probado que en algún momento a finales de 2019 o principios de 2020, ITVASA se puso en contacto con el Ayuntamiento de Gijón/Xixón para la adquisición de terrenos o naves de titularidad municipal (públicas), se produce un “salto narrativo” desde el momento que ambas administraciones no llegan a un acuerdo y hasta que ITVASA adquiere la nave y la parcela a la empresa La Cooperativa de Agricultores de Gijón, donde se pretende ubicar la nueva estación de ITV.
En ningún momento la administración autonómica ha sabido explicar cómo los vendedores fueron conocedores de que ITVASA estaba interesada en comprar un terreno/nave, ya que tal interés no fue publicado, y solamente el personal directivo de ITVASA y algunos miembros del Consejo de Gobierno del Principado y del Ayuntamiento de Gijón/Xixón eran conocedores de tal interés. Es decir, no han sabido o no han querido explicar cómo surgió la relación previa a la compraventa entre compradores (administración autonómica) y vendedores (empresa privada) ya que no existe ningún anuncio ni ningún contrato con una inmobiliaria o con un experto en terrenos industriales, ni ninguna publicación previa a la decisión de elección de la finca.
De hecho, respecto a este momento, solo existen unas declaraciones del consejero de Industria del Principado, y presidente de ITVASA, que dice que esa finca fue preseleccionada o autorizada por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón, “de aquellas parcelas que se autorizaron desde el Ayuntamiento de Gijón para su ocupación y uso inmediato elegimos una, que no es solo la parcela, sino que es también la nave, lo cual nos permite una ocupación y una puesta en marcha inmediata”, según consta en el Diario de Sesiones de la Comisión de Industria de la JGPA, el 18 de marzo de 2021. Estas declaraciones fueron desmentidas al día siguiente por la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, y posteriormente en Comisión municipal de Hacienda donde informó que el Ayuntamiento solamente había remitido al Principado parcelas de titularidad pública. “Desde la concejalía de Hacienda se envió en ese momento un listado con las nueve fincas municipales localizadas en Somonte, Nuevo Roces, La Peñona, Lloreda, Hoya de Casares y Granda”, recogió Europa Press el 19 de marzo de 2021.
Esta falta de claridad en la explicación de cómo se originó la selección de la finca se ve, además, ensombrecida políticamente, ya que un exconcejal del Ayuntamiento de Gijón/Xixón que ocupó cargos públicos durante dos décadas, y concretamente fue el portavoz del Grupo Socialista en el mandato 2015-2019, dentro de los dos años de incompatibilidad prescritos por la Ley (que terminarían en junio de 2021), actuó en representación de la empresa vendedora, de la cual es Director General; su nombre, de hecho, aparece en la escritura notarial de compraventa, donde actúa en representación de la parte vendedora.
Aparte de los mencionados asuntos que ITVASA y el Gobierno del Principado no han sabido explicar, se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Gijón/Xixón anunció su intención de dar la licencia de obra en un tiempo exprés, algo poco usual. Fue realizado, por parte del Ayuntamiento, un informe de movilidad basado en cifras y previsiones que no contemplan la posibilidad de que esta hipotética estación de ITV llegue a funcionar en el futuro a pleno rendimiento de su capacidad.
Las dudas sobre el incumplimiento de los requisitos de accesibilidad fueron, incluso, mostradas por el propio concejal de movilidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, quien el 13 de marzo, en rueda de prensa junto con diputados de su partido en la Junta General del Principado, informó que la solución a los problemas de movilidad que se iban a dar en la zona de Granda, por la ubicación de la nueva ITV, pasaba por la creación de un acceso directo a la Autovía Minera, que está próxima; algo que, según él, le había sido confirmado por el Consejero de Industria y Presidente de ITVASA.
Pocos días después, el mismo Consejero de Industria, en sede parlamentaria, “negó categóricamente” este hecho y dijo que dicho enlace no estaba planificado y que su alto coste les haría descartar la operación, de plantearse. Por tanto, que el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, antes de la realización de los informes, haya evidenciado la necesidad de un enlace a la autovía, que no se va a producir, demuestra lo fundado de las dudas sobre los informes posteriormente realizados en la materia.
A ello, se une además la negativa del gobierno local a que los técnicos municipales informen sobre la idoneidad de las carreteras que dan acceso a la parcela en cuestión, pese a que ante los vecinos ha mostrado su interés en que la ITV no se acabe instalando en la parroquia de Granda. Según la normativa vigente, cualquier estación ITV “estará situada en lugares de fácil acceso y en los que el flujo de vehículos a la estación no provoque conflictos de tránsito en la zona”, pero ninguno de los tres caminos que dan acceso a la finca donde se pretende instalar la ITV cumplen la normativa.
En definitiva, todas las circunstancias que rodean a este proyecto contribuyen inevitablemente a las dudas sobre su licitud, su oportunidad y su idoneidad. Estas dudas deben ser, a nuestro juicio, disipadas mediante el procedimiento democrático de la
fiscalización parlamentaria de los actos de la Administración pública, que es garantía constitucional de primer orden para evitar la arbitrariedad de los poderes públicos, que prohíbe expresamente el artículo 9 de la Constitución española de 1978.
