El ministro del Interior mantiene su respaldo a Mercedes González pese a la polémica por sus contactos con la exmilitante socialista, mientras la investigación analiza si una presunta red trató de desacreditar a la UCO y condicionar causas judiciales sensibles

La crisis ya no está solo en Ferraz, ni en los juzgados, ni en los teléfonos intervenidos de una exmilitante socialista que se presentaba como periodista. La crisis ha entrado en uno de los lugares más delicados del Estado: la Guardia Civil. Y lo ha hecho por la puerta más incómoda posible, la de la Unidad Central Operativa, la UCO, el grupo que investiga los grandes casos de corrupción, crimen organizado y delincuencia económica en España.

Lo que hasta hace unas semanas parecía una sucesión de audios turbios, reuniones extrañas y personajes moviéndose por los márgenes del poder ha terminado convirtiéndose en algo mucho más grave: una investigación sobre si una presunta estructura de fontanería política vinculada al entorno del PSOE trató de desacreditar a los mandos de la UCO, obtener información interna sobre sus agentes y condicionar investigaciones judiciales que afectaban al partido, al Gobierno o al entorno personal del presidente.

El caso tiene ya todos los ingredientes de una crisis institucional de primer orden: una exmilitante socialista, Leire Díez, que niega haber actuado por encargo del PSOE y sostiene que recopilaba información para un trabajo periodístico; un exdirigente orgánico socialista, Santos Cerdán, señalado en la investigación como figura clave de la supuesta red; una directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que ha reconocido contactos con Díez pero niega cualquier actuación contra la UCO; un ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que mantiene su confianza en ella; y varios mandos del instituto armado que han declarado sobre presiones, órdenes ambiguas, investigaciones internas y maniobras que habrían afectado a la unidad que investiga los casos más sensibles.

Las declaraciones realizadas este viernes por Marlaska han elevado aún más la tensión política. El ministro ha defendido la honorabilidad de Mercedes González, ha descartado su destitución y ha asegurado que no existió ningún encuentro relacionado con la trama investigada. Su posición es clara: mientras no exista una prueba mínima de que la directora trató asuntos vinculados a la operación bajo sospecha o actuó para interferir en investigaciones judiciales, seguirá contando con su confianza. El ministro admite la gravedad de los hechos investigados, pero separa esa gravedad de la actuación de la directora general.

El problema político y policial está precisamente ahí: en saber si esa separación puede sostenerse.

La pregunta clave: ¿hubo solo contactos o hubo influencia?

Mercedes González ha reconocido contactos con Leire Díez, pero sostiene que esos encuentros no tuvieron relación con investigaciones judiciales ni con maniobras contra la UCO. Según su versión, Díez llegó a plantearle teorías conspirativas sobre la existencia de una supuesta “UCO patriótica” o sobre investigaciones internas del cuerpo, pero ella no dio credibilidad a esas tesis y cortó la relación cuando la conversación derivó hacia asuntos inaceptables, entre ellos la posible recuperación profesional de un mando implicado en una causa judicial.

La UCO, sin embargo, ha incorporado al sumario una lectura mucho más inquietante. Los investigadores sitúan a Leire Díez en una operación dirigida a obtener información sensible sobre la unidad, conocer su estructura interna, identificar a mandos concretos y poner en marcha una campaña de descrédito contra los agentes que investigaban causas con derivadas políticas. En ese contexto aparecen los nombres de Antonio Balas, responsable de investigación económica en la UCO; Rafael Yuste, antiguo jefe de la unidad; Alfonso López Malo, general jefe de Policía Judicial; Manuel Llamas, director adjunto operativo de la Guardia Civil; y la propia Mercedes González, directora general.

La diferencia entre una versión y otra es abismal. Si se trató solo de cafés, reuniones informales y conversaciones extravagantes con una persona que decía investigar para un libro, el caso será políticamente incómodo pero penalmente distinto. Si, por el contrario, esos contactos sirvieron para activar investigaciones internas, filtrar información, señalar a agentes o intentar frenar causas judiciales, estaríamos ante un ataque directo a la independencia operativa de la Policía Judicial.

Y eso ya no sería una bronca política: sería una avería seria en las tuberías del Estado.

La UCO investigando presiones sobre la UCO

La paradoja del caso es casi imposible de mejorar: la UCO, la unidad que investiga la corrupción, ha terminado investigando si alguien intentó presionar o desactivar a la propia UCO.

Los testimonios incorporados a la causa dibujan un ambiente de enorme tensión dentro de la Guardia Civil. Uno de los puntos más delicados es la declaración del general Rafael Yuste, antiguo jefe de la UCO, que relata una reunión en julio de 2024 en la que el director adjunto operativo, Manuel Llamas, habría pedido a los investigadores que se pusieran “de perfil” en procedimientos con afectación política. La interpretación de esa frase es una de las claves del caso.

Para unos, pudo tratarse de una advertencia prudente: en causas políticamente explosivas, la UCO debía extremar la neutralidad, evitar cualquier apariencia de sesgo y dejar que fuera el juez quien marcara cada paso. Para otros, entre ellos los propios investigadores que han elevado el asunto al juez, la frase podía significar otra cosa: que no fueran proactivos, que no empujaran las investigaciones y que esperaran instrucciones judiciales incluso cuando existieran indicios para avanzar.

El matiz parece pequeño, pero no lo es. En una investigación de corrupción, la diferencia entre “actuar con prudencia” y “no moverse demasiado” puede ser la diferencia entre descubrir una trama o dejarla respirar.

El informe sobre el hermano del presidente

Otro de los pasajes más delicados afecta al exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos. Según el relato atribuido al general Alfonso López Malo, Marcos le habría reprochado que la UCO entregara un informe relacionado con una causa que afectaba al hermano del presidente del Gobierno sin que él lo conociera previamente. Más aún: según ese testimonio, le habría ordenado elaborar cuanto antes otro informe de correos electrónicos que concluyera que “no había nada”.

Esa afirmación, de confirmarse, sería explosiva. No porque un director general pueda interesarse por asuntos sensibles, sino porque una cosa es estar informado institucionalmente y otra muy distinta es orientar el contenido de un informe policial. La Policía Judicial trabaja para jueces y fiscales, no para proteger la comodidad política de ningún Gobierno. Esa es la línea roja.

La investigación deberá determinar si hubo una presión real, una mala interpretación, una conversación mal encajada o una orden impropia. Pero el mero hecho de que mandos de ese nivel hayan declarado sobre este tipo de episodios revela hasta qué punto la crisis ha dejado de ser periférica.

Leire Díez: la figura que conecta los despachos, los audios y las sospechas

Leire Díez aparece en el centro del caso como una figura difícil de clasificar. Fue militante socialista, tuvo cargos en el entorno público y del partido, mantuvo relaciones con dirigentes y se presentó en diversas conversaciones como alguien con llegada a altos niveles del PSOE, de la Guardia Civil e incluso de ámbitos próximos a la Fiscalía.

Ella niega haber actuado como fontanera del PSOE. Defiende que recopilaba información para una investigación periodística sobre tramas de corrupción, hidrocarburos y antiguas cloacas policiales. También niega haber trabajado por encargo del partido o de Santos Cerdán. El PSOE, por su parte, ha tratado de desvincularse de ella, subrayando que no estaba en nómina y que no hablaba en nombre de la organización.

Pero la investigación policial sostiene que su papel no fue inocente ni meramente periodístico. Los investigadores le atribuyen reuniones con empresarios investigados, contactos con personas implicadas en causas judiciales, búsqueda de información sobre fiscales y mandos de la UCO, y una supuesta estrategia para desacreditar a quienes llevaban investigaciones incómodas para el entorno socialista.

En el centro de esas pesquisas aparece el teniente coronel Antonio Balas, responsable del área de investigación económica y anticorrupción de la UCO. Balas habría sido objetivo de una campaña para recopilar datos que pudieran cuestionar su imparcialidad o erosionar su credibilidad. En una democracia sana, investigar a quien investiga no es necesariamente ilegal; puede ser legítimo si hay indicios reales de irregularidades. Lo preocupante sería que esa supuesta investigación interna se hubiera activado no para proteger la legalidad, sino para neutralizar una causa penal incómoda.

El nombre de Mercedes González

La directora general de la Guardia Civil está ahora en el centro político del caso. No está imputada, pero sí bajo una enorme presión institucional. El sumario incorpora referencias a reuniones o contactos con Leire Díez. La directora admite encuentros, pero niega que se hablara de la trama o de cualquier actuación contra la UCO.

Marlaska ha decidido blindarla. Lo ha hecho con dos argumentos: su confianza personal en ella y la ausencia, según el ministro, de pruebas que acrediten una interferencia real. El respaldo no es menor. Interior no solo defiende a una persona; defiende la estabilidad de la dirección de la Guardia Civil en medio de una tormenta que afecta a mandos, investigaciones internas y causas judiciales con derivada política.

La oposición exige explicaciones urgentes y ya se prepara una comparecencia de Mercedes González en el Senado. Será un momento clave. No bastará con decir que no hubo nada. Tendrá que explicar cuándo vio a Leire Díez, por qué la recibió, qué le contó, qué hizo después, si informó a alguien, si abrió o no alguna actuación interna y por qué Interior ofreció versiones cambiantes sobre esos contactos.

En política, a veces el problema no es solo lo que pasó. Es cómo se explicó después. Y aquí las explicaciones han llegado tarde, a trompicones y con demasiados matices sucesivos. Mal combustible para apagar un incendio.

El DAO Manuel Llamas y la autoridad dañada

El director adjunto operativo, Manuel Llamas, es otro de los nombres clave. El DAO es el máximo mando uniformado del cuerpo y principal colaborador técnico de la directora general. Su papel en la estructura de la Guardia Civil es esencial: coordina, ordena y dirige desde la cúspide operativa.

Por eso resulta tan relevante que mandos de la propia institución hayan situado sobre la mesa la expresión “ponerse de perfil” en causas con afectación política. Llamas no está condenado por nada ni debe ser presentado como culpable de ninguna actuación irregular. Pero su autoridad queda inevitablemente tocada cuando antiguos responsables de la UCO interpretan sus instrucciones como un posible freno a investigaciones sensibles.

En una organización jerarquizada como la Guardia Civil, la autoridad no se sostiene solo por el cargo. Se sostiene por la confianza interna. Si los investigadores creen que desde arriba se les pide prudencia, pueden entenderlo. Si creen que se les pide inhibición, el daño es enorme.

Villalba, Yepes y la información sobre la UCO

La investigación también pone el foco en dos nombres operativos: el capitán Juan Sánchez Yepes y el comandante Rubén Villalba.

Sánchez Yepes, antiguo miembro de la UCO, aparece señalado por haber aportado información sobre la estructura de la unidad y sus integrantes. No se trataría necesariamente de datos concretos de investigaciones, sino de algo también muy sensible: quién manda, quién depende de quién, qué departamentos intervienen y qué personas forman parte de determinadas áreas. En una unidad como la UCO, esa información puede ser oro puro para cualquiera que quiera presionar, desacreditar o anticipar movimientos.

Rubén Villalba, comandante procedente de la Jefatura de Información y vinculado al caso Koldo, aparece como otro punto de conexión con Leire Díez. La investigación deberá aclarar qué información compartió, con qué finalidad y si recibió o esperaba algún tipo de beneficio profesional o judicial.

Aquí conviene no perderse en la madeja. El núcleo del asunto no es solo si alguien habló más de la cuenta. Es si existió una red que buscaba construir un mapa interno de la UCO para atacar a los agentes que estaban llevando investigaciones delicadas.

La investigación financiera: el dinero también entra en escena

El caso ha dado otro salto con las peticiones de información bancaria y financiera relacionadas con el PSOE, el PSC y distintas personas físicas y jurídicas del entorno investigado. La UCO busca aclarar si hubo pagos, contratos, facturas, campañas publicitarias o relaciones mercantiles que pudieran haber servido para financiar actuaciones de la supuesta red.

La trama, si se confirma, no sería solo una operación de intoxicación política. Tendría también una posible dimensión económica: pagos a personas, contratos con empresas, intermediaciones y movimientos que los investigadores quieren reconstruir. En una investigación de corrupción, el dinero suele ser más sincero que los discursos. Los relatos cambian; las transferencias, las facturas y los contratos dejan rastro.

Por eso esta línea es tan importante. Si no aparece financiación irregular, el caso quedará centrado en contactos, conversaciones y posibles presiones. Si aparece un circuito económico conectado con esas actuaciones, la dimensión judicial puede crecer de forma considerable.

El riesgo para la Guardia Civil

La Guardia Civil ha sobrevivido a crisis muy duras en su historia reciente. Pero este caso tiene un componente especialmente corrosivo: la sospecha de que una parte de la estructura pudo ser utilizada, presionada o vigilada desde dentro para condicionar investigaciones de corrupción.

La UCO depende de la confianza. Sus informes llegan a jueces, fiscales y tribunales. Sus agentes participan en registros, intervienen comunicaciones, analizan contratos, reconstruyen redes societarias y sostienen causas penales de enorme complejidad. Si se instala la idea de que una investigación puede ser frenada desde arriba por razones políticas, el daño institucional no se limita a un sumario: afecta a la credibilidad del Estado.

Al mismo tiempo, también hay otro riesgo: convertir cualquier discrepancia interna, cualquier información reservada o cualquier control disciplinario en una prueba automática de conspiración. La Guardia Civil, como cualquier institución, necesita controles internos. La clave es saber si esos controles se usaron para depurar irregularidades reales o para intimidar a investigadores incómodos.

Esa será una de las líneas que deberán aclarar los jueces.

La defensa del Gobierno

El Gobierno sostiene tres ideas. Primera: Leire Díez no actuó en nombre del PSOE ni del Ejecutivo. Segunda: Mercedes González no participó en ninguna maniobra contra la UCO. Tercera: el Ministerio del Interior respeta la independencia judicial y policial y no toleraría ninguna actuación dirigida a entorpecer investigaciones.

Marlaska ha asumido una defensa firme, pero arriesgada. Si la investigación no aporta pruebas contra la directora, su respaldo se leerá como prudencia institucional. Si aparecen nuevos mensajes, documentos o testimonios que contradigan esa versión, el ministro quedará políticamente atrapado por sus propias palabras.

La comparecencia de Mercedes González en el Senado será, por tanto, mucho más que una cita parlamentaria. Será una prueba de resistencia para Interior. Tendrá que ordenar una cronología, despejar contradicciones y explicar por qué una persona hoy investigada llegó a mantener contactos con la cúpula de la Guardia Civil mientras, según los investigadores, buscaba información sobre la propia unidad que estaba investigando los casos más comprometidos.

La sombra de Ferraz

La presunta fontanería del PSOE no se entiende sin el contexto de las causas que han ido rodeando al partido y al Gobierno: el caso Koldo, las investigaciones sobre el entorno de José Luis Ábalos, las derivadas sobre Santos Cerdán, las pesquisas sobre familiares del presidente y las sospechas sobre contratos, comisiones o intermediaciones.

En ese clima aparece la figura de Leire Díez como supuesta operadora informal. El término “fontanería” se usa precisamente para describir trabajos subterráneos: no los que se hacen en la fachada, sino en las cañerías. Contactar con investigados. Buscar información comprometedora. Ofrecer supuestas salidas. Desacreditar a fiscales o guardias civiles. Alimentar relatos sobre conspiraciones. Intentar convertir la defensa política en una contraofensiva sobre quienes investigan.

Eso es lo que se está investigando. Y conviene repetirlo con precisión: se investiga una presunta trama, no hay condenas firmes sobre todos los hechos relatados y las personas afectadas conservan su derecho a defenderse. Pero el contenido del sumario ya ha abierto una crisis que no puede resolverse con una frase tranquilizadora ni con un comunicado de madrugada.

Una crisis de Estado, no solo de partido

La tentación será reducirlo todo a una batalla partidista: el Gobierno hablando de campaña de la derecha; la oposición hablando de cloacas socialistas; el PSOE tratando de cortar el vínculo con Leire Díez; y los adversarios políticos intentando extender la mancha hasta la Moncloa. Pero por debajo del ruido hay una cuestión mucho más seria.

La pregunta de fondo es esta: ¿pueden los investigadores policiales trabajar sin miedo cuando sus pesquisas afectan al poder?

Si la respuesta es sí, el sistema aguanta. Si la respuesta empieza a ser dudosa, el problema deja de ser de un partido y pasa a ser de todos.

La UCO está acostumbrada a investigar a alcaldes, empresarios, ministros, partidos, comisionistas y redes de corrupción. Lo que no es normal es que tenga que investigar si alguien intentó investigarla a ella para frenar sus propias investigaciones. Ahí está la gravedad del momento.

La Guardia Civil necesita explicaciones limpias. El Ministerio del Interior necesita una versión sólida y no cambiante. El PSOE necesita aclarar hasta dónde llegaba la relación de Leire Díez con su estructura orgánica. Y la Justicia necesita trabajar sin interferencias ni campañas de descrédito.

Porque en este caso ya no se trata solo de saber quién se reunió con quién. Se trata de saber si alguien intentó usar las cañerías del poder para taponar una investigación judicial. Y cuando las cañerías revientan, el olor llega a todas partes.