El señor Pérez (Alfredo) acaba de entrar en campaña con
varias dicharacherías, una de ellas, la de que él conoce las recetas para
crear empleo. Es posible que tal sea, porque todo el mundo sabe lo que hay
que poner en marcha para crear puestos de trabajo en una cantidad apreciable
—lo dicen tanto empleadores como economistas—. Lo extraño es que lo sepa
algún miembro del PSOE y del Gobierno, porque, hasta ahora, no han aplicado
ninguna receta en esa dirección, y aquellas que dicen que han realizado con
ese propósito no es que no hayan tenido el efecto deseado, es que «no han
sido», esto es, han constituido una pura logomaquia.

               Recordemos, en primer lugar, que la economía española se
encuentra al borde del colapso: con déficit elevado aún, sin capacidad para
ingresar más, con una relativamente alta deuda, con una pesadísima carga de
subsidios y prestaciones de paro, con una penalización en el interés de los
préstamos exteriores y con alguna dificultad para acceder a ellos, el
Estado; debiendo ingentes cantidades al exterior, la banca, y con problemas
de capitalización y fallidos, algunos agentes fiduciarios; con problemas
notables o irresolubles de subsistencia, muchos individuos y familias.

               Por otro lado, nuestra economía —consumida la llamarada del
crédito fácil y de la construcción multiplicativa— se ha hallado ante sus
problemas estructurales de fondo: baja productividad, escasa competitividad,
un muy limitado número de productos o servicios que tengan supremacía en los
mercados. Así las cosas, la posibilidad de que podamos crecer en lo
inmediato de forma notable a través de la exportación de bienes competitivos
o mediante la recuperación de mercados es tan difícil como el que podamos
desarrollarnos a base de la demanda interna. Se hace, pues, necesario
identificar los sectores en que se podría crecer rápido porque existen ya
posibilidades para ello y, al mismo tiempo, poner en marcha los mecanismos
(o mejor, eliminar los obstáculos) adecuados para tal fin.

               A nuestro saber y entender, esos ámbitos se encuentran entre
los autónomos y en las pequeñas empresas, y la dificultad mayor para
contratar en ellos reside en las incógnitas que suponen las rescisiones del
contrato: la legislación española —y la jurisprudencia subsiguiente—
entiende, en general y exagerando un poco, que un empresario se casa con una
trabajador para toda la vida; es más, nunca sabe por cuánto le va a salir al
final el divorcio. De ahí que se multipliquen los contratos por servicio y
obra; que los mismos se empleen de forma fraudulenta para enmascarar una
contratación indefinida; que el empresario, ante cualquier despido, prefiera
declararlo injustificado —y pagar el máximo— a pleitear con razón, puesto
que el juicio puede encarecer los costos finales de forma imprevisible. De
manera que las condiciones de la contratación para crear empleo deben ser
dos al menos: el despido libre —lo cual no quiere decir ni que no se pague
indemnización ni que no se cobre paro— y, su corolario, que los jueces no
intervengan más que en la estricta interpretación del cumplimiento de los
términos explícitamente pactados, no sobre la razón de empresario para
despedir, las condiciones económicas de la empresa, la situación del
mercado, etc. Esa es la CONFIANZA que necesita el empresario para contratar,
y no la del triunfo de Mariano Rajoy u otro cualquiera.

               En tiempos de desolación —contrariamente a lo que dice el
fundador de la Compañía de Jesús— «sí hacer mudanza». Porque la situación es
de extrema gravedad. En esa línea yo propondría dos tipos de modificaciones
inmediatas. La primera, para las empresas con diez o menos trabajadores: un
nuevo tipo de contrato de duración por cuatro años ­–susceptible, en su caso
de renovación- tras un período de prueba corto, con indemnización pactada
entre las partes o corta y tasada a término por la ley, y, el elemento
clave, sin posibilidad de recurso del despido ante los tribunales.
Naturalmente, en los términos de los salarios del convenio pertinente y con
derecho a las oportunas percepciones de paro. La evolución de la
contratación iría señalándonos las decisiones de futuro, que probablemente
deberían tender, en poco tiempo y para todo tipo de empresas, hacia el
contrato único universal, con despido previamente pactado en su cuantía, no
recurrible y no progresivo con el correr del tiempo (como disparatan el PP y
Rajoy).

                  La segunda, la modificación de los gravámenes impositivos,
en lo relativo a la tributación por módulos para los próximos cuatro años,
bien en la ponderación del personal asalariado en el rendimiento conjunto
del negocio, bien garantizando que el aumento de un único trabajador no
signifique —durante ese período— implementación alguna en los parámetros de
la tributación.

               Al mismo tiempo, habría que modificar también las condiciones
por las que los trabajadores entran y salen del paro, para que, en ningún
caso, un trabajo de menor cuantía retributiva aminorase los «derechos» que
tienen adquiridos en un empleo anterior con relación a la percepción de la
prestación.

               Estoy  seguro —lo están mis asesores y comunicantes— que una
reforma en ese sentido que fuese percibida como transparente, y no como una
celada, ayudaría a crear miles de empleos, sin esperar, desde luego, al ya
tópico (y no tan fundado) crecimiento del 2,4 para hacerlo.
               E independientemente de los señores Pérez y Rajoy