Un año después de la tragedia minera de Cerredo, que segó la vida de cinco trabajadores y dejó varios heridos, el Gobierno del Principado de Asturias enfría una de las principales reclamaciones de las familias: cobrar ya una indemnización. La respuesta, por ahora, es un no rotundo.

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y portavoz del Ejecutivo autonómico, Guillermo Peláez, ha asegurado que “no existe, en este momento, posibilidad jurídica” de que la Administración adelante pagos a los afectados, una opción que había cobrado fuerza en el ámbito político tras aparecer en el borrador del dictamen de la comisión de investigación parlamentaria.

Un muro legal: sin responsabilidad probada, no hay indemnización

El Gobierno asturiano se aferra a un argumento clave: para que la Administración pague, debe demostrarse una relación directa entre su actuación y el accidente.

Es decir, no basta con la tragedia.
Hace falta probar que hubo un fallo administrativo concreto que la provocó.

“Existe un procedimiento reglado por ley”, ha insistido Peláez, recordando que serán los cauces administrativos y judiciales los que determinen si procede o no una compensación económica.

En la práctica, esto supone que:

• Las familias deberán iniciar reclamaciones formales
• Se abrirán procesos largos y complejos
• Y cualquier indemnización dependerá de que se acredite esa “causalidad directa”

El choque político: fondo de compensación vs. negativa del Gobierno

La negativa del Ejecutivo choca de frente con una de las propuestas más sensibles surgidas en la comisión que investiga el accidente.

El borrador del dictamen —impulsado por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé— planteaba la creación de un fondo público para adelantar indemnizaciones, precisamente para evitar que las familias quedasen atrapadas durante años en procesos judiciales.

Pero el Gobierno asturiano no lo ve viable.

Peláez ha sido claro: rechaza ese planteamiento y también que se atribuyan responsabilidades a la Administración, alineándose con la posición del ala socialista del Ejecutivo.

La clave del caso: actividad ilegal y ocultación

El foco del Gobierno se sitúa en otro punto: la empresa.

Según ha defendido el portavoz, la responsabilidad recaería en la compañía que operaba en la mina, a la que acusa de desarrollar una actividad ilegal de extracción de carbón y de ocultar deliberadamente lo que estaba haciendo.

Este elemento es determinante, porque rompe la posible cadena de responsabilidad administrativa que permitiría activar indemnizaciones públicas.

Cerredo: una tragedia aún sin cerrar

El accidente de la mina de Cerredo —marcado por una explosión de grisú— dejó:

• 5 trabajadores fallecidos
• 4 heridos
• Y una herida abierta en el sector minero asturiano

Desde entonces:

• Se han abierto investigaciones judiciales
• Se ha constituido una comisión parlamentaria
• Y las familias siguen reclamando responsabilidades… y compensaciones

Pero, más de un año después, no hay aún una resolución clara ni sobre las causas definitivas ni sobre quién debe pagar.

Las familias, abocadas a una batalla larga

El mensaje del Gobierno es, en el fondo, un aviso:

No habrá atajos.

Peláez ha animado a los afectados a reclamar, tanto por vía administrativa como judicial, pero sin ofrecer ninguna vía rápida.

Eso deja a las familias en una situación delicada:

• Dependientes de procesos que pueden durar años
• Sin garantía de cobro inmediato
• Y con la carga de demostrar responsabilidades complejas

Lo que está en juego

Más allá del dinero, el debate es profundo:

• ¿Debe la Administración adelantar indemnizaciones en tragedias de este tipo?
• ¿Hasta qué punto puede desligarse de lo ocurrido?
• ¿Quién responde cuando hay actividades ilegales bajo el radar?

El caso Cerredo no solo es una investigación minera.

Es también un pulso político, jurídico y moral sobre cómo responde un sistema cuando falla.

Situación actual

• No habrá adelanto de indemnizaciones (por ahora)
• Procedimientos administrativos en marcha
• Comisión de investigación con conclusiones provisionales
• Investigación judicial abierta