El BOPA publica dos nuevas instrucciones para ordenar los proyectos de investigación y la transmisión de derechos mineros, mientras el Principado recupera el Servicio de Seguridad Minera y nombra a la ingeniera ovetense María Elena Colunga nueva jefa del Servicio de Minas

El Gobierno de Asturias da un nuevo paso en la reorganización del control minero en el Principado. La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha avanzado en el cumplimiento del Plan Regenera con la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de dos instrucciones clave para reforzar la supervisión administrativa de la actividad minera: una sobre la transmisión de derechos mineros derivados de concesiones de explotación y otra sobre la tramitación de proyectos de investigación en concesiones ya otorgadas.

La medida forma parte del proceso de revisión, ordenación y refuerzo del área minera impulsado por el Ejecutivo autonómico con un objetivo claro: aumentar las garantías, mejorar la seguridad, cerrar espacios de incertidumbre administrativa y someter a un mayor control tanto los cambios empresariales vinculados a las concesiones como las actuaciones de investigación que puedan desarrollarse en explotaciones ya concedidas.

El movimiento no llega solo. Junto a la aprobación de estas instrucciones, el Principado ha modificado la estructura orgánica de la consejería para recuperar el Servicio de Seguridad Minera, una unidad específica dentro de la Dirección General de Energía y Minería que asumirá funciones de inspección, control, supervisión y, llegado el caso, sanción. El mensaje político y administrativo es evidente: la minería asturiana entra en una etapa de mayor vigilancia y de reglas más precisas.

Más control sobre quién compra, hereda o toma el control de una concesión minera

La primera instrucción publicada en el BOPA regula la transmisión de derechos mineros derivados de concesiones de explotación. En la práctica, se trata de reforzar el filtro sobre las empresas que adquieren, reciben o pasan a controlar una concesión minera.

La nueva normativa establece criterios más precisos y obliga a que la empresa adquirente acredite no solo su capacidad legal, sino también su solvencia técnica y económica. Es decir, no bastará con formalizar una operación mercantil o presentar una documentación básica: la Administración exigirá garantías sobre la capacidad real de la nueva titular para asumir los derechos y obligaciones asociados a la concesión.

La instrucción concreta además la documentación que deberá aportarse en estos procedimientos y amplía el control administrativo a operaciones empresariales que, aunque no siempre se presentan como una transmisión directa, pueden implicar un cambio efectivo en el control de la concesión. Es el caso de fusiones, absorciones, escisiones, adquisiciones u otras operaciones societarias que alteren quién manda realmente sobre el derecho minero.

Este punto resulta especialmente relevante porque permite al Principado mirar más allá del papel formal y analizar la realidad económica y empresarial de cada operación. La Administración podrá valorar si detrás de una transmisión hay una empresa con medios suficientes, experiencia técnica y capacidad financiera para cumplir con sus obligaciones, incluidas las vinculadas a la seguridad, la restauración y la explotación responsable.

Investigación minera: cuándo basta un permiso y cuándo debe tramitarse como explotación

La segunda instrucción ordena la tramitación de los proyectos de investigación en concesiones mineras ya otorgadas. El texto distingue entre varios escenarios y trata de evitar que actuaciones de distinta naturaleza se tramiten de forma confusa o insuficiente.

Cuando una concesión ya cuente con un proyecto general de explotación vigente, las actuaciones de investigación deberán integrarse en el correspondiente plan de labores. De esta manera, la Administración podrá supervisarlas dentro del marco ordinario de control de la explotación.

En cambio, si la concesión no dispone de proyecto general de explotación y las actuaciones previstas se limitan a catas, sondeos u otros trabajos de intensidad similar, sin extracción significativa de mineral, la tramitación se realizará como un permiso de investigación. En ese caso, deberá aportarse la documentación técnica exigida y someterse el procedimiento a información pública y a los informes sectoriales correspondientes.

La instrucción introduce, además, una cautela decisiva: si la solicitud contempla una extracción de mayor entidad, ya no podrá tratarse como una simple actuación investigadora. Deberá tramitarse como un proyecto general de explotación, con todas las garantías administrativas, técnicas y ambientales propias de ese tipo de procedimiento.

La diferencia no es menor. Con esta regulación, el Principado pretende evitar que bajo el paraguas de la “investigación” se desarrollen actividades que, por su alcance real, se aproximen más a una explotación minera. La nueva instrucción busca, por tanto, mayor seguridad jurídica para las empresas, pero también más capacidad de control para la Administración.

Vuelve el Servicio de Seguridad Minera

Las dos instrucciones se completan con una decisión organizativa de calado: la recuperación del Servicio de Seguridad Minera dentro de la Dirección General de Energía y Minería.

Este nuevo servicio asumirá competencias en materia de seguridad y salubridad en explotaciones mineras y establecimientos de beneficio. También se encargará de la inspección, el control y la supervisión de estas actividades, así como de la tramitación de expedientes sancionadores cuando proceda.

Entre sus funciones figuran también la certificación de aptitud en determinadas profesiones vinculadas al sector, la coordinación de programas de formación en seguridad minera y la elaboración de planes generales de inspección.

La creación o recuperación de una unidad específica en esta materia supone un refuerzo evidente de la estructura administrativa encargada de vigilar una actividad especialmente sensible en Asturias. La minería forma parte de la historia económica, laboral y territorial del Principado, pero también exige un seguimiento técnico riguroso por sus riesgos laborales, ambientales y administrativos.

El Plan Regenera toma cuerpo

El Plan Regenera fue concebido por el Gobierno de Asturias como una herramienta para mejorar el control y la supervisión de la actividad minera. Entre sus compromisos figuraba precisamente la aprobación de nuevas instrucciones para clarificar procedimientos y reforzar las garantías en dos ámbitos especialmente delicados: los proyectos de investigación y la transmisión de derechos mineros.

Con la publicación en el BOPA de estas dos instrucciones, el Ejecutivo autonómico cumple una de las medidas comprometidas y avanza hacia un modelo de gestión más exigente. La consejería busca que los expedientes mineros se tramiten con mayor claridad, que las empresas acrediten mejor su capacidad y que la Administración disponga de instrumentos más sólidos para anticipar riesgos y corregir irregularidades.

El cambio tiene también una lectura política: el Principado quiere enviar una señal de mayor firmeza en un ámbito donde la seguridad, la solvencia empresarial y el control público son esenciales. La minería no puede funcionar con zonas grises, especialmente cuando están en juego concesiones, derechos de explotación, trabajos de investigación, protección ambiental y seguridad de los trabajadores.

María Elena Colunga, nueva jefa del Servicio de Minas

Estos cambios coinciden con el relevo al frente del Servicio de Minas. La ingeniera ovetense María Elena Colunga Argüelles ha sido nombrada nueva jefa del servicio tras la jubilación del anterior responsable.

Nacida en Oviedo en 1965, Colunga es ingeniera de Minas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo y cuenta con una amplia trayectoria en distintas administraciones públicas. Es funcionaria de carrera de la Xunta de Galicia, dentro del Cuerpo Facultativo Superior en la escala de Ingenieros de Minas, y también de la Junta de Castilla y León, en el Cuerpo de Técnicos Superiores de Ingenieros de Minas.

Inició su carrera administrativa en 1994 y ocupó diversos puestos en la Junta de Castilla y León y en la Sección de Minas de León antes de incorporarse a la Administración del Principado en 2002. Desde diciembre de 2008 ejercía como jefa del actual Servicio de Política Industrial de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo.

Su nombramiento se produce en un momento especialmente relevante para el área minera asturiana, marcada por la reorganización interna, el refuerzo de los mecanismos de control y la aplicación progresiva del Plan Regenera.

Una nueva etapa para la política minera asturiana

La publicación de estas instrucciones, la recuperación del Servicio de Seguridad Minera y el nombramiento de una nueva responsable del Servicio de Minas dibujan una nueva etapa para la política minera del Principado.

El reto será convertir las nuevas normas en una mejora real de la supervisión: más claridad para las empresas que actúan correctamente, más capacidad de intervención ante operaciones dudosas y más garantías en una actividad que exige rigor técnico, solvencia y vigilancia constante.

Asturias, una comunidad profundamente marcada por su historia minera, afronta ahora una fase distinta. Ya no se trata solo de gestionar explotaciones o expedientes, sino de asegurar que cada proyecto, cada transmisión de derechos y cada actuación sobre el terreno se desarrollen con garantías suficientes.

El Plan Regenera empieza así a traducirse en medidas concretas. Y el Gobierno autonómico quiere que el mensaje quede claro: la minería seguirá teniendo espacio en Asturias, pero bajo una regulación más exigente, con mayor control público y con la seguridad como una prioridad administrativa.

Pie de foto: María Elena Colunga, nueva jefa del Servicio de Minas