El presidente insiste en que ningún servicio de inteligencia anticipó la magnitud de la entrada masiva, pero admite que «fallaron cosas» y anuncia la publicación de todos los informes. Feijóo le acusa de incompetencia o complicidad, Vox habla de encubrimiento y hasta los socios parlamentarios cuestionan su versión sobre Marruecos. Un documento policial elaborado dos días antes de la crisis añade ahora un elemento especialmente delicado: ya contemplaba posibles entradas el 30 de julio y una eventual relajación del control marroquí como mecanismo de presión política.

Pedro Sánchez llegó este jueves al Congreso para cerrar la crisis política abierta por la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Salió varias horas después con el problema lejos de estar cerrado.

La comparecencia extraordinaria ha confirmado una fractura política casi total alrededor de la actuación del Gobierno y, sobre todo, acerca de una pregunta que empieza a imponerse sobre todas las demás:

¿qué sabía realmente el Ejecutivo antes del 30 de julio y qué información tenía sobre el comportamiento de Marruecos?

Sánchez ha defendido durante todo el pleno que ninguna de las informaciones recibidas por el Gobierno permitió anticipar una entrada de la magnitud que finalmente se produjo.

Según el presidente, los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad, el CNI y Frontex emitieron avisos y análisis durante los días anteriores, pero ninguno anticipó «ni la escala ni la probabilidad» de que decenas de miles de personas intentaran acceder a Ceuta.

Ha llegado, sin embargo, a admitir algo que probablemente tendrá recorrido político:

«Fallaron cosas».

Sánchez considera necesario mejorar los mecanismos de inteligencia ante lo que ha definido como nuevas amenazas híbridas, especialmente aquellas que utilizan redes sociales y mecanismos de movilización rápida.

Y para intentar cerrar la controversia sobre los avisos previos ha anunciado una decisión poco habitual: el Gobierno publicará un dosier con todos los informes policiales y de inteligencia disponibles sobre los días anteriores a la crisis. 

«Si no se enteró, dimita; si lo sabía, dimita»

Alberto Núñez Feijóo convirtió la comparecencia en un ataque frontal contra el presidente.

El líder del PP sostuvo que la entrada masiva «salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos» y que existen indicios de que las autoridades del país vecino participaron en su coordinación.

Y planteó a Sánchez una disyuntiva política demoledora:

si el Gobierno no conocía lo que estaba ocurriendo, debería dimitir por incompetencia; si lo conocía y lo ocultó, debería hacerlo por complicidad.

Feijóo acusa al Ejecutivo de haber recibido advertencias y de haber minimizado posteriormente el posible papel de Rabat para proteger la relación diplomática con Mohamed VI.

El PP considera que los documentos conocidos durante los últimos días cuestionan directamente la versión ofrecida por Moncloa desde el inicio de la crisis. 

Vox elevó todavía más el tono.

Santiago Abascal acusó a Sánchez de actuar con sumisión frente a Marruecos y mantiene que puede existir una responsabilidad que vaya más allá de la mera incompetencia política.

Vox pretende explorar incluso las posibilidades previstas en el artículo 102 de la Constitución para exigir responsabilidad penal al presidente por eventuales delitos contra la seguridad del Estado.

Pero conviene introducir aquí una precisión fundamental: a día de hoy no existe ninguna resolución judicial que impute a Pedro Sánchez un delito relacionado con la crisis de Ceuta.

La acusación de Vox pertenece actualmente al terreno político.

El problema para Sánchez es que tampoco convence a sus socios

Probablemente uno de los datos más importantes del pleno no fue la dureza de PP o Vox.

Fue comprobar que la explicación de Sánchez sobre Marruecos tampoco convence a buena parte de los partidos que sostienen parlamentariamente al Gobierno.

Sumar considera que no resulta creíble desvincular completamente a Rabat de lo ocurrido y ha reclamado explicaciones sobre el comportamiento de las fuerzas de seguridad marroquíes.

ERC también ha señalado directamente a Marruecos.

Y Junts formuló una acusación especialmente dura.

Míriam Nogueras sostuvo que Sánchez queda políticamente «inhabilitado» en cualquiera de los dos escenarios posibles: si conocía los avisos y no actuó adecuadamente, porque ocultó información; y si no los conocía, porque demostraría que el sistema de seguridad nacional estaba fuera de control. 

Sánchez terminó así encontrándose prácticamente solo en su tesis principal: no existen, por ahora, pruebas suficientemente sólidas para responsabilizar formalmente al Gobierno marroquí de la planificación de la operación.

El presidente sí dejó una puerta abierta.

Aseguró que, si aparecen pruebas concluyentes contra Marruecos, España actuará.

Y reconoció también que la relación de cooperación con Rabat deberá modificarse después de lo ocurrido. 

El informe que puede cambiar el debate

Mientras los diputados discutían en el Congreso apareció una información que complica considerablemente la versión gubernamental.

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional, el CENIF, elaboró el 28 de julio, dos días antes de la entrada masiva, un informe interno.

El propio asunto del documento analizaba el «riesgo sobre posibles entradas irregulares en Ceuta el mismo día 30 de julio».

Eso no significa que el informe predijera la avalancha que terminó produciéndose.

De hecho, el documento señalaba que todavía no se observaba en las redes sociales un aumento estadísticamente significativo de las convocatorias y hablaba de una tendencia incipiente que debía seguir monitorizándose.

Pero hay una parte mucho más sensible.

El CENIF contemplaba expresamente una «posible relajación temporal del control fronterizo marroquí» utilizada como «mecanismo de presión política».

También relacionaba ese posible comportamiento con el Día del Trono marroquí y con el interés de Rabat por recordar a España y a la Unión Europea su dependencia de Marruecos para contener la inmigración irregular. 

Ese documento introduce un matiz decisivo.

El Gobierno puede seguir defendiendo que nadie anticipó una entrada de más de 70.000 personas.

Pero ya resulta mucho más difícil afirmar que no existían señales específicas sobre movimientos precisamente en torno al 30 de julio y sobre una eventual permisividad marroquí.

La pregunta cambia entonces completamente:

¿hasta dónde llegó ese informe?

Y existe un segundo informe todavía más comprometedor

El documento del 28 de julio no debe confundirse con otro informe posterior del mismo CENIF remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón.

Este segundo trabajo analiza lo ocurrido durante los días 30 y 31 y alcanza conclusiones mucho más contundentes.

La Policía considera que la entrada masiva fue planificada y no espontánea.

Habla de organización previa.

Describe la utilización coordinada de redes sociales y servicios de mensajería.

Y recoge comportamientos de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes compatibles con un «guiado activo» de los migrantes hacia determinados puntos de entrada.

El documento también señala una «total permisividad» de las fuerzas marroquíes durante algunos momentos críticos de la operación. 

Pero tampoco este informe permite afirmar todavía algo que se está dando por hecho en parte del debate político.

No acredita que Mohamed VI o el Gobierno de Marruecos ordenaran la operación.

La Policía ha dejado constancia de que ningún informe identifica todavía a un Gobierno concreto como autor intelectual.

Existe una enorme diferencia entre acreditar la participación, permisividad o colaboración de agentes sobre el terreno y demostrar una orden política procedente de Rabat.

Esa pieza sigue faltando.

La guerra entre Marlaska y la jueza abre otro frente

El asunto ha provocado además una situación institucional muy poco habitual.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial su preocupación porque la jueza María Tardón ordenó que el informe encargado al CENIF no fuera comunicado por los investigadores a sus superiores policiales.

Según Interior, esa decisión explica que ni el director general de la Policía ni el propio ministro conocieran el documento.

Marlaska sostiene que, tratándose de información potencialmente relacionada con la seguridad nacional, debería haberse encontrado una fórmula para compatibilizar el secreto de las diligencias judiciales con la necesidad del Gobierno de conocer posibles amenazas.

La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha salido en defensa de la magistrada y ha recordado que la Policía Judicial actúa bajo las órdenes de jueces y fiscales cuando trabaja en una investigación judicial.

La crisis de Ceuta ha abierto así también una insólita disputa institucional sobre quién debía conocer qué y cuándo. 

El Gobierno intenta demostrar que los avisos eran demasiado débiles

Interior reaccionó durante el propio pleno haciendo pública la nota policial del 28 de julio.

Su intención resulta evidente: demostrar que el documento no describía una amenaza inminente.

La nota hablaba de señales tempranas, publicaciones de alcance limitado y un posible incremento paulatino de entradas a nado, pero insistía en que todavía no existía una tendencia suficientemente significativa en redes sociales.

Ese contenido respalda parcialmente la versión de Sánchez.

Había señales.

Pero no una predicción clara de una operación de la magnitud que terminó produciéndose.

El problema para el Ejecutivo es que también demuestra que el comportamiento de Marruecos y la posibilidad de una entrada precisamente alrededor del 30 de julio estaban siendo analizados por la Policía antes de la crisis. 

Entonces, ¿está Sánchez realmente en peligro judicial?

Hoy, políticamente sí tiene un problema grave.

Judicialmente, la situación es muy diferente.

Pedro Sánchez no está imputado personalmente en las diligencias abiertas alrededor de la crisis.

El informe policial no sostiene que el presidente conociera una operación organizada por Marruecos.

Tampoco acredita que Sánchez ordenara ocultar información, facilitar la entrada o impedir una respuesta de las fuerzas de seguridad.

Para que existiera una responsabilidad penal sería necesario demostrar una conducta concreta tipificada como delito y vincularla personalmente al presidente.

Eso, hoy, no existe.

Por tanto, hablar en estos momentos de una caída judicial de Sánchez sería ir mucho más lejos de lo que permiten los hechos.

Pero existe otro riesgo mucho más inmediato.

El verdadero peligro está en los papeles

Sánchez ha hecho una apuesta arriesgada al anunciar la publicación de todos los informes.

Puede salir fortalecido.

Si los documentos confirman que existían únicamente alertas vagas y rutinarias, tendrá un argumento poderoso para responder a la oposición.

Pero puede ocurrir exactamente lo contrario.

Si aparecen informes que contienen advertencias mucho más concretas de las reconocidas hasta ahora, habrá que determinar quién los recibió y qué hizo con ellos.

Ahí estará probablemente el siguiente gran capítulo de esta crisis.

Porque después de varias horas de pleno, acusaciones cruzadas y discursos incendiarios, la pregunta verdaderamente peligrosa para el Gobierno sigue sin respuesta:

¿qué sabía exactamente el Estado antes del 30 de julio, quién lo sabía y hasta dónde llegó esa información?

El debate parlamentario ha terminado.

El caso Ceuta, en cambio, acaba de entrar en una fase mucho más incómoda: la de los documentos.