El Estado destina al Principado 2,96 millones para reforzar la vivienda pública y asequible en las zonas declaradas tensionadas. Es la primera financiación específica que recibe Asturias por utilizar este instrumento de la Ley de Vivienda, aunque el Gobierno autonómico todavía no concreta cuántas viviendas se crearán, dónde estarán ni cuándo estarán disponibles.

La polémica declaración de zonas de mercado residencial tensionado empieza a tener una consecuencia mucho más tangible que el debate político sobre los límites al alquiler: dinero para construir y ampliar vivienda pública.

Asturias recibirá 2.958.594 euros adicionales del Estado destinados específicamente a intervenir en aquellas zonas donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema especialmente grave.

Es la primera vez que el Principado obtiene financiación estatal directamente vinculada a la aplicación de las zonas tensionadas previstas por la Ley 12/2023 de Vivienda.

La noticia tiene una lectura política evidente, pero también otra mucho más práctica: Asturias incorpora casi tres millones a una política de vivienda que afronta uno de sus grandes problemas estructurales, la escasez de alquiler asequible.

Ahora queda por conocer algo fundamental: qué se hará exactamente con ese dinero.

El Gobierno autonómico asegura que se utilizará para construir vivienda pública, incrementar la oferta de alquiler asequible y desarrollar actuaciones en las áreas donde los precios están sometiendo a mayor presión a los hogares.

Pero la comunicación realizada este jueves no concreta todavía el número de viviendas que podrán financiarse, los municipios que recibirán cada inversión, los proyectos seleccionados, los plazos de ejecución ni si será necesaria financiación adicional del Principado o de los ayuntamientos.

Y son precisamente esos datos los que permitirán medir el verdadero alcance de los casi tres millones.

De limitar alquileres a construir viviendas

Hasta ahora, buena parte del enfrentamiento político alrededor de las zonas tensionadas se había concentrado en una cuestión: la posibilidad de limitar determinadas subidas de los alquileres.

El Principado intenta ahora desplazar el foco.

La Ley de Vivienda establece que declarar una zona tensionada no supone únicamente intervenir sobre los precios. Obliga también a realizar un diagnóstico del mercado y desarrollar posteriormente medidas destinadas a corregir las causas que provocaron esa situación.

Y entre esas medidas aparece una de las grandes asignaturas pendientes del mercado inmobiliario asturiano: aumentar el parque de vivienda social y asequible.

El director general de Vivienda, Daniel Sánchez, resume la estrategia del Ejecutivo autonómico con una frase:

«No vamos a elegir entre regular y construir. Vamos a hacer las dos cosas».

El Gobierno de Asturias sostiene que la llegada de estos fondos demuestra que acogerse a los mecanismos previstos por la legislación estatal permite acceder también a recursos económicos adicionales.

El argumento tiene especial relevancia porque varias comunidades autónomas han rechazado aplicar las zonas tensionadas previstas en la ley estatal.

Asturias ha optado por el camino contrario.

¿Qué es exactamente una zona tensionada?

La legislación permite declarar un área como mercado residencial tensionado cuando se acredita un desequilibrio especialmente intenso entre los ingresos de las familias y el coste de acceder a una vivienda.

Uno de los criterios previstos es que el conjunto de los gastos relacionados con la vivienda supere el 30% de los ingresos medios de los hogares.

También puede utilizarse la evolución de los precios de compra o alquiler durante los cinco años anteriores cuando su crecimiento haya superado determinados límites respecto a la inflación.

La declaración abre la puerta a medidas para contener determinados incrementos de los alquileres, pero también obliga a desarrollar un programa destinado a corregir las causas que han generado la tensión.

Y ahí es donde encajan ahora los 2,96 millones que recibirá Asturias.

Tres millones ayudan, pero no resuelven el problema

La dimensión de la cantidad también merece ponerse en perspectiva.

Tres millones de euros representan un refuerzo relevante para actuaciones concretas, pero están muy lejos de resolver por sí solos el déficit de vivienda asequible.

El coste actual de construcción hace que una promoción pública de tamaño medio pueda consumir varios millones de euros.

Por eso resulta prematuro saber cuánto parque público adicional podrá generarse exclusivamente con esta financiación.

El verdadero impacto dependerá de si los fondos estatales se utilizan para completar promociones ya previstas, adquirir viviendas, rehabilitar inmuebles, financiar nuevas promociones o complementar inversiones autonómicas y municipales.

También dependerá de la capacidad administrativa para convertir una transferencia presupuestaria en viviendas efectivamente terminadas.

Porque entre anunciar recursos y entregar las llaves existe normalmente un recorrido de varios años.

El siguiente examen será comprobar dónde acaba el dinero

El Gobierno asturiano presenta la financiación como una primera recompensa económica por haber aplicado una norma que ha provocado un intenso enfrentamiento político en España.

El argumento es sencillo: la declaración de zonas tensionadas no solo permite regular determinadas situaciones del mercado, sino también atraer recursos adicionales para ampliar la oferta.

Pero la verdadera prueba llegará después.

Habrá que conocer cuánto recibe cada zona, qué actuaciones se financian y, sobre todo, cuántas viviendas nuevas salen finalmente al mercado a precios realmente asequibles.

Porque para una familia que destina una parte creciente de su sueldo al alquiler, la discusión sobre el artículo 18 de la Ley de Vivienda es secundaria.

La pregunta que importa es mucho más sencilla:

¿cuándo habrá más pisos y cuánto costará vivir en ellos?

Los primeros 2,96 millones ya están comprometidos para Asturias.

Ahora comienza la parte mucho más difícil: convertirlos en viviendas.