El Principado acusa al Ministerio para la Transición Ecológica de desacreditar el trabajo de técnicos, agentes medioambientales e investigadores asturianos después de que el Gobierno central afirmase que los datos remitidos por algunas comunidades sobre la población del lobo “falsean la realidad”. Asturias sostiene que las incidencias detectadas eran formales, no invalidaban el informe y habían sido consideradas “no bloqueantes”.

El conflicto sobre la población real del lobo ha abierto una nueva batalla entre el Gobierno de Asturias y el Ministerio para la Transición Ecológica.

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha exigido al departamento estatal que rectifique las afirmaciones realizadas esta semana sobre los datos autonómicos utilizados para elaborar el informe sexenal que España debe trasladar a la Comisión Europea.

El enfrentamiento no es menor. De las cifras que finalmente se consideren válidas dependen decisiones sobre el estado de conservación de la especie, los controles de población, la gestión de los daños a la ganadería y la posición que España defenderá ante Bruselas.

El Ministerio cuestiona los datos de las comunidades

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, aseguró el jueves que el Gobierno no remitirá a la Comisión Europea datos sobre el lobo que, a juicio del Ministerio, no se ajusten a la realidad.

Morán defendió que el diagnóstico científico manejado por el Estado difiere de forma importante del planteado por varias comunidades autónomas y afirmó que el sistema europeo utilizado para cargar la información había rechazado determinados datos.

El Ministerio sostiene además que ha pedido reiteradamente a las comunidades que corrijan esas cifras antes de remitir definitivamente el informe a Bruselas.

Las declaraciones han provocado una fuerte reacción en Asturias.

Asturias: “No pueden desacreditar décadas de trabajo”

El Principado rechaza que sus cifras respondan a intereses políticos y considera especialmente grave que se ponga en duda el trabajo realizado por los profesionales encargados de seguir la evolución de la especie.

Asturias recuerda que cuenta con un sistema de seguimiento continuado del lobo desde 1986, en el que participan técnicos de la Administración, agentes medioambientales e investigadores.

Además, el Gobierno autonómico trabaja con el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, centro conjunto del CSIC, la Universidad de Oviedo y el Principado, para reforzar científicamente el conocimiento sobre la especie.

La posición asturiana es clara: puede haber discrepancias técnicas sobre la interpretación de los datos, pero eso no justifica presentar el trabajo autonómico como carente de base científica.

El punto clave: los “errores no bloqueantes”

Uno de los principales argumentos utilizados ahora por Asturias afecta precisamente al sistema informático europeo de validación de los datos.

Según el Principado, las incidencias que aparecieron al introducir determinada información habían sido calificadas previamente como “errores no bloqueantes”.

Es decir, serían problemas formales o técnicos que no impedirían necesariamente la validación general del informe.

Asturias asegura estar dispuesta a corregir ese tipo de cuestiones formales, pero rechaza modificar los valores establecidos por sus especialistas simplemente para ajustarlos a una interpretación diferente de la población del lobo.

Ahí se encuentra uno de los puntos centrales del enfrentamiento.

Asturias contabilizó 50 manadas en 2025

El último dato publicado por el Principado sitúa la población asturiana en 50 manadas durante 2025, de las cuales 45 fueron consideradas reproductoras.

El Gobierno autonómico sostiene que estas cifras mantienen a la población del lobo en parámetros compatibles con un estado de conservación favorable en Asturias.

Para elaborar sus evaluaciones se utilizan censos periódicos, localización de grupos reproductores, seguimiento sobre el terreno y otros trabajos científicos.

También se han realizado estudios sobre las áreas de campeo de lobos radiomarcados y análisis estadísticos de la evolución de la población durante la última década.

Pero el Ministerio llega a otra conclusión

El problema es que el análisis estatal ofrece una lectura diferente.

El Ministerio mantiene que, en el conjunto de España, el estado de conservación del lobo continúa siendo desfavorable y considera que las cifras aportadas por algunas comunidades no encajan con el diagnóstico científico que maneja la Administración central.

Por tanto, el debate no se limita necesariamente a contar cuántas manadas existen.

También entra en juego la metodología utilizada para determinar el estado de conservación de la especie, la distribución territorial de los grupos, su evolución y la forma en la que esos datos deben incorporarse al informe europeo.

Dos administraciones, dos interpretaciones

La polémica tiene un componente técnico pero también importantes consecuencias políticas.

Asturias sostiene que la información autonómica se obtiene directamente sobre el territorio y mediante un sistema de seguimiento desarrollado durante décadas.

El Ministerio, por su parte, reivindica su responsabilidad de elaborar una evaluación global para el conjunto del país y asegura que no enviará a Bruselas información que considere incompatible con los criterios científicos utilizados para determinar el estado de conservación.

Por ahora, ninguna de las dos posiciones permite concluir de manera independiente que una administración tenga toda la razón y la otra esté utilizando datos incorrectos.

Para resolver esa cuestión sería necesario comparar los documentos técnicos completos, la metodología empleada y las correcciones solicitadas por el sistema europeo.

Mucho más que una discusión estadística

La batalla por las cifras tiene consecuencias directas sobre el terreno.

El Principado tiene previsto iniciar en septiembre un nuevo programa de control del lobo que contempla la posible extracción de hasta 67 ejemplares hasta finales de 2027.

La Administración asturiana defiende estas actuaciones como una herramienta para mantener el equilibrio entre la conservación de la especie y la actividad ganadera.

Pero cualquier discrepancia sobre el tamaño y el estado real de la población afecta inevitablemente a la justificación de esas medidas.

Para los ganaderos, la cuestión se traduce además en ataques al ganado, indemnizaciones y costes asociados a la convivencia con el lobo.

La batalla llegará a Bruselas

El informe sexenal correspondiente al periodo 2019-2024 forma parte de las obligaciones de España derivadas de la Directiva Hábitats de la Unión Europea.

Las comunidades aportan información sobre la situación de la especie y el Estado debe integrar esos datos antes de presentar la evaluación definitiva ante la Comisión Europea.

Precisamente ahí se concentra ahora el conflicto.

El Ministerio afirma que no trasladará cifras que considere incorrectas. Asturias reclama que sus datos oficiales sean respetados y que cualquier discrepancia se resuelva mediante criterios técnicos y científicos.

La pregunta que falta responder

El enfrentamiento ha dejado una cuestión esencial sobre la mesa: qué datos concretos rechaza el Ministerio y qué correcciones exige exactamente a Asturias.

El Principado ha hecho públicos sus argumentos y parte de la documentación utilizada para defender sus cifras. El Ministerio, por su parte, mantiene que existen diferencias importantes entre los datos autonómicos y la evaluación científica estatal.

Hasta que puedan compararse de manera transparente ambas metodologías, hablar de cifras “falsas” o declarar que una de las dos evaluaciones es definitivamente correcta sería precipitado.

Lo que ya resulta evidente es que el censo del lobo ha dejado de ser únicamente un debate científico para convertirse en una auténtica guerra institucional entre Asturias y el Gobierno central, con la Comisión Europea como árbitro final y con la gestión futura del lobo en juego.