El presidente asegura que ninguna agencia anticipó la magnitud del cruce, mantiene que no existen pruebas suficientes para responsabilizar al Gobierno marroquí y promete actuar con contundencia si aparecen. Pero un informe del CENIF remitido a la Audiencia Nacional habla de planificación, «guiado activo» por agentes marroquíes y alertas previas. La discrepancia se ha convertido en el centro de una comparecencia que puede tener consecuencias políticas y judiciales.
Pedro Sánchez ha llegado esta mañana al Congreso con una estrategia muy clara: defender la actuación del Estado, negar que el Gobierno dispusiera de información que permitiera prever la dimensión de la entrada masiva y evitar, por ahora, acusar directamente a Marruecos de haber organizado la operación.
Y ha añadido una decisión especialmente importante: ha ordenado que se hagan públicos todos los informes de los que dispone el Gobierno sobre la crisis de Ceuta.
Sánchez ha comenzado su intervención con una afirmación política de gran carga simbólica: Ceuta y Melilla son españolas y, por parte del Gobierno, «seguirán así hasta el final de los tiempos». Después ha defendido la actuación de policías y guardias civiles durante las horas críticas del 30 de julio. Según el presidente, ante decenas de miles de personas intentando acceder fundamentalmente a nado, una actuación puramente de contención habría podido provocar una tragedia todavía mayor.
También ha utilizado uno de los datos con los que el Ejecutivo pretende defender su gestión: en menos de 24 horas habían regresado a Marruecos unas 50.000 personas y en 72 horas más de 63.000, más del 90% de quienes habían entrado. Sánchez sostiene que semejante operación habría sido imposible sin una estrecha colaboración de las autoridades marroquíes.
Y aquí aparece la gran paradoja de toda la comparecencia.
Sánchez utiliza la colaboración posterior de Marruecos como argumento para rechazar que pueda darse por demostrado que Rabat estuviera detrás de la operación inicial.
Sánchez admite que hubo información el día anterior, pero niega que fuera una alarma extraordinaria
Este es probablemente el punto políticamente más delicado de su intervención.
Sánchez ha reconocido que el 29 de julio, horas antes de comenzar la entrada masiva, existió una comunicación entre la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil acerca de una convocatoria que circulaba en las redes sociales para intentar entrar en Ceuta al día siguiente.
También ha confirmado que el CNI había elaborado durante el mes anterior dos informes en los que se advertía del incremento de los cruces y se recomendaba extremar la vigilancia.
Pero sostiene que ninguno anticipaba algo parecido a lo que finalmente ocurrió.
«Ninguno previó ni la escala ni la probabilidad» de la entrada masiva, ha asegurado.
Esta distinción va a ser crucial.
Porque ya no estamos discutiendo sobre si existieron avisos. Existieron.
La discusión pasa a ser qué decían exactamente esos avisos, quién los recibió y si permitían razonablemente anticipar una operación masiva.
El gran problema: el informe de la propia Policía cuenta una historia bastante más inquietante
Aquí está la auténtica bomba política.
No hablamos de un artículo periodístico ni de una información anónima. Existe un informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, CENIF, de la Policía Nacional, entregado a la magistrada María Tardón, del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.
El documento sostiene que lo sucedido los días 30 y 31 de julio no fue un fenómeno espontáneo.
Habla de planificación.
Habla de una concentración de personas que exigiría organización.
Habla de un grado de especialización que, según sus autores, estaría por encima de la capacidad habitual de las mafias migratorias de la zona.
Y, sobre todo, analiza vídeos e imágenes en los que aparecen gendarmes marroquíes uniformados dando indicaciones a personas que se dirigían hacia Ceuta y otros individuos de paisano que, según la interpretación policial, desempeñaban funciones de coordinación o supervisión.
El informe emplea expresiones extraordinariamente comprometedoras como «guiado activo», «permisividad» y conductas compatibles con la «facilitación de la inmigración irregular».
También concluye que la movilización requirió un grado importante de planificación en redes sociales y analiza los teléfonos utilizados en las convocatorias. En la muestra estudiada, el 90,8% tenía prefijo marroquí.
Pero el informe NO dice una cosa que ahora mismo es fundamental
Y aquí hay que ser muy rigurosos.
El informe no identifica al Gobierno de Marruecos como autor intelectual de la operación.
No dice: «Mohamed VI ordenó esto».
No dice tampoco: «El Gobierno marroquí organizó la entrada».
Lo que hace es describir una operación planificada y señalar comportamientos de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes compatibles con la facilitación y el control del movimiento de personas.
De hecho, el director general de la Policía, Francisco Pardo, y otros mandos policiales han comunicado por escrito a Interior que ningún informe policial atribuye actualmente la autoría de la operación a un Gobierno concreto.
Esa diferencia puede parecer semántica, pero jurídicamente es enorme.
Una cosa es acreditar que determinados gendarmes colaboraron o permitieron el paso.
Otra, demostrar que recibieron instrucciones de las autoridades políticas marroquíes.
¿Por qué Marlaska dice que no conocía semejante informe?
Esta es otra de las partes extraordinarias del caso.
La jueza María Tardón encargó la información policial en el marco de unas diligencias abiertas tras una denuncia y ordenó que el contenido no fuera trasladado por los investigadores a sus superiores, según la explicación que el director general de la Policía ha dado a Marlaska.
De ahí que Interior sostenga que no conocía el documento hasta que su contenido empezó a hacerse público.
Además, el CENIF tiene una peculiaridad importante: el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras no es una unidad de Policía Judicial ni tiene agentes desplegados directamente en Marruecos. Trabaja fundamentalmente mediante análisis de información, inteligencia fronteriza, vídeos, imágenes, redes sociales, testimonios y otros datos.
Eso es precisamente lo que utiliza el Gobierno para relativizar algunas de sus conclusiones.
El Ejecutivo sostiene que otros organismos con capacidad de inteligencia sobre el terreno, especialmente el CNI, no disponen por ahora de elementos que permitan afirmar que Marruecos organizó la operación.
La oposición ve justamente lo contrario
Alberto Núñez Feijóo ha convertido el informe en su principal acusación contra Sánchez.
Su tesis puede resumirse en cuatro palabras:
«Lo sabía y lo tapó».
El líder del PP acusa al Ejecutivo de haber conocido advertencias suficientes sobre lo que iba a ocurrir y de haber intentado posteriormente minimizar la responsabilidad marroquí.
Feijóo ha exigido llamar a la embajadora de Marruecos en España para pedirle explicaciones, llamar a consultas al embajador español en Rabat y ha vuelto a reclamar elecciones. El PP también ha anunciado que pretende personarse en las diligencias judiciales relacionadas con lo ocurrido en Ceuta.
Vox va todavía mucho más lejos.
Santiago Abascal sostiene que Sánchez habría actuado al servicio de los intereses marroquíes y reclama que el Congreso active el artículo 102 de la Constitución para intentar exigir responsabilidad penal al presidente por una eventual traición o delito contra la seguridad del Estado. Esta misma mañana, antes de la intervención, Abascal ha acusado a Sánchez de acudir al Congreso a «mentir e insultar».
Pero tampoco toda la crítica procede de PP y Vox.
Gabriel Rufián, de ERC, ha dicho esta mañana que pedirán responsabilidades y ha resumido su posición sobre el origen de la crisis de forma muy clara: hay que «señalar a Marruecos».
Y Sumar también se ha separado de la interpretación socialista. Desde ese espacio político se considera que existe responsabilidad marroquí, por acción o por omisión, y Sira Rego ha denunciado esta mañana el fracaso de un modelo europeo que externaliza el control de las fronteras en países como Marruecos.
Es decir, Sánchez está encontrando dificultades para que incluso parte de su mayoría parlamentaria compre sin reservas su prudencia respecto a Rabat.
¿Pueden estos informes «poner en la picota» a Sánchez?
Políticamente, sí. Y mucho.
Penalmente, hoy todavía no podemos decir eso.
Esta diferencia es esencial.
La magistrada María Tardón abrió diligencias previas después de recibir una denuncia de Iustitia Europa dirigida contra funcionarios, miembros de posibles organizaciones criminales y autoridades españolas y extranjeras que pudieran ser identificadas.
La denuncia plantea posibles delitos contra la seguridad del Estado y la Nación, favorecimiento de la inmigración ilegal, tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.
Pero Pedro Sánchez no está en estos momentos investigado personalmente por esos delitos.
Ni el informe policial le acusa de haber colaborado con Marruecos.
Ni demuestra que conociera una operación organizada por Rabat.
Ni demuestra que ordenara conscientemente no intervenir.
La Audiencia Nacional está todavía tratando de esclarecer qué ocurrió y hasta debe determinar definitivamente el alcance de su propia competencia. Además del documento policial, la jueza espera información de la Guardia Civil y la posición de la Fiscalía.
¿Dónde estaría entonces el verdadero peligro para Sánchez?
En mi opinión, hay tres preguntas que pueden cambiar completamente este caso.
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Qué sabía realmente el Gobierno antes del 30 de julio. No basta con demostrar que había avisos genéricos. Para comprometer seriamente la versión de Sánchez habría que acreditar que llegó al Ejecutivo una advertencia específica sobre una entrada masiva, con fecha, dimensión o riesgo extraordinario, y que no se actuó adecuadamente.
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Qué sabía el Gobierno sobre Marruecos. Si apareciera inteligencia anterior o posterior que demostrase que Moncloa conocía una intervención organizada de las autoridades marroquíes mientras Sánchez negaba públicamente cualquier indicio, el problema político sería enorme.
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Si hubo una conducta penalmente relevante. Una gestión deficiente, incluso gravemente deficiente, no es automáticamente un delito. Habría que acreditar una acción u omisión concreta tipificada penalmente y, cuando corresponda, conocimiento o intencionalidad.
Y hay un cuarto elemento que ahora se vuelve crucial: Sánchez acaba de ordenar publicar todos los informes.
Eso puede servirle para desmontar las acusaciones si los documentos confirman que solo existían alertas genéricas.
O puede convertirse en un problema monumental si alguno contradice de forma sustancial lo que el Gobierno ha sostenido durante este último mes.
¿Y qué es exactamente lo del artículo 102 que reclama Vox?
No es una especie de «impeachment» automático.
La Constitución establece que la responsabilidad criminal del presidente del Gobierno y de los ministros corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Y establece además una protección especial cuando se pretende acusar al presidente por traición o delitos contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones: la iniciativa tiene que partir de al menos una cuarta parte de los diputados y ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso.
Por tanto, que Vox reclame aplicar el artículo 102 no significa que exista actualmente una acusación penal contra Sánchez por traición.
Es una iniciativa política que necesitaría superar un umbral parlamentario muy elevado antes siquiera de poder prosperar en esos términos.
El verdadero terremoto no está todavía en la Justicia: está en la contradicción
Esto es lo más importante de lo que está sucediendo esta mañana.
Hasta ayer, la discusión era fundamentalmente política:
¿actuó bien o mal el Gobierno?
Ahora existe una segunda discusión mucho más peligrosa:
¿coincide lo que ha contado el Gobierno con lo que dicen sus propios organismos policiales?
Y esa es la razón por la que el informe del CENIF tiene tanta importancia.
No coloca hoy a Pedro Sánchez camino del banquillo.
Pero sí obliga al presidente a demostrar documentalmente que cuando aseguraba que no había avisos suficientes y que no existían pruebas contra Marruecos estaba describiendo fielmente la información que tenía el Gobierno.
Por eso la frase posiblemente más importante de toda la intervención de esta mañana no es la de Ceuta española «hasta el final de los tiempos».
Es otra:
Sánchez ha ordenado publicar los informes.
Cuando aparezcan esos documentos podremos saber si esta crisis se queda en una durísima batalla política o si empieza a adquirir una dimensión bastante más seria.
