Los sindicatos médicos elevan la presión tras la aprobación del nuevo Estatuto Marco. SIMPA sitúa el posible inicio del paro entre comienzos y mediados de octubre, mientras SIMES centra su batalla en arrancar mejoras directamente al Principado. El Sespa afronta el nuevo conflicto con 23.633 pacientes esperando una operación y más de 120.000 pendientes de una primera consulta.

La sanidad asturiana vuelve a mirar al calendario. Y esta vez la amenaza es mucho más seria que una jornada aislada de protesta.

Los sindicatos médicos que mantienen abierto el conflicto con el Ministerio de Sanidad han decidido avanzar hacia una huelga de carácter indefinido a partir de octubre, después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado 1 de septiembre el proyecto de nuevo Estatuto Marco y lo enviara al Congreso de los Diputados.

El Comité de Huelga estatal acordó este miércoles, 2 de septiembre, endurecer las movilizaciones. La decisión deberá ser ratificada por las organizaciones que lo integran y todavía quedan por concretar la fecha exacta de comienzo y, sobre todo, el formato que adoptará el paro. Septiembre está prácticamente descartado y todas las miradas se concentran ahora en octubre.

En Asturias, el secretario general del Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), José Antonio Vidal, sitúa ya el horizonte entre comienzos y mediados de octubre si durante las próximas semanas no se produce un giro en la negociación.

Por tanto, todavía no puede hablarse de una huelga formalmente convocada para un día concreto. Pero sí de algo que hasta ahora no existía: un acuerdo dentro del Comité de Huelga para pasar a un paro indefinido.

Y eso cambia considerablemente el escenario.

Asturias llega al nuevo conflicto con las listas de espera bajo presión

El problema para el Principado es que una nueva oleada de huelgas no partiría de cero.

Los últimos datos oficiales disponibles del Sespa, correspondientes a julio, muestran que 23.633 asturianos esperaban una intervención quirúrgica, 238 más que un mes antes. La demora media se situaba en 91,4 días.

Otros 120.778 pacientes aguardaban una primera consulta con un especialista, con una espera media superior a los 102 días.

Y hay un tercer dato que permite medir mucho mejor lo que significa un conflicto médico prolongado: durante julio, la huelga redujo en un 62,7% los programas quirúrgicos extraordinarios de tarde respecto al mismo mes de 2025. Son precisamente esos programas adicionales los que el Sespa utiliza para intentar recortar las listas de espera.

Es decir, una huelga no implica necesariamente que dejen de funcionar los hospitales —los servicios mínimos garantizan buena parte de la actividad esencial—, pero sí puede golpear allí donde el sistema dispone de menos margen: operaciones programadas, consultas no urgentes, actividad extraordinaria y recuperación de retrasos acumulados.

Ya ocurrió durante las movilizaciones de primavera.

En mayo, el propio Principado reconoció que las huelgas habían reducido un 4,45% la actividad de consultas hospitalarias. Aquel mes había 22.933 pacientes esperando una intervención y 123.798 pendientes de una primera consulta.

El Sespa consiguió posteriormente aumentar la actividad y en julio llegó a realizar 5.813 operaciones programadas, la cifra más alta para ese mes desde 2018. Pero, pese a ese esfuerzo, el número total de pacientes en lista quirúrgica volvió a crecer.

Una huelga prolongada en otoño podría volver a tensionar ese equilibrio.

¿Qué ha aprobado realmente el Gobierno?

El conflicto gira alrededor de una ley que afectará a cerca de un millón de trabajadores del Sistema Nacional de Salud y que sustituirá al Estatuto Marco vigente desde 2003.

El Gobierno defiende que el nuevo texto incorpora mejoras importantes.

Entre ellas establece que la jornada máxima no podrá superar las 45 horas semanales, limita la duración de las guardias a 17 horas y determina que la suma de una jornada ordinaria y una guardia consecutiva tampoco podrá superar ese límite.

También modifica los procesos de selección, establece convocatorias periódicas de plazas, regula los puestos de difícil cobertura, introduce nuevos mecanismos de movilidad y actualiza la clasificación profesional.

El Consejo de Ministros dio el visto bueno definitivo al proyecto el 1 de septiembre y lo remitió a las Cortes. Eso significa que el Estatuto Marco todavía no es una ley en vigor: comienza ahora una tramitación parlamentaria en la que puede recibir enmiendas, ser modificado o incluso no obtener los apoyos necesarios.

Precisamente ahí depositan parte de sus esperanzas los sindicatos médicos.

¿Por qué protestan los médicos si se reducen las guardias?

Porque consideran que las mejoras se quedan muy lejos de sus reivindicaciones.

El Comité de Huelga reclama un marco específico para médicos y facultativos, un espacio propio de negociación de sus condiciones laborales, una jornada ordinaria de 35 horas, un reconocimiento diferente de su clasificación profesional y de la responsabilidad clínica y cambios más profundos en guardias, descansos y jubilación.

Los sindicatos sostienen que meses de protestas y huelgas no han producido modificaciones suficientes en esos asuntos fundamentales.

El Comité daba prácticamente por agotada esta semana su interlocución con el Ministerio de Sanidad y acusaba al departamento dirigido por Mónica García de haber dejado pasar el verano sin intentar alcanzar un verdadero acuerdo.

Sus principales discrepancias continúan concentrándose en jornada, guardias, descansos, clasificación profesional, reconocimiento de la singularidad de la profesión médica y capacidad propia de negociación.

SIMPA y SIMES: dos estrategias diferentes en Asturias

El conflicto asturiano presenta, además, una particularidad.

Los dos grandes focos de movilización médica de los últimos meses no mantienen exactamente la misma estrategia.

El SIMPA mira especialmente hacia la negociación estatal y hacia lo que suceda ahora con el Estatuto Marco. Su secretario general, José Antonio Vidal, advierte de que, si no cambia el rumbo de la reforma, la huelga podría comenzar entre principios y mediados de octubre.

El sindicato Médic@s del SESPA (SIMES) también rechaza el proyecto aprobado por el Gobierno porque considera que mantiene deficiencias históricas de la profesión, pero está poniendo el acento en otra vía: negociar directamente con el Principado aquellas cuestiones sobre las que Asturias tiene capacidad de decisión.

Su argumento es que no todos los problemas de los médicos asturianos dependen de Madrid.

Retribuciones, organización de las plantillas, condiciones concretas de trabajo y determinados aspectos de la jornada y de la gestión sanitaria disponen de margen autonómico.

De hecho, Asturias ya ha vivido durante este año un conflicto específicamente regional, paralelo al enfrentamiento nacional por el Estatuto Marco.

El propio Principado pidió a Sanidad que volviera a negociar

Existe otra circunstancia poco habitual: el Gobierno asturiano tampoco está plenamente cómodo con la forma en que ha avanzado la reforma estatal.

El pasado 22 de julio, Asturias se sumó al resto de comunidades autónomas para reclamar al Ministerio de Sanidad que retomase las conversaciones y tratara de alcanzar un Estatuto Marco con mayor consenso.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, llegó a reconocer entonces que el conflicto estaba perjudicando a los pacientes y defendió la necesidad de buscar una solución negociada.

Ahora el proyecto ha llegado al Congreso sin que esa fractura haya desaparecido.

Octubre se convierte en el mes decisivo

Las próximas semanas serán determinantes.

Los sindicatos deberán ratificar el acuerdo alcanzado por el Comité de Huelga, establecer una fecha, determinar la modalidad de los paros y registrar formalmente la convocatoria. Después, en caso de materializarse, corresponderá a las administraciones autonómicas establecer los servicios mínimos.

Mientras tanto continuará otra batalla, menos visible pero posiblemente decisiva: la parlamentaria.

El nuevo Estatuto Marco tiene que superar el Congreso de los Diputados y el Gobierno necesitará reunir una mayoría suficiente para sacarlo adelante.

Por eso septiembre se convierte, en la práctica, en el último mes disponible para evitar un nuevo choque sanitario de grandes dimensiones.

Para Asturias la cuestión ya no afecta únicamente a las condiciones laborales de sus médicos.

Afecta a los 23.633 pacientes pendientes de una operación, a los 120.778 que esperan su primera cita con un especialista, a los programas extraordinarios destinados a reducir esas cifras y a la capacidad del Sespa para recuperar durante el otoño una actividad que ya ha sufrido varios meses de conflicto laboral.

La huelga indefinida todavía no tiene fecha escrita en el calendario.

Pero octubre acaba de dejar de ser una amenaza lejana.