El Principado prevé iniciar en septiembre el nuevo programa de control del lobo, que permitirá la extracción de un máximo de 67 ejemplares hasta el 31 de diciembre de 2027. La cifra se aplicará sobre una población estimada de al menos 412 animales y 50 manadas identificadas en Asturias.
Asturias se prepara para reactivar a partir de septiembre las actuaciones de control sobre la población de lobo. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha presentado al Consejo Consultivo del Lobo el borrador del nuevo programa, que contempla la extracción de un máximo de 67 ejemplares distribuidos entre las distintas zonas de gestión del Principado.
El programa estará vigente inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2027, aunque podrá ampliarse hasta marzo de 2028 en el caso de que no se hayan completado los cupos establecidos.
La cifra de 67 lobos constituye, en cualquier caso, un máximo autorizado y no un objetivo obligatorio. El número final de animales extraídos dependerá de la evolución del programa, los daños registrados y las actuaciones que finalmente se lleven a cabo.
Una población mínima estimada en 412 lobos
La planificación se ha elaborado sobre una población mínima estimada de 412 ejemplares, aunque los estudios manejan una horquilla que puede llegar hasta los 460 animales.
Actualmente están identificadas 50 manadas en Asturias, de las que 46 son reproductoras. Además, se estudia la posible existencia de otros cinco grupos, aunque todavía debe determinarse si se trata de nuevas manadas o de grupos ya contabilizados.
La evolución de la especie ha sido claramente ascendente durante las últimas décadas. En 2001 se contabilizaban 22 manadas en Asturias, menos de la mitad de las identificadas actualmente.
El lobo ocupa ya aproximadamente el 83% del territorio asturiano, con una superficie de distribución cercana a los 8.300 kilómetros cuadrados y continuidad con las poblaciones existentes en las comunidades autónomas limítrofes.
Los cupos dependerán de cada zona
Los 67 ejemplares no se distribuirán de manera uniforme por Asturias.
El programa establece cupos distintos en función del censo de lobos, el histórico de daños al ganado y la situación de cada zona de gestión.
La cifra más baja corresponde al suroccidente, donde se prevé la extracción de hasta cuatro ejemplares.
En el extremo contrario se sitúa la zona centro-oriental, con un máximo de nueve lobos.
En otras áreas, como Palo-Esva y distintas zonas del centro y centro-occidente, los cupos se sitúan en torno a ocho ejemplares.
Además, el programa reserva hasta 18 extracciones en áreas sin gestión específica, una cifra que podría incluso incrementarse en determinadas circunstancias si la situación lo justificase.
Casi 3.900 reses atacadas en 2025
El Gobierno asturiano vincula directamente el nuevo programa a la evolución de los daños ocasionados por el lobo en las explotaciones ganaderas.
Durante 2025 se confirmaron ataques sobre 3.893 cabezas de ganado bovino, ovino, caprino y equino.
La cifra supone aproximadamente un 30% más que en 2021.
El coste de las indemnizaciones también se ha disparado. El pasado año el Principado abonó 1,91 millones de euros, un 59% más que cuatro años antes.
Estas cifras son uno de los principales argumentos utilizados por Medio Rural para justificar la necesidad de compatibilizar la conservación del lobo con la actividad de la ganadería extensiva.
No todas las extracciones serán mediante batidas
El programa contempla diferentes fórmulas para realizar los controles.
El método básico serán los aguardos y recechos selectivos, realizados por agentes medioambientales o por personal especializado expresamente autorizado por la Administración autonómica.
También podrán extraerse ejemplares durante cacerías legalmente autorizadas de otras especies en reservas regionales de caza, siempre bajo las condiciones fijadas por el Principado.
En estos casos, la eliminación del lobo no convierte a la especie en cinegética: los cazadores que intervengan no podrán quedarse con ninguna parte del animal.
Las batidas específicas podrán utilizarse cuando razones de eficacia lo aconsejen, especialmente cuando los métodos anteriores no hayan dado resultado o los medios disponibles sean insuficientes.
Las actuaciones deberán estar coordinadas y supervisadas por los agentes medioambientales.
Los controles se concentrarán entre septiembre y abril
El calendario general establece que las actuaciones se desarrollarán fundamentalmente en dos periodos del año: de septiembre a diciembre y de enero a abril.
No obstante, el programa permite también controles puntuales entre mayo y agosto cuando existan ejemplares que provoquen daños reiterados.
Fuera de las zonas habituales de gestión también podrán producirse actuaciones durante todo el año si las circunstancias lo justifican.
El planteamiento busca que las extracciones respondan a situaciones concretas y no simplemente al cumplimiento automático del cupo máximo establecido.
Ganaderos y conservacionistas, en posiciones enfrentadas
El programa vuelve a colocar sobre la mesa uno de los conflictos ambientales más intensos de Asturias.
Las organizaciones ganaderas consideran insuficientes los controles previstos y reclaman una respuesta más rápida cuando se producen ataques.
Algunas entidades han llegado a reclamar que determinadas zonas especialmente conflictivas puedan quedar libres de lobos y que las batidas se realicen inmediatamente después de los daños para aumentar su efecto disuasorio.
En el extremo opuesto, las organizaciones conservacionistas cuestionan los controles poblacionales y algunas ya han avanzado la posibilidad de emprender nuevas acciones judiciales contra el programa.
La discusión, por tanto, no será únicamente política o ganadera. También volverá previsiblemente a los tribunales.
El precedente judicial obliga al Principado a extremar las garantías
La cuestión jurídica no es menor.
El Tribunal Supremo anuló anteriormente el programa de control correspondiente a 2022-2023, lo que obligó al Gobierno asturiano a revisar el marco normativo.
El Principado modificó posteriormente el II Plan de Gestión del Lobo para adaptar las actuaciones de control a los cambios normativos y a la doctrina establecida por los tribunales.
El Ejecutivo autonómico sostiene que el nuevo modelo incorpora mayores garantías jurídicas y obliga a justificar los cupos mediante criterios objetivos como la evolución de la población, los daños causados al ganado, la conflictividad existente y la disponibilidad de presas silvestres.
El control es solo una parte del plan
Medio Rural insiste en que la extracción de lobos constituye únicamente uno de los instrumentos de la política de gestión de la especie.
El plan incluye también medidas destinadas a prevenir los ataques, con ayudas que pueden cubrir el 100% del coste de determinadas actuaciones preventivas.
A ello se suman las indemnizaciones por daños, cuyo sistema de tramitación pretende agilizar la Administración autonómica.
La batalla de fondo sigue siendo encontrar un equilibrio extremadamente complicado: mantener una población viable de lobo y, al mismo tiempo, evitar que la presión sobre determinadas explotaciones ganaderas haga inviable la actividad extensiva.
Septiembre marcará el comienzo del nuevo programa
El borrador presentado este 24 de agosto todavía debe completar su tramitación antes de aplicarse.
Si se cumplen las previsiones de Medio Rural, las primeras actuaciones comenzarán en septiembre.
A partir de entonces se abrirá un periodo que puede prolongarse durante más de dos años y en el que podrán extraerse hasta 67 lobos, aunque esa cifra no tiene por qué alcanzarse.
El desarrollo del programa permitirá comprobar cuántos ejemplares se eliminan realmente, en qué zonas se concentran las actuaciones y, sobre todo, si el control consigue reducir los daños a la ganadería sin comprometer la conservación de una especie que, con al menos 50 manadas identificadas, mantiene actualmente una de sus poblaciones más importantes del norte peninsular.
