Solo 1.314 de los 3.584 aspirantes que completaron el primer examen lograron aprobarlo. La Consejería habla de faltas graves, problemas de sintaxis y preparación insuficiente, mientras los sindicatos denuncian opacidad y exigen poder revisar los ejercicios. No habrá una repetición general, pero quienes ganen una reclamación podrán realizar posteriormente la segunda prueba.

Las oposiciones al cuerpo de maestros han desembocado en una batalla abierta entre la Consejería de Educación, los sindicatos, los partidos políticos y centenares de aspirantes que consideran que el sistema de corrección no ofrece garantías suficientes.

La controversia comenzó con la publicación de unas calificaciones que dejaron fuera del proceso a casi dos de cada tres personas que completaron el primer examen. Después llegaron las denuncias sobre falta de transparencia, imposibilidad de revisar las pruebas antes de quedar eliminados y diferencias entre tribunales. Finalmente, Educación respondió señalando directamente las carencias detectadas en numerosos ejercicios: faltas de ortografía, problemas de sintaxis, errores de puntuación, deficiencias de comprensión lectora y una preparación que los tribunales consideran insuficiente.

Los datos definitivos aportados por el Principado reflejan la magnitud del proceso. De las 6.014 personas admitidas, 2.430 —el 40,4%— no se presentaron o abandonaron la prueba a los pocos minutos. Otras 3.584 sí completaron el examen, pero únicamente 1.314 consiguieron superarlo: un 36,66%. Es decir, entre quienes realmente hicieron la prueba, casi dos de cada tres suspendieron.

La convocatoria había sido ampliada hasta alcanzar las 556 plazas para el cuerpo de maestros, distribuidas entre Educación Infantil, Primaria, Inglés, Educación Física, Música, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

Educación señala directamente la calidad de los exámenes

La respuesta de la Consejería ha sido especialmente contundente. El departamento dirigido por Eva Ledo sostiene que las faltas de ortografía constituyeron una de las causas más importantes del elevado número de suspensos y recuerda que su penalización figuraba expresamente en los criterios de la convocatoria.

Los tribunales también habrían detectado, de forma generalizada, un mal uso de los signos de puntuación, errores sintácticos, problemas de comprensión lectora y una preparación insuficiente de algunos aspirantes.

Según Educación, los propios integrantes de los tribunales fueron los primeros sorprendidos por la calidad de numerosos ejercicios y actuaron con “generosidad e indulgencia” durante las correcciones. La Consejería asegura que estudiará las causas de los resultados y consultará a los agentes de la comunidad educativa para introducir mejoras en futuras convocatorias.

La publicación de ejemplos como «acer», «boy» o «colavoracion» ha disparado la repercusión pública del caso. Sin embargo, reducir todo el conflicto a una antología de faltas llamativas sería quedarse en la superficie. La verdadera discusión no es si existieron ejercicios deficientes —nadie niega que los hubiera—, sino si cada aspirante puede conocer exactamente cómo fue corregido, qué criterios se le aplicaron y por qué su puntuación le dejó fuera.

Los sindicatos: “No basta con decir que el proceso es transparente”

CSIF ha solicitado formalmente que se publiquen los criterios de evaluación utilizados, las rúbricas, las instrucciones dadas a los tribunales, los casos prácticos, las actas y los acuerdos de calificación. También reclama que los opositores puedan acceder a sus ejercicios y a la documentación empleada para puntuarlos.

El sindicato sostiene que facilitar esos documentos no supone cuestionar la profesionalidad de los tribunales. Al contrario, considera que la transparencia protegería tanto a los aspirantes como a quienes han tenido que corregir miles de pruebas en unos plazos muy ajustados.

CCOO ha pedido una investigación más profunda y considera insuficiente atribuir los resultados exclusivamente a las faltas de ortografía o a la comprensión lectora. Según sus datos, más de 3.500 personas completaron el examen y solo 1.314 aprobaron, lo que supone aproximadamente dos suspensos por cada aprobado.

El principal reproche sindical se dirige contra el sistema de reclamaciones. La primera prueba es eliminatoria, pero los aspirantes no pueden presentar las alegaciones ordinarias hasta que hayan terminado las dos pruebas de la oposición. Para entonces, quienes suspendieron la primera ya han quedado fuera y no han podido realizar la segunda.

CSIF considera que esta regulación deja a los opositores sin una posibilidad real de corregir a tiempo un error material, una transcripción equivocada, una identificación incorrecta del ejercicio o una aplicación defectuosa de los criterios de evaluación.

¿Va a repetir Asturias las oposiciones?

No. Al menos, no existe ningún anuncio oficial que contemple anular toda la convocatoria ni obligar a repetir el primer examen a todos los aspirantes.

Lo que sí ha admitido Educación es la posibilidad de retrotraer el procedimiento en casos concretos.

Una vez finalizada la segunda prueba, los aspirantes podrán presentar alegaciones contra las calificaciones. Si una reclamación prospera y se concluye que una persona debía haber aprobado la primera prueba, el procedimiento volverá para ella al momento en que se produjo la incidencia y se le permitirá realizar el segundo examen con las mismas oportunidades que el resto.

En términos sencillos: no se repite toda la oposición, pero sí podría reabrirse una parte del proceso para los opositores que demuestren que fueron eliminados incorrectamente.

Esta garantía es importante, pero no resuelve completamente la crítica sindical. Los sindicatos sostienen que habría sido mucho más sencillo revisar las notas antes de comenzar la segunda prueba, evitando convocatorias posteriores, nuevos tribunales, retrasos y posibles conflictos con aspirantes que ya hayan conseguido plaza.

Solo dos días y reclamación presencial

El procedimiento publicado por Educastur establece que, una vez finalizadas las dos pruebas y publicadas las calificaciones finales, los aspirantes dispondrán de dos días para presentar alegaciones.

Además, el escrito debe entregarse presencialmente ante el tribunal y en su sede. El opositor recibirá un justificante de presentación. Cuando se resuelvan las alegaciones, el tribunal publicará las calificaciones definitivas; aquellas reclamaciones que no produzcan una modificación de la nota se entenderán desestimadas.

Por eso, los aspirantes afectados deberían solicitar por escrito el acceso a su ejercicio, el desglose de la puntuación, la rúbrica aplicada, los criterios de corrección y cualquier acta o documento que permita comprobar cómo se obtuvo la nota. También resulta fundamental conservar el justificante de la alegación y respetar escrupulosamente el calendario de cada tribunal.

La resolución definitiva deberá indicar las posteriores vías administrativas de recurso disponibles.

El PP acusa al Gobierno de utilizar la ortografía como cortina de humo

La polémica también ha llegado a la Junta General. La diputada del PP Gloria García ha calificado de “vergonzoso” que Educación centre su explicación en las faltas ortográficas y ha acusado al Gobierno asturiano de sembrar dudas sobre la preparación de los opositores, muchos de los cuales trabajan actualmente como docentes interinos.

El PP denuncia una organización “desastrosa”, falta de transparencia y diferencias en las instrucciones recibidas por los distintos tribunales. También afirma haber conocido casos en los que se habría rebajado la calificación después de que el aspirante pidiera una revisión, algo que el partido considera contrario al principio que impide que un recurso empeore la situación inicial del recurrente.

Educación rechaza estas acusaciones y asegura que el procedimiento es “totalmente garantista y transparente” y que no se ha producido indefensión.

Suatea defiende a los tribunales, pero también pide cambios

No todos los sindicatos comparten el mismo tono. Suatea ha expresado su confianza en los miembros de los tribunales y advierte de que la frustración por un suspenso no puede convertirse en ataques contra los docentes encargados de corregir las pruebas.

Sin embargo, también reclama reformas: que pueda pedirse una revisión después de cada examen, que las rúbricas se publiquen junto a la convocatoria, que se ofrezcan datos detallados por especialidad y tribunal y que los correctores dispongan de jornadas y plazos razonables.

Esta posición introduce un matiz fundamental. La responsabilidad de un sistema cuestionado no puede descargarse únicamente sobre los aspirantes que suspenden, pero tampoco sobre unos tribunales formados por docentes que deben aplicar unas normas, corregir cientos de ejercicios y cumplir un calendario impuesto por la Administración.

Mucho más que unas faltas de ortografía

Las faltas existen y, tratándose de personas que aspiran a enseñar a escribir, no son una cuestión menor. Pero tampoco pueden emplearse como respuesta automática a todas las dudas planteadas.

La pregunta central sigue sin ser cuántos opositores escribieron mal una palabra, sino si cada calificación puede reconstruirse y comprobarse de manera objetiva.

Si el proceso es tan transparente como sostiene Educación, la publicación de rúbricas, desgloses, actas e instrumentos de corrección debería despejar las sospechas. Si esos documentos no se facilitan, la batalla continuará y algunas alegaciones podrían obligar a reabrir parcialmente una oposición que todavía no ha terminado.

Porque el verdadero examen al que se enfrenta ahora la Consejería no es de ortografía. Es de transparencia.