El Principado presenta las líneas maestras de su Estrategia de Inteligencia Artificial y activa el comité Sendia, un órgano independiente que supervisará el uso de esta tecnología para que la Administración gane agilidad sin perder garantías, transparencia ni control humano

Asturias quiere utilizar la inteligencia artificial para hacer una Administración más ágil, más cercana y más eficiente, pero sin lanzarse al vacío con los ojos cerrados. El Gobierno del Principado ha presentado las líneas maestras de su Estrategia de Inteligencia Artificial, una hoja de ruta que marcará cómo se desarrollará e implantará esta tecnología en los próximos años en los servicios públicos autonómicos.

La idea central es sencilla, aunque el reto no lo sea tanto: usar la IA para reducir cargas administrativas, simplificar procedimientos, acelerar respuestas y liberar tiempo de los empleados públicos para tareas donde siguen siendo imprescindibles el criterio profesional, la cercanía y la atención humana. Dicho de otro modo: que la máquina ayude, pero que no mande sola.

La presentación se ha producido en la primera reunión del Comité de Supervisión Ética, Normativa y de Innovación en Inteligencia Artificial de Asturias, conocido como Sendia, un órgano independiente creado por el Principado para asesorar a la Administración antes y durante el despliegue de sistemas de IA. El comité fue regulado por el Decreto 34/2026, de 18 de mayo, publicado en el BOPA a finales de mayo.

IA sí, pero con garantías

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, que preside el nuevo comité, defendió que Asturias está ante “una oportunidad extraordinaria”, pero insistió en que la introducción de esta tecnología debe hacerse “con garantías” y al servicio del interés general.

El mensaje tiene fondo político y técnico. La inteligencia artificial puede mejorar la atención ciudadana, detectar cuellos de botella, automatizar tareas repetitivas, ordenar información, asistir en la tramitación de expedientes o ayudar a tomar decisiones más rápidas. Pero también puede generar riesgos: sesgos, opacidad, errores automatizados, pérdida de privacidad, decisiones difíciles de explicar o una brecha digital aún mayor para quienes ya tienen dificultades para relacionarse con la Administración.

Por eso la estrategia asturiana se presenta como algo más que un plan tecnológico. Es también un modelo de gobernanza: quién decide, quién supervisa, quién responde si algo falla y cómo se garantiza que siempre haya control humano cuando estén en juego derechos de las personas.

Un paso más en una regulación pionera

Asturias no parte de cero. El Principado aprobó en 2025 el Decreto 98/2025, que regula el uso de la inteligencia artificial en la Administración autonómica y en su sector público. Ese texto fue uno de los primeros marcos autonómicos específicos en España para ordenar el uso público de la IA y se alineó con el Reglamento europeo de inteligencia artificial.

La nueva estrategia supone ahora pasar de las reglas generales al despliegue práctico: capacidades tecnológicas propias, infraestructuras para IA, entornos seguros de experimentación, plataformas con trazabilidad, formación del personal público y colaboración con universidades, centros tecnológicos, empresas y agentes sociales.

La ambición no es solo comprar herramientas hechas por otros. El Principado quiere que Asturias pueda generar conocimiento, atraer talento y desarrollar capacidades propias en ámbitos estratégicos. En cristiano: que la comunidad no sea únicamente usuaria de la IA, sino también parte del ecosistema que la construye.

Europa aprieta el calendario

El movimiento asturiano llega en pleno despliegue del marco europeo. La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea entró en vigor el 1 de agosto de 2024 y será plenamente aplicable, con excepciones y fases, a partir del 2 de agosto de 2026. Su objetivo es que los sistemas de IA se desarrollen y utilicen de forma responsable, con obligaciones proporcionales al nivel de riesgo.

España también está adaptando su estructura normativa. El Gobierno central aprobó en mayo de 2026 el proyecto de ley para garantizar la supervisión de los sistemas de inteligencia artificial, identificar los organismos competentes y establecer un régimen sancionador. Además, el texto incorpora premisas para fomentar la adopción de la IA en el sector público estatal.

En ese contexto, Asturias intenta colocarse en la primera línea de las administraciones que no esperan a que la tecnología les pase por encima. La IA ya está aquí; la diferencia está en usarla con método o ir parcheando problemas cuando ya sea tarde.

Qué podrá cambiar para los ciudadanos

La Estrategia de Inteligencia Artificial del Principado apunta a una Administración capaz de responder mejor y con menos fricción. En la práctica, eso puede traducirse en trámites más sencillos, menos esperas, mejor orientación al ciudadano, análisis más rápido de expedientes, detección temprana de errores, asistencia en consultas frecuentes y servicios públicos más personalizados.

Pero el gran desafío será que esa mejora no deje a nadie atrás. La Administración no puede convertirse en una ventanilla automática que solo entiendan los usuarios más digitales. La IA debe ayudar también a quienes tienen menos competencias tecnológicas, a las personas mayores, a quienes viven en zonas rurales o a quienes necesitan atención presencial y acompañamiento humano.

Ahí está una de las claves del modelo que defiende el Principado: utilizar la tecnología para ganar tiempo y capacidad, no para deshumanizar la atención pública.

Sendia: el vigilante ético de la IA asturiana

La constitución de Sendia es uno de los puntos más relevantes del nuevo modelo. El comité estará formado por representantes de la Administración, la Universidad de Oviedo, organizaciones empresariales, centros tecnológicos, agentes sociales, entidades del tercer sector y profesionales especializados en tecnología, derecho, protección de datos y ética.

Su papel será emitir recomendaciones, analizar riesgos y aportar conocimiento independiente antes de que se implanten sistemas de inteligencia artificial en la Administración. Según la información pública del Principado, Sendia nace precisamente para evaluar posibles riesgos y garantizar una protección efectiva de los derechos fundamentales y una toma de decisiones responsable.

Uno de sus primeros trabajos será analizar el borrador de la Estrategia Digital antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno. Es decir, no será un órgano decorativo para hacerse la foto con palabras modernas. Sobre el papel, tendrá que revisar, advertir y orientar.

Formación para los empleados públicos

La estrategia también incorpora un bloque clave: la capacitación del personal público. Sin formación, la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta mal usada, infrautilizada o directamente peligrosa.

Los empleados públicos necesitarán saber cuándo utilizarla, cuándo no, cómo interpretar sus respuestas, cómo detectar errores, cómo proteger datos personales y cómo mantener siempre la responsabilidad humana sobre los procesos. La IA puede ahorrar mucho tiempo, sí, pero también puede equivocarse con una seguridad aplastante. Y eso, en la Administración, no es un detalle menor.

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de España ya sitúa entre sus grandes ejes la expansión de la IA en el sector público y privado, junto a la ciberseguridad y el desarrollo de una IA transparente, responsable y humanística. Asturias intenta ahora aterrizar esa orientación general en su propia maquinaria administrativa.

La oportunidad y el riesgo

El Gobierno asturiano presenta esta estrategia como una palanca para modernizar servicios públicos, mejorar la competitividad del tejido productivo y avanzar hacia una Administración centrada en las personas. Es una aspiración razonable. La IA puede ser muy útil para una comunidad con retos evidentes: envejecimiento, dispersión territorial, necesidad de mejorar la eficiencia administrativa y obligación de competir por talento e inversión.

Pero el éxito dependerá menos de los discursos y más de la ejecución. Habrá que ver qué proyectos concretos se ponen en marcha, con qué presupuesto, con qué herramientas, con qué controles, con qué auditorías y con qué resultados medibles. Porque la palabra “inteligencia artificial” viste mucho en una rueda de prensa, pero lo importante es si el ciudadano nota que su trámite tarda menos, que le atienden mejor y que sus derechos siguen protegidos.

Una Administración más rápida, no menos humana

La gran promesa de la inteligencia artificial pública es que la Administración deje de ser lenta, opaca y pesada. La gran amenaza es que se vuelva automática, fría y difícil de corregir. Asturias quiere situarse justo en el punto intermedio: aprovechar la potencia de la tecnología, pero con vigilancia ética, normativa y social.

Ese es el verdadero sentido de la estrategia: no se trata de poner IA por poner IA, ni de convertir cada procedimiento en un experimento tecnológico. Se trata de usarla donde aporte valor real, con trazabilidad, transparencia y supervisión humana.

Si el Principado lo hace bien, la inteligencia artificial puede ayudar a que los servicios públicos sean más rápidos sin ser menos cercanos. Y esa es la prueba decisiva. Porque la mejor IA para la Administración no será la más espectacular, sino la que consiga que el ciudadano deje de perder tiempo, que el empleado público trabaje mejor y que nadie tenga que pelearse con una máquina para defender sus derechos.