El Principado rechaza adelantar indemnizaciones a las víctimas de la mina alegando “dudas legales”, mientras IU, sindicatos y oposición cuestionan que las nuevas ayudas no alcancen ni a todos los afectados ni a los supervivientes

La nueva línea de ayudas anunciada por el Gobierno del Principado para familias de trabajadores fallecidos en accidentes laborales ha desatado ya una intensa controversia política y social en Asturias. Apenas veinticuatro horas después de que el Ejecutivo autonómico avanzara que prepara compensaciones de entre 70.000 y 72.000 euros por unidad familiar, el debate se ha desplazado desde el gesto económico hacia una pregunta incómoda: quién queda fuera de esas ayudas y por qué.

Porque la medida, presentada por el portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, no cubriría en principio ni a los heridos graves de la explosión de la mina de Cerredo de 2025 ni tampoco a las víctimas mortales del accidente minero de 2022. Además, este mismo martes el Ejecutivo autonómico confirmó oficialmente que rechaza adelantar indemnizaciones específicas para Cerredo, alegando que existen “enormes dudas legales” sobre la fórmula planteada.

La decisión llega en pleno clima de tensión política por las consecuencias del accidente de la mina de Degaña, donde murieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos en una explosión que sigue bajo investigación judicial y parlamentaria. Lo que inicialmente se presentó como una medida “pionera” para reforzar la protección social frente a la siniestralidad laboral está derivando ahora en un complejo campo de batalla político y moral.

El Gobierno de Adrián Barbón sostiene que la nueva línea de ayudas pretende dar una respuesta estructural y general a todos los accidentes laborales mortales ocurridos en Asturias desde 2025. Según explicó Peláez, las ayudas serían compatibles con indemnizaciones, seguros o posibles compensaciones judiciales futuras y tendrían carácter retroactivo únicamente hasta ese año.

Pero precisamente ese límite temporal ha provocado nuevas críticas. Familias afectadas, sindicatos y partidos políticos recuerdan que el accidente de Cerredo no fue el único gran siniestro laboral reciente en Asturias y consideran difícil justificar que unas víctimas entren en el sistema y otras no. IU ya había advertido hace días de que cualquier línea de ayudas “no puede ofrecer respuestas parciales” ni establecer diferencias entre afectados por accidentes laborales graves.

La polémica ha crecido todavía más después de que el Ejecutivo rechazase formalmente la propuesta impulsada por la diputada Covadonga Tomé para anticipar indemnizaciones a las víctimas de Cerredo. El Gobierno asegura que esa vía genera inseguridad jurídica y problemas técnicos, pero desde distintos sectores se interpreta como un intento de evitar asumir responsabilidades políticas o patrimoniales antes de que concluyan las investigaciones.

Y ahí es donde la crisis vuelve a conectar directamente con la enorme herida abierta por Cerredo.

La tragedia minera continúa fracturando al propio bloque de izquierdas que sostiene al Ejecutivo asturiano. IU mantiene la presión sobre el PSOE para que se esclarezcan todas las responsabilidades políticas derivadas del funcionamiento del Servicio de Minas y de los controles sobre la explotación donde se produjo la explosión. La formación insiste en que las ayudas económicas son necesarias, pero advierte de que no pueden convertirse en un “cortafuegos político” que diluya posibles negligencias institucionales.

Mientras tanto, el PSOE intenta separar claramente el plano político del judicial. Guillermo Peláez volvió a insistir en que, a juicio del Ejecutivo, no se ha demostrado relación causal entre la Administración y la extracción clandestina de carbón con grisú que presuntamente realizaba la empresa explotadora. El Principado sostiene que la responsabilidad recae exclusivamente sobre la compañía y las condiciones en las que operaba la explotación.

Sin embargo, la oposición y parte de la izquierda asturiana creen que el debate ya no gira únicamente en torno a la empresa minera, sino sobre cómo pudo mantenerse una actividad presuntamente irregular bajo supervisión administrativa durante tanto tiempo.

En paralelo, sindicatos como UGT y CCOO siguen reclamando medidas mucho más ambiciosas contra la siniestralidad laboral en Asturias. Ambas organizaciones han exigido en las últimas semanas reforzar la prevención y endurecer las responsabilidades ante accidentes mortales, especialmente tras el impacto social generado por Cerredo.

El trasfondo del debate es demoledor: Asturias cerró el último año con 22 accidentes laborales mortales. Y aunque el Gobierno quiere convertir las nuevas ayudas en un símbolo de sensibilidad institucional, la discusión pública ya ha cambiado de tono. La gran pregunta que empieza a recorrer Asturias no es cuánto dinero recibirán las familias, sino si las ayudas llegan tarde, si dejan víctimas atrás y si pueden acabar funcionando como una especie de cierre político prematuro a una de las mayores crisis industriales y humanas vividas en la región en los últimos años.