El Principado aprueba una ley pionera que permitirá a los asturianos influir directamente en decisiones públicas mientras impulsa más de cuatro millones en mejoras para las carreteras del suroccidente

Asturias quiere que la ciudadanía deje de ser una mera espectadora de la política para convertirse en protagonista activa de las decisiones públicas. El Consejo de Gobierno del Principado aprobó este lunes el proyecto de Ley de Participación Ciudadana, una norma inédita en la comunidad que regulará por primera vez de manera integral mecanismos directos para que la población pueda intervenir en la elaboración de políticas públicas, impulsar iniciativas y participar en consultas sobre asuntos de interés general.

La ley, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, supone uno de los movimientos políticos más ambiciosos de los últimos años en materia democrática dentro del Principado. El Ejecutivo autonómico busca con esta norma abrir nuevas vías de relación entre la Administración y la sociedad civil en un momento en el que la desafección política y la sensación de distancia entre instituciones y ciudadanos se han convertido en una preocupación creciente.

El texto incorpora herramientas hasta ahora inéditas en Asturias y algunas especialmente llamativas. Entre ellas destacan las consultas ciudadanas no referendarias sobre asuntos de interés público, la creación de jurados y foros ciudadanos, la puesta en marcha de presupuestos participativos autonómicos o la posibilidad de promover iniciativas reglamentarias populares mediante la recogida de 4.000 firmas.

Es decir, el ciudadano no solo podrá opinar: también podrá impulsar propuestas concretas que obliguen a la Administración a posicionarse públicamente.

Participar desde los 16 años y también desde el extranjero

Uno de los aspectos más novedosos de la ley es la ampliación del derecho de participación. Podrán intervenir en los procesos regulados todas las personas mayores de 16 años residentes en Asturias, incluidas las extranjeras. También podrán hacerlo los asturianos que vivan fuera de la comunidad y las personas desplazadas temporalmente.

La norma intenta además evitar uno de los problemas clásicos de muchos procesos participativos: que todo termine siendo un mero trámite sin consecuencias reales. Para ello, obliga a la Administración autonómica a explicar públicamente los motivos cuando rechace propuestas planteadas por la ciudadanía e introduce incluso mecanismos de “silencio positivo” en determinados procedimientos impulsados desde la sociedad civil.

Una ley pensada también para el medio rural

El Principado ha querido poner especial énfasis en uno de los grandes desafíos asturianos: el equilibrio territorial.

Por eso, la ley incorpora el denominado “principio de garantía rural”, que obligará a desarrollar medidas específicas para facilitar la participación de quienes viven en concejos rurales o zonas con baja densidad de población. El objetivo es evitar que los procesos participativos queden monopolizados por las grandes ciudades y garantizar que la Asturias rural también tenga voz en las decisiones públicas.

En una comunidad marcada por el envejecimiento poblacional y la dispersión geográfica, este punto se considera estratégico dentro del nuevo modelo participativo.

Un Consejo de Participación y una gran plataforma digital

La futura ley también contempla la creación del Consejo de Participación Ciudadana, un órgano que actuará como espacio asesor, de supervisión y garantía de los derechos recogidos en la norma. Este organismo elaborará informes, recomendaciones y memorias anuales para evaluar cómo se están aplicando las políticas participativas.

Además, el Principado pondrá en marcha un Registro de Participación Ciudadana y una gran plataforma digital pública destinada a informar, debatir y realizar seguimiento de los distintos procesos abiertos.

La intención es construir un sistema permanente de participación y no limitar estas iniciativas a consultas puntuales o acciones simbólicas.

Más de 700 personas participaron en la elaboración de la ley

El Gobierno asturiano ha querido subrayar además el carácter colectivo con el que se ha diseñado el proyecto.

Desde octubre de 2024 se celebraron encuentros en todas las comarcas de Asturias con la participación de cerca de 700 personas pertenecientes a más de 400 asociaciones. La Universidad de Oviedo coordinó técnicamente este proceso, que acabó convirtiéndose en uno de los mayores ejercicios de participación previa realizados hasta ahora en el Principado.

El modelo recibió incluso reconocimiento internacional durante la IX Cumbre Global de Gobierno Abierto celebrada en Vitoria-Gasteiz en 2025, donde fue presentado como ejemplo de elaboración colaborativa de políticas públicas.

Más de cuatro millones para reforzar las carreteras del suroccidente

Junto a la aprobación de la ley, el Consejo de Gobierno autorizó también una inversión global de más de cuatro millones de euros para mejorar varias carreteras estratégicas del occidente asturiano, especialmente en el corredor del Narcea y la AS-11.

Una de las actuaciones más importantes será el acondicionamiento del tramo comprendido entre el túnel de Calabazos y Casares, dentro de la AS-15, con una inversión cercana a 1,85 millones de euros. Las obras permitirán renovar más de once kilómetros para reforzar la seguridad vial, el drenaje y la señalización.

A ello se suma otra actuación de más de 2,1 millones destinada a mejorar varios tramos de la AS-11 por el alto de La Garganta, incluyendo trabajos de renovación de firme, señalización y elementos de seguridad en más de doce kilómetros de vía.

Ambas actuaciones forman parte del programa específico de mejora de infraestructuras para el suroccidente asturiano, una de las zonas que históricamente más ha reclamado inversiones en comunicaciones.

Con estas decisiones, el Ejecutivo asturiano intenta lanzar un doble mensaje: más participación ciudadana en la toma de decisiones y más inversión en territorios que durante años han reclamado mayor atención institucional.