El consejero carga contra quienes han convertido el suroccidente en un “reguero de desolación y muerte”, reclama activar ya el ERTE de Mina Miura y abre la puerta a que Hunosa asuma explotaciones mineras para salvar empleo y territorio

La crisis minera del suroccidente asturiano ha vuelto a estallar con toda su crudeza en las carreteras de Asturias. Bajo la lluvia, el cansancio y la indignación acumulada durante meses, los trabajadores de Mina Miura continúan su marcha hacia Oviedo/Uviéu para exigir algo tan básico como cobrar los salarios que se les adeudan. Y este martes han encontrado un respaldo político de primer nivel: el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, se ha sumado a una de las etapas de la movilización junto al alcalde de Grado, José Luis Trabanco.

Pero Zapico no se ha limitado a acompañar a los mineros. Ha lanzado un durísimo mensaje contra quienes, a su juicio, han llevado al sector a una situación límite. “Donde antes había empleo digno y salarios decentes, hoy tenemos piratas al frente de explotaciones mineras que dejan impagos, desolación y muerte por todo el suroccidente”, denunció el consejero durante la marcha.

Las palabras no son menores. Llegan en un momento especialmente delicado para la minería asturiana, con una comarca exhausta tras años de cierres, promesas incumplidas y una transición energética que buena parte del territorio siente como una condena económica y social.

Más de 150 kilómetros para reclamar el sueldo

La movilización comenzó el pasado viernes en la campa de Tormaleo, en Ibias. Desde entonces, los trabajadores avanzan etapa tras etapa hasta la capital asturiana en una marcha de más de 150 kilómetros que finalizará previsiblemente este miércoles en Oviedo/Uviéu.

La imagen resulta demoledora para muchos vecinos del suroccidente: mineros recorriendo carreteras en pleno 2026 para exigir el cobro de nóminas atrasadas. Según explicó Zapico, la prioridad absoluta pasa por que la empresa abone “de inmediato” las 13 mensualidades pendientes.

El consejero también exigió a Mina Miura que registre cuanto antes el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), una medida que considera imprescindible para que el Principado pueda intervenir, supervisar la situación y ofrecer cierta cobertura a los trabajadores afectados.

“El Gobierno tiene la obligación de ponerse del lado de los trabajadores cuando se produce un conflicto así. No basta con mirar desde la distancia”, defendió.

El suroccidente, una herida abierta

La protesta de los mineros ha vuelto a colocar el foco sobre una realidad que en muchas localidades del suroccidente asturiano se vive casi como una emergencia silenciosa: pérdida de población, falta de oportunidades y desaparición progresiva de actividades históricas ligadas a la minería.

Zapico vinculó directamente esta situación con el modelo de transición energética desarrollado durante los últimos años. A su juicio, el proceso no ha sido equilibrado con territorios como el suroccidente ni con la clase trabajadora minera.

“El suroccidente no puede seguir siendo el territorio sacrificado”, advirtió.

El mensaje conecta con un sentimiento cada vez más extendido en muchas cuencas y municipios rurales asturianos, donde parte de la población considera que el cierre de explotaciones no vino acompañado de alternativas económicas reales ni de proyectos capaces de sustituir el empleo perdido.

Asturias quiere cerrar la puerta a los “falsos” proyectos de investigación

En paralelo al conflicto de Mina Miura, el Gobierno asturiano prepara cambios relevantes en la regulación minera. Zapico respaldó públicamente el anuncio realizado por el consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez, sobre la modificación de los llamados proyectos de investigación complementaria (PIC).

El objetivo es endurecer el control para impedir que algunas explotaciones utilicen esta figura como una vía encubierta para extraer mineral bajo apariencia de simples investigaciones técnicas.

“Si se autoriza una investigación, tiene que ser una investigación y nada más. No puede convertirse en un atajo para otra actividad”, señaló el consejero.

La medida busca responder a una polémica que lleva tiempo generando críticas en Asturias, especialmente entre colectivos sociales y sectores políticos que consideran que algunos PIC acabaron funcionando en la práctica como explotaciones mineras encubiertas.

Hunosa vuelve a escena

Uno de los mensajes más llamativos de la jornada llegó al abordar la posibilidad de que Hunosa pueda asumir explotaciones como la de Tormaleo.

La propuesta, defendida por el sindicato SOMA, no fue rechazada por Zapico. Todo lo contrario. El consejero se mostró favorable a reforzar el papel del sector público en actividades estratégicas y dejó claro que no tendría inconveniente en que Hunosa asumiera directamente determinadas explotaciones si eso sirve para garantizar empleo y actividad económica.

“La minería es estratégica. Que una explotación quede bajo control público encaja perfectamente con nuestra visión”, aseguró.

Sus palabras reabren un debate histórico en Asturias: hasta qué punto el sector público debe volver a intervenir de manera directa para evitar el hundimiento definitivo de determinadas comarcas mineras.

Porque detrás de la marcha de Tormaleo no solo hay nóminas impagadas. Hay también una sensación cada vez más extendida de abandono en una parte de Asturias que teme quedarse definitivamente atrás.