La ganadería de los horrores en el Oriente de Asturias: cuatro animales muertos, vacas famélicas y un matrimonio investigado por abandono animal

La ganadería de los horrores en el Oriente de Asturias: cuatro animales muertos, vacas famélicas y un matrimonio investigado por abandono animal

La Guardia Civil imputa a un hombre de 42 años y a su esposa, de 29, tras hallar dos vacas adultas y dos terneros muertos en una cuadra; el resto del ganado presentaba extrema delgadez, lesiones en la piel y falta de atención veterinaria

La alerta llegó por una vaca muerta, pero lo que encontró la Guardia Civil en aquella cuadra del Oriente de Asturias fue mucho peor: cuatro animales sin vida, reses en un estado de abandono extremo y una explotación ganadera convertida en el escenario de una investigación penal por presunto maltrato animal.

La actuación la inició a finales de marzo la PAPRONA de Panes, la Patrulla de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, después de tener conocimiento de que en una cuadra de un concejo oriental había una res muerta. Los agentes localizaron la explotación y comprobaron que no se trataba de un caso aislado: en el interior había dos vacas adultas muertas, legalmente registradas, y dos terneros también muertos que carecían de crotales de identificación.

El resto del ganado tampoco estaba en condiciones aceptables. Las vacas estabuladas presentaban acusada delgadez, deterioro físico y lesiones visibles en la piel, un cuadro que llevó a la Guardia Civil a solicitar la intervención de los servicios veterinarios de la Consejería de Medio Rural del Principado de Asturias. Los veterinarios inspeccionaron tanto el recinto como los animales y levantaron las correspondientes actas.

El propietario de la explotación, un vecino de la zona de 42 años, fue citado por los agentes en la propia cuadra. Según su versión, una de las vacas muertas pertenecía a su esposa, de 29 años, y habría fallecido tras parir a uno de los terneros, que murió dos días después. La otra vaca, de su propiedad, habría muerto por una pulmonía, mientras que el segundo ternero habría fallecido por diarrea.

La explicación no cerró el caso. Al contrario: abrió la vía penal. El propio ganadero reconoció que los animales no habían recibido atención veterinaria profesional. Aseguró que les había administrado medicamentos que conservaba de otras ocasiones, guiándose por su experiencia, porque —según declaró— no disponía de dinero para pagar los servicios sanitarios.

La Guardia Civil también citó como investigada a su esposa, propietaria de varios de los animales inspeccionados. A ambos se les atribuye un presunto delito de maltrato o abandono animal, tanto por la muerte de los animales sin asistencia veterinaria como por el estado de extrema delgadez y deterioro que presentaban las reses que seguían vivas.

El caso se mueve ahora en una frontera especialmente delicada: la de las explotaciones ganaderas con dificultades económicas, pero también con obligaciones legales claras. La falta de dinero puede explicar una situación de precariedad, pero no exime automáticamente de responsabilidad cuando hay animales bajo custodia, enfermos, sin atención veterinaria y con riesgo para su vida.

El Código Penal castiga el abandono de un animal vertebrado bajo responsabilidad de una persona cuando peligra su vida o integridad, con multa o trabajos en beneficio de la comunidad e inhabilitación para actividades relacionadas con animales. En los supuestos de lesiones que requieren tratamiento veterinario o de mayor gravedad, el reproche penal puede ser superior.

Además, aunque la Ley 7/2023 de bienestar animal distingue entre animales de compañía y animales de producción, estos últimos siguen sujetos a normativa específica sobre sanidad, explotación, transporte, sacrificio y cuidado en explotaciones ganaderas.

La escena investigada en el Oriente asturiano deja una imagen difícil de borrar: animales muertos dentro de una explotación, terneros sin identificación y vacas vivas en un estado físico extremo. Ahora serán las actas veterinarias, las diligencias de la Guardia Civil y la valoración judicial las que determinen hasta dónde llega la responsabilidad penal del matrimonio investigado.

Mientras tanto, el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para el medio rural: qué ocurre cuando una explotación deja de poder cuidar a sus animales y nadie interviene hasta que ya hay cadáveres en la cuadra.

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