El Principado llega a la reunión técnica de hoy con el rechazo preparado y una pregunta que puede decidir su voto: cuánto dinero aportará el fondo prometido para evitar que Asturias quede por debajo de la media. El borrador lo menciona, pero no lo cuantifica ni explica cómo se repartirá.

El fondo no ha desaparecido del documento, pero de momento solo existe sobre el papel. No tiene dotación, fórmula de reparto, duración ni garantías de continuidad. Y sin esos datos resulta imposible saber si la mejora ofrecida por Hacienda servirá realmente para corregir la posición de Asturias o se quedará en una declaración de intenciones.

Esa es la principal incógnita con la que la viceconsejera de Presupuestos y Financiación Autonómica, Mar García Salgado, acude este martes a Madrid. La reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación comenzará a las 11.00 horas en el Instituto de Estudios Fiscales, según la agenda oficial del Principado, y será el último gran examen técnico antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 29 de julio.

El Gobierno asturiano no cuestiona que la propuesta aporte más recursos. Lo que discute es cómo se distribuyen y qué posición ocupará el Principado una vez realizado el reparto. El Ministerio calcula que Asturias recibiría 248 millones adicionales en 2027. Pero los estudios disponibles advierten de que, pese a ganar dinero, la comunidad podría alejarse de la media de financiación por habitante ajustado.

Esa paradoja —más euros, pero peor posición— explica el rechazo.

Los 248 millones no cuentan toda la historia

El nuevo sistema diseñado inicialmente por María Jesús Montero y asumido ahora por el ministro Arcadi España movilizaría 20.975 millones adicionales en 2027. Las comunidades de régimen común pasarían a disponer de unos 224.507 millones, frente a lo que obtendrían si se prorrogase el modelo vigente.

Asturias recibiría 248 millones más. En términos absolutos, el mayor incremento correspondería a Andalucía, con 4.846 millones; seguida de Cataluña, con 4.686; la Comunidad Valenciana, con 3.669; Madrid, con 2.555, y Castilla-La Mancha, con 1.248 millones. Por debajo del Principado quedarían Extremadura, Cantabria y La Rioja, según la distribución presentada por Hacienda.

La comparación absoluta, sin embargo, está condicionada por el tamaño de cada territorio. Para saber quién mejora realmente es necesario analizar los recursos por habitante ajustado, es decir, teniendo en cuenta no solo la población, sino también sus necesidades sanitarias, educativas y sociales.

Y ahí la fotografía cambia.

Un análisis de Fedea, elaborado con datos homogéneos de 2023, calcula que Asturias pasaría de un índice de financiación relativa del 101,3 —ligeramente por encima de la media— al 95,3 con el nuevo modelo. Seis puntos menos. Cataluña, en cambio, avanzaría del 102,4 al 106,6; la Comunidad Valenciana, del 93 al 97,8, y Murcia, del 90,6 al 94,9.

El mismo estudio estima una mejora de 122 euros por habitante ajustado para Asturias, frente a los 507 de Cataluña, los 496 de la Comunidad Valenciana, los 468 de Murcia, los 450 de Baleares o los 409 de Madrid. Las cifras utilizan el año base 2023 y, por tanto, no son directamente equivalentes a los 248 millones proyectados para 2027, pero permiten comparar el efecto relativo de la reforma. El resultado completo aparece en el informe de Fedea.

Según esa simulación, nueve de las quince comunidades de régimen común perderían posición relativa. Asturias sería una de las más perjudicadas, junto con Galicia, Castilla y León, Cantabria y La Rioja.

El fondo que debía corregir el problema aparece sin dinero

Durante la reunión bilateral celebrada el 24 de junio, Hacienda ofreció crear un fondo adicional para garantizar que ninguna comunidad quedase por debajo de la media por habitante ajustado. Asturias valoró el gesto, pero advirtió de que necesitaba conocer la cuantía y las condiciones.

El borrador remitido ahora mantiene la referencia al fondo, aunque no fija su dotación. Tampoco aclara si será permanente, si se actualizará cada año, qué comunidades podrán beneficiarse ni qué variable se empleará para calcular la compensación.

La ausencia de cifra no es un detalle menor. Si Asturias queda en el 95,3 % de la media, el fondo debe cubrir una distancia considerable. Estimaciones elaboradas a partir de los datos disponibles sitúan la corrección necesaria en el entorno de los 193 millones. Sumados a los 248 ya anunciados, la mejora total debería aproximarse a los 440 millones para colocar al Principado alrededor de la media.

El Ejecutivo asturiano teme que el fondo termine siendo una aportación limitada, temporal o repartida entre numerosas comunidades, sin capacidad suficiente para cerrar la brecha.

También reclama distinguir este instrumento de otros mecanismos que ya figuraban en la propuesta de enero. Hacienda había planteado un tramo adicional de 3.300 millones en el Fondo de Compensación Interterritorial para comunidades en situación de statu quo o por debajo de la media, además de otro mecanismo destinado a financiar competencias no homogéneas. La garantía ofrecida posteriormente a Asturias pretende ir más lejos: asegurar que el resultado final no deje a ningún territorio por debajo del promedio.

El problema es que el borrador no permite comprobar si ese compromiso se cumplirá.

Por qué Asturias considera insuficiente la nueva «población ajustada»

La población ajustada es el corazón del sistema. No se limita a contar habitantes: intenta calcular cuánto cuesta prestar sanidad, educación y servicios sociales en cada territorio.

La propuesta de Hacienda concede un peso del 30 % a la población empadronada; un 38 % a las necesidades sanitarias; un 20,5 % a la educación; un 8,5 % a los servicios sociales y el desempleo sin prestación, y un 3 % a los factores territoriales.

Dentro de ese último bloque, la superficie representa el 1,6 %; la dispersión, el 0,5 %; la insularidad, otro 0,5 %, y los costes fijos derivados de la escasa población, el 0,4 %. La orografía no aparece como variable específica. La estructura completa puede consultarse en la propuesta oficial del Ministerio.

Para Asturias, esos porcentajes siguen sin reflejar el coste real de mantener hospitales, centros de salud, colegios, residencias, servicios de dependencia y transporte público en una comunidad envejecida, con población dispersa y una geografía compleja.

Hacienda ha mejorado el cálculo sanitario al pasar de siete a veinte grupos de edad y ha separado a las personas de 65 a 79 años de las mayores de 80 para estimar los servicios sociales. El Principado reconoce el avance, pero considera que el peso asignado continúa siendo insuficiente.

Su argumento es sencillo: atender a 100.000 personas mayores no cuesta lo mismo que atender a 100.000 jóvenes; tampoco cuesta lo mismo mantener un centro de salud en una ciudad que garantizar asistencia en decenas de núcleos rurales separados por carreteras de montaña.

Asturias registró en 2024 un gasto sanitario público aproximado de 2.322 euros por habitante, el segundo más elevado de España después del País Vasco. Ese desembolso no demuestra por sí solo cuál debería ser la financiación —también depende de las decisiones presupuestarias de cada gobierno—, pero refleja la presión que el envejecimiento ejerce sobre las cuentas regionales.

La posición asturiana no nació con el pacto entre PSOE y ERC

El rechazo del Principado no se ha improvisado en los últimos meses. Su hoja de ruta procede del acuerdo alcanzado en la Junta General en 2020, respaldado por todos los grupos salvo Vox, y de la Declaración de Santiago suscrita en 2021 por Asturias, Galicia, Castilla y León, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria.

Esas comunidades reclamaron que el nuevo sistema reconociera expresamente el envejecimiento, la dispersión, la baja densidad de población, la orografía y los costes de la dependencia. También defendieron que el reparto se basase en el coste efectivo de los servicios y no principalmente en la capacidad fiscal de cada territorio.

La declaración sigue siendo la referencia oficial del Gobierno de Adrián Barbón. El pasado 8 de julio, la Mesa de Financiación asturiana volvió a respaldar esa posición y acordó votar en contra si Hacienda no modifica sustancialmente el modelo. El Ejecutivo regional ha formalizado sus condiciones en la posición común del Principado.

El conflicto tiene además una dimensión política incómoda: el Gobierno asturiano y el Ejecutivo central están dirigidos por el PSOE. Peláez insiste, sin embargo, en que la coincidencia de siglas no puede condicionar el voto.

No es la primera fricción entre ambas administraciones. El peaje del Huerna, las inversiones ferroviarias o la ejecución de determinadas infraestructuras ya han provocado enfrentamientos. Pero la financiación autonómica tiene una dimensión mucho mayor: condicionará durante años los recursos disponibles para sanidad, educación y dependencia.

Hacienda sostiene que Asturias sí sale beneficiada

El Ministerio defiende una interpretación distinta. Sus técnicos consideran que Asturias y Castilla y León figuran entre las comunidades favorecidas por la nueva definición de población ajustada, especialmente por la estratificación sanitaria por edades y el reconocimiento de determinados costes fijos.

Hacienda también subraya que ninguna comunidad perdería dinero respecto a la evolución del modelo vigente gracias a la garantía de statu quo. Además, calcula que la distancia entre el territorio mejor y peor financiado se reduciría de unos 1.500 a 477 euros por habitante ajustado antes de aplicar las compensaciones finales.

El incremento del dinero disponible procedería, principalmente, de elevar la cesión autonómica del IRPF del 50 % al 55 % y la del IVA del 50 % al 56,5 %. También se incorporaría un fondo climático de 1.000 millones, aunque dos terceras partes quedarían reservadas para las comunidades del litoral mediterráneo.

Algunos economistas valoran que la reforma reduzca la enorme dispersión del sistema actual y mejore a territorios históricamente infrafinanciados como la Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía. Funcas considera positiva esa reducción de diferencias, aunque advierte de que el diseño sigue condicionado por la política y por la dificultad de conciliar intereses territoriales contrapuestos.

La discrepancia asturiana no consiste, por tanto, en negar que el modelo distribuya más dinero. Su objeción es que la inyección general de recursos oculta cambios importantes en la posición relativa de cada comunidad.

El origen catalán sigue pesando sobre la negociación

La propuesta nació del acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y ERC para mejorar la financiación catalana. Posteriormente, Hacienda extendió el modelo al conjunto de comunidades de régimen común y niega que incorpore privilegios territoriales.

Cataluña obtendría 4.686 millones adicionales y mejoraría notablemente su posición relativa. La Generalitat sostiene que el sistema respeta por primera vez la ordinalidad: que una comunidad no caiga muy por debajo de su posición inicial después de aportar a la solidaridad común.

El resto de autonomías, incluidas Asturias y Castilla-La Mancha, ambas gobernadas por el PSOE, rechazan que un modelo multilateral se haya construido a partir de una negociación bilateral. Las comunidades del PP se negaron inicialmente a participar en las reuniones individuales convocadas por Hacienda y exigieron que todo el debate se desarrollase en el CPFF.

Asturias sí acudió a la bilateral del 24 de junio. Peláez defendió que renunciar a sentarse habría dejado al Principado sin posibilidad de plantear sus reivindicaciones. Al mismo tiempo, reprochó a las comunidades populares que abandonaran en la práctica la estrategia común de la Declaración de Santiago.

Hacienda puede ganar el CPFF, pero no tiene asegurado el Congreso

El Gobierno cuenta con una ventaja decisiva en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El reglamento establece que el ministro dispone del mismo número de votos que todas las comunidades y ciudades autónomas juntas. Cada territorio tiene un voto.

La primera votación requiere una mayoría de dos tercios. Si no se alcanza, puede celebrarse una segunda en un plazo máximo de diez días, en la que basta la mayoría absoluta. Con el voto del Ministerio y el respaldo de Cataluña, la propuesta puede superar el trámite aunque Asturias y la mayoría de las comunidades se pronuncien en contra. Así lo establece el Reglamento del CPFF.

Pero el Consejo solo formula una recomendación. Después del verano, el texto deberá pasar por el Consejo de Ministros y convertirse en un proyecto legislativo. La reforma de la LOFCA exige mayoría absoluta en el Congreso, un respaldo que el Ejecutivo no tiene garantizado.

Junts ha manifestado su oposición porque reclama un sistema más próximo al concierto económico. ERC podría retirar su apoyo si las modificaciones introducidas para convencer a otras comunidades reducen el beneficio asignado a Cataluña. Y el PP rechaza el origen y la arquitectura de la propuesta.

Por eso el Gobierno puede ganar el 29 de julio y, aun así, no conseguir que el modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027.

Las preguntas que Asturias lleva hoy a Madrid

La delegación asturiana llega a la reunión técnica con una lista muy concreta de cuestiones:

• Qué dotación tendrá el fondo complementario prometido.
• Si garantizará realmente que Asturias alcance, como mínimo, la media por habitante ajustado.
• Qué comunidades podrán recibirlo y con qué fórmula se distribuirá.
• Si será permanente o desaparecerá después de los primeros años.
• Cómo evolucionará su cuantía cuando aumente la recaudación o cambie la población.
• Por qué la dispersión solo pesa un 0,5 % y la orografía no figura como variable independiente.
• Cómo se han calculado exactamente los 248 millones asignados al Principado.
• Qué impacto tendrá el fondo climático, cuyo diseño favorece especialmente al arco mediterráneo.
• Y cómo se evitará que la mayor capacidad tributaria de determinados territorios termine condicionando el resultado final más que el coste efectivo de los servicios.

El Principado no espera cerrar hoy un acuerdo político. La reunión servirá para aclarar la metodología, detectar cambios posibles y comprobar si la voluntad negociadora proclamada por Hacienda se traduce en cifras.

Hasta ahora, el borrador mantiene esencialmente la propuesta presentada en enero. El Gobierno ofrece diálogo, pero no ha puesto dinero a la mejora adicional prometida a Asturias.

Y sin una cifra detrás, el fondo que debía acercar al Principado al sí se ha convertido en el principal motivo para mantener el no.