El censo exterior alcanza las 138.944 personas, gana casi 17.000 inscritos desde la entrada en vigor de la llamada «ley de nietos» y ya supera al censo residente en seis concejos. La oleada aún no ha terminado: miles de expedientes de nacionalidad continúan pendientes de resolución

Asturias tiene hoy dos mapas electorales. Uno se extiende entre el Eo y el Deva y reúne a 832.234 ciudadanos con derecho a voto que residen en el Principado. El otro está disperso por medio mundo, principalmente por Argentina, México y Cuba, y ya suma 138.944 electores.

En otras palabras, uno de cada siete asturianos llamados a las urnas vive en el extranjero. Por cada seis electores residentes en Asturias hay ya otro censado fuera de España. Ninguna comunidad autónoma, salvo Galicia, soporta un peso semejante de su diáspora dentro del censo electoral.

La magnitud del fenómeno va mucho más allá de una curiosidad estadística. Asturias está perdiendo electores dentro de su territorio mientras los gana a miles fuera de sus fronteras. Y esa transformación puede terminar alterando campañas, estrategias de los partidos e incluso el reparto de escaños en unas elecciones ajustadas.

Casi 17.000 nuevos electores desde la «ley de nietos»

La llamada «ley de nietos», incluida en la Ley de Memoria Democrática, entró en vigor en octubre de 2022. Desde entonces, el Censo Electoral de Residentes Ausentes —el conocido CERA— vinculado a Asturias ha incorporado 16.839 personas, un crecimiento cercano al 14%.

Durante ese mismo periodo, el censo de residentes en el Principado perdió 7.195 electores. La fotografía es elocuente: mientras la Asturias interior mengua, envejece y pierde población electoral, la Asturias exterior crece a una velocidad desconocida.

La aceleración se ha hecho especialmente visible durante el último año. Entre enero de 2025 y enero de 2026 se incorporaron 6.415 electores al CERA asturiano, un aumento del 4,84%. Si se amplía la comparación hasta junio de 2024, el salto es todavía más llamativo: el censo exterior ha pasado de 126.061 a 138.944 inscritos, casi 13.000 más.

La coincidencia temporal con la Ley de Memoria Democrática es evidente, pero conviene introducir una cautela fundamental: no todas las nuevas altas pueden atribuirse automáticamente a esa norma. El Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero también crece por nacimientos, emigraciones recientes, inscripciones omitidas anteriormente y otras vías de nacionalización. El propio Instituto Nacional de Estadística advierte de que sus datos no permiten separar las causas concretas de cada incremento.

Lo que sí puede afirmarse es que la ley ha llegado en el momento exacto en que el crecimiento de la diáspora asturiana se intensificaba, y que el perfil de buena parte de los nuevos inscritos encaja plenamente con sus potenciales beneficiarios.

El plazo terminó, pero el censo puede seguir aumentando durante años

La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática permitió optar a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles que habían perdido o renunciado a ella como consecuencia del exilio. También incluyó a los hijos nacidos fuera de España de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978 y a los hijos mayores de edad de personas nacionalizadas mediante esta ley o la Ley de Memoria Histórica de 2007.

El periodo para iniciar los trámites terminó el 22 de octubre de 2025, pero eso no significa que el impacto estadístico haya concluido. Una instrucción publicada en 2024 estableció que quienes hubieran pedido cita dentro del plazo podrían presentar la documentación después, aunque el consulado no pudiera atenderlos a tiempo.

Ese detalle administrativo resulta decisivo: miles de personas pueden obtener todavía la nacionalidad, inscribirse en el Registro de Matrícula Consular y entrar después en el CERA. La ola no se detuvo al cerrarse la ventanilla; simplemente pasó a la fase de resolución de expedientes.

En toda España se habían presentado alrededor de 2,4 millones de solicitudes. A 31 de marzo de 2026, el Gobierno contabilizaba 544.000 expedientes aprobados y unas 306.000 personas incorporadas ya al registro de electores. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, calcula que en el verano de 2027 podría haber aproximadamente medio millón de nuevos nacionalizados con derecho a voto, aunque la tramitación completa tardará años.

Casi la mitad de las solicitudes se ha presentado en Argentina, uno de los grandes centros históricos de la emigración asturiana. Por eso Asturias figura entre las comunidades donde el efecto potencial de la ley resulta más visible.

Una diáspora formada mayoritariamente por hijos y nietos

El Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero recogía en 2025 un total de 148.551 personas inscritas con vinculación administrativa a Asturias, frente a las 131.481 contabilizadas en 2018. Son 17.070 más en siete años, un crecimiento del 13%.

La clave está en su lugar de nacimiento. Solo 26.872 habían nacido en Asturias. Otras 2.187 procedían de diferentes provincias españolas y 119.492 habían nacido fuera de España. Es decir, más del 80% de la colectividad exterior vinculada al Principado está compuesta por generaciones nacidas ya en otros países.

La tendencia asturiana coincide con la evolución nacional. A comienzos de 2026, España tenía 3.202.002 ciudadanos residiendo en el extranjero, un 5,1% más que un año antes. El 73,1% había nacido fuera del país y cuatro de cada cinco nuevas inscripciones realizadas durante 2025 correspondieron a personas nacidas en el extranjero.

Esto desmonta la vieja imagen de la diáspora como una comunidad compuesta únicamente por asturianos que emigraron durante el siglo pasado. La mayor parte de esa población es ya descendiente de segunda o tercera generación: ciudadanos nacidos en Buenos Aires, Ciudad de México, La Habana, Caracas o Miami que mantienen una vinculación jurídica y familiar con el concejo del que salieron sus padres, abuelos o bisabuelos.

Argentina, México y Cuba concentran el corazón exterior de Asturias

Argentina continúa encabezando el mapa de la asturianía exterior, con 35.807 inscritos en el PERE vinculados al Principado. Le siguen México, con 26.975, y Cuba, con 17.546. Entre los tres países reúnen más de 80.000 personas, alrededor del 54% de toda la colectividad asturiana en el extranjero.

En conjunto, América concentra aproximadamente el 77,5% de la diáspora, frente a poco más del 20% asentado en Europa. El peso americano no solo responde a la emigración histórica: durante los últimos años también se ha registrado un crecimiento considerable de las nacionalizaciones y de los movimientos de retorno desde esos países.

Cuba constituye el caso más llamativo. El número de personas con nacionalidad española que llegaron a Asturias desde la isla pasó de 175 en 2021 a 537 en 2024. En ese último año, las llegadas desde Cuba superaron ampliamente a las procedentes de Argentina, México, Estados Unidos o Francia.

Seis concejos tienen ya más electores fuera que dentro

El desequilibrio alcanza proporciones extraordinarias en varios municipios rurales. En seis concejos hay ya más electores censados en el extranjero que residentes con derecho a voto dentro de su territorio.

El caso más extremo es Pesoz, con 206 electores en el CERA frente a 126 residentes. El 62% de su censo está fuera de España. Le siguen Allande, con 2.132 electores exteriores y 1.322 interiores; Peñamellera Alta, con 704 frente a 441; Ponga, con 726 frente a 498; Cabranes, con 967 frente a 863, y San Martín de Oscos, con 313 frente a 283.

La imagen es impactante: hay concejos cuya comunidad electoral es mayor en América y Europa que en las aldeas, villas y parroquias del propio municipio.

Pero existe una precisión jurídica importante. Los inscritos en el CERA pueden participar en elecciones generales, autonómicas, europeas y referendos, pero no votan en las elecciones municipales. Por tanto, esa mayoría exterior no elige alcaldes ni corporaciones locales, aunque sí influye en la representación de Asturias en la Junta General y en el Congreso. La exclusión del voto CERA en los comicios municipales se introdujo con la reforma electoral de 2011.

Un gigante electoral que todavía apenas vota

El enorme tamaño del censo exterior contrasta con su escasa participación. En las elecciones autonómicas de mayo de 2023 solo votaron 7.329 residentes en el extranjero, aproximadamente un 5,9% de los llamados a las urnas.

La causa principal de esta desconexión se encuentra en el denominado voto rogado, implantado en 2011. Durante más de una década, los españoles residentes fuera debían solicitar expresamente la documentación electoral antes de cada convocatoria, superar plazos muy ajustados y confiar en sistemas postales internacionales que con frecuencia entregaban las papeletas demasiado tarde.

La participación exterior se desplomó. La reforma de 2022 eliminó esa solicitud previa y recuperó el envío automático de la documentación, aunque siguen existiendo problemas de plazos, actualización de domicilios, distancia hasta los consulados e información insuficiente.

En las elecciones generales de julio de 2023, ya sin voto rogado, participaron 8.766 de los 123.430 electores asturianos residentes en el extranjero: un 7,1%. El PP fue entonces la fuerza más votada, con 3.231 papeletas, seguido del PSOE, con 2.762. Vox obtuvo 1.161 votos y Sumar, 1.020.

Los resultados muestran por qué resulta arriesgado dar por hecho a quién beneficiarán las nuevas nacionalizaciones. El voto exterior no constituye un bloque ideológico uniforme y ha cambiado profundamente con el tiempo, en función de los países de residencia, las generaciones y el tipo de elección.

Asturias ya sabe que unos cientos de votos pueden decidir un escaño

La posibilidad de que el voto exterior altere un resultado no es una hipótesis académica. Asturias ya vivió uno de los episodios más tensos de la historia electoral española después de las autonómicas de marzo de 2012.

El escrutinio del CERA en la circunscripción occidental concedió al PSOE un escaño decisivo. Foro Asturias recurrió el resultado por las irregularidades detectadas en la recepción de una parte de las papeletas. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló el recuento de la mesa exterior y ordenó repetir la votación, pero el Tribunal Constitucional revocó esa decisión y restituyó el diputado socialista.

El fallo sostuvo que existían garantías estadísticas suficientes para concluir que los votos discutidos no habrían cambiado el resultado final. El litigio mantuvo durante semanas en el aire el escaño número 45 de la Junta General y condicionó la formación del Gobierno autonómico.

Aquel episodio demuestra que no es necesario que participe toda la diáspora para alterar el mapa político. En circunscripciones pequeñas, donde el último diputado puede decidirse por unos centenares de papeletas, una variación modesta de la participación exterior basta para inclinar la balanza.

Una batalla política que apenas acaba de comenzar

El crecimiento del censo ha irrumpido ya en la confrontación política nacional. El PP reclama datos detallados sobre solicitudes, aprobaciones, denegaciones y garantías documentales, y ha pedido la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores. Vox ha exigido suspender el voto por correo desde el extranjero y revisar el procedimiento de nacionalización.

El Gobierno rechaza que exista una operación de «ingeniería electoral», defiende que los expedientes son validados por funcionarios públicos y recuerda que nadie puede anticipar qué partido votará cada nuevo ciudadano. A 31 de marzo, solo una parte de los 2,4 millones de solicitantes había obtenido la nacionalidad y una cifra todavía menor figuraba en el censo.

También es engañoso sostener que una persona nacionalizada puede escoger libremente la provincia donde votar. Al inscribirse en el Registro de Matrícula Consular debe declarar un municipio de referencia electoral vinculado a su último domicilio en España o a su relación familiar y documental con el país. Ese dato es el que determina su adscripción al CERA provincial.

De electores en el exterior a posibles nuevos vecinos

El fenómeno no termina en las urnas. Asturias intenta convertir una parte de esa diáspora en población residente, trabajadores y familias que contribuyan a frenar el declive demográfico.

El Gobierno del Principado ha modificado en 2026 sus ayudas para facilitar el regreso de hijos y nietos de emigrantes. Hasta ahora se exigía haber residido al menos cuatro años en el extranjero siendo ya ciudadano español, una condición que dejaba fuera a muchos descendientes recién nacionalizados. Desde este año basta con disponer de la nacionalidad en el momento de solicitar la ayuda.

La convocatoria está dotada con 500.000 euros y contempla aportaciones de hasta 6.000 euros para cubrir gastos de instalación y situaciones de necesidad derivadas del retorno.

En 2024, el Principado concedió 80 ayudas que beneficiaron a 150 personas, casi el doble que el año anterior. Ese mismo ejercicio, el retorno formal de españoles inscritos previamente en el extranjero alcanzó las 1.483 personas, el dato más alto de la serie analizada.

La cuestión decisiva para Asturias será si la nacionalidad se limita a reforzar un vínculo emocional y electoral o termina convirtiéndose también en una vía de regreso. Porque detrás de los 138.944 electores del exterior no solo hay votos. Hay profesionales, familias, redes empresariales y descendientes que, en algunos casos, contemplan instalarse en la tierra de sus antepasados.

La «otra Asturias» ya no es únicamente el recuerdo de quienes se marcharon. Es una comunidad creciente, nacida mayoritariamente fuera de España, que puede influir en las próximas elecciones y participar en el futuro demográfico del Principado. El censo confirma que cada año es más numerosa. Falta por saber si también será más activa.