El Principado solicita la suspensión cautelar del Plan de cierre de las minas de Carbón

El Principado solicita la suspensión cautelar del Plan de cierre de las minas de Carbón

El documento podría incurrir en una violación competencial al no haberse adoptado en coordinación con las comunidades autónomas afectadas

 

  • El Gobierno regional reclama su participación activa en el diseño para la reestructuración del sector

 

(Oviedo).- El Principado ha solicitado al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la suspensión cautelar del Plan de Cierre de las Unidades de Producción Española de Carbón al considerar que puede suponer una violación competencial ya que no se tramitó en coordinación con las comunidades autónomas afectadas. La Consejería de Economía y Empleo ha remitido hoy una carta al Secretario de Estado de Energía, Fabrizio Hernández Pampaloni, en la que reclama la remisión oficial, con la mayor urgencia posible, del citado plan.

 

El Plan de Cierre afecta, por su trascendencia, no sólo a la planificación y objetivos marcados por la política económica general del Estado, sino a la competencia ejecutiva que se deriva del Art. 12.7 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, sin perjuicio de otras competencias autonómicas.

 

El acuerdo para la redacción y el envío, como acto administrativo, debería haber sido adoptado y remitido a la Comisión Europea en coordinación con la Comunidad Autónoma afectada, existiendo diferentes mecanismos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que hubieran  podido utilizarse para tal fin. Por este motivo, el Principado requiere la suspensión cautelar del documento en tanto nuestra Comunidad Autónoma no se pronuncie al respecto, para lo que valorará tanto la dimensión como las características de un sector minero que está atravesando una dura reconversión. En Asturias, el carbón da trabajo directo a 3.800 personas, a las que se suman las beneficiadas por el empleo indirecto.

 

Asimismo, solicita que la Secretaría de Estado de Energía mantenga informado al Principado de aquellas actuaciones que puedan afectar al sector de la minería de nuestra Comunidad Autónoma.

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