El Principado presenta hoy el nuevo modelo de coordinación para mayores, dependientes, enfermos crónicos, personas con discapacidad y pacientes de salud mental. Su credibilidad dependerá del presupuesto, las plantillas y los plazos concretos que acompañen a las medidas
El Gobierno de Asturias ha presentado este miércoles el II Plan Sociosanitario del Principado, llamado a ordenar la coordinación entre hospitales, centros de salud, servicios sociales municipales, residencias, ayuda a domicilio, salud mental y cuidados de larga duración.
La presentación estaba convocada a las nueve de la mañana en Oviedo y reunió a responsables de las consejerías de Salud y Derechos Sociales, del Servicio de Salud del Principado, del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias y de las áreas responsables de salud mental, mayores, autonomía personal e innovación social.
El despliegue institucional demuestra la amplitud del problema que se pretende abordar. Sin embargo, la utilidad del nuevo plan no podrá medirse por el número de departamentos implicados ni por la cantidad de objetivos incluidos en el documento.
La pregunta decisiva es mucho más sencilla:
¿Qué ocurrirá a partir de ahora cuando una persona reciba el alta hospitalaria, pero no pueda regresar sola a su domicilio?
De la respuesta dependerá que el II Plan Sociosanitario sea una transformación real o se quede en otro documento de buenas intenciones.
El problema comienza cuando termina el tratamiento médico
Imaginemos a una mujer de 84 años ingresada tras una fractura de cadera. El hospital considera que ya no necesita permanecer en una cama de agudos, pero la paciente todavía no puede caminar sola, asearse, cocinar ni permanecer sin supervisión.
Desde el punto de vista sanitario puede recibir el alta.
Desde el punto de vista social, quizá necesite ayuda domiciliaria, rehabilitación, teleasistencia, adaptación de la vivienda, un centro de día, una estancia temporal en una residencia o una plaza permanente.
El problema aparece cuando cada una de esas respuestas depende de una administración, un profesional, un expediente y un plazo diferente.
El médico puede decidir el alta, pero no conceder una plaza residencial. El trabajador social sanitario puede detectar la necesidad, pero no resolver inmediatamente una prestación de dependencia. Los servicios sociales municipales pueden iniciar la intervención, pero quizá no dispongan de atención durante la noche o el fin de semana. Y la familia termina cubriendo el vacío mientras espera una solución.
Ese espacio entre el hospital y los servicios sociales es precisamente el que debe ordenar un plan sociosanitario.
No se trata de crear un tercer sistema
El primer Plan Sociosanitario de Asturias, aprobado en febrero de 2019 y vigente inicialmente hasta 2021, ya advertía de que la atención sociosanitaria no debía convertirse en una nueva administración separada.
Su objetivo consistía en coordinar los dos sistemas existentes —el sanitario y el social— para garantizar una atención continuada a las personas que necesitan simultánea o sucesivamente servicios de ambos ámbitos. Estaba dirigido especialmente a mayores, personas con enfermedades crónicas, problemas de salud mental o discapacidad.
El planteamiento era lógico: la persona es una, aunque sus necesidades aparezcan repartidas entre dos consejerías.
Sin embargo, los problemas de coordinación no se resuelven únicamente creando comisiones, protocolos o reuniones entre departamentos. Para que el sistema funcione, alguien debe asumir la responsabilidad de acompañar cada caso y disponer de recursos suficientes para hacerlo.
La primera prueba: quién coordinará cada caso
Una de las claves del nuevo plan será comprobar si establece una figura profesional claramente responsable de cada paciente complejo.
Cuando una persona necesita atención médica, ayuda domiciliaria y seguimiento social, la familia no debería convertirse en la mensajera entre el hospital, el centro de salud, el ayuntamiento y la residencia.
El sistema necesita identificar quién coordina el proceso, quién comprueba que se cumplen las actuaciones y a quién puede dirigirse la familia cuando alguna parte falla.
Asturias ya dispone de estructuras de coordinación sociosanitaria y de profesionales de enfermería que trabajan como enlace entre Atención Primaria, residencias y otros servicios. El propio Principado ha destacado que estas coordinadoras deben facilitar la continuidad de los cuidados cuando una persona necesita prestaciones sanitarias y sociales de forma simultánea o sucesiva.
El II Plan deberá aclarar si estas figuras se amplían, con cuántos profesionales, en qué territorios y con qué capacidad real de intervención.
La segunda prueba: qué ocurre durante las primeras 48 horas
El momento más delicado suele producirse inmediatamente después del alta.
Una persona puede pasar en pocas horas de estar atendida permanentemente en un hospital a depender casi por completo de su familia. Si la ayuda domiciliaria tarda semanas, la valoración de dependencia meses o la plaza residencial no está disponible, el plan habrá fracasado precisamente cuando más se necesita.
El nuevo documento debería fijar un procedimiento específico para las altas hospitalarias complejas:
- valoración social antes de abandonar el hospital;
- plan de cuidados compartido con Atención Primaria;
- contacto previo con los servicios sociales municipales;
- suministro de material ortoprotésico y medicación;
- seguimiento domiciliario en las primeras horas;
- y solución provisional cuando el domicilio no sea seguro.
El indicador verdaderamente útil no será cuántas reuniones se celebran, sino cuántas personas reciben el alta con todos esos apoyos ya activados.
La tercera prueba: noches, fines de semana y festivos
La enfermedad y la dependencia no funcionan con horario administrativo.
Una persona puede descompensarse un sábado por la noche. Un cuidador puede sufrir una urgencia. Un paciente con demencia puede presentar una crisis conductual. Una persona con enfermedad mental grave puede dejar de tomar la medicación o quedar sola en su vivienda.
En esos momentos, la respuesta habitual no puede limitarse a llamar al 112 o acudir a las urgencias hospitalarias.
El II Plan Sociosanitario tendrá que precisar si prevé equipos de intervención fuera del horario ordinario, atención domiciliaria nocturna, apoyo urgente a cuidadores, plazas residenciales temporales o mecanismos de respuesta durante fines de semana y festivos.
Sin esa cobertura, gran parte de las situaciones complejas terminarán llegando a las urgencias, aunque su origen sea principalmente social.
La cuarta prueba: que Salud y Servicios Sociales compartan información
El primer plan ya situaba entre sus prioridades el desarrollo de sistemas compartidos de información.
La evaluación posterior reconoció avances en la Historia Social Única Electrónica y en la integración de los sistemas, pero señalaba que ese trabajo debía continuar en el segundo plan.
Desde entonces, el Sespa también ha avanzado en la homogeneización de las valoraciones realizadas por los trabajadores sociales de los centros de salud y de los hospitales.
La cuestión ahora es saber hasta dónde llegará la interoperabilidad.
Un médico de familia no necesita acceder indiscriminadamente a todo el expediente social de una persona, ni un trabajador social a toda su historia clínica. Pero ambos deben poder consultar, con las garantías legales necesarias, aquella información imprescindible para coordinar la atención.
El nuevo plan debería explicar:
- qué información se compartirá;
- entre qué profesionales;
- con qué consentimiento;
- mediante qué aplicación;
- y en qué fecha estará disponible en toda Asturias.
Mientras los sistemas no se comuniquen, los ciudadanos seguirán repitiendo su historia en cada ventanilla y aportando documentos que otra parte de la propia Administración ya posee.
Residencias: mucho más que enviar un médico
La coordinación sociosanitaria será especialmente importante en las residencias de mayores.
Los centros residenciales no son hospitales, pero alojan a personas con enfermedades crónicas, dependencia elevada, deterioro cognitivo, polimedicación y frecuentes necesidades asistenciales.
El objetivo no puede reducirse a decidir qué profesional atiende una urgencia. Debe incluir prevención, seguimiento de enfermedades crónicas, revisión de medicamentos, rehabilitación, cuidados paliativos, salud mental, atención bucodental y coordinación con los hospitales.
La nueva organización del Sespa ya contempla direcciones de Gestión de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria en cada una de las tres áreas sanitarias surgidas del nuevo mapa territorial.
El plan tendrá que explicar cómo se conectarán esas estructuras con las residencias públicas, concertadas y privadas, y si todas ellas recibirán una cobertura equivalente con independencia del concejo donde se encuentren.
Salud mental, discapacidad y sinhogarismo
Aunque suele asociarse principalmente a las personas mayores, la atención sociosanitaria afecta a colectivos muy diferentes.
Una persona con un trastorno mental grave puede necesitar tratamiento médico, apoyo para mantener una vivienda, supervisión de la medicación, ayuda para gestionar sus ingresos y acompañamiento para acceder al empleo.
Una persona con discapacidad puede requerir rehabilitación, asistencia personal, productos de apoyo y adaptación de su vivienda.
Y una persona sin hogar puede recibir el alta médica y regresar inmediatamente a la calle, donde resulta casi imposible completar un tratamiento o recuperarse de una intervención.
El primer plan ya incluía entre sus destinatarios a las personas con enfermedades crónicas, problemas de salud mental y discapacidad.
El segundo deberá demostrar que ofrece respuestas específicas para cada uno de estos perfiles y no se limita a formular un modelo general centrado en el envejecimiento.
El retraso también forma parte de la noticia
La vigencia prevista inicialmente para el segundo plan era 2022-2030. Así figuraba en los trabajos iniciados después de evaluar el documento de 2019-2021.
Sin embargo, su presentación pública se ha producido el 29 de julio de 2026.
El retraso obliga al Gobierno a explicar qué calendario tendrá finalmente el documento, qué actuaciones ya están ejecutadas, cuáles comenzarán ahora y cuáles se aplazan para los próximos ejercicios.
No tendría sentido presentar como futuras algunas medidas que llevan años funcionando ni incluir objetivos para 2030 sin precisar qué deberá estar terminado en 2026, 2027 o 2028.
Las cinco cifras que determinarán su credibilidad
La primera información oficial disponible sobre la presentación identifica a los responsables políticos y administrativos participantes, pero no permite conocer todavía las principales magnitudes económicas y asistenciales del plan.
Para valorar su alcance será imprescindible que el Principado publique al menos cinco cifras:
El presupuesto total. No basta con afirmar que las medidas se financiarán con las partidas ordinarias de Salud y Derechos Sociales. Debe conocerse qué cantidad adicional se movilizará y cómo se repartirá por anualidades.
Las nuevas contrataciones. El documento debe indicar cuántos trabajadores sociales, enfermeras, terapeutas ocupacionales, psicólogos, auxiliares, fisioterapeutas y coordinadores se incorporarán.
Las nuevas plazas. Resulta necesario concretar cuántas plazas residenciales, de centro de día, alojamiento supervisado, convalecencia o atención temporal se crearán.
Los plazos máximos. El plan debería establecer cuánto tiempo puede transcurrir desde la detección de una necesidad hasta la primera valoración, la activación del apoyo domiciliario o la resolución provisional del caso.
Los resultados medibles. Entre otros, reducción de reingresos evitables, altas hospitalarias demoradas, visitas innecesarias a urgencias, institucionalizaciones no deseadas y sobrecarga de los cuidadores.
Sin esas magnitudes, será imposible distinguir entre un compromiso verificable y una declaración de intenciones.
Lo que debería notar una familia
El éxito del II Plan Sociosanitario no se comprobará en una memoria administrativa, sino en la experiencia cotidiana de los ciudadanos.
Una familia debería notar que no tiene que empezar cada trámite desde cero.
Que el hospital avisa al centro de salud y a los servicios sociales antes del alta.
Que existe un profesional responsable del caso.
Que las prestaciones provisionales llegan mientras se resuelve la dependencia.
Que la información esencial acompaña a la persona.
Que existe una respuesta cuando el problema ocurre por la noche o durante un fin de semana.
Y que vivir en un concejo rural no significa recibir una atención inferior.
Asturias presenta hoy su segundo plan sociosanitario después de varios años de elaboración y con una estructura administrativa renovada.
El diagnóstico está suficientemente conocido: los ciudadanos más vulnerables siguen necesitando simultáneamente servicios que pertenecen a sistemas diferentes.
La prueba comienza ahora.
El nuevo plan será útil si consigue que esos sistemas trabajen como uno solo alrededor de cada persona. Y será papel mojado si vuelve a dejar sobre las familias la responsabilidad de unir las piezas.
