Cada condena exige años de investigación, cientos de horas de trabajo y miles de euros públicos. Una sola firma del Consejo de Ministros puede neutralizar después la parte esencial de la pena. No siempre será un delito, pero puede representar una grave forma de corrupción institucional

El Estado persigue un delito. La Policía investiga, toma declaraciones, interviene comunicaciones, analiza documentos, solicita informes periciales y localiza a los sospechosos. La Fiscalía acusa. Los juzgados instruyen. Los funcionarios tramitan miles de folios. Los magistrados celebran el juicio, valoran las pruebas y dictan sentencia. Después llegan los recursos, las apelaciones, la ejecución de la condena y, en algunos casos, la búsqueda y detención del condenado.

Todo ese proceso puede prolongarse durante años. Consume dinero público, tiempo, conocimiento especializado y el trabajo de decenas de funcionarios.

Y entonces aparece el Gobierno.

El Consejo de Ministros aprueba un real decreto y perdona total o parcialmente la pena impuesta. No porque haya aparecido una prueba nueva. No porque se haya demostrado la inocencia del condenado. No porque un tribunal haya anulado la sentencia. Simplemente porque el Ejecutivo decide ejercer la prerrogativa de gracia.

Eso es exactamente lo que ha sucedido con Natalio Grueso.

El antiguo director general de la Fundación Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer fue condenado por la Audiencia Provincial de Asturias a cinco años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con falsedad documental y a otros tres años por un delito continuado societario. Los hechos juzgados se produjeron entre 2006 y 2012.

El 28 de julio de 2026, el Gobierno le indultó todas las penas de prisión que todavía le quedaban por cumplir. La condena no desaparece y se mantienen los restantes pronunciamientos de la sentencia, pero se extingue su consecuencia más contundente: la cárcel. El indulto queda condicionado únicamente a que no cometa otro delito doloso durante los próximos ocho años.

Una decisión política ha neutralizado así la parte central de una condena judicial obtenida después de casi dos décadas de investigaciones, procedimientos, recursos y actuaciones administrativas.

El coste que nunca aparece en el decreto de indulto

España no dispone de una contabilidad pública que permita saber con exactitud cuánto ha costado investigar, juzgar y condenar a cada delincuente. Ningún real decreto de indulto informa de las horas policiales consumidas, los informes periciales solicitados, los recursos empleados por la Fiscalía, las jornadas de juicio celebradas o el coste de las distintas instancias judiciales.

Pero sí podemos aproximarnos a la dimensión económica.

Las administraciones públicas españolas gastaron en 2023 alrededor de 5.186 millones de euros en tribunales de Justicia. Esa cantidad comprende el funcionamiento de los órganos civiles y penales, la ejecución de sentencias, las multas, la libertad vigilada, la asistencia jurídica y otros servicios relacionados. No incluye el gasto de las prisiones.

Durante ese mismo año, los tribunales españoles resolvieron 6.444.487 asuntos. Dividir ambas magnitudes ofrece un coste medio puramente contable de unos 805 euros por asunto judicial resuelto.

Pero un procedimiento penal completo no es un solo asunto. Puede pasar por un juzgado de instrucción, una Audiencia Provincial, un tribunal superior, el Tribunal Supremo y el órgano encargado de ejecutar la sentencia. A ello hay que sumar una actividad policial que no está incluida íntegramente en esos 805 euros: vigilancias, interrogatorios, registros, análisis informáticos, desplazamientos, informes económicos, cooperación internacional o búsqueda del condenado.

Por tanto, esos 805 euros no representan el coste de esclarecer y castigar un delito. Son únicamente una referencia macroeconómica del funcionamiento judicial.

¿Cuánto puede costar realmente un delito de complejidad media?

No existe un «delito medio» oficial. No cuesta lo mismo investigar un hurto reconocido inmediatamente que una trama económica con sociedades, contratos públicos, recursos y varios acusados.

Sin embargo, puede construirse un modelo deliberadamente prudente para una causa penal ordinaria que termine en condena y que atraviese varias instancias:

Actuación pública                                                                                                                                                    Hipótesis prudente

No es una tarifa oficial ni pretende serlo. Es una estimación conservadora destinada a mostrar el orden de magnitud. Una causa sencilla puede costar menos. Una investigación por corrupción, malversación, fraude fiscal, crimen organizado o delincuencia económica, prolongada durante años y con numerosos recursos, puede alcanzar fácilmente decenas o cientos de miles de euros.

Y todavía faltaría el coste penitenciario posterior.

La factura económica, sin embargo, es solo una parte del daño. También existe un coste de oportunidad: mientras policías, fiscales, funcionarios y jueces trabajan durante años en un procedimiento, no pueden dedicar esas mismas horas a otros delitos pendientes.

¿Es el indulto una forma de corrupción?

La respuesta jurídicamente rigurosa es esta: un indulto no es corrupción por el mero hecho de ser concedido.

La corrupción suele definirse como el abuso de una función pública para obtener un beneficio particular, personal, económico, político o partidista. Para acusar penalmente a un Gobierno de corrupción habría que demostrar que utilizó el indulto para conseguir alguna contraprestación, favorecer conscientemente intereses propios o beneficiar de manera arbitraria a personas vinculadas al poder.

Un indulto puede estar plenamente justificado. Puede responder a una enfermedad terminal, a una situación familiar extraordinaria, a una pena manifiestamente desproporcionada o a circunstancias que aparecieron después de dictarse la sentencia. El indulto también puede corregir excepcionalmente una injusticia que la rigidez del sistema procesal ya no permita remediar por otra vía.

El problema comienza cuando la medida de gracia deja de ser excepcional y humanitaria y pasa a utilizarse como instrumento político.

Si el Gobierno perdona a aliados, dirigentes próximos, colaboradores, socios parlamentarios o personas con capacidad para beneficiar al partido gobernante, sin ofrecer una explicación objetiva y verificable, ya no estamos ante una simple decisión de política criminal. Estamos ante un posible abuso del poder público para obtener un beneficio particular o partidista.

Eso puede denominarse corrupción institucional, aunque no llegue a reunir los requisitos de un delito de corrupción.

La diferencia es fundamental:

• No todo comportamiento institucionalmente corrupto está tipificado en el Código Penal.
• No todo abuso de poder permite sentar a sus autores en el banquillo.
• No toda utilización partidista de las instituciones deja un rastro económico o una contraprestación explícita.

La corrupción también puede consistir en retorcer una facultad legal hasta convertirla en un privilegio.

Una facultad legal no es una patente de corso

La Ley del Indulto permite que la medida sea solicitada por el condenado, sus familiares o cualquier otra persona en su nombre. También pueden promoverla los tribunales, la Fiscalía y el propio Gobierno. Durante el procedimiento deben recabarse informes del tribunal sentenciador y escucharse determinadas circunstancias del condenado y de las víctimas. Finalmente, la decisión corresponde al Consejo de Ministros y se formaliza mediante un real decreto.

Por tanto, el Gobierno no puede sostener seriamente que indulta «porque le da la gana».

Dispone de una amplia discrecionalidad, pero discrecionalidad no significa arbitrariedad.

El Tribunal Supremo ha definido el indulto como una institución excepcional y llegó a calificarlo como un «residuo histórico del poder absoluto del soberano». Es una injerencia extraordinaria del Ejecutivo sobre una sentencia firme dictada por el Poder Judicial.

Los tribunales no pueden sustituir al Gobierno y decidir a quién debe indultar. Pero sí pueden controlar que exista una motivación real y que la decisión no sea irracional o arbitraria. El Supremo ya anuló en el pasado un indulto porque el Ejecutivo no había explicado adecuadamente las razones de justicia, equidad o utilidad pública que lo justificaban.

También el Tribunal Constitucional ha señalado que las diferencias de trato derivadas de un indulto solo son compatibles con el principio de igualdad cuando responden a criterios objetivos, razonables y no arbitrarios.

La pregunta pertinente, por tanto, no es solo si el Gobierno tiene legalmente capacidad para indultar. Evidentemente, la tiene.

La pregunta es por qué indulta a esa persona y no a otra de las miles que cumplen condena en España.

¿Puede hablarse de malversación?

Desde un punto de vista penal, calificar un indulto como malversación es difícilmente sostenible.

El Código Penal exige, con carácter general, la apropiación del patrimonio público, permitir que un tercero se lo apropie, destinarlo a usos privados o darle una aplicación pública diferente de aquella a la que estaba destinado. La concesión legal de un indulto no encaja por sí sola en esos supuestos.

No puede afirmarse, por tanto, que cada euro invertido en la investigación y en el juicio haya sido jurídicamente malversado. El procedimiento ha servido para esclarecer los hechos, declarar la culpabilidad, establecer responsabilidades, imponer multas o inhabilitaciones y dejar constancia judicial del delito. El indulto tampoco equivale a una absolución.

En el caso de Natalio Grueso, el Gobierno no ha borrado la sentencia ni sus restantes consecuencias: ha perdonado las penas de prisión pendientes.

Pero sí puede hablarse, en sentido político, de una malversación del esfuerzo institucional.

El Estado moviliza sus recursos para hacer cumplir la ley y, después, utiliza una potestad política para impedir parcialmente que esa ley produzca sus consecuencias. Si la medida no está acompañada de una explicación extraordinariamente sólida, el ciudadano puede concluir que la Justicia funciona hasta que el condenado dispone de los contactos, el respaldo o la relevancia suficientes para llegar al Consejo de Ministros.

Ese sentimiento destruye algo mucho más difícil de recuperar que el dinero: la confianza en que la ley es igual para todos.

El argumento del ahorro penitenciario

Los defensores del indulto podrían alegar que el trabajo policial y judicial no ha sido inútil porque el delito ha quedado demostrado. También podrían afirmar que evitar el ingreso o la permanencia en prisión reduce el gasto penitenciario.

Ambas afirmaciones son ciertas.

Pero el objetivo de una condena no es rentabilizar económicamente el proceso ni recuperar su coste mediante años de prisión. La pena persigue castigar, prevenir nuevos delitos, proteger a la sociedad y reforzar la confianza en el ordenamiento jurídico.

El problema no es que el Estado deje de gastar dinero en mantener a una persona encarcelada. El problema es que una decisión política selectiva pueda alterar la pena impuesta a esa persona mientras miles de condenados en situaciones comparables carecen de acceso real al Gobierno que decide los indultos.

El ahorro económico nunca puede justificar por sí solo una desigualdad ante la ley.

La verdadera corrupción: convertir la excepción en privilegio

Un indulto se convierte en una forma de corrupción institucional cuando concurren varios elementos:

Cuando beneficia a alguien con vínculos políticos, partidistas o personales con quienes ejercen el poder.

Cuando el Gobierno es incapaz de explicar por qué esa persona merece una gracia que se niega a otros condenados en circunstancias semejantes.

Cuando la decisión se comunica de manera discreta, se ocultan o minimizan sus consecuencias y se evita el debate público.

Cuando se perdonan delitos relacionados con el abuso del poder, la corrupción o el dinero público sin acreditar una razón humanitaria excepcional.

Y cuando los beneficios políticos que obtiene el Gobierno son mucho más claros que las razones de justicia, equidad o utilidad pública invocadas.

En esas circunstancias, el indulto deja de funcionar como una válvula humanitaria del sistema y se convierte en un segundo juicio reservado al poder político. Un juicio sin pruebas públicas, sin debate contradictorio, sin posibilidad de recurso sobre el fondo y sin los controles que se exigen a cualquier tribunal.

El condenado común comparece ante un juez.

El condenado influyente puede aspirar a comparecer, indirectamente, ante un Consejo de Ministros.

La factura debería ser pública

Todo indulto debería ir acompañado de una memoria pública que explicase:

La pena impuesta, la parte ya cumplida y la parte perdonada.

Las razones concretas de justicia, equidad o utilidad pública.

La posición del tribunal sentenciador, de la Fiscalía y de las víctimas.

Los criterios utilizados para comparar el caso con otros expedientes semejantes.

Y el coste aproximado que ha supuesto la investigación, el juicio, los recursos y la ejecución de la sentencia.

No para decidir el indulto en función de su precio, sino para que la sociedad conozca la dimensión completa de la decisión.

También debería prohibirse o someterse a un control reforzado el indulto de delitos cometidos por autoridades y funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. Al menos en esos casos, una medida favorable debería requerir informes positivos, una motivación exhaustiva y una comparecencia pública del ministro de Justicia.

Porque perdonar discrecionalmente la corrupción pública puede producir una forma todavía más peligrosa de corrupción: la utilización del poder del Estado para proteger a quienes abusaron previamente de ese mismo Estado.

La ley puede permitirlo y, aun así, ser intolerable

Los indultos no anulan necesariamente el trabajo policial y judicial. Tampoco constituyen automáticamente malversación o prevaricación. Afirmarlo sin matices permitiría desacreditar fácilmente toda la denuncia.

Pero eso no convierte la institución en inocua.

Cuando una condena firme puede ser neutralizada por una decisión política poco transparente, el Gobierno no solo modifica una pena. También decide cuánto valen los años de investigación, el trabajo de los funcionarios, la autoridad de los tribunales y el principio de igualdad.

El dinero gastado puede contabilizarse: miles o decenas de miles de euros en una causa ordinaria; mucho más en investigaciones complejas.

El daño institucional es incalculable.

Porque el mensaje que recibe el ciudadano no es que el Estado sea compasivo. Es que existen dos finales posibles para un proceso penal: el que establece la sentencia y el que puede conseguir quien logra que su expediente llegue a la mesa adecuada.

El indulto puede ser legal. Puede ser incluso justo.

Pero cuando se utiliza para recompensar afinidades, satisfacer intereses políticos o proteger a personas próximas al poder, deja de ser una medida de gracia.

Se convierte en corrupción ejercida con todas las formalidades del Estado.