El Consejo de Gobierno se reúne desde las 10.00 con la propuesta de abrir un expediente sancionador de 1,1 millones. La decisión se conocerá previsiblemente a partir de las 12.00, pero no supondrá todavía una sanción firme ni la devolución automática de los peajes

El futuro inmediato del conflicto entre el Principado y Aucalsa se decide a esta hora en la sede de Presidencia, en Oviedo. El Consejo de Gobierno estaba convocado a las 10.00 y tiene sobre la mesa la propuesta de iniciar un procedimiento sancionador contra la concesionaria de la autopista del Huerna por un importe conjunto de 1,1 millones de euros.

A las 10.46, momento de publicación de esta información, el Ejecutivo autonómico todavía no ha comunicado si autoriza finalmente la apertura del expediente. El portavoz del Gobierno y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, comparecerá a las 12.00 para informar de los acuerdos adoptados en una rueda de prensa que se retransmitirá por los canales oficiales del Principado.

La propuesta elevada por el consejero de Ordenación del Territorio y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, contempla dos posibles infracciones en materia de consumo: una muy grave, castigada inicialmente con un millón de euros, por mantener el cobro íntegro del peaje pese al deterioro continuado del servicio, y otra grave, de 100.000 euros, por considerar insuficiente la información facilitada a los conductores sobre las obras y las restricciones antes de acceder a la autopista.

Se trata de la mayor sanción impulsada hasta ahora desde la Dirección General de Consumo del Principado, pero la jornada de hoy no concluirá, en ningún caso, con una multa definitivamente impuesta.

Lo que puede aprobarse hoy

La precisión es importante. El Consejo de Gobierno no está resolviendo esta mañana si Aucalsa es culpable y debe pagar inmediatamente 1,1 millones. Lo que analiza es si autoriza el inicio formal del procedimiento sancionador.

En caso de aprobación, el acuerdo tendrá que notificarse a la concesionaria con una descripción de los hechos investigados, su posible calificación jurídica, las sanciones planteadas y la identificación del órgano instructor.

Aucalsa podrá entonces formular alegaciones, presentar documentos, proponer pruebas y discutir tanto los hechos como la interpretación jurídica sostenida por Consumo. La Administración deberá estudiar esa defensa antes de elaborar una propuesta de resolución y adoptar, después, una decisión definitiva. La legislación obliga a que cualquier resolución sancionadora valore las pruebas, determine los hechos acreditados e identifique expresamente las infracciones y responsabilidades.

El Consejo de Gobierno interviene porque la normativa asturiana atribuye a este órgano la competencia para imponer sanciones por infracciones de consumo calificadas como muy graves.

Por tanto, incluso si la propuesta recibe luz verde al mediodía, Aucalsa todavía no estará sancionada de manera firme.

Un millón por cobrar íntegro un servicio deteriorado

El núcleo del expediente está en la relación entre el precio cobrado y el servicio realmente recibido por los usuarios.

Consumo considera que la concesionaria ha seguido aplicando la tarifa completa de la AP-66 aunque las obras, los cortes de carril, los desvíos y las restricciones hayan reducido de manera prolongada la capacidad y la calidad de la autopista.

Zapico ha descrito el Huerna como una vía que demasiadas veces se convierte en una “auténtica ratonera” y ha cuestionado que los conductores tengan que pagar más de 16 euros por una autopista que, en determinados tramos y momentos, funciona como una carretera de un único carril.

La posible infracción muy grave, valorada en un millón de euros, se sustenta precisamente en ese mantenimiento del precio completo pese al deterioro del servicio.

La segunda acusación afecta a la información. El Principado entiende que los avisos colocados antes de entrar en la autopista no siempre han permitido conocer con suficiente claridad la magnitud de las restricciones, los tiempos de espera previsibles o las alternativas disponibles. Esa posible deficiencia informativa fundamenta la propuesta de otros 100.000 euros.

Meses de inspecciones y requerimientos

La propuesta no surge únicamente de las retenciones de los últimos días. La Dirección General de Consumo asegura haber realizado durante meses inspecciones sobre el terreno, requerimientos a la concesionaria y análisis de las reclamaciones presentadas por conductores y organizaciones de consumidores.

Según el Principado, antes de plantear la sanción se intentó que Aucalsa corrigiera la situación y mejorara la información ofrecida a los usuarios, pero la empresa no aceptó los requerimientos formulados por la Administración autonómica.

El expediente administrativo convive, además, con otros conflictos relacionados con la autopista: la reclamación de compensaciones por parte de los usuarios, la exigencia política de levantar las barreras mientras duren las restricciones y la batalla jurídica contra la prórroga de la concesión hasta 2050.

Son procedimientos diferentes. La eventual sanción de Consumo no supondría por sí sola la desaparición del peaje ni resolvería el litigio sobre la duración de la concesión.

La multa no se repartirá entre los conductores

La posible aprobación del expediente tampoco significa que los usuarios vayan a recibir automáticamente una devolución.

Los 1,1 millones planteados constituyen una sanción administrativa. Si finalmente se imponen y adquieren firmeza, el dinero se ingresaría en la Hacienda pública. No se distribuiría entre quienes hayan circulado por la autopista durante las obras.

Para que los conductores recuperen parte de los peajes sería necesaria una decisión específica que reconociera la obligación de restituir cantidades, un acuerdo con la concesionaria o la estimación de reclamaciones administrativas o judiciales.

La Unión de Consumidores de Asturias sostiene que entre 8.500 y 9.000 vehículos utilizan diariamente la vía y calcula que cerca de dos millones de trayectos se habrían realizado bajo condiciones deterioradas durante los meses analizados. También ha reclamado que cualquier devolución se realice automáticamente mediante los registros de matrículas, tarjetas y sistemas de telepeaje que conserva la empresa. Estas estimaciones pertenecen a la organización de consumidores y todavía no han sido reconocidas en una resolución administrativa o judicial.

Por ahora, los usuarios que pretendan reclamar deberían conservar facturas de telepeaje, justificantes, extractos bancarios y cualquier documento que permita acreditar la fecha y el importe de los desplazamientos.

Aucalsa podrá recurrir

Si, después de la instrucción, el Gobierno asturiano confirma las infracciones y mantiene la sanción, Aucalsa podrá acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

La empresa también podría solicitar la suspensión de la ejecución mientras los tribunales estudian el caso. Eso abre la posibilidad de que el expediente tarde meses, e incluso más tiempo, en alcanzar una resolución firme.

A las 10.46 no consta todavía una respuesta pública formal de Aucalsa a los cargos concretos que se debaten esta mañana. Su posición jurídica se conocerá previsiblemente cuando reciba la notificación y presente sus alegaciones.

Una decisión política de gran alcance, pero solo el primer paso

La reunión que se celebra desde las 10.00 puede marcar un punto de inflexión en el enfrentamiento entre Asturias y la concesionaria del Huerna.

Por primera vez, el Principado plantea traducir las quejas por las restricciones y el cobro íntegro del peaje en una actuación sancionadora de una cuantía excepcional. Pero el acuerdo que pueda anunciarse a partir del mediodía será el comienzo del procedimiento, no su desenlace.

Aucalsa no estará aún obligada a pagar. Los conductores no tendrán todavía reconocido ningún reembolso. Y la concesionaria conservará intacto su derecho a defenderse y recurrir.

La primera respuesta llegará a las 12.00, cuando Guillermo Peláez comparezca para confirmar si el Consejo de Gobierno ha abierto definitivamente el expediente que puede desembocar en la mayor sanción impuesta desde Consumo en Asturias. Hasta entonces, la propuesta de 1,1 millones continúa deliberándose tras las puertas de la sede de Presidencia.