El próximo miércoles, 6 de diciembre, se conmemora el 39.º aniversario de nuestra Constitución. Poco hay que celebrar. Los llamados «padres de la Constitución» nos han dejado un legado plagado de problemas y germen de los conflictos que, ahora más que nunca, nos está tocando vivir. Un sistema de reparto competencial todavía inconcluso, atribución de competencias sobre educación, cultura y sanidad a las comunidades autónomas y, sobre todo, una disposición adicional primera que, pese a sus exiguas 12 palabras («La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales»), es el germen del Concierto Vasco y de su hijo putativo, el cupo vasco, claramente insolidario, retrógrado y anacrónico.

Siendo este el panorama, adecuadamente sazonado por los separatistas catalanes con su peculiar y gravemente lesivo golpe de estado, son muchas las voces que se alzan pidiendo una reforma constitucional. Pero, en lugar de proponer medidas que atajen los problemas de raíz, gran parte de las alternativas que circulan toman como eje el problema catalán, sobre el que hacen pivotar sus proposiciones. Mensaje desolador para el resto de las comunidades autónomas: extremeños, asturianos, murcianos, cántabros, castellano-manchegos…. Ustedes que han sido respetuosos con el sistema, ustedes que cuando han reformado sus estatutos de autonomía se han movido dentro del marco constitucional, ustedes que respetan la ley, ustedes que no han creado tensión política, social ni económica, se quedan como están; pero ustedes, los catalanes, que han subvertido, infringido y menospreciado la Constitución, serán premiados reconociéndoles su singularidad y un régimen económico similar al vasco. Tremendo.

Un grupo de catedráticos se ha puesto a la cabeza de este movimiento reformador. Se les presumen conocimientos y buenas intenciones, pero difícilmente se entienden sus propuestas, que, en algunos casos, son contradictorias. Por un lado, defienden una reforma de inspiración federal que reduzca el excesivo número de conflictos entre el Estado y las comunidades y, por otro, que los estatutos de autonomía se aprueben sin pasar por las Cortes, lo que sin ninguna duda sería una fuente de litigiosidad permanente. Paradojas propias del mundo académico.

Los problemas prácticos son muchos, pero hay tres que, a mi juicio, destacan.

En primer lugar, un sistema de reparto competencial que es un galimatías. La Constitución solo debe recoger las competencias estatales, eso sí, precisas en su contenido y alcance; el resto, a los estatutos de autonomía.

En segundo lugar, debe reducirse el peso de los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados. Hay que preguntarse si es lícito y real que partidos que defienden intereses regionales puedan y deban tener asiento en la Cámara Baja. Hay maneras de corregir esta sobrerrepresentación, bien que no entren en el Congreso partidos que no concurran al menos en seis o más circunscripciones electorales, bien suprimir la provincia como circunscripción electoral. Cualquier alternativa menos la de propiciar que el Gobierno de turno sea rehén de los partidos nacionalistas, semilla del problema catalán y de la impresentable rebaja de la cuantía del cupo vasco, inspirada en criterios exclusivamente partidistas.

En tercer lugar, derogación de los derechos históricos. Son los últimos vestigios del feudalismo. El único reino real fue el de Navarra; lo demás, un invento. El Concierto Vasco es al día de hoy extravagante, excepcional e inexplicable en el marco europeo, asentado sobre ideas de igualdad y solidaridad. Pretender extrapolar esta medida, u otra similar, a Cataluña sería una afrenta. La historia nunca debe repetirse. Es como si los asturianos pretendiéramos recuperar la capitalidad de España para Cangas de Onís.

La reflexión de Stephen King es muy útil: «Ninguna historia puede ser buena sin un cierre».