La nueva consejera de Derechos Sociales, Nerea Monroy, ha cerrado definitivamente la opción del barrio ovetense tras recibir una primera evaluación que plantea problemas técnicos y jurídicos. Los jóvenes no son recién llegados: llevan tiempo en Asturias, estudian o se forman y continuarán mientras tanto en el recurso en el que ya residen. La decisión pone fin a semanas de polémica en La Florida, pero abre ahora otra pregunta: cómo se llegó tan lejos con una ubicación que finalmente no reúne las garantías necesarias.

Ya no está «en estudio», ni pendiente de reuniones con los vecinos, ni condicionada a futuras autorizaciones. El centro de protección previsto en el barrio de La Florida, en Oviedo, no se hará.

El Gobierno de Asturias ha descartado definitivamente la ubicación y busca ya otro emplazamiento para alojar a los ocho menores tutelados cuyo traslado había provocado durante las últimas semanas una importante controversia vecinal y política.

La decisión fue adoptada este lunes, 31 de agosto, por la recién nombrada consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, después de recibir un primer avance de la evaluación que se estaba realizando sobre el inmueble. La conclusión ha sido suficiente para frenar el proyecto: existen razones técnicas y jurídicas que impiden al Ejecutivo considerar La Florida una opción libre de dudas.

Y hay un matiz importante. El Gobierno no presenta la renuncia como una consecuencia directa de las protestas ni del rechazo de parte de los vecinos. Oficialmente, La Florida cae porque el espacio no supera las garantías de idoneidad que exige un recurso destinado a menores tutelados.

De un traslado previsto para otoño a quedar completamente descartado

El giro es significativo porque hace apenas unos días el escenario era muy diferente.

El Principado trabajaba con el inmueble situado en La Florida como posible destino de los jóvenes e incluso se hablaba de que el traslado pudiera realizarse entre septiembre y octubre, una vez completados los correspondientes trámites administrativos.

Los ocho menores residen actualmente en otro recurso del sistema de protección. La búsqueda de un nuevo alojamiento responde precisamente a la necesidad de disponer de unas instalaciones adecuadas para su atención.

Durante agosto, el Gobierno asturiano mantuvo contactos y reuniones relacionadas con el proyecto, tanto con representantes vecinales como con la entidad encargada de atender a los jóvenes.

Pero conforme avanzaron los trámites aparecieron dudas.

Y esas dudas han terminado tumbando la operación.

Los problemas jurídicos y técnicos frenan el proyecto

Uno de los elementos que habían aparecido durante los últimos días estaba relacionado con las condiciones del propio inmueble y con la existencia de posibles restricciones sobre su utilización.

La comunidad de propietarios trasladó sus objeciones al proyecto y planteó dudas sobre la compatibilidad del uso previsto con las normas que regulan el edificio.

Ese argumento introducía una cuestión jurídica relevante justo cuando la Administración seguía analizando si el recurso reunía todas las condiciones necesarias.

El Gobierno asturiano, sin embargo, no ha detallado todavía cuáles son exactamente todos los obstáculos técnicos y jurídicos detectados ni ha precisado qué elemento concreto ha resultado determinante para descartar el inmueble.

La información trasladada a Nerea Monroy constituye un primer avance de la evaluación realizada sobre el recurso. Aun así, la nueva consejera ha considerado que existían suficientes dudas como para no continuar adelante.

Y ahí aparece uno de los interrogantes que deja esta polémica.

Qué requisitos no cumplía el inmueble, cuándo se detectaron los problemas, qué comprobaciones se realizaron antes de seleccionar La Florida, hasta qué punto había avanzado el procedimiento y si se produjo algún gasto público vinculado a una operación que finalmente no se ejecutará.

Una polémica que terminó dividiendo al barrio

La posible llegada de los menores había provocado durante agosto una creciente controversia en La Florida.

Parte de los residentes expresó su rechazo al proyecto y organizó distintas movilizaciones, mientras otros vecinos y colectivos respondieron defendiendo la acogida y denunciando la difusión de informaciones falsas alrededor de los jóvenes.

La tensión llegó incluso a trasladarse a la calle con concentraciones de posiciones enfrentadas y un importante dispositivo policial.

El propio Principado había comenzado entonces a dejar abierta la posibilidad de estudiar otras alternativas.

Ahora ya no hay alternativa dentro de La Florida.

La ubicación está oficialmente descartada.

No son menores recién llegados a Asturias

Hay otro elemento especialmente importante para entender el caso.

Los ocho jóvenes no acaban de llegar a Asturias ni forman parte de una nueva llegada de menores a la comunidad.

Llevan tiempo residiendo en el Principado, están bajo tutela de la Administración autonómica y se encuentran ya incorporados a su vida cotidiana.

Estudian, participan en actividades formativas y desarrollan su proceso de integración dentro del sistema de protección.

El cambio de residencia que se estaba estudiando respondía a la necesidad de proporcionarles un recurso adecuado, no a la apertura de un centro para atender a menores recién llegados.

Mientras se encuentra una alternativa, continuarán viviendo en el recurso en el que se encuentran actualmente.

La Florida se cierra, pero el problema sigue abierto

La renuncia al inmueble ovetense resuelve el conflicto inmediato con el barrio, pero no elimina la necesidad que dio origen al proyecto.

El Principado sigue necesitando encontrar un nuevo recurso para esos ocho menores.

La instrucción de Nerea Monroy es buscar ahora un espacio que reúna todas las condiciones necesarias y que esté libre de cualquier duda técnica o jurídica.

Y precisamente ahí estará el siguiente examen para la Consejería de Derechos Sociales.

Después de semanas de reuniones, protestas, explicaciones públicas y trámites alrededor de La Florida, el Gobierno deberá encontrar otra solución y hacerlo con un procedimiento suficientemente sólido como para evitar que vuelva a repetirse una situación similar.

Porque el caso deja una pregunta incómoda que todavía necesita una explicación completa: si las dificultades técnicas y jurídicas eran suficientes para descartar ahora el inmueble, ¿por qué el proyecto llegó tan lejos antes de que todas esas garantías estuvieran comprobadas?

La Florida ha dejado de ser el problema.

Encontrar un hogar adecuado para los ocho menores es ahora el verdadero reto.