La sucesión de Haakon VIII en Noruega reabre el debate sobre las Casas Reales europeas. Mientras varias afrontan crisis reputacionales o controversias familiares, la española exhibe estabilidad, renovación y una imagen institucional sin equivalentes recientes.

La muerte de Harald V de Noruega y la inmediata proclamación de Haakon VIII han devuelto a Europa una imagen clásica de continuidad dinástica. Pero la sucesión llega en un contexto incómodo para la Casa Real noruega: la nueva reina, Mette-Marit, ha pedido disculpas por sus contactos pasados con Jeffrey Epstein, sin que se le atribuya delito alguno, y su hijo Marius Borg Høiby —sin título ni función oficial— ha sido condenado por delitos sexuales.

El contraste invita a mirar hacia España. No para sostener que toda monarquía europea vive instalada en el escándalo —sería falso—, sino para constatar que la española atraviesa una etapa de solidez poco frecuente en el continente.

Felipe VI y Letizia han logrado algo que no siempre resulta sencillo en una institución hereditaria: convertir la discreción en un activo público. La Corona española no protagoniza hoy una crisis comparable a la que ha sacudido a Noruega ni arrastra un caso de la dimensión del príncipe Andrés en Reino Unido, apartado de la vida pública y despojado de títulos y privilegios por Carlos III tras la presión derivada de sus vínculos con Epstein.

La diferencia no es solo de imagen. Es de modelo. Felipe VI ejerce una jefatura del Estado visible, pero sometida al marco constitucional y al refrendo del Gobierno. La Corona representa, acompaña, ordena simbólicamente y ofrece continuidad, sin entrar en la pelea partidista. En un país políticamente fragmentado y territorialmente diverso, esa función tiene un valor que no siempre se mide en titulares, pero sí se aprecia cuando falta.

La Constitución define al Rey como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones y máxima representación de España en el exterior. Esa posición es más intensa que la de otras monarquías estrictamente ceremoniales. Suecia redujo de forma muy amplia las funciones formales de su Corona; Países Bajos apartó al monarca de la formación de Gobierno; Luxemburgo eliminó la sanción real de las leyes. España mantiene una institución políticamente neutral, pero constitucionalmente reconocible.

La estabilidad española gana relieve cuando se observa el mapa europeo. Reino Unido continúa gestionando las consecuencias reputacionales del caso Andrés. Noruega abre una nueva etapa con la familia real sometida a una presión inédita. En Mónaco, las dudas sobre la trazabilidad y gestión del patrimonio principesco han alimentado una polémica pública de gran alcance.

Frente a ese panorama, la Casa del Rey puede exhibir un argumento sencillo: no añade ruido a la democracia. Publica información presupuestaria, contratos, cuentas y ejecución económica. Para 2026, la asignación global de la Casa asciende a 8,43 millones de euros, prorrogados del presupuesto de 2023, con desglose público de sus partidas. Comparar costes internacionales exige cautela —seguridad, palacios y estructuras estatales se contabilizan de manera distinta en cada país—, pero la tendencia española hacia una mayor transparencia es verificable.

La otra gran baza es la sucesión. Leonor, Princesa de Asturias, representa una continuidad preparada y visible. Su formación militar, su presencia institucional y su papel como heredera sitúan a España ante un relevo generacional ordenado. La Corona no espera a que llegue el cambio: lo está mostrando.

También ahí Felipe VI ha acertado. La familia real activa es reducida y fácilmente identificable: el Rey, la Reina, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía. Lejos de una corte extensa, con miembros periféricos difíciles de controlar o explicar, la institución se ha concentrado en quienes cumplen funciones públicas claras.

No todas las demás monarquías están en problemas. Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo son democracias estables con Coronas consolidadas. Precisamente por eso la comparación favorece a España: no necesita medirse solo con los casos más dañados. Puede competir con las instituciones mejor valoradas desde su propia singularidad: una monarquía parlamentaria con peso constitucional, proyección iberoamericana y una familia real que ha hecho de la sobriedad una forma de servicio público.

Hay, sin embargo, una asignatura pendiente. La Constitución española conserva la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión. Leonor es heredera porque no tiene hermanos varones. Suecia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo ya han adoptado reglas igualitarias. España no necesita esconder esa anomalía: debe corregirla para que la modernización de la Corona sea completa.

Ese matiz no borra el balance. Al contrario, lo hace más sólido. La mejor defensa de la monarquía española no consiste en proclamar una superioridad automática ni en convertir las dificultades ajenas en espectáculo. Consiste en señalar lo que funciona: una jefatura del Estado estable, una familia real sin crisis comparables en su núcleo activo, una heredera preparada y una institución que ha entendido que la ejemplaridad no es un adorno, sino su principal fuente de legitimidad.

España puede sacar pecho. No porque las demás Coronas hayan fracasado, sino porque la suya ha demostrado que una monarquía del siglo XXI puede ser discreta, constitucional, transparente y útil.