Asturias tiene asignada en 2026 una capacidad ordinaria de 352 plazas y recibirá 255.722 euros del fondo estatal para acogida. Los datos confirman la presión sobre el sistema, pero desmienten algunas de las afirmaciones más rotundas del debate político

La atención a los menores extranjeros que llegan solos a España se ha convertido en uno de los asuntos más controvertidos de la agenda política. El coste de los centros, los traslados entre comunidades, la posibilidad de devolverlos a sus países y su relación con la seguridad aparecen de manera recurrente en el debate. Sin embargo, las cifras disponibles ofrecen una realidad bastante más compleja que la dibujada por los eslóganes.

España cerró 2024 con 16.041 menores extranjeros no acompañados inscritos en el registro estatal y bajo tutela o acogimiento de los servicios de protección. Eran 3.163 más que un año antes, un incremento del 24,6%, y 4.624 más que en 2022.

La cifra representa aproximadamente 3,3 menores por cada 10.000 habitantes. Su impacto demográfico es reducido, pero la presión asistencial puede ser muy elevada allí donde se concentran las llegadas, especialmente en Canarias, Ceuta, Melilla y otros territorios fronterizos.

De los menores registrados en 2024, 13.438 eran chicos y 2.603 chicas. Marruecos era la primera nacionalidad, con 4.393 menores, seguida de Senegal, Mali, Ucrania, Gambia y Argelia. Los marroquíes constituían algo más de una cuarta parte del total, por lo que no formaban una mayoría absoluta.

Asturias: 352 plazas de capacidad ordinaria

Asturias no es un territorio de entrada, pero participa en el mecanismo estatal de distribución aprobado para aliviar la saturación de las zonas fronterizas.

La actualización publicada en 2026 establece para el Principado una capacidad ordinaria de 352 plazas, dentro de una capacidad nacional calculada en 17.081. Esta cifra no significa que Asturias tenga actualmente 352 menores acogidos ni que deba recibirlos inmediatamente. Funciona como referencia para determinar el esfuerzo que puede asumir cada comunidad y cuándo un territorio se encuentra desbordado.

El Gobierno central también ha asignado a Asturias 255.722 euros dentro del fondo de 35 millones aprobado para 2026. El dinero puede utilizarse para alojamiento, apoyo psicológico, escolarización, formación, inserción laboral, inclusión social y ampliación de plazas.

Esta aportación estatal tampoco permite conocer el coste total asumido por el Principado, porque los presupuestos autonómicos incluyen recursos generales de protección de menores que no siempre aparecen desglosados por nacionalidad o situación migratoria.

La ley permite repatriarlos, pero exige garantías

Una de las afirmaciones más repetidas sostiene que estos menores no pueden ser expulsados. La realidad jurídica requiere una precisión importante.

Un menor identificado como no acompañado no puede ser expulsado sumariamente ni internado en un Centro de Internamiento de Extranjeros como si fuera un adulto. Al encontrarse solo y en situación de desamparo, la comunidad autónoma debe asumir su protección.

La Ley de Extranjería, sin embargo, sí permite la repatriación. El regreso puede producirse con su familia o con los servicios de protección del país de origen, pero debe tramitarse de manera individual, escuchar al menor y contar con la intervención de las autoridades de protección y la Fiscalía.

Además, la Administración tiene que comprobar que el regreso es seguro, que existen garantías de atención y que responde al interés superior del menor. Cuando esas condiciones no pueden acreditarse, el retorno no debe ejecutarse.

La dificultad práctica de completar estos expedientes explica que las repatriaciones sean excepcionales. La Fiscalía General del Estado contabilizó únicamente ocho durante 2024.

El Tribunal Supremo ya declaró ilegal la devolución colectiva de menores realizada desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021. El problema no fue que cualquier retorno estuviera prohibido, sino que no se tramitaron expedientes individuales ni se valoró la situación de cada adolescente.

Cuando la repatriación no resulta posible, el reglamento obliga a iniciar la autorización de residencia y establece que ese procedimiento debe comenzar, en todo caso, después de 90 días bajo protección.

Entre 77 y 125 euros diarios por plaza

España no dispone de una contabilidad nacional que permita saber cuánto cuesta exactamente la atención de todos los menores extranjeros no acompañados. Cada comunidad gestiona sus propios centros y contratos, con diferentes modelos, tamaños y servicios.

Las referencias públicas examinadas sitúan el coste de una plaza entre aproximadamente 77 y 125 euros diarios.

El Gobierno de Canarias calculó en 2024 que necesitaría 156 millones de euros para atender a 5.524 menores, lo que equivale a unos 77 euros diarios por persona, sin incluir los gastos generales de educación y sanidad. Un contrato de acogida de Ceuta utilizó también una referencia de 77 euros diarios, mientras que otro contrato anterior para un centro pequeño de Lanzarote alcanzó los 124,95 euros.

Estas cantidades no son pagas entregadas directamente a los menores. Financian instalaciones abiertas las 24 horas, educadores, trabajadores sociales, vigilancia, alojamiento, alimentación, ropa, transporte, escolarización, traducción, asistencia administrativa y programas formativos.

Si se aplican esos precios a una población de entre 14.000 y 16.000 menores, el resultado sería una horquilla teórica de entre 393 y 730 millones de euros anuales. No se trata de una factura oficial ni de gasto ejecutado, sino de una estimación que muestra el posible orden de magnitud.

La ausencia de una cuenta homogénea impide saber qué comunidades gastan más, qué servicios están incluidos y qué modelos obtienen mejores resultados.

España es un destino importante, pero no el primero de Europa

La percepción de que España se ha convertido en el principal país europeo al que se envía a menores tampoco puede sostenerse sin matices.

Eurostat registró en 2025 un total de 21.125 primeras solicitudes de asilo presentadas por menores no acompañados en la Unión Europea. Alemania recibió 4.925; Países Bajos, 3.615; España, 3.210; y Grecia, 3.030.

España ocupó así la tercera posición, con el 15% del total comunitario. La comparación tiene una limitación: contabiliza solicitudes de asilo, no todos los menores incluidos en los sistemas nacionales de protección. Aun así, permite comprobar que el fenómeno afecta a varios países europeos y que España no ocupa el primer lugar en esta clasificación.

Los motivos para viajar tampoco responden a una causa única. Los estudios sobre infancia migrante recogen pobreza, falta de oportunidades, conflictos, violencia familiar, discriminación, redes migratorias y expectativas de empleo. En algunos casos puede existir una decisión o expectativa familiar, pero no hay datos que permitan presentar al conjunto como una estrategia organizada para que España mantenga a los hijos de familias extranjeras.

Delincuencia: faltan datos específicos

La relación entre estos menores y la delincuencia es otra de las cuestiones centrales de la polémica, pero España no publica una estadística nacional que cruce las condenas con la condición de menor no acompañado.

El INE sí diferencia por nacionalidad al conjunto de condenados de entre 14 y 17 años. En 2024, el 80% de los 13.491 menores condenados tenía nacionalidad española. No obstante, al calcular la tasa sobre la población de cada grupo, se registraron 10,9 condenados por cada 1.000 menores extranjeros, frente a 5,8 entre los españoles.

Ese dato muestra una diferencia que debe analizarse, pero no puede atribuirse directamente a los menores no acompañados. El grupo de extranjeros incluye también a adolescentes que viven con sus familias y que nunca han pasado por el sistema de protección.

Por tanto, afirmar que los menores no acompañados presentan esa tasa sería estadísticamente incorrecto. También lo sería asegurar que no existe ningún problema de convivencia o delincuencia: sencillamente, la información pública no permite medirlo de manera específica.

Qué sucede cuando cumplen 18 años

La tutela pública termina al llegar a la mayoría de edad. Los jóvenes no adquieren un derecho automático a recibir alojamiento o manutención indefinidamente, aunque pueden acceder a programas de emancipación, formación y acompañamiento.

El Observatorio Permanente de la Inmigración contabilizaba al terminar 2025 a 20.201 personas de entre 16 y 23 años con autorización de residencia que eran menores protegidos o jóvenes extutelados. El 59% estaba afiliado a la Seguridad Social. Entre quienes tenían de 18 a 23 años, la proporción alcanzaba el 69%.

El dato apunta a una incorporación laboral significativa, aunque tampoco representa a todos los jóvenes que han pasado por el sistema: sólo incluye a quienes disponían de una autorización de residencia en vigor.

Una presión real rodeada de datos incompletos

Las cifras confirman que España afronta un desafío asistencial y financiero, especialmente cuando miles de llegadas se concentran en territorios con poca población y recursos limitados. La atención residencial cuesta dinero, los retornos son muy poco frecuentes y la distribución entre comunidades provoca conflictos políticos.

Pero también muestran que algunas afirmaciones habituales son inexactas. La repatriación es legal, aunque está sometida a garantías; España no es el primer destino europeo en solicitudes de asilo; el coste nacional no está oficialmente calculado; y no existen estadísticas que permitan atribuir al conjunto de los menores no acompañados una determinada tasa de delincuencia.

El principal déficit no es únicamente de plazas. España continúa sin publicar de forma coordinada cuánto cuesta cada modelo, cuántos expedientes de retorno se inician y fracasan, cuántos menores abandonan los centros y qué porcentaje logra empleo, titulación y vivienda estable después de cumplir 18 años.

Sin esos datos, el debate seguirá moviéndose entre la alarma y la negación, con pocas posibilidades de valorar si las políticas de protección, integración y seguridad realmente funcionan.