El recurso acogería inicialmente a ocho adolescentes tutelados que llevan cerca de un año en Asturias; el Principado mantiene abierta la búsqueda de una ubicación definitiva

La controversia por el posible traslado de un recurso residencial para menores tutelados salió este jueves a las calles de La Florida. Dos concentraciones de signo contrario, separadas por apenas cien metros y convocadas con media hora de diferencia, mostraron la división generada en el barrio ovetense. El amplio dispositivo policial y la distancia entre los grupos permitieron que ambas movilizaciones concluyeran sin incidentes.

La plataforma Asturies Antifascista reunió a las 18.30 horas a varios centenares de personas en la plaza Carlos Osoro bajo el lema “Fuera racismo de nuestros barrios”. Los asistentes corearon consignas en defensa de la convivencia y contra la estigmatización de los menores.

Media hora después, algo más de un centenar de personas se concentró ante el número 32 del paseo de La Florida, una de las ubicaciones estudiadas por el Principado. La convocatoria partió de la comunidad del edificio y no contó con el respaldo de la Asociación de Vecinos de La Florida, que ha pedido rebajar la tensión y mantener el diálogo con la Administración.

La intensa tormenta que descargó sobre Oviedo, acompañada de lluvia, granizo y aparato eléctrico, obligó a participantes de ambas protestas a refugiarse bajo los soportales. Horas antes, alrededor de medio centenar de opositores al traslado también se había concentrado ante la sede de la Presidencia del Principado.

Un hogar de protección, no un centro de internamiento

El proyecto no supone la creación de un centro de primera acogida ni de internamiento judicial. Se trata del traslado de Villa Ana, un recurso de protección que funciona actualmente en Avilés y está orientado a preparar a adolescentes tutelados para una vida autónoma.

Estos centros proporcionan alojamiento y atención educativa continuada a menores cuya tutela o guarda ha sido asumida por la Administración. Los jóvenes conviven con educadores y reciben acompañamiento para continuar sus estudios, acceder a formación profesional, incorporarse al mercado laboral y desarrollar las habilidades necesarias para su futura emancipación.

La Fundación Diagrama, que ya gestiona Villa Ana, se encargaría también del nuevo recurso. La casa de Avilés cuenta actualmente con 16 menores y once trabajadores que garantizan el acompañamiento mediante turnos. Además del equipo educativo, el programa dispone de apoyo psicológico especializado.

El traslado inicial afectaría a ocho adolescentes y la nueva instalación tendría un máximo aproximado de quince plazas. No se trata de menores recién llegados: según el Principado, llevan alrededor de un año en Asturias, estudian en institutos o ciclos de Formación Profesional y algunos ya trabajan. La Administración sostiene que están integrados y que no han ocasionado problemas de convivencia en Avilés.

El cambio de inmueble responde al deterioro y a los problemas de habitabilidad de la actual casa tutelada, no a la conducta de sus residentes.

Como referencia, la última memoria detallada del sistema asturiano de protección, correspondiente a 2024, recogía siete centros públicos, doce recursos o programas privados concertados y seis programas residenciales específicos para adolescentes migrantes sin referentes familiares. Villa Ana formaba parte de esta última red.

Una ubicación todavía sin cerrar

El número 32 del paseo de La Florida continúa siendo una posibilidad, pero no una decisión definitiva. Los tres pisos elegidos deben superar la inspección y los trámites administrativos, mientras la comunidad sostiene que sus estatutos limitan los usos permitidos en el inmueble.

El Principado estudia también otras alternativas en Oviedo, Gijón y Avilés. Su previsión inicial era completar el traslado entre septiembre y octubre, aunque el calendario dependerá de que la ubicación elegida cumpla las condiciones legales, materiales y de seguridad.

La Asociación de Vecinos de La Florida ha advertido de que los adolescentes no deben quedar atrapados en el centro de una confrontación política y vecinal. El debate continuará, pero la obligación de proteger su identidad, su seguridad y su derecho a una atención digna permanece al margen de cualquier disputa sobre el emplazamiento.