El 65,2% de la población cree que los inmigrantes disfrutan de ventajas en los programas sociales. Sin embargo, las principales prestaciones no conceden puntos por nacionalidad: exigen residencia legal, carencia de ingresos y comprobación del patrimonio. Los extranjeros aparecen proporcionalmente más en algunas ayudas, pero también soportan un riesgo de pobreza que duplica ampliamente el de los españoles

En una cola para solicitar una ayuda pública pueden coincidir dos familias con problemas aparentemente parecidos. Una es española. La otra procede de Colombia, Marruecos, Venezuela o Rumanía. Si la segunda obtiene antes una prestación, una vivienda o una ayuda de emergencia, la explicación más rápida —y también la más corrosiva— suele aparecer de inmediato: «A los de fuera se lo dan todo».

La frase circula por bares, grupos de WhatsApp, comentarios en redes sociales y conversaciones familiares. Ha dejado de ser una opinión marginal. Según el primer estudio ASTURDEMO25, elaborado por la Cátedra de Demografía de la Universidad de Oviedo, el 65,2% de los asturianos cree que los inmigrantes tienen más ventajas en los programas sociales.

El dato resulta todavía más llamativo porque convive con una valoración general bastante favorable de la inmigración. El 53,7% la considera positiva o muy positiva, solo el 14,2% la valora negativamente y el 45,4% juzga aceptable el número actual de extranjeros residentes en Asturias. Es decir: buena parte de la sociedad asturiana no rechaza a los inmigrantes, reconoce que son necesarios y, al mismo tiempo, sospecha que reciben un trato preferente.

La encuesta se realizó telefónicamente a 800 residentes mayores de 16 años entre el 15 de diciembre de 2025 y el 15 de enero de 2026. Tiene un margen de error de ±3,5 puntos y buscó mantener un equilibrio territorial entre el centro, el oriente y el occidente de Asturias. No es una impresión extraída de redes sociales: es una percepción social cuantificada.

La pregunta es inevitable: ¿tiene algún fundamento?

La respuesta no cabe bien en un eslogan. Ser extranjero no concede una vía rápida general para acceder a las principales prestaciones económicas. Pero los inmigrantes sí aparecen, proporcionalmente, más representados en algunas ayudas. No porque las normas premien el pasaporte extranjero, sino porque una parte mucho mayor de esa población cumple los requisitos de pobreza, precariedad laboral, hijos a cargo o falta de patrimonio que dan acceso a ellas.

Ahí nace el equívoco.

Una creencia que atraviesa casi todo el mapa político

La sospecha crece con claridad entre los votantes de derechas, pero no se limita a ellos. El 88,2% de los simpatizantes de Vox y el 85,5% de los del PP consideran que los inmigrantes disfrutan de ventajas sociales. La idea también es compartida por el 43,8% de los afines al PSOE, el 38,7% de Izquierda Unida y el 33,7% de Sumar. Solo entre los simpatizantes de Podemos el porcentaje baja hasta el 11,8%.

Por tanto, no estamos únicamente ante un argumento electoral de una parte del espectro político. La creencia ha penetrado en sectores ideológicos muy diferentes y se alimenta de experiencias cotidianas fáciles de interpretar, pero difíciles de comprobar.

Una familia observa que otra recibe una ayuda para pagar el alquiler. Un solicitante lleva años esperando una vivienda pública y descubre que una familia extranjera ha obtenido una. Un trabajador con un sueldo bajo supera por poco el límite de renta y queda excluido, mientras su vecino, con menores ingresos y varios hijos, sí accede.

La comparación no suele hacerse entre expedientes completos. Se hace entre personas visibles.

Y el pasaporte se ve. La declaración de la renta, el patrimonio, una discapacidad, una orden de desahucio, los ingresos de todos los convivientes o un informe de los servicios sociales, no.

El Ingreso Mínimo Vital no se concede por ser extranjero

El principal protagonista del relato de la supuesta «paga» es el Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, la nacionalidad extranjera no aparece como criterio de preferencia.

Para acceder al IMV es necesario acreditar residencia legal, efectiva y continuada en España durante al menos el año anterior a la solicitud, salvo excepciones muy tasadas vinculadas, entre otros supuestos, a víctimas de violencia de género o trata. Los ciudadanos no comunitarios deben demostrar su autorización de residencia y todos los miembros del hogar deben encontrarse en situación de vulnerabilidad económica. La Seguridad Social comprueba ingresos, rentas y patrimonio mediante información tributaria y administrativa.

Esto deja fuera, con carácter general, a quien acaba de llegar y también a las personas en situación irregular. Empadronarse no equivale a obtener automáticamente el IMV.

Tampoco existe una cantidad idéntica para todo el mundo. En 2026, la renta garantizada para una persona sola se sitúa en 733,60 euros mensuales, pero eso no significa que todos los titulares cobren esa cifra. La prestación abona la diferencia entre el límite que corresponde a cada hogar y los ingresos que ya percibe. Si alguien obtiene 500 euros computables, no recibe otros 733,60: percibe, en principio, la cantidad necesaria para completar el umbral correspondiente.

En junio de 2026, el IMV llegaba en España a 860.458 hogares, con 2,63 millones de personas beneficiarias. Su cuantía media era de 507 euros mensuales por hogar y casi siete de cada diez familias protegidas tenían menores a cargo. Más de un millón de beneficiarios eran niños y adolescentes. Es una prestación mucho más vinculada a la pobreza infantil y familiar que a la procedencia geográfica.

El dato incómodo: los extranjeros sí pesan más entre los perceptores

Negar cualquier sobrerrepresentación tampoco sería honesto.

En mayo de 2026 había en Asturias 19.571 titulares del Ingreso Mínimo Vital. De ellos, 17.396 tenían nacionalidad española y 2.168 nacionalidad extranjera. Los extranjeros representaban, por tanto, aproximadamente el 11,1% de los hogares titulares, aunque su peso sobre el conjunto de la población asturiana se situaba en el 6,8% con los últimos datos definitivos disponibles.

A primera vista, la comparación parece confirmar la sospecha: una población que supone menos del 7% de Asturias reúne algo más del 11% de los titulares de la prestación.

Pero esos dos porcentajes no demuestran una ventaja administrativa. Demuestran que los extranjeros tienen una probabilidad mayor de encontrarse por debajo de los límites económicos exigidos.

La Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 sitúa en riesgo de pobreza o exclusión social al 20,5% de la población española mayor de 16 años. La tasa sube al 36,4% entre los extranjeros comunitarios y alcanza el 53,5% entre quienes proceden de países no pertenecientes a la Unión Europea. Más de la mitad de estos últimos se encuentra en alguna de las situaciones que componen el indicador AROPE.

Dicho de otro modo: los inmigrantes no necesitan menos requisitos para cobrar. Hay muchos más que cumplen los requisitos porque sus rentas son inferiores, sus empleos más inestables, sus hogares más jóvenes y su patrimonio acumulado mucho menor.

La diferencia es esencial. Una cosa es estar sobrerrepresentado entre los pobres. Otra, disfrutar de privilegios por ser extranjero.

El salario social asturiano tampoco regala una vía de acceso

El Salario Social Básico del Principado funciona con una lógica parecida. Está dirigido a unidades de convivencia que carecen de recursos suficientes y actúa como prestación diferencial, complementaria y subsidiaria: antes de solicitarlo deben reclamarse otras pensiones, prestaciones o derechos económicos, incluido el propio IMV.

Los ciudadanos de fuera de la Unión Europea deben encontrarse en situación de residencia regular. Además, salvo las excepciones previstas, es necesario acreditar dos años de residencia efectiva e ininterrumpida en Asturias, constituir una unidad de convivencia independiente, carecer de recursos superiores a los límites fijados y comprometerse con un programa de incorporación social y laboral. Quienes puedan trabajar deben estar inscritos como demandantes de empleo y acreditar una búsqueda activa.

En 2026, el módulo básico para una persona sola asciende a 514,21 euros mensuales. La cuantía aumenta según el tamaño del hogar hasta un máximo ordinario de 848,44 euros para unidades de seis o más integrantes, antes de determinados complementos. Tampoco se entrega siempre el importe íntegro: se abona la diferencia entre los recursos existentes y el límite correspondiente.

Por tanto, ni el IMV ni el Salario Social Básico contienen una casilla que otorgue puntos adicionales por haber nacido fuera de España.

Sí pueden favorecer, como es lógico, a hogares con menores, personas dependientes, discapacidades, situaciones de violencia o ingresos extremadamente reducidos. Si esas circunstancias aparecen con mayor frecuencia entre determinadas familias inmigrantes, estas tendrán más posibilidades de cumplir los criterios. La ayuda responde a la vulnerabilidad acreditada, no a la nacionalidad.

La confusión entre «ser extranjero» y «estar peor»

Asturias contaba el 1 de enero de 2025 con 68.989 residentes de nacionalidad extranjera: 36.458 mujeres y 32.531 hombres. Representaban el 6,8% de la población, menos de la mitad del peso que alcanzan en el conjunto de España. Desde 2019, sin embargo, su número había crecido en 27.363 personas, un 65,7%.

El cambio ha sido rápido y especialmente visible en Oviedo, Gijón y Avilés. También se concentra en edades laborales y reproductivas. Entre los 25 y los 39 años, el peso de la población extranjera supera ampliamente la media regional; entre las mujeres de 30 a 34 años se aproxima al 18%.

Ese perfil explica parte de su presencia en ayudas vinculadas a hijos, alquileres, conciliación o unidades familiares. Asturias es una comunidad envejecida, con una enorme población española pensionista y hogares de uno o dos miembros. La inmigración, en cambio, incorpora proporcionalmente más adultos jóvenes, menores y familias que empiezan desde cero.

Comparar únicamente cuántos extranjeros cobran una ayuda con su porcentaje sobre la población total puede producir una fotografía engañosa. Para evaluar una supuesta ventaja habría que comparar expedientes equivalentes: mismos ingresos, mismo patrimonio, mismo número de hijos, misma antigüedad de residencia y las mismas circunstancias sociales.

Si, en esas condiciones idénticas, el extranjero recibiera más puntos por su nacionalidad, existiría discriminación. Las normas de las principales rentas examinadas no establecen esa diferencia.

También son ya 33.372 cotizantes en Asturias

El relato de las ayudas suele contabilizar con rapidez lo que recibe la población extranjera y con bastante menos entusiasmo lo que aporta.

En junio de 2026 había 33.372 trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en Asturias, frente a los 27.176 registrados un año antes. Son 6.196 cotizantes más, un incremento cercano al 23% en solo doce meses.

Trabajan especialmente en sectores con dificultades para cubrir vacantes: hostelería, cuidados, servicio doméstico, construcción, agricultura, transporte, limpieza y determinados empleos industriales. No todos tienen salarios bajos ni todos ocupan puestos rechazados por los nacionales, pero una parte sustancial se incorpora precisamente a las actividades con mayor rotación, peores horarios o menor estabilidad.

En el conjunto de España, los trabajadores extranjeros alcanzaron en junio los 3,45 millones, 350.163 más que un año antes. Desde junio de 2022 se han incorporado cerca de 980.000 cotizantes extranjeros.

El Banco de España estimó que, entre 2022 y 2024, la población extranjera aportó directamente entre 0,4 y 0,7 puntos porcentuales al crecimiento medio anual del PIB per cápita, que fue del 2,9%. La tasa de empleo fue el principal canal de esa contribución.

La misma persona puede, además, trabajar y recibir una prestación complementaria. No hay contradicción: determinados empleos proporcionan ingresos tan bajos que el hogar continúa bajo el umbral de vulnerabilidad. El IMV incorpora incentivos para compatibilizar temporalmente rentas salariales y prestación, precisamente para que aceptar un empleo no provoque la pérdida inmediata de toda protección.

¿Por qué persiste entonces la idea del privilegio?

Porque el sistema es complejo, opaco y escaso.

Cuando hay pocas viviendas públicas, listas de espera largas y ayudas sometidas a baremos difíciles de entender, cualquier adjudicación se vive como una competición. La persona excluida no suele recibir una explicación detallada sobre por qué otro expediente obtuvo más puntuación. Solo ve que ella se queda fuera y otra familia entra.

A eso se suma la denominada privación relativa: el malestar no depende únicamente de cuánto se tiene, sino de la comparación con quien parece recibir algo que uno considera merecer también. Una persona que cobra 1.100 euros, paga 700 de alquiler y supera por poco un umbral puede encontrarse objetivamente ahogada, pero quedar excluida. Al ver que otra familia sin ingresos accede a una ayuda, no culpa al límite administrativo: culpa a quien la recibe.

El problema real no es imaginario. Hay trabajadores españoles e inmigrantes que quedan atrapados justo por encima de los baremos, alquileres que devoran los salarios y familias que esperan meses para obtener una respuesta. Lo discutible es convertir esa frustración en la conclusión de que el sistema favorece a los extranjeros.

El agravio existe. El privilegio por pasaporte, en las prestaciones examinadas, no.

No todas las ayudas son iguales

También conviene evitar otra simplificación: no existe una única bolsa denominada «ayudas sociales».

El IMV, el Salario Social Básico, las becas de comedor, las ayudas de emergencia, el acceso a vivienda pública, los programas para refugiados y la protección de víctimas de violencia responden a normas diferentes.

Algunas convocatorias otorgan mayor puntuación por tener hijos, sufrir una discapacidad, carecer de vivienda, ser víctima de violencia o encontrarse en exclusión severa. Los programas de acogida para solicitantes de protección internacional cubren temporalmente alojamiento, manutención y acompañamiento porque atienden una situación jurídica específica.

Eso puede ser percibido desde fuera como una ventaja reservada a inmigrantes. Pero no se concede por el hecho genérico de ser extranjero: responde a una circunstancia protegida, del mismo modo que existen recursos específicos para mayores, jóvenes extutelados, víctimas de violencia, personas sin hogar o familias numerosas.

La clave periodística y política está en no mezclar sistemas distintos hasta fabricar una supuesta paga universal que no existe.

Una verdad, una falsedad y una explicación pendiente

Es verdad que los extranjeros aparecen proporcionalmente más entre los titulares del IMV en Asturias: representan alrededor del 11,1%, frente a un peso demográfico del 6,8%.

Es falso que la nacionalidad extranjera conceda por sí misma prioridad para acceder al IMV o al Salario Social Básico. Ambas prestaciones exigen residencia, falta de recursos, comprobación de ingresos y patrimonio y, en el caso asturiano, compromisos de incorporación laboral.

Y existe una explicación estadística sólida para la sobrerrepresentación: el riesgo de pobreza entre los extranjeros, especialmente los no comunitarios, es muy superior al de la población española.

El verdadero agujero está en la transparencia. Las administraciones publican miles de páginas de convocatorias y estadísticas, pero rara vez explican de forma sencilla cuántas ayudas reciben españoles y extranjeros, qué circunstancias tenían los hogares y por qué un expediente obtuvo más puntuación que otro. En ese vacío, el rumor trabaja horas extraordinarias y no pide vacaciones.

Asturias necesita inmigrantes, pero aún desconfía de ellos

ASTURDEMO25 retrata una comunidad atrapada en una contradicción.

Asturias pierde población, envejece, necesita trabajadores y reconoce mayoritariamente los efectos positivos de la inmigración. Al mismo tiempo, una amplia mayoría cree que quienes llegan reciben un trato social mejor que quienes ya estaban.

No estamos ante una sociedad abiertamente hostil, sino ante una sociedad insegura. Teme que un Estado del bienestar sometido a presión no alcance para todos y busca una explicación visible a esa escasez.

El debate legítimo debería centrarse en si los límites de renta son justos, si las listas de vivienda son transparentes, si las ayudas llegan a tiempo y si las personas con salarios bajos quedan injustamente desprotegidas. También debe perseguirse el fraude, lo cometa quien lo cometa.

Lo que los datos no sostienen es la existencia de una recompensa automática por venir de fuera.

La supuesta «paguita» mezcla prestaciones diferentes, confunde pobreza con privilegio y transforma una competición entre personas vulnerables en un conflicto entre nacionalidades. Mientras unos discuten quién recibe primero, la realidad es bastante menos cómoda: demasiados españoles y demasiados inmigrantes siguen llegando los últimos a todo.