La pérdida de agricultura, pastoreo y aprovechamientos forestales ha creado millones de hectáreas continuas de vegetación. La burocracia puede retrasar trabajos y las políticas conservacionistas mal diseñadas pueden dificultar la reducción del combustible, pero ninguna norma europea impide desbrozar: el problema principal es la falta de gestión, rentabilidad, personal y presupuesto

Cada vez que España arde reaparece la misma escena. Mientras los equipos forestales intentan contener frentes imposibles, vecinos, alcaldes, agricultores y ganaderos denuncian que antes los montes estaban aprovechados, los animales comían el matorral, se recogía leña y se mantenían abiertos caminos que hoy han desaparecido bajo la vegetación.

La acusación ha adquirido ahora un culpable con nombre propio: la Agenda 2030. Según esta tesis, las políticas medioambientales, Bruselas y determinados colectivos ecologistas habrían impedido «limpiar» los bosques hasta convertirlos en polvorines.

La investigación permite llegar a una conclusión menos rotunda, pero mucho más interesante: la pérdida de actividad rural y la insuficiente gestión forestal sí están favoreciendo la propagación de los grandes incendios; las restricciones y trámites pueden dificultar algunas actuaciones; pero la Agenda 2030 no prohíbe desbrozar y las organizaciones ecologistas más importantes reclaman también más prevención y gestión del territorio.

La controversia mezcla, por tanto, una realidad demostrable con una atribución política que no encaja con las normas.

Un año que ya se ha salido de la escala

El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales había contabilizado en España 119.458 hectáreas quemadas hasta el 22 de julio de 2026, frente a una media de 35.736 hectáreas para esa misma fecha durante el periodo 2006-2025. Esa medición aún no incorporaba completamente algunos de los grandes perímetros abiertos después en Madrid, Ávila y Castellón.

La magnitud de estos incendios no se explica únicamente por la chispa inicial. La Comisión Europea identifica tres grandes factores que interactúan: el cambio climático, las modificaciones en la gestión y los usos del suelo y el comportamiento humano. El calor, la sequía y la baja humedad preparan la vegetación; la continuidad del combustible permite que el fuego avance; y una negligencia, un accidente, un rayo o una acción intencionada ponen en marcha el proceso.

Esta distinción resulta fundamental. Una cosa es quién inicia el fuego y otra por qué ese fuego puede recorrer miles de hectáreas en pocas horas.

España tiene más bosque, pero no necesariamente mejor cuidado

Durante décadas, España ha experimentado una enorme expansión forestal. Entre 1990 y 2010, la superficie de bosque aumentó un 31%, alrededor de 4,4 millones de hectáreas. Buena parte de ese crecimiento se debió a la regeneración natural sobre tierras agrícolas abandonadas y a las campañas de forestación.

Que crezca el bosque puede ser una gran noticia para la biodiversidad, la protección del suelo y la captura de carbono. Pero cuando la expansión se produce de forma espontánea sobre campos, pastos y antiguos cultivos sin una gestión posterior, aparece un problema: las pequeñas parcelas abiertas terminan conectándose mediante matorral, arbolado joven y vegetación seca.

El informe científico elaborado por la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso señala precisamente que la reducción de las actividades tradicionales y la despoblación han generado masas jóvenes, densas y conectadas, capaces de sostener incendios de gran intensidad. También advierte de que numerosas repoblaciones de pino realizadas durante el siglo XX se encuentran hoy insuficientemente gestionadas y presentan un riesgo mayor de incendios intensos.

El campo, mientras tanto, continúa perdiendo actividad. España tenía en 2020 unas 914.871 explotaciones agrarias, un 7,6% menos que en 2009. Entre 2020 y 2023, la mano de obra de las explotaciones disminuyó otro 4%. Cada explotación que desaparece puede significar también menos animales pastando, menos caminos utilizados, menos aprovechamiento de leña y menos vigilancia cotidiana del territorio.

Solo el 27,8% del territorio forestal está sujeto a ordenación

El dato más revelador se encuentra en el Anuario de Estadística Forestal de 2024.

España dispone de aproximadamente 28,58 millones de hectáreas forestales, pero solo 7,95 millones estaban sujetas a algún instrumento de ordenación. Eso representa el 27,8% del total. Más de siete de cada diez hectáreas forestales carecen, por tanto, de un plan formal de gestión.

Las diferencias territoriales son enormes:

• Cataluña tenía ordenado el 85,1% de su territorio forestal.
• Navarra alcanzaba el 59,4%.
• Castilla-La Mancha, el 35,7%.
• Asturias, el 27,8%.
• Castilla y León, el 20,8%.
• Comunidad Valenciana, el 18,2%.
• Madrid, apenas el 9,5%.
• Canarias, el 1,5%.

La ordenación no significa que toda la superficie incluida haya sido desbrozada o tratada recientemente. Significa que existe un documento que analiza el monte, define objetivos, programa aprovechamientos y establece actuaciones. Pero carecer incluso de ese instrumento evidencia la magnitud de la desorganización.

A ello se suma la propiedad. Alrededor del 72% de la superficie forestal española es privada. En muchas comarcas está dividida en multitud de pequeñas parcelas, algunas pertenecientes a herederos que viven lejos, desconocen sus límites o no obtienen ningún rendimiento económico. El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes considera imprescindibles los incentivos fiscales, las ayudas y la agrupación de propietarios para hacer viable su gestión.

Greenpeace calculó, además, que cerca del 86% de la superficie forestal privada carecía de planes de ordenación, y denunció la dificultad de conocer cuánto invierte realmente cada Administración en prevención, debido a la ausencia de estadísticas homogéneas y a la dispersión de competencias.

Lo que antes comían las ovejas ahora alimenta el incendio

La agricultura y la ganadería tradicional creaban paisajes en mosaico: prados, cultivos, viñedos, pueblos, bosques, caminos y zonas de pastoreo interrumpían la continuidad de la vegetación.

Esas discontinuidades no son cortafuegos perfectos, pero pueden reducir la intensidad de un frente, permitir que los medios de extinción trabajen con mayor seguridad y evitar que un incendio moderado alcance un comportamiento extremo.

La Oficina de Ciencia del Congreso considera que combinar bosques con pastos, viñedos y otros espacios abiertos disminuye el riesgo de propagación. También señala que el ganado menor puede reducir el combustible vegetal y que el MITECO recomienda apoyarlo mediante pagos específicos.

El propio Ministerio defiende mantener la agricultura tradicional, la ganadería extensiva y la selvicultura porque generan territorios menos vulnerables al fuego. También propone aprovechar la biomasa forestal excedente y apoyar el uso económico de la madera y otros productos del monte.

Por tanto, la idea de que determinadas prácticas tradicionales ayudaban a reducir el combustible sí tiene respaldo técnico.

Lo que no puede hacerse es idealizar todo lo antiguo. Algunas quemas de pastos mal controladas han provocado incendios, el sobrepastoreo puede degradar el suelo y determinadas talas o desbroces indiscriminados pueden erosionar el terreno, destruir refugios de fauna y aumentar la sequedad.

La solución no consiste en arrasar el sotobosque con una excavadora, sino en actuar estratégicamente.

El monte no debe parecer el salón de una casa

La expresión «limpiar el monte» resulta popular, pero técnicamente es imprecisa. La hojarasca, la madera muerta, los arbustos y los árboles envejecidos no son basura: cumplen funciones ecológicas esenciales.

El objetivo no puede ser dejar millones de hectáreas como un parque urbano. Además de resultar económicamente imposible, eliminar toda la vegetación baja dañaría los suelos, la fauna y la capacidad del bosque para retener agua.

Lo que recomiendan los especialistas es reducir la cantidad y, especialmente, la continuidad del combustible en zonas estratégicas: alrededor de pueblos, carreteras e infraestructuras; en puntos donde previsiblemente se propagará el fuego; y en áreas desde las que puedan trabajar los equipos forestales.

La Oficina de Ciencia del Congreso recoge la recomendación de gestionar anualmente al menos el 1% de la superficie forestal española, unas 260.000 hectáreas, priorizando lugares estratégicos. Calcula que serían necesarios alrededor de 1.000 millones de euros anuales, además de un mantenimiento periódico para que las actuaciones sigan funcionando.

Gestionar el 1% puede parecer poco. Pero son más de dos veces y media la superficie media que ardió anualmente en España durante la década 2011-2020.

La burocracia existe y puede llegar tarde

Aquí aparece la parte de la denuncia que merece una investigación más profunda.

No existe una prohibición general de desbrozar, podar o realizar tratamientos selvícolas. Sin embargo, las condiciones cambian según la comunidad autónoma, la titularidad, el tipo de monte, la época del año, las especies protegidas y la posible inclusión en Red Natura 2000 o en otro espacio natural.

Una actuación sencilla puede requerir comunicación previa; otra, autorización forestal; una tercera puede necesitar evaluación sobre sus posibles efectos ambientales. En áreas protegidas deben comprobarse las afecciones a hábitats, aves reproductoras, cauces o especies amenazadas. La legislación exige una evaluación adecuada cuando un proyecto pueda afectar de manera apreciable a un espacio de la Red Natura 2000.

Estas cautelas tienen una finalidad legítima. Un desbroce realizado en el lugar o momento equivocado puede destruir nidos, especies vegetales protegidas o hábitats valiosos. Pero cuando las administraciones carecen de técnicos suficientes, los informes se acumulan, los criterios son contradictorios o las autorizaciones llegan después de la temporada útil, la protección ambiental puede transformarse en parálisis.

El informe del Congreso reconoce expresamente que las estrategias centradas únicamente en conservar sin intervenir pueden, en la práctica, restringir la modificación del combustible y aumentar el riesgo de propagación. También pide mayor seguridad jurídica para quienes realizan quemas prescritas.

Greenpeace detectó problemas similares: departamentos desconectados, falta de recursos humanos, diferentes interpretaciones de la normativa, planes difíciles de localizar y una distribución competencial que complica conocer quién debe hacer qué.

Por tanto, sí existe una veta periodística seria sobre la burocracia forestal. Pero habría que documentarla con expedientes concretos: trabajos solicitados y no autorizados, fechas de petición y respuesta, actuaciones presupuestadas que nunca se ejecutaron y zonas donde las restricciones ambientales impidieron una intervención recomendada por los técnicos.

Sin esos documentos, afirmar que un incendio concreto se propagó «porque no dejaron limpiar» sería una conclusión prematura.

¿Prohíbe algo la Agenda 2030?

No.

La Agenda 2030 es una hoja de ruta internacional, no una ley directamente aplicable que imponga multas o autorice desbroces. Su objetivo 15 plantea conservar los ecosistemas y gestionar sosteniblemente los bosques. No contiene ninguna prohibición de limpiar montes, retirar restos vegetales, mantener caminos o utilizar el pastoreo como herramienta preventiva.

Más aún: las Orientaciones Estratégicas para la Gestión de Incendios Forestales aprobadas por el MITECO consideran que potenciar la gestión forestal, mantener la ganadería extensiva, utilizar la biomasa y recuperar actividades rurales resulta coherente con la Estrategia Forestal Europea y con la estrategia europea para 2030.

La Ley de Montes obliga a las comunidades autónomas a aprobar planes anuales que incluyan tratamientos selvícolas, áreas cortafuegos, vías de acceso, puntos de agua y trabajos preventivos durante todo el año. Las restricciones veraniegas afectan especialmente al uso de fuego o maquinaria capaz de generar chispas en días de riesgo alto; no constituyen una prohibición permanente de gestionar el terreno.

Culpar a la Agenda 2030 tiene una ventaja política: permite señalar una entidad lejana y abstracta. Pero no explica por qué una comunidad autónoma ejecutó o dejó de ejecutar sus tratamientos, por qué un ayuntamiento no mantuvo una franja de seguridad o por qué un propietario no encuentra rentabilidad para gestionar su parcela.

¿Quieren los ecologistas que no se toque nada?

Tampoco puede sostenerse esa afirmación de manera general.

Greenpeace define la gestión forestal preventiva como una de las herramientas más eficaces frente a los incendios de alta intensidad, la califica como una «vacuna» en buena parte del territorio y reclama gestionar 260.000 hectáreas anuales. También pide paisajes discontinuos, espacios defendibles, apoyo al mundo rural y más presupuesto para prevención.

Ecologistas en Acción publicó en 2026 el informe Por un ecologismo del fuego, que aborda el uso de quemas prescritas, pastoreo y otras formas de gestión. WWF resume su posición con una frase igualmente clara: los grandes incendios no se combaten únicamente con agua, sino con gestión forestal y planificación territorial.

Las discrepancias aparecen sobre cómo, dónde y con qué intensidad debe intervenirse. Las organizaciones ecologistas suelen rechazar los desbroces masivos, los cortafuegos desnudos que favorecen la erosión, las talas indiscriminadas o el uso del argumento de la prevención para justificar aprovechamientos puramente comerciales.

Eso no equivale a defender el abandono absoluto. Equivale a pedir una gestión selectiva, planificada y compatible con la biodiversidad.

El fuego técnico: quemar hoy para no arder mañana

Otra práctica que rompe muchos esquemas es la quema prescrita: utilizar fuego de baja intensidad, bajo condiciones meteorológicas controladas y con personal especializado, para eliminar parte del combustible antes de la temporada crítica.

La evidencia científica recogida por el Congreso señala que, correctamente ejecutadas y en ecosistemas adecuados, estas quemas no producen efectos nocivos significativos sobre el suelo y pueden mejorar la resiliencia. El MITECO realiza este tipo de actuaciones a petición de las comunidades autónomas desde 1998 y elaboró pautas técnicas comunes en 2021.

El problema no es que estén prohibidas, sino que exigen personal formado, planificación, condiciones meteorológicas muy concretas y una cobertura jurídica clara. La ventana útil puede durar apenas unos días. Cuando el expediente administrativo, el operativo y la meteorología no se sincronizan, la actuación se aplaza otro año.

Esta es probablemente una de las mejores representaciones del problema español: no falta conocimiento técnico; falta capacidad continuada para convertirlo en hectáreas tratadas.

Ni el desbroce detiene todos los megaincendios

Incluso un territorio bien gestionado puede arder bajo condiciones extremas.

Los incendios más violentos generan focos secundarios mediante pavesas que viajan varios kilómetros, atraviesan carreteras, ríos y cortafuegos y pueden crear su propia dinámica atmosférica. La Oficina del Congreso advierte de que los megaincendios son capaces de saltarse barreras que sí frenarían un fuego de intensidad moderada.

La gestión forestal no es un escudo mágico. Su objetivo es reducir la probabilidad de que un incendio corriente se convierta en uno extremo, rebajar su intensidad en lugares estratégicos, proteger poblaciones y ofrecer oportunidades de ataque a los medios de extinción.

De la misma manera, el cambio climático no enciende por sí solo la mayoría de los fuegos, pero multiplica las jornadas con vegetación extremadamente seca, temperaturas elevadas y humedades mínimas. Oponer «falta de limpieza» y «cambio climático» es una falsa elección: ambos factores pueden actuar al mismo tiempo.