El expresidente niega haber influido en el rescate de Plus Ultra, pero admite una mediación con el Santander; Calama ve indicios no desvirtuados y la investigación entra ya en el entorno familiar, societario y patrimonial del antiguo líder socialista

El caso Plus Ultra ha dejado de ser únicamente una investigación sobre el rescate público de una aerolínea durante la pandemia para convertirse en una causa de alto voltaje político, judicial y patrimonial que alcanza de lleno a José Luis Rodríguez Zapatero, a su entorno familiar directo y a su círculo de confianza. Tras casi tres horas de declaración ante el juez José Luis Calama, el expresidente del Gobierno negó haber ejercido influencia alguna para favorecer a Plus Ultra, pero reconoció que hizo una gestión para que los responsables de la aerolínea fueran atendidos por el Banco Santander, un matiz que se ha convertido en uno de los puntos centrales del interrogatorio.

La línea defensiva de Zapatero fue clara: no hubo tráfico de influencias, no habló con autoridades públicas sobre el rescate y su relación con la consultora Análisis Relevante fue profesional. Pero el juez no quedó convencido. Según la información publicada tras la declaración, Calama considera que el expresidente no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad que pesan contra él, y apenas 24 horas después dio un paso de enorme calado: imputó a sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y a su secretaria, Gertrudis Alcázar.

La contradicción de fondo: “no influí”, pero sí abrí una puerta

El núcleo político y penal del caso está en una frontera muy fina: dónde termina una gestión privada y dónde empieza una influencia indebida. Zapatero sostuvo ante el juez que no intervino ante nadie del sector público en favor de Plus Ultra. Sin embargo, admitió que Julio Martínez le pidió una gestión para que los representantes de la aerolínea fueran atendidos por el Santander. Esa admisión no equivale por sí sola a delito, pero sí introduce una grieta narrativa: el expresidente niega haber sido pieza de presión institucional, aunque reconoce que su nombre sirvió para abrir al menos una puerta relevante.

La UDEF sitúa el origen de la presunta vía de influencia en marzo de 2020, cuando directivos de Plus Ultra, en plena pandemia, buscaban cómo acceder a las ayudas aprobadas por el Gobierno. Según los informes policiales citados por RTVE, los responsables de la compañía barajaron una doble vía: una a través del entonces ministro José Luis Ábalos y otra mediante Zapatero, al que identificaban como alguien “pro Sánchez” y “pro Maduro”. El rescate público terminó siendo de 53 millones de euros, aprobado en 2021.

La empresa de las hijas: de la maquetación a la sospecha de canal financiero

El segundo gran frente es Whathefav, la sociedad de las hijas de Zapatero. El expresidente reconoció que recomendó a sus hijas a Julio Martínez para colaborar en trabajos vinculados a Análisis Relevante, defendiendo que lo hizo porque “trabajan bien” y que nunca contrataron con la Administración pública. Según El País, Whathefav recibió 239.755 euros de Análisis Relevante y 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, una mercantil vinculada a empresarios venezolanos próximos al entorno del expresidente.

Ahí se abre el agujero negro del caso. Zapatero sostiene que sus hijas realizaban labores reales de maquetación, comunicación e infografía para informes de consultoría. Pero el juez y Anticorrupción sospechan que esa sociedad pudo funcionar como instrumento de canalización de pagos hacia el entorno del expresidente. La Fiscalía considera que el papel de Alba y Laura Rodríguez Espinosa aparece dibujado de forma “palmaria” y apunta que su situación patrimonial no concuerda con sus sueldos en la sociedad.

El juez ha optado por imputarlas no como una condena anticipada, sino precisamente para proteger sus derechos procesales. En su resolución, Calama sostiene que citarlas como testigos podría lesionar sus garantías si más adelante se les atribuyera participación o responsabilidad en los hechos investigados. Es decir: el juez no afirma todavía que cometieran un delito, pero entiende que su posición como administradoras de una sociedad bajo sospecha las conecta objetivamente con la causa.

La secretaria, el correo y la oficina de Ferraz

El tercer elemento clave es Gertrudis Alcázar, secretaria histórica de Zapatero. Su imputación no se explica por una relación familiar ni societaria, sino por su presunto papel operativo. Según la información publicada por la Cadena SER, el juez ya la situaba en resoluciones anteriores como una “pieza operativa esencial” y como un “nodo central de comunicación y gestión documental” alrededor del expresidente.

La oficina particular de Zapatero en la calle Ferraz aparece así como mucho más que un despacho político. En el auto de imputación citado por El País, el juez la define como el supuesto “centro de coordinación” desde el que se habrían gestionado instrucciones, documentos, comunicaciones sensibles y operativa financiera y societaria. Ese es el salto cualitativo del caso: no se investiga solo una llamada, un favor o una recomendación; se investiga si existió una estructura estable para poner influencia institucional al servicio de intereses empresariales.

Las joyas: una pieza separada que complica el relato patrimonial

Al caso principal se le ha sumado una pieza separada por las joyas halladas en el registro de la oficina de Ferraz. El juez ha abierto una investigación por posibles delitos fiscal y de contrabando tras la incautación de piezas valoradas preliminarmente en 1.323.915 euros. La cuestión no es solo el valor, sino el origen, la entrada en España y la tributación.

Según elDiario.es, Calama considera que la posible falta de acreditación sobre la adquisición de esas joyas podría permitir a la Agencia Tributaria imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF, con un tipo marginal en torno al 46%, y una eventual cuota defraudada superior al umbral penal de 120.000 euros. Es una vía distinta a Plus Ultra, pero políticamente devastadora: introduce la sospecha patrimonial en un caso que ya combinaba rescate público, consultorías, sociedades familiares y posibles influencias.

La defensa busca atacar la prueba del móvil

La defensa de Zapatero ha empezado a desplegar una estrategia técnica: cuestionar la validez del clonado de un teléfono móvil de Rodolfo Reyes, dueño de Plus Ultra en 2021, que contiene mensajes incorporados a la causa. Según El País, ese volcado fue entregado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad de Estados Unidos, con sede en la Embajada estadounidense en Madrid, y la defensa quiere saber si hubo autorización judicial, quién la concedió, cómo se custodió el teléfono y por qué se entregó a España en esas fechas.

Calama, de momento, ha frenado esa primera vía de ataque. El juez ha pedido colaboración judicial a Washington para blindar la incorporación de esa prueba, pero ha dejado para más adelante el análisis completo de las objeciones de la defensa. Dicho en lenguaje llano: Zapatero intenta abrir una puerta de nulidad; el juez no la cierra del todo, pero tampoco le permite convertir ahora la causa en un debate exclusivamente técnico sobre el origen de una prueba.

Sin medidas cautelares, pero con la investigación viva

Anticorrupción pidió medidas cautelares contra Zapatero: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales ante el juzgado. El juez las rechazó al considerar que una restricción anticipada de derechos fundamentales exige no solo indicios, sino también un riesgo procesal acreditado. Ese dato es importante: Calama mantiene viva la imputación, amplía el círculo de investigados, pero no ve por ahora motivos suficientes para limitar la libertad de movimientos del expresidente.

El PSOE, por su parte, ha cerrado filas. Tras la declaración, el partido reafirmó su apoyo a Zapatero, defendió la presunción de inocencia y rechazó los “juicios paralelos” y las condenas anticipadas. Es el equilibrio imposible del momento: respaldo político absoluto hacia una figura histórica del socialismo mientras la instrucción judicial avanza hacia su entorno más cercano.

Conclusión: el caso ya no va solo de Plus Ultra

La fotografía actual del caso es mucho más amplia que la de un rescate controvertido. El juez investiga una posible red de tráfico de influencias con ramificaciones societarias, familiares y patrimoniales; la Fiscalía ha empujado para ampliar el foco a las hijas y a la secretaria del expresidente; la UDEF sigue elaborando informes sobre los registros; y la defensa intenta desmontar parte del andamiaje probatorio atacando la trazabilidad de algunas pruebas.

Zapatero sostiene que es inocente, que no tiene activos fuera de España y que actuó siempre con decencia y honradez. Pero la causa ha entrado en una fase mucho más comprometida: ya no se trata solo de lo que él niega, sino de lo que el juez cree que todavía falta por explicar. Y ahí está la clave periodística: el caso Zapatero no se decide ahora en una gran confesión, sino en la trazabilidad del dinero, los contratos inexistentes, los informes de consultoría, los pagos a sociedades familiares, el origen de las joyas y el contenido de los mensajes intervenidos. Ahí, en esa letra pequeña, es donde se está jugando el verdadero desenlace.