El Sespa anuncia una revisión de los partes de quirófano para comprobar si la protesta de los facultativos ha afectado a intervenciones no demorables. Sicepa-Usipa exige blindar la actividad oncológica, mientras el Simpa atribuye las posibles suspensiones a urgencias vitales y a una mala planificación sanitaria

La huelga médica en Asturias ha cruzado una línea especialmente sensible: la de los quirófanos donde esperan pacientes que no pueden esperar. La Consejería de Salud revisará todos los partes de quirófano de los últimos días para comprobar si el paro de los facultativos ha interferido en intervenciones prioritarias, después de que el sindicato Sicepa-Usipa denunciase la cancelación de cirugías programadas de pacientes oncológicos en el Hospital Universitario Central de Asturias.

La decisión del Servicio de Salud del Principado de Asturias llega en plena quinta semana de huelga médica y en un clima cada vez más áspero entre sindicatos, Administración y profesionales. Lo que empezó como una protesta contra la reforma del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud ha terminado colocando en el centro del debate una pregunta incómoda: ¿están suficientemente protegidos los pacientes más vulnerables cuando el sistema funciona bajo mínimos?

Salud sostiene que los servicios mínimos están diseñados precisamente para garantizar las urgencias y la actividad no demorable. Por eso, desde la Consejería se insiste en que una cirugía prioritaria no debería haberse visto afectada por la huelga. Aun así, el Sespa ha decidido revisar la programación, las suspensiones y las causas de cada cancelación para determinar si se produjo alguna incidencia evitable.

El compromiso oficial incluye también la reprogramación de los pacientes afectados “a la mayor brevedad posible”. Pero en una intervención oncológica, la expresión “a la mayor brevedad posible” no suena igual que en otros procedimientos. No es solo una cuestión de agenda hospitalaria. Es una cuestión de angustia, pronóstico y confianza.

La denuncia que encendió todas las alarmas

Sicepa-Usipa elevó el tono al denunciar que se habrían cancelado cirugías programadas de pacientes oncológicos en el HUCA. El sindicato calificó la situación de grave e inadmisible y pidió una fiscalización inmediata de las gerencias hospitalarias para garantizar que ninguna intervención preferente, urgente u oncológica vuelva a suspenderse por el conflicto laboral.

La organización sindical defiende el derecho de huelga, pero advierte de que su ejercicio no puede chocar con la seguridad de los pacientes más vulnerables. Su posición es clara: la atención oncológica debe quedar blindada frente a cualquier conflicto laboral.

El mensaje tiene una carga especialmente delicada porque no se dirige solo contra quienes convocan o secundan la huelga. También señala a la Administración sanitaria. Para Sicepa-Usipa, si los servicios mínimos existen sobre el papel pero fallan en la práctica, el problema no es únicamente sindical: es de gestión, supervisión y control.

La denuncia añade presión a un conflicto que ya venía acumulando desgaste. La huelga médica se está desarrollando en un sistema sanitario con listas de espera elevadas, plantillas tensionadas y una dependencia creciente de la actividad extraordinaria de tarde, las conocidas “peonadas”, utilizadas durante años para aliviar demoras quirúrgicas y de consultas.

El Simpa niega una afectación generalizada y apunta a las urgencias

El Sindicato Médico Profesional de Asturias, convocante de la huelga en la comunidad, rechaza que se esté produciendo una desprotección sistemática de los pacientes prioritarios. Según su versión, las posibles cancelaciones de actividad no demorable serían puntuales y estarían vinculadas a la aparición de emergencias vitales u operaciones graves que requerían intervención inmediata.

El Simpa recuerda que no todas las cirugías con diagnóstico oncológico tienen el mismo grado de urgencia clínica. Todas son prioritarias, sí, pero no todas se sitúan necesariamente por delante de una emergencia vital inmediata. En un quirófano con recursos limitados, la jerarquía médica puede cambiar en cuestión de minutos: un paciente programado puede quedar desplazado por una situación sobrevenida que no admite demora alguna.

Aun así, el sindicato médico carga contra el Sespa por lo que considera una mala planificación. Su argumento es que los servicios mínimos eran numerosos y suficientes para cubrir la actividad esencial, por lo que, si alguna operación prioritaria tuvo que suspenderse, la responsabilidad habría que buscarla en la organización del dispositivo y no en el ejercicio del derecho a la huelga.

El resultado es un cruce de acusaciones donde todos dicen defender al paciente, pero cada parte señala a otra como responsable de haberlo dejado expuesto.

Una huelga con dos contabilidades

La huelga médica arrastra desde el principio una batalla de cifras. Salud maneja porcentajes de seguimiento mucho más bajos cuando calcula sobre el conjunto de profesionales convocados, mientras los sindicatos elevan notablemente los datos al contar solo a los médicos que realmente podían secundar el paro, excluidos quienes estaban obligados a cubrir servicios mínimos.

En Asturias, la protesta ha tenido especial impacto en hospitales como Cabueñes, el HUCA y San Agustín, según los porcentajes sindicales manejados durante la semana. Pero incluso cuando el seguimiento oficial parece reducido, el efecto asistencial puede ser mayor de lo que sugiere el dato bruto. En un hospital no hace falta que pare toda la plantilla para que se resienta una consulta, una prueba diagnóstica o un quirófano. Basta con que falten perfiles clave: anestesistas, cirujanos, especialistas de guardia o equipos completos de apoyo.

A esa tensión se ha sumado otro elemento: la decisión de parte del personal médico-quirúrgico de dejar de realizar actividad voluntaria de tarde. Esa actividad extraordinaria no forma parte de la jornada ordinaria, pero se ha convertido en una herramienta habitual para reducir listas de espera. Si desaparece, el sistema pierde una válvula de escape.

En Cabueñes, varios facultativos de servicios como Cirugía General, Traumatología, Urología y Anestesia y Reanimación se han sumado al cese de esa actividad voluntaria. La medida aumenta la presión sobre la Administración, pero también amenaza con agravar las demoras en un sistema que ya venía funcionando con el agua al cuello.

El trasfondo: el Estatuto Marco y una profesión agotada

La huelga no nace en Asturias, aunque aquí esté teniendo consecuencias muy concretas. Forma parte de una movilización estatal contra el nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, la norma que regula las condiciones laborales del personal sanitario público.

El Ministerio de Sanidad defiende que el nuevo texto supone una reforma histórica: limita las guardias, introduce mejoras en conciliación, aborda la temporalidad y actualiza una normativa con más de dos décadas de vida. Entre sus medidas más destacadas figura la reducción general de las guardias de 24 horas a un máximo de 17 horas de trabajo efectivo, aunque con excepciones en determinados supuestos.

Los sindicatos médicos, sin embargo, consideran que el texto se queda corto y que no reconoce adecuadamente la singularidad de la profesión médica. Reclaman un estatuto propio para médicos y facultativos, un ámbito de negociación específico, mejoras en la jornada, reconocimiento del exceso de horas, una clasificación profesional diferenciada y un modelo de jubilación que tenga en cuenta la penosidad de la profesión.

El conflicto, por tanto, no es solo salarial. Es también corporativo, organizativo y político. Los médicos denuncian jornadas interminables, guardias agotadoras y una responsabilidad asistencial que, según ellos, no se corresponde con su reconocimiento laboral. Sanidad responde que muchas de las mejoras dependen de las comunidades autónomas. Las comunidades, a su vez, reclaman al Ministerio que reabra el diálogo real con los facultativos. Y mientras unos y otros se pasan la pelota, los pacientes miran el calendario.

El punto más delicado: el cáncer no entiende de conflictos laborales

La posible cancelación de cirugías oncológicas ha cambiado el tono del debate porque introduce una variable que nadie puede permitirse frivolizar. En oncología, una demora no es una simple espera administrativa. Puede afectar al estado emocional del paciente, a la planificación del tratamiento y, en determinados casos, al pronóstico.

La evidencia científica ha demostrado que los retrasos en tratamientos oncológicos pueden tener impacto en la mortalidad, especialmente cuando se acumulan semanas de demora. Por eso, cualquier suspensión de una cirugía relacionada con cáncer exige una explicación precisa: qué intervención era, cuál era su prioridad clínica, por qué se suspendió, cuándo se reprogramó y qué garantías se dieron al paciente.

No todas las operaciones oncológicas son igualmente urgentes, como recuerda el Simpa. Pero tampoco puede aceptarse una respuesta genérica cuando se habla de cáncer. La Administración tiene que demostrar, caso por caso, que no se aplazó lo que no podía aplazarse.

Ahí está la clave de la revisión anunciada por Salud. No basta con decir que los servicios mínimos existían. Hay que comprobar si funcionaron.

La lista de espera, el daño silencioso

Más allá de las operaciones concretas denunciadas, la huelga golpea sobre una realidad previa: las listas de espera. Asturias publica periódicamente los datos de demora quirúrgica, consultas y pruebas diagnósticas, y el propio sistema reconoce que esos indicadores son esenciales para informar a la ciudadanía sobre el funcionamiento de la sanidad pública.

La suspensión de actividad ordinaria, las cancelaciones de consultas y el fin de las peonadas pueden tener un efecto acumulativo. Una operación aplazada hoy no desaparece: se suma a otra, desplaza una agenda futura y obliga a recolocar recursos que ya estaban comprometidos. El paciente recibe una nueva fecha; el hospital, un nuevo problema.

Por eso el conflicto médico ha entrado en una fase más compleja. Ya no se trata solo de cuántos profesionales hacen huelga, sino de qué actividad deja de hacerse, qué pacientes quedan afectados y cuánto tardará el sistema en absorber el golpe.

Una revisión que llega tarde para algunos, pero que era inevitable

La revisión de los partes de quirófano es una medida imprescindible. Llega después de la denuncia sindical, pero era inevitable en cuanto se introdujo la palabra “oncológico” en el conflicto. Salud necesita aclarar qué ocurrió. Los médicos necesitan defender que las urgencias vitales se priorizaron correctamente. Y los pacientes necesitan algo más importante que una explicación: necesitan garantías.

La Consejería debe responder con transparencia quirúrgica, nunca mejor dicho. Si las cancelaciones obedecieron a emergencias sobrevenidas, debe explicarse. Si hubo fallos de planificación, deben corregirse. Si algún paciente prioritario quedó indebidamente desplazado, debe reprogramarse con urgencia y asumirse la responsabilidad.

La huelga médica puede ser legítima. Las reivindicaciones profesionales pueden tener fundamento. La Administración puede tener parte de razón al hablar de límites competenciales. Pero nada de eso sirve de escudo cuando el conflicto entra en un quirófano y afecta a un paciente vulnerable.

Asturias está ante una prueba de estrés sanitaria y moral. Los médicos reclaman dignidad laboral. Los sindicatos no médicos piden blindar la atención crítica. Salud promete revisar y reprogramar. Y, en medio, están los pacientes, que no entienden de Estatuto Marco, ni de porcentajes de seguimiento, ni de competencias ministeriales.

Solo entienden una cosa: si tienen una cirugía prioritaria, necesitan que el sistema llegue a tiempo.